Judiciales
Insisten en indagatorias para dos militares por la muerte de Mauro Ramírez
La muerte del soldado chaqueño Mauro Ramírez (21), ocurrida dentro del Regimiento de Monte 30 de Apóstoles, sigue bajo un manto de oscuras incógnitas que aún 21 años después pretenden ser develadas para llegar a la ansiada verdad de los hechos y para ello la querella insiste en la citación a indagatoria de dos militares que pudieron haber tenido injerencia en lo sucedido, aunque recientemente se toparon con dos fallos desfavorables de parte de la Justicia.
La causa por la muerte de Ramírez es compleja, extensa y con numerosos vaivenes, a tal punto que fue archivaba como suicidio, aunque en 2016 fue reabierta a partir de la postura asumida por la parte querellante y de un dictamen emitido por Procuraduría General de la Nación, al advertir que el caso podría tratarse de un hecho de violencia institucional, tal como plantea la familia.
Quien continúa luchando por llegar a la verdad, aún más de dos décadas después, es su madre, Susana Pintos, que además forma parte del expediente como querellante particular bajo la representación del defensor oficial de Bahía Blanca Gabriel Jarque.
Desde la reapertura de la causa, la investigación avanzó, aunque de manera lenta y con contratiempos en el medio como, por ejemplo, cambio de fiscales y una pandemia que obligó a frenar actividades.
De igual manera, en todo este lapso se tomaron más de 20 testimoniales y se incorporaron nuevos elementos de prueba que para la querella fundamentan el pedido de indagatoria de dos militares que podrían haber tenido responsabilidad en el hecho.
Esas dos personas bajo la lupa son Eduardo Jeremías Brevel y Ovidio Francisco Almeida, quienes compartieron el cambio de guardia con Ramírez aquel 26 de junio de 2003 a la mañana.
“Tenemos un cuadro de situación que muestra que Ramírez no se suicidó y que estas dos personas estuvieron con él en el cambio de guardia, que inmediatamente después se produjo el disparo y ese disparo fue el que acabó con la vida del soldado. Entonces ellos tienen que dar explicaciones de lo que pasó en ese momento y, eventualmente, cómo pasó”, explicó Jarque, en diálogo con La Voz de Misiones.
Sin embargo, el pedido de llamado a indagatoria formulado por la querella contra ambos soldados fue rechazado por el juez federal Miguel Ángel Guerrero, actualmente a cargo del expediente tras una inhibición de la magistrada Verónica Skanata.
Pintos, junto a legisladores chaqueños, referentes de Derechos Humanos y acompañantes, reclamando justicia frente al Juzgado Federal en junio.
“Hasta las últimas instancias”
Ese fue el primer escollo con el que se enfrentó la querella, pero apelaron la resolución. Y a comienzos de noviembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas se expidió rechazando el recurso, por entender que la decisión de llamar a prestar indagatoria es potestad exclusiva del juez, aunque el tribunal no resolvió la cuestión de fondo.
Ante ello, la querella se prepara entonces para presentar un recurso de casación y continuar insistiendo en el llamado a indagatoria para Brevel y Almeida.
“Hay antecedentes y fundamentos como para convocar a los nombrados a prestar declaración indagatoria. Por ese motivo nosotros vamos a recurrir esa resolución de la cámara presentando un recurso de casación”, adelantó Jarque.
Y sobre el procedimiento judicial, el letrado precisó que “la indagatoria es en realidad un acto esencialmente de defensa, no es un acto de imputación. Se trata de la oportunidad en la que se explica a los convocados a declarar todos los elementos de convicción que obran en el expediente y que permiten sospechar que ellos tuvieron injerencia en el hecho que se investiga y explicarles que tienen la posibilidad de dar su versión y los argumentos que quieran aportar, pero para eso el sistema de justicia tiene que convocarlos, no puede permanecer indiferente”.
Jarque, además, ahondó en que “estas personas ya declararon como testigos y tuvieron contradicciones. Esas contradicciones también alimentan o fundan las sospechas que nosotros tenemos respecto de que algo tienen para ocultar; si no fuera así, no habrían incurrido en esas inconsistencias de la manera que lo hicieron. Ese es un elemento adicional que, desde nuestro punto de vista, debería llevar que se citen a estas personas a indagatoria”.
A 20 años de la muerte del soldado Ramírez: “Hay testigos que saben lo que pasó”
El maestro del Instituto Adventista Alta Gracia, detenido desde el 23 de junio por delito contra la integridad sexual de una alumna, recibió otra denuncia por un hecho similar y mañana enfrentará una nueva audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Juan Manuel Monte.
La nueva presentación en contra de Pedro N. (55) fue radicada ayer a la mañana en la sede del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, dependencia que ahora suma cuatro denuncias en contra del mismo sospechoso, aunque el número podría aumentar debido a que se aguarda la recepción de los expedientes iniciados en el Juzgado de Instrucción Tres.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el docente continúa detenido y su defensa ya planteó un pedido de excarcelación, aunque el trámite recién será resuelto una vez que el implicado comparezca a otra indagatoria por la última denuncia recibida en su contra.
En la audiencia de la semana pasada el maestro se abstuvo de declarar y allí mismo fue formalmente imputado por hechos que configurarían abuso sexual simple.
Esa misma imputación recayó contra él en 2015, cuando fue denunciado por lo mismo y ante otra alumna del Alta Gracia, institución que ante los hechos recientes informó su “desvinculación inmediata”.
Por esa denuncia anterior Pedro N. afrontó un proceso judicial que e extendió durante varios años hasta que en 2018 se le dictó falta de mérito y dos años más tarde recibió el sobreseimiento, aunque esa resolución aún no está firme por lo que su situación es pasible de cambiar conforme al avance de esta nueva investigación.
Su situación actual ahora depende del avance la pesquisa que instruye el juez Monte, quien aguarda el resultado de pericias telefónicas y el informes de las cámaras Gesell efectuadas con las niñas denunciantes.
Maestro detenido por abuso había sido denunciado por lo mismo en 2015
El Tribunal Penal Uno de Posadas, en un fallo dividido, resolvió rechazar el pedido de cese de prisión preventiva o, de forma subsidiaria, el otorgamiento de arresto domiciliario para el ex diputado provincial Germán Kiczka (46), que de esta manera continuará cumpliendo su pena de 14 años de prisión por delitos con archivos Masi en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
Fueron los magistrados Gustavo Bernie y César Yaya (subrogante) los que votaron contra el pedido formulado por el abogado defensor Gonzalo De Paula, mientras que Viviana Cukla opinó en disidencia. La jueza rechazó el cese de la prisión preventiva, pero se mostró a favor del otorgamiento de la prisión domiciliaria con tobillera.
Previo a la decisión de los jueces, el fiscal Vladimir Glinka también había dictaminado en contra del pedido defensivo, alegando, entre otras cosas, que un arresto domiciliario implicaba un riesgo de fuga.
En su dictamen, el fiscal consideró que “no resultaba posible equiparar la situación de una persona imputada sin sentencia condenatoria con la de quien ya fue condenado, aun cuando el pronunciamiento no se encontrara firme. Sobre esa base, consideró que la sentencia condenatoria no firme, la gravedad de la pena impuesta y el estado procesal de la causa constituían elementos relevantes para ponderar la subsistencia del riesgo de elusión procesal. En particular, sostuvo que la prisión domiciliaria con control electrónico no neutralizaría adecuadamente el riesgo de fuga”.
De esta manera, el ex diputado condenado a 14 años de prisión como autor de los delitos de “tenencia, facilitación y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), agravado por ser las víctimas menores de 13 años en concurso real”, continuará purgando su pena en la cárcel de Cerro Azul.
La sentencia emitida en abril del año pasado fue recurrida y aguarda un análisis del Superior Tribunal de Justicia (STJ), razón por la cual la condena aún no está firme, argumento utilizado para solicitar el cese de la prisión preventiva.
El tratamiento del pedido formulado por la defensa comenzó en paralelo al anuncio de una huelga de hambre anunciada por los hermanos Germán y Sebastián Kiczka (48) luego de una requisa en la que detectaron que tenían dispositivos electrónicos ocultos en su celda a fines de mayo.
Fundamentos del fallo contra los Kiczka: “Cada uno actuó de manera autónoma”
Pedro N. (55), el docente detenido tras una serie de denuncias por hechos contra la integridad sexual de sus alumnas en el Instituto Adventista Alta Gracia, se abstuvo de declarar ayer ante la Justicia.
El maestro compareció ayer ante el magistrado Juan Manuel Monte, guardó silencio al momento de la indagatoria y fue imputado por hechos que configurarían abuso sexual simple.
Esa misma imputación recayó contra él en 2015, cuando fue denunciado por lo mismo y ante otra alumna del Alta Gracia, institución que ante los hechos recientes informó su “desvinculación inmediata”.
Por esa denuncia anterior Pedro N. afrontó un proceso judicial que e extendió durante varios años hasta que en 2018 se le dictó falta de mérito y dos años más tarde recibió el sobreseimiento, aunque esa resolución aún no está firme por lo que su situación es pasible de cambiar conforme al avance de esta nueva investigación.
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