Judiciales
Insisten en indagatorias para dos militares por la muerte de Mauro Ramírez
La muerte del soldado chaqueño Mauro Ramírez (21), ocurrida dentro del Regimiento de Monte 30 de Apóstoles, sigue bajo un manto de oscuras incógnitas que aún 21 años después pretenden ser develadas para llegar a la ansiada verdad de los hechos y para ello la querella insiste en la citación a indagatoria de dos militares que pudieron haber tenido injerencia en lo sucedido, aunque recientemente se toparon con dos fallos desfavorables de parte de la Justicia.
La causa por la muerte de Ramírez es compleja, extensa y con numerosos vaivenes, a tal punto que fue archivaba como suicidio, aunque en 2016 fue reabierta a partir de la postura asumida por la parte querellante y de un dictamen emitido por Procuraduría General de la Nación, al advertir que el caso podría tratarse de un hecho de violencia institucional, tal como plantea la familia.
Quien continúa luchando por llegar a la verdad, aún más de dos décadas después, es su madre, Susana Pintos, que además forma parte del expediente como querellante particular bajo la representación del defensor oficial de Bahía Blanca Gabriel Jarque.
Desde la reapertura de la causa, la investigación avanzó, aunque de manera lenta y con contratiempos en el medio como, por ejemplo, cambio de fiscales y una pandemia que obligó a frenar actividades.
De igual manera, en todo este lapso se tomaron más de 20 testimoniales y se incorporaron nuevos elementos de prueba que para la querella fundamentan el pedido de indagatoria de dos militares que podrían haber tenido responsabilidad en el hecho.
Esas dos personas bajo la lupa son Eduardo Jeremías Brevel y Ovidio Francisco Almeida, quienes compartieron el cambio de guardia con Ramírez aquel 26 de junio de 2003 a la mañana.
“Tenemos un cuadro de situación que muestra que Ramírez no se suicidó y que estas dos personas estuvieron con él en el cambio de guardia, que inmediatamente después se produjo el disparo y ese disparo fue el que acabó con la vida del soldado. Entonces ellos tienen que dar explicaciones de lo que pasó en ese momento y, eventualmente, cómo pasó”, explicó Jarque, en diálogo con La Voz de Misiones.
Sin embargo, el pedido de llamado a indagatoria formulado por la querella contra ambos soldados fue rechazado por el juez federal Miguel Ángel Guerrero, actualmente a cargo del expediente tras una inhibición de la magistrada Verónica Skanata.

Pintos, junto a legisladores chaqueños, referentes de Derechos Humanos y acompañantes, reclamando justicia frente al Juzgado Federal en junio.
“Hasta las últimas instancias”
Ese fue el primer escollo con el que se enfrentó la querella, pero apelaron la resolución. Y a comienzos de noviembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas se expidió rechazando el recurso, por entender que la decisión de llamar a prestar indagatoria es potestad exclusiva del juez, aunque el tribunal no resolvió la cuestión de fondo.
Ante ello, la querella se prepara entonces para presentar un recurso de casación y continuar insistiendo en el llamado a indagatoria para Brevel y Almeida.
“Hay antecedentes y fundamentos como para convocar a los nombrados a prestar declaración indagatoria. Por ese motivo nosotros vamos a recurrir esa resolución de la cámara presentando un recurso de casación”, adelantó Jarque.
Y sobre el procedimiento judicial, el letrado precisó que “la indagatoria es en realidad un acto esencialmente de defensa, no es un acto de imputación. Se trata de la oportunidad en la que se explica a los convocados a declarar todos los elementos de convicción que obran en el expediente y que permiten sospechar que ellos tuvieron injerencia en el hecho que se investiga y explicarles que tienen la posibilidad de dar su versión y los argumentos que quieran aportar, pero para eso el sistema de justicia tiene que convocarlos, no puede permanecer indiferente”.
Jarque, además, ahondó en que “estas personas ya declararon como testigos y tuvieron contradicciones. Esas contradicciones también alimentan o fundan las sospechas que nosotros tenemos respecto de que algo tienen para ocultar; si no fuera así, no habrían incurrido en esas inconsistencias de la manera que lo hicieron. Ese es un elemento adicional que, desde nuestro punto de vista, debería llevar que se citen a estas personas a indagatoria”.
A 20 años de la muerte del soldado Ramírez: “Hay testigos que saben lo que pasó”
Judiciales
Abogado de Oscar Thomas: “Es víctima de una gran operación política”
El abogado del ex director de Yacyretá, Oscar Thomas, imputado como miembro de una asociación ilícita en la denominada Causa Cuadernos, José Manuel Ubeira, defendió la inocencia de su cliente y lo consideró víctima de “una gran operación política”.
“Esto es una gran operación política que se montó sobre la base de decir que la obra pública es sinónimo de corrupción”, opinó Ubeira, en diálogo con La Voz de Misiones.
“El formato que buscaron cabalgó sobre la idea de Odebrecht”, dijo el letrado, comparando la causa en la que está imputado Thomas con el escándalo de la red de sobornos montada por la constructora brasileña homónima para obtener contratos de obras multimillonarios en 12 países del continente y África.
“Acá también se intentó criminalizar gobiernos”, afirmó Ubeira y explicó: “Arrancaron con una idea principal y después había que vestir el muñeco; se montó una gran operación de inteligencia, con los medios como agitadores y el Poder Judicial como ejecutor”.
“Los gobiernos de los Kirchner, más allá de las falencias, fueron muy prolijos; muchas de las obras eran heredadas, estaban inconclusas, como el caso de la represa de Yacyretá, y lo que hicieron fue ponerle el trámite final, darles término”, argumentó.
Ubeira señaló que el caso del misionero Thomas es el “más emblemático” de toda la trama de imputaciones de la causa, porque “Oscar no tenía manejo de dinero, no tenía control presupuestario”, ya que “los ingresos de Yacyretá están bancarizados y en los dos países se liquida de Banco Central a Banco Central; y los operadores mayoristas de energía no tienen trato con los funcionarios de la represa”.
Arrepentidos
En el contacto con LVM, Ubeira cargó contra el armado de la causa, que actualmente se encuentra en la etapa de juicio oral, y opinó que “ahora viene la parte más complicada”, con la declaración de los testigos, ya que “se tiene que hablar de la prueba principal, que son los cuadernos, que primero dijeron que eran originales, después que los originales se quemaron y después, que eran fotocopias”.
Según el letrado, la causa “pende un hilo” porque está apoyada en el testimonio de los denominados ‘imputados colaboradores’, conocidos como ‘arrepentidos’, varios de los cuales se retractaron ahora de sus dichos de cuando se instruyó el proceso en 2019.
Empresarios, como Mario Ludovico Rovella, de la constructora Rovella Carranza; Oscar Sansiñena, de la empresa Cleanosol Argentina; Guillermo Escolar, gerente de la misma firma; y el empresario entrerriano Daniel Claudio Pitón, de la constructora José Eleuterio Pitón, que habían declarado en contra de los imputados, ahora se desdijeron alegando “coacción psicológica” de parte del fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli.
“Todo lo que empieza mal es difícil que se enderece”, afirmó Ubeira y opinó que “es muy importante el arrepentimiento de los arrepentidos, porque hay penas de hasta 10 años de cárcel por falso testimonio”. “Es un riesgo muy grande el que están asumiendo, pero hay gente que ha decidido dar el paso al frente y mostrar los modos y medios que utilizaron para obtener las ‘confesiones’”, afirmó.
El letrado afirmó que las retractaciones de estos arrepentidos “va a generar un problema de consecuencias: no para Bonadío que se murió, sino para Stornelli, que la va a pasar muy mal”.
“Acá, hay otro gran responsable que es la Embajada de Estados Unidos”, apuntó el abogado de Oscar Thomas y disparó contra el embajador Edward Prado, que fue designado por Donald Trump en su primera presidencia y llegó al país en mayo de 2018.
Prado, un ex juez federal de Texas, tuvo una relación muy estrecha con el gobierno de Mauricio Macri y es a quien se menciona, frecuentemente, en relación con la Causa Cuadernos y la “Mesa Judicial”, el grupo de funcionarios, asesores y abogados de Cambiemos que, supuestamente, se reunían para coordinar estrategias judiciales, influir en jueces y fiscales, y promover causas contra opositores políticos o sindicales.
“Cuando llegó al país, ese embajador dijo que venía para darle una mano a la Justicia argentina y ahí se armó la Causa Cuadernos”, acusó Ubeira.
Blanco & Negro
“Ahora, todo está quedando blanco sobre negro”, ilustró Ubeira y reafirmó la “inocencia” de su defendido.
“Oscar Thomas debe ser uno de los mayores ejecutores de obra pública de Latinoamérica: U$S4.500 millones en obras”, señaló. “Él, reformuló las dos márgenes del río, Encarnación y posadas; y hoy, ustedes tienen un valor del metro cuadrado sobre el río que es como Puerto Madero”, indicó.
“Se equivocaron de personaje”, aseguró Ubeira sobre el misionero. “Después de 12 años, de certificar balances, de no tener ninguna queja, lo involucran; primero, dijeron que era un coimero, y después, no pudieron probar nada”, se quejó.
“Oscar es un tipo que le entregó 12 años de laburo a la Nación. Es un hombre del cual Misiones debería estar muy orgullosa”, ponderó Ubeira.
“Yo creo que una de las dos costaneras, de Posadas o Encarnación, va a llevar algún día el nombre de Oscar Thomas”, lanzó y aseguró que el ex director de Yacyretá “tiene un futuro muy importante”.
“Ustedes tienen a un gran comprovinciano, un hombre de bien, y uno de los mejores urbanistas de Latinoamérica”, aseguró.
Judiciales
Ex penitenciario irá a juicio por el crimen a martillazos de una jubilada
El magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, decretó en las últimas horas la elevación a juicio de la causa por el femicidio de la jubilada Amanda Müller (70), perpetrado un año atrás en Santa Ana, y el expediente ya fue remitido al Tribunal Penal Uno de la capital provincial.
De acuerdo a fuentes consultadas por La Voz de Misiones, en el requerimiento de elevación a juicio se dispuso que el único acusado del hecho, el ex agente penitenciario Sebastián Isaías Keller (31), responda bajo la imputación de homicidio agravado por violencia de género (femicidio), figura contemplada por el artículo 80, inciso 11, del Código Penal de la Nación, y que prevé una pena de prisión perpetua.
Las mismas fuentes indicaron que el expediente ya fue remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades ahora deberán fijar fecha en su agenda para realización del debate oral y público.

El auto de la víctima fue encontrado días después en Posadas.
El caso
El femicidio de Müller fue descubierto el 18 de enero de 2025, en horas de la tarde, cuando vecinos del barrio Parque Industrial de Santa Ana alertaron sobre la presencia de un cadáver dentro de un inmueble de la zona.
Al llegar, los efectivos locales se toparon con el cuerpo de la dueña de casa masacrada a golpes. La autopsia luego estableció que la víctima recibió al menos diez martillazos que le fracturaron el cráneo y otras tantas heridas cortantes en la espalda que le perforaron un pulmón.
Tras las primeras averiguaciones, quien quedó bajo la lupa fue Keller, un ex penitenciario dado de baja en diciembre de 2024 por “conductas incompatibles” y que en el último tiempo se había convertido en un hombre de extrema confianza para Müller.
La relación entre ambos era tal que la mujer le encomendaba trabajos domésticos y mandados a Keller, además de que planeaba alquilarle su casa y que ese 16 de enero almorzaron juntos, según los últimos movimientos que pudieron reconstruir en ese momento los investigadores que intervinieron el caso bajo la supervisión del juez Monte.
Incluso, los pesquisas determinaron que ese mismo día el sospechoso llegó a la casa de su novia en Posadas totalmente ensangrentado y alegó haberse peleado con el presunto comprador de un auto que tenía en venta.
Tras quedar bajo la lupa, la Policía desplegó operativos en toda la provincia y el domingo 19 de enero, a la madrugada, detuvieron al sospechoso en Colonia Aurora, donde tenía previsto viajar para pasar el fin de semana junto a familiares.
Al momento de su detención, Keller iba al mando de un automóvil Volkswagen y en compañía de su novia. La joven, de 28 años, fue demorada inicialmente pero ya recuperó la libertad tras la constatación de antecedentes y fue desvinculada de la causa.
Dentro de ese auto incautaron una mochila que contenía 1,8 millones de pesos, dinero que se supone fue robado a Müller, además del Peugeot 208 negro, dominio AG-914-NL, que recién fue encontrado el 23 de enero en una vivienda de la comunidad gitana en Posadas.
Judiciales
Juzgan a Polaquito Ferreyra, acusado de matar a un amigo y violar a la novia
Tras la suspensión de la semana pasada, el Tribunal Penal Uno de Eldorado fijó para este martes a las 8.30 la nueva fecha de inicio del juicio oral contra Nazareno “Polaquito” Ferreyra (38), acusado de asesinar a su amigo Bruno Mendez (21) y violar a la novia de éste dentro de una casa del barrio Villa Alta de Puerto Iguazú, en uno de los crímenes más resonantes de los últimos años en la provincia.
El implicado, de 38 años, está imputado por “homicidio doblemente calificado por ensañamiento y criminis causa” en perjuicio de Mendez y por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y privación ilegítima de la libertad agravada” en perjuicio de la muchacha.
Bajo esos cargos, que pueden significarle una pena de prisión perpetua al final del proceso, Polaquito enfrentará el debate oral que prevé una extensión de al menos tres jornadas y la participación de una quincena de testigos que fueron citados para prestar declaración.
El hecho que se ventilará en debate oral se registró el 4 de abril de 2022, en una vivienda del barrio Villa Alta de Puerto Iguazú y se descubrió a partir de que la joven abusada pudo escapar de su captor para pedir ayuda a los vecinos de la zona.
La reconstrucción del caso indica que esa madrugada Ferreyra estuvo compartiendo una ronda de tragos en su casa con Mendez y la novia de éste, de 18 años.
En determinado momento de la noche, se estima que Mendez le pidió al dueño de casa una habitación para tener intimidad con su novia y el acusado accedió, aunque luego intentó participar del encuentro sexual.
En esa instancia, se desató una pelea entre Mendez y Ferreyra, que alcanzó a tomar un cuchillo e hirió de al menos cuatro estocadas a su contrincante.

Bruno Mendez recibió al menos cuatro estocadas durante el ataque de su amigo.
Después de ello, el hombre abusó sexualmente de la joven y a la mañana siguiente se dispuso a esconder el cadáver de su amigo, pero la muchacha logró aprovechar un descuido suyo para escapar junto su bebé de un año.
Allí el acusado intentó darse a la fuga, pero fue detenido a los pocos minutos por una comisión policial.
Al momento de prestar declaración indagatoria, el acusado dio vuelta la versión de los hechos, afirmando que la relación sexual con la joven fue consentida y que a Mendez lo mató en defensa propia ya que él fue agredido en primera instancia. “Me defendí y me fui de mambo, me pasé”, declaró.
La joven sobreviviente luego dialogó con el canal CVI Noticias 5 de Iguazú y dio un testimonio que contrasta severamente con la versión del acusado: “Toda la noche abusó de mí. Mi hijo estaba cerca de nosotros y en un momento le pasó el cuchillo por el cuerpo de mi bebé para que yo le tratara con cariño. Me dijo que si no le hacía sentir placer, lo iba a matar”.
Ferreyra fue procesado con prisión preventiva en mayo 2022 y desde ese momento está preso en la Unidad Penal VII de Cerro Azul.
Además del testimonio de la sobreviviente, en la causa también obran informes periciales que confirman la presencia del perfil genético de Ferreyra tanto en el cuchillo utilizado para matar a Mendez, como en el cuerpo de la joven abusada sexualmente.
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