Judiciales
Insisten en indagatorias para dos militares por la muerte de Mauro Ramírez
La muerte del soldado chaqueño Mauro Ramírez (21), ocurrida dentro del Regimiento de Monte 30 de Apóstoles, sigue bajo un manto de oscuras incógnitas que aún 21 años después pretenden ser develadas para llegar a la ansiada verdad de los hechos y para ello la querella insiste en la citación a indagatoria de dos militares que pudieron haber tenido injerencia en lo sucedido, aunque recientemente se toparon con dos fallos desfavorables de parte de la Justicia.
La causa por la muerte de Ramírez es compleja, extensa y con numerosos vaivenes, a tal punto que fue archivaba como suicidio, aunque en 2016 fue reabierta a partir de la postura asumida por la parte querellante y de un dictamen emitido por Procuraduría General de la Nación, al advertir que el caso podría tratarse de un hecho de violencia institucional, tal como plantea la familia.
Quien continúa luchando por llegar a la verdad, aún más de dos décadas después, es su madre, Susana Pintos, que además forma parte del expediente como querellante particular bajo la representación del defensor oficial de Bahía Blanca Gabriel Jarque.
Desde la reapertura de la causa, la investigación avanzó, aunque de manera lenta y con contratiempos en el medio como, por ejemplo, cambio de fiscales y una pandemia que obligó a frenar actividades.
De igual manera, en todo este lapso se tomaron más de 20 testimoniales y se incorporaron nuevos elementos de prueba que para la querella fundamentan el pedido de indagatoria de dos militares que podrían haber tenido responsabilidad en el hecho.
Esas dos personas bajo la lupa son Eduardo Jeremías Brevel y Ovidio Francisco Almeida, quienes compartieron el cambio de guardia con Ramírez aquel 26 de junio de 2003 a la mañana.
“Tenemos un cuadro de situación que muestra que Ramírez no se suicidó y que estas dos personas estuvieron con él en el cambio de guardia, que inmediatamente después se produjo el disparo y ese disparo fue el que acabó con la vida del soldado. Entonces ellos tienen que dar explicaciones de lo que pasó en ese momento y, eventualmente, cómo pasó”, explicó Jarque, en diálogo con La Voz de Misiones.
Sin embargo, el pedido de llamado a indagatoria formulado por la querella contra ambos soldados fue rechazado por el juez federal Miguel Ángel Guerrero, actualmente a cargo del expediente tras una inhibición de la magistrada Verónica Skanata.
Pintos, junto a legisladores chaqueños, referentes de Derechos Humanos y acompañantes, reclamando justicia frente al Juzgado Federal en junio.
“Hasta las últimas instancias”
Ese fue el primer escollo con el que se enfrentó la querella, pero apelaron la resolución. Y a comienzos de noviembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas se expidió rechazando el recurso, por entender que la decisión de llamar a prestar indagatoria es potestad exclusiva del juez, aunque el tribunal no resolvió la cuestión de fondo.
Ante ello, la querella se prepara entonces para presentar un recurso de casación y continuar insistiendo en el llamado a indagatoria para Brevel y Almeida.
“Hay antecedentes y fundamentos como para convocar a los nombrados a prestar declaración indagatoria. Por ese motivo nosotros vamos a recurrir esa resolución de la cámara presentando un recurso de casación”, adelantó Jarque.
Y sobre el procedimiento judicial, el letrado precisó que “la indagatoria es en realidad un acto esencialmente de defensa, no es un acto de imputación. Se trata de la oportunidad en la que se explica a los convocados a declarar todos los elementos de convicción que obran en el expediente y que permiten sospechar que ellos tuvieron injerencia en el hecho que se investiga y explicarles que tienen la posibilidad de dar su versión y los argumentos que quieran aportar, pero para eso el sistema de justicia tiene que convocarlos, no puede permanecer indiferente”.
Jarque, además, ahondó en que “estas personas ya declararon como testigos y tuvieron contradicciones. Esas contradicciones también alimentan o fundan las sospechas que nosotros tenemos respecto de que algo tienen para ocultar; si no fuera así, no habrían incurrido en esas inconsistencias de la manera que lo hicieron. Ese es un elemento adicional que, desde nuestro punto de vista, debería llevar que se citen a estas personas a indagatoria”.
A 20 años de la muerte del soldado Ramírez: “Hay testigos que saben lo que pasó”
Roberto “El Negro” Silvero (23), el albañil paraguayo nacionalizado argentino acusado de asesinar a puñaladas a un vecino de Candelaria por una deuda de $500, fue condenado esta mañana a 14 años de prisión.
La sentencia fue impartida por el Tribunal Penal Uno de Posadas, presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrada por sus pares Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante), luego de cuatro audiencias de debate que se desarrollaron durante esta semana.
Silvero fue declarado responsable del delito de “homicidio simple” y recibió 14 años de prisión, pena levemente inferior a los 18 años solicitados ayer por el fiscal Vladimir Glinka.
Al momento de alegar, el fiscal Glinka describió a Silvero como una persona “peligrosa” y en su teoría del caso expuso que el imputado era “el dealer del barrio” y cometió el crimen de Vázquez para vengar una deuda de $500 por la venta de cocaína.
Glinka expuso que el imputado asesinó de varias puñaladas a Duarte Vázquez, lesiones que incluso fueron efectuadas con la víctima en el suelo y de espaldas.
“Esto fue un acto cobarde y traicionero”, achacó el fiscal y apuntó: “Silvero, como transa del barrio, ya había tomado la decisión de que ese vago iba a morir. Eran las 12 del mediodía y le apuñaló frente a todos los vecinos. Él estaba dando un mensaje ahí, que no se jode con el transa del barrio”.
El hecho ocurrió el 14 de noviembre de 2021 en el barrio Niño Perdido de Candelaria, donde ambos residían. El debate comenzó el lunes y a lo largo de esta semana declararon varios testigos, entre vecinos, familiares, peritos y agentes policiales.
Silvero, por su parte, dio sus últimas palabras ayer y sostuvo que actuó en defensa propia, estrategia que también abordó el abogado defensor oficial Miguel Ángel Varela, que pidió la absolución del imputado, aunque el pedido no tuvo efectos.
FOTO: EL TERRITORIO
Silvero dio sus últimas palabras y mañana dictan sentencia: “Yo me defendí”
Roberto “El Negro” Silvero (23), el albañil paraguayo nacionalizado argentino que es juzgado por el homicidio de un vecino del barrio Niño Perdido de Candelaria, insistió esta mañana en haberse defendido de un primer ataque de la víctima y la sentencia en su contra se conocerá mañana.
El imputado dio sus últimas palabras hoy al mediodía, luego de la ronda de alegatos donde el fiscal Vladimir Glinka pidió una condena de 18 años de prisión en su contra, mientras que su abogado defensor Miguel Ángel Varela pidió la absolución por legítima defensa.
“Yo estaba con mi hijo y mi señora. Le dije a ella para ir a comprar unas cosas y ahí me crucé con él -por Luis Fernando Duarte Vázquez (23)-. Yo necesitaba los $500 para ir a comprar pañales. Ahí él se enojó conmigo, no sé si estaba drogado o qué”, relató Silvero ante el tribunal presidido por Viviana Cukla e integrado por Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante).
“Él me atacó primero con un cuchillo”, agregó el acusado y desarrolló su versión: “Yo ahí agarré una rama y él se cayó. Ahí yo agarré el cuchillo y se levantó con una piedra. Yo después ya no me acuerdo nada. Yo solo me defendí y defendí a mi familia”.
Después de oír su palabra, el tribunal declaró cerrado el debate y pasó a un cuarto intermedio hasta mañana para el dictado de la sentencia.
Dealer del barrio
Previo a ello, al momento de alegar, el fiscal Glinka describió a Silvero como una persona “peligrosa” y en su teoría del caso expuso que el imputado era “el dealer del barrio” y cometió el crimen de Vázquez para vengar una deuda de $500 por la venta de cocaína.
Glinka expuso que el imputado asesinó de varias puñaladas a Duarte Vázquez, lesiones que incluso fueron efectuadas con la víctima en el suelo y de espaldas.
“Esto fue un acto cobarde y traicionero”, achacó el fiscal y apuntó: “Silvero, como transa del barrio, ya había tomado la decisión de que ese vago iba a morir. Eran las 12 del mediodía y le apuñaló frente a todos los vecinos. Él estaba dando un mensaje ahí, que no se jode con el transa del barrio”.
El hecho ocurrió el 14 de noviembre de 2021 en el barrio Niño Perdido de Candelaria, donde ambos residían. El debate comenzó el lunes y a lo largo de esta semana declararon varios testigos, entre vecinos, familiares, peritos y agentes policiales.
FOTO: EL TERRITORIO
Fiscal pidió 18 años para Silvero: “Era el transa del barrio y mató por $500”
El fiscal Vladimir Glinka solicitó esta mañana la pena de 18 años de prisión como autor de homicidio simple para Roberto “El Negro” Silvero (23), quien esta semana llegó a juicio oral como acusado del crimen de su vecino Luis Fernando Duarte Vázquez (23), cometido el 14 de noviembre de 2021 en el barrio Niño Perdido de Candelaria.
Para el titular de la fiscalía, Silvero, paraguayo nacionalizado argentino, era “el dealer del barrio” y cometió el crimen de Vázquez para vengar una deuda de $500 por la venta de cocaína.
En su alegato, desarrollado esta mañana ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, Glinka describió que el imputado asesinó de varias puñaladas a Duarte Vázquez, lesiones que incluso fueron efectuadas con la víctima en el suelo y de espaldas.
“Esto fue un acto cobarde y traicionero”, achacó el fiscal y señaló que Silvero “como transa del barrio ya había tomado la decisión de que ese vago iba a morir. Eran las 12 del mediodía y le apuñaló frente a todos los vecinos. Él estaba dando un mensaje ahí, que no se jode con el transa del barrio”.
Como cierre, Glinka mantuvo la acusación original, sin añadir agravantes, y solicitó que Silvero sea condenado a 18 años de prisión como autor del delito de homicidio simple.
En segundo turno expuso el defensor oficial Miguel Ángel Varela quien consideró que Duarte atacó primero utilizando piedras como armas y planteó que Silvero actuó en legítima defensa, tanto suya como de su familia.
Por esa razón, Varela solicitó la absolución de su defendido por haber obrado en legítima defensa o, en forma subsidiaria, se contemple la figura de exceso en la legítima defensa.
Una vez culminada la ronda de réplicas y dúplicas, el tribunal presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrado por Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante) pasará a reunión privada para deliberar la sentencia.
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