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A 20 años de la muerte del soldado Ramírez: “Hay testigos que saben lo que pasó”

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La certeza es que el 26 de junio de 2003 el soldado chaqueño Mauro Ramírez (22) murió de un tiro en el pecho dentro del Regimiento de Monte 30 de Apóstoles, pero la incógnita es quién efectuó ese disparo. Para la Justicia en un principio fue un suicidio, mientras que la familia sostiene que hubo un entramado de poder y corrupción para ocultar el fusilamiento del joven. Hoy, 20 años después, la cuestión sigue sin dilucidarse.

La causa por el fallecimiento del soldado Ramírez fue archivada como suicidio en tres ocasiones. Primero por la Justicia provincial y luego por la Justicia Federal en dos instancias, pero en 2016 la investigación fue reabierta a partir de un dictamen emitido por Procuraduría General de la Nación, al advertir que el caso podría tratarse de un hecho de violencia institucional.

“No se suicidó”

La muerte de Ramírez fue reportada el 26 de junio de 2003, a las 10 de la mañana. Su cuerpo sin vida, con un disparo en el pecho, fue hallado frente a una garita del destacamento del Ejército Argentino en Apóstoles.

El inicio de la pesquisa estuvo en manos del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo en ese entonces del magistrado José Antonio Reyes -posteriormente destituido-, quien apenas tres meses después decidió archivar la causa al considerar el hecho como un suicidio.

“Hubo entramado de encubrimiento para hacerme creer que mi hijo se suicidó y él no se suicidó. Yo sé que a mi hijo lo mataron, no es una cosa inventada”, exclamó la madre del soldado, Susana Pintos, quien además acusó al ex juez Reyes de hacer desaparecer pruebas, específicamente unas cartas que el joven guardaba en su cofre de seguridad.

En la misma sintonía, el defensor oficial federal de Bahía Blanca, Gabriel Jarque, que actúa en la causa como querellante en representación de Pintos, sostuvo que “la versión que en su momento nos aportó el Ejército y el juez (Reyes) apuntó a un suicidio y no hay ningún elemento que permita sostener esa premisa. En esas primeras diligencias hubo deficiencias inexcusables. Es más, ni siquiera tenemos certezas de que el fusil y las prendas peritadas hayan sido efectivamente de Ramírez”.

El soldado Mauro Ramírez nació en Resistencia, Chaco.

Justamente, en su carácter de querellante, fue Pintos la que tuvo un rol trascendental para que, dos décadas después del hecho, la causa permanezca abierta y en pleno proceso. Es que, desde un principio, descreyó de la hipótesis de un suicidio y prácticamente se convirtió en una investigadora privada que se dedicó a recolectar elementos y recibir testimonios para esclarecer el hecho.

En diálogo con La Voz de Misiones, la mujer contó que “pude recorrer y contactarme con ex compañeros de Mauro que me dijeron que a él lo hicieron callar porque no se quiso involucrar en cuestiones de droga y contrabando de armas, pero algunos fueron amenazados y otros fueron acomodados en puestos importantes para que no cuenten la verdad. Mi hijo fue fusilado”. 

Sin embargo, añadió Pintos, en muchas ocasiones, esas mismas personas que por privado le contaron una versión de los hechos, al momento de declarar ante la Justicia negaron todo o excusaron falta de memoria.

“Yo sé que hay testigos que tienen pesadillas, que no pueden dormir porque saben lo que pasó y no lo cuentan. Mi esperanza es que uno de ellos se quiebre y creo que en algún momento sucederá; muchos de hoy ellos hoy también son padres”, lanzó.

De testimoniales e indagatorias

Desde la reapertura de la causa, la investigación avanzó, aunque de manera lenta y con contratiempos en el medio como, por ejemplo, cambio de fiscales y una pandemia que obligó a frenar actividades.

Actualmente, el expediente está en manos del Juzgado Federal de Posadas, aunque la jueza original María Verónica Skanata se inhibió y, por subrogancia, el caso recayó en Miguel Ángel Guerrero, en tanto que, en representación del Ministerio Público Fiscal, interviene Vivian Barbosa.

Según pudo saber LVM, desde la reactivación de la causa, ya declararon más de 25 testigos y la querella considera que la etapa de testimoniales está pronta a culminar, tras lo cual planean solicitar el llamado a indagatoria de dos uniformados que podrían haber tenido responsabilidad en el hecho, tal como ya lo pidieron sin éxito en 2017.

“Tenemos algunos testigos pendientes, pero ya serían los últimos. Vamos a insistir con las citaciones a indagatorias. Nosotros tenemos elementos y pruebas como para demostrar que estas dos personas puntuales no solamente estuvieron revistando en el regimiento el día del hecho, sino que también han tergiversado sus dichos”, puntualizó el defensor Gabriel Jarque.

Asimismo, el letrado tampoco descartó que el pedido se amplíe a otros involucrados, de acuerdo a los nuevos elementos que puedan ser recolectados.

Una inspección ocular realizada en el Regimiento de Apóstoles tras la reapertura de la investigación, en 2016.

En esa línea, detalló que “lo que estas personas aportaron cuando declararon como testigos no es cierto en todos sus aspectos y son contradictorias en parte. Es decir, para nosotros saben más de lo que están diciendo y por eso creemos que estas personas tuvieron alguna intervención en el hecho, ya sea por acción o por omisión. Eso da como para citarlos”.

Pintos, además, fustigó por la actualidad de algunos de los posibles implicados y su próximo objetivo es plantear la cuestión ante el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana.

“Algunas de las personas que pudieron tener responsabilidad en la muerte de mi hijo están retirados, pero otros siguen en funciones, en distintos destinos. Se pasean libremente y eso no puede ser así”, cuestionó la madre.

“Una perpetua de dolor”

En ese marco, la causa continúa en pie y este domingo, Susana volvió a Apóstoles para realizar actividades y ceremonias en memoria de su hijo.

“Como hacemos siempre, no vamos a destruir, ni hacer pintadas. Solo llevo conmigo mi dolor, mi angustia, una oración y ramo de flores. Solo quiero estar un rato en la garita donde mi hijo estuvo con vida por última vez”, señaló la mujer, que se dedica a la docencia en Chaco.

La madre del soldado fallecido, Susana Pintos, estará hoy y mañana en Misiones realizando actividades.

Las actividades comenzaron hoy a las 9, con una visita al barrio Esperanza de Apóstoles, donde hay un mural en honor al soldado fallecido y también se repartió chocolatada y pelotas para niños de la zona.

Se hará, por otra parte, una visita al regimiento y una misa, al tiempo que mañana se hará una ofrenda floral frente al Juzgado Federal de Posadas, ubicado sobre la avenida Corrientes. 

“A mí ya me arruinaron la vida, pero necesito llegar a la verdad. Yo hoy tengo una condena a perpetua de dolor, pero sigo en la lucha por Mauro y para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro soldado que solo sueña con defender nuestra bandera y nuestra patria”, expresó.

Quienes tengan información sobre lo sucedido, pueden comunicarse al 0291-4527588 y aportarla bajo todas las garantías.


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Detenido por asesinar al padre en Dos Hermanas guardó silencio y fue imputado

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Dos hermanas parricidio

El hombre detenido desde el viernes por el asesinato a puñaladas de su padre Agustín Figueroa (73) en la localidad de Dos Hermanas se abstuvo de declarar hoy ante la Justicia y fue imputado bajo una figura que prevé una pena de prisión perpetua.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el implicado de 32 años fue trasladado esta mañana hasta el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, donde debía comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante Ariel Belda Palomar, magistrado que lleva adelante la investigación del parricidio.

En esa instancia, las fuentes añadieron que el detenido designó abogado defensor oficial, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, figura contemplada por el artículo 80, inciso 1, del Código Penal, el cual prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado responsable en un futuro debate oral.

Tras la audiencia, el hombre identificado como Neri Ramón Figueroa (32) volvió a ser trasladado a una celda policial donde continuará detenido mientras avance la instrucción de la causa en su contra.

Crimen y confesión en comisaría

El hecho que se investiga se registró en la mañana del viernes pasado, en una vivienda de Dos Hermanas, donde luego de una discusión con uno de sus hijos Agustín Figueroa (73) fue ultimado a puñaladas.

El crimen se descubrió en virtud de que el propio acusado se dirigió hacia la comisaría local y relató que minutos antes había discutido y agredido a estocadas a su padre. Para cuando los efectivos llegaron al lugar la víctima ya no presentaba signos vitales.

En la escena los investigadores dieron con el cuchillo que habría sido utilizada como arma homicida, entre otras pruebas que comprometerían aun más al único sospechoso.

“Él siempre atentó contra la familia, incluso ya había atentado contra mis dos hermanas. Él siempre amenazaba y ya le había amenazado a mi papá que quería plata. Mi papá nos comentó eso a mí y a mis hermanos pero nunca pensamos que iba a pasar esto”, narró al respecto Antonio Figueroa, hija de la víctima y hermana del acusado, en diálogo con El Territorio.

“Papá le ayudaba con plata, con los medicamentos, con mercadería. Él estuvo seis meses internado y mi papá lo cuidó porque tuvo un accidente. Siempre mi papá estuvo a la par de él. Es por eso que no podemos entender por qué hizo esto si mi papá siempre lo ayudó y lo apoyó”, añadió.


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El juicio por el caso D’Amico en Oberá pasó para el 1 de julio

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D'Amico

Finalmente, el juicio oral por el asesinato del preventista cárnico Nicolás D’Amico (35) duró tan solo unos pocos minutos esta mañana en virtud de un planteo de intereses contrapuestos entre los principales acusados y, de esta manera, se dispuso un cuarto intermedio hasta el 1° de julio.

El debate tuvo su inicio en el Palacio de Justicia de Oberá, ante los magistrados del Tribunal Penal Uno de la Capital del Monte, pero al poco tiempo Matías Olivera, defensor oficial de cuatro imputados, pidió la palabra y advirtió que entre los implicados que asesora hay intereses contrapuestos que podrían generar inconvenientes al devenir del proceso e incluso derivar en una nulidad del juicio.

“En el requerimiento de elevación a juicio leído en esta sala está expuesto que los hermanos Benegas y Gutiérrez se acusan entre sí (dos están imputados como autores materiales del crimen y dos por encubrimiento) y la defensa de todos es la misma, siendo eso incoherente. Si continuamos hasta podría incurrir en un delito“, sostuvo Olivera, según publicó el diario El Territorio.

El defensor hizo alusión a los imputados Diego Ramón Benegas (40), dueño del abasto donde se perpetro el crimen; Jonathan Emanuel Gutiérrez, uno de sus empleados; Gustavo Germán Benegas (36) y Diego Orlando Gutiérrez (33).

Los dos primeros están sindicados como autores del asesinato y enfrentan los cargos más severos por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y en concurso premeditado de agentes”, mientras que los dos restantes están imputados por “encubrimiento agravado”. En la causa hay otros tres acusados. 

Tras el planteo, el tribunal integrado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Villalba decidieron disponer de un cuarto intermedio hasta el 1 de julio.

En este lapso, los hermanos Benegas deberán designar nuevos abogados defensores ya que Olivera afirmó que continuará con el patrocinio de los Gutiérrez.

Según el expediente, D’Amico fue asesinado a fierrazos dentro de una carnicería de Oberá y su cadáver fue incinerado en el interior del baúl de su auto en cercanías a un teal del paraje El Chatón, en Alem. El hecho ocurrió a fines de 2015.

FOTO: El Territorio.

Golpeado e incinerado: comenzó el juicio por el crimen de D’Amico en Oberá


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Golpeado e incinerado: comenzó el juicio por el crimen de D’Amico en Oberá

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Esta mañana, en el Palacio de Justicia de Oberá, comenzó el juicio oral contra siete imputados en el expediente que investiga el crimen del bonaerense Nicolás D’Amico (35), quien según lo reconstruido en 2015 fue asesinado a fierrazos en un abasto de la Capital del Monte y luego incinerado dentro de su automóvil en el paraje El Chatón de Leandro N. Alem.

El debate se realizará ante el Tribunal Penal Uno de Oberá, se extenderá a lo largo de cuatro jornadas y fueron citados un total de 43 testigos. Los imputados llegaron a esta instancia en libertad, con diferentes grados de acusación.

Los principales implicados son Diego Ramón Benegas (40), dueño del abasto donde se perpetró el crimen, y Jonathan Emanuel Gutiérrez (31), uno de sus empleados, quienes están acusados por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y en concurso premeditado de agentes”, figura ante la cual son pasibles de recibir una pena de prisión perpetua.

Nicolás D’Amico tenía 35 años y era empleado de un frigorífico de Lobos, provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Gustavo Germán Benegas (36), Gustavo Ramón García (32) y Diego Orlando Gutiérrez (33) están acusados de “encubrimiento agravado”, mientras que Guillermo Andrés Burkiewicz (35) y Guillermo Sebastián Rockenbach (35) enfrentan cargos por “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y entrega de arma de fuego a quien no acredita la condición de legítimo usuario”.

La pesquisa trazada, con intervención determinante del personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), estableció que el 21 de octubre de 2015 D’Amico fue ultimado a fierrazos dentro del abasto La Rueda de Oberá y posteriormente su cuerpo fue trasladado en su Volkswagen Bora hasta El Chatón, donde fue rociado con combustible e incinerado.

La principal sospecha es que Diego Benegas y Jonathan Gutiérrez fueron quienes propinaron la golpiza mortal, con el objetivo de evadir una deuda de 350.000 pesos que la víctima pretendía cobrar como empleado de un frigorífico bonaerense.

El resto de los implicados aparecen bajo la lupa por colaborar tanto en el traslado del cadáver como en limpiar el escenario del crimen, aunque las pericias de la Saic de igual manera permitieron reconstruir lo sucedido.

Pericias de la Saic establecieron que el crimen fue perpetrado dentro del abasto La Rueda de Oberá.


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