Judiciales
Forense estimó que Antonella fue apuñalada acostada en el piso e indefensa
En la continuidad del debate por el femicidio de Antonella Bernhardt (27), esta mañana declararon dos testigos más, entre ellas la médica forense que realizó la autopsia, quien detalló cada una de las lesiones que presentaba la víctima y consideró que la estocada mortal pudo ser efectuada con la joven tendida en el piso e indefensa, hipótesis que contradecería la versión de un hecho accidental en el fragor de un forcejeo de pie que brindó el fotógrafo Cristian Daniel Vargas (33), único acusado del caso.
La tercera jornada del juicio oral estuvo marcada por los aportes realizados por la doctora Carolina Lanzos, quien en su momento fue la encargada de realizar el examen forense a los restos de Antonella y fue convocada para brindar precisiones respecto a la operación.
El testimonio de la profesional fue realizado a través de una plataforma de video conferencia, herramienta que además utilizó para exhibir imágenes de la autopsia y detallar las características de las lesiones que presentaba el cuerpo de la víctima.
“Nos encontramos con un cuerpo con abundante sangre seca, eran manchas gruesas, densas, ubicadas en el cuello, tórax y hombros”, expuso al comenzar Lanzos su testimonio ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, presidido por Viviana Cukla e integrado por Ángel Dejesús Cardozo y Gustavo Bernie.
Luego, explicó que la herida mortal fue una “lesión punzocortante y penetrante de 5,5 centímetros de longitud” que ingresó en el cuello, perforando el plano muscular, atravesando la vía aérea y finalizando contra “la cara posterior de los cuerpos vertebrales”.
También enumeró que Antonella presentaba dos traumatismos, uno cerca de la oreja izquierda y otro en el parietal del mismo lado. Esta última -estimó- pudo haber sido efectuada con algún objeto.
La médica forense Carolina Lanzos realizó el examen de autopsia al cuerpo de Antonella y hoy declaró por videoconferencia.
Tras esta presentación inicial, llegó el turno de las preguntas de las partes y el primero en intervenir fue el fiscal Martín Alejandro Rau, quien buscó profundizar en las características de las lesiones.
Ante una de las preguntas efectuadas, la médica forense sostuvo que la puñalada mortal provocó una profusa pérdida de sangre, fluido que además ingresó ingresó a la vía aérea generando también un síndrome de asfixia. Calculo, además, que el lapso de sobrevida con una herida de este tipo es “muy corto, escaso, en un minuto, como mucho, ya se produce el óbito”.
Acostada e indefensa
Rau también ahondó sobre los traumatismos que presentaba Antonella, ante lo cual Lanzos respondió que “fueron dos golpes fuertes” y afirmó que “pudieron haber producido aturdimiento, estado de confusión o pérdida de conocimiento”.
En el avance de sus consideraciones, la doctora indicó que en virtud de las características observadas en la puñalada mortal postuló que el ataque pudo haber sido propinado con la víctima “indefensa y apoyada contra un plano duro, acostada”.
En la argumentación de su tesis, la forense señaló que se basó en indicadores tales como la profundidad de la herida, la escasez de marcas defensivas en la víctima y la ubicación del sangrado.
“Por la profundidad de la herida creo que el cuerpo estuvo apoyado en algo y que ahí se ejerció presión. La persona estaba decúbito dorsal. La salpicadura es otro indicio de la posición. Si estoy parada la sangre va a caer, pero acá no había manchas de sangre ni en el abdomen, ni en la pelvis, ni en las piernas”, culminó Lanzos ante las consultas del defensor oficial Mario Ramírez, quien preguntó si la lesión pudo haber sido cometida con la víctima de pie.
En que en la primera audiencia de debate, Vargas mantuvo su versión defensiva y sostuvo que dio dos “tapes” a Antonella, pero que la estocada se dio por accidente durante un forcejeo que inició para quitarle el cuchillo a la joven.
El debate continuará mañana con la declaración de más testigos y además se le dará intervención al personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) para intentar encender el teléfono del acusado (incautado hace más de cuatro años) en busca de un posible backup de fotos realizadas por Vargas a Antonella que la defensa pretende incorporar como prueba al proceso.
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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