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Negro Rojas preso: pabellón antinarcos, requisas aleatorias y vigilancia estricta

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Separado de otros internos condenados por narcotráfico, sometido a requisas aleatorias de manera periódica y bajo un estricto control tanto de sus comunicaciones como de sus visitas. Así quema sus noches en prisión Néstor Fabián “El Negro” Rojas (47) y así culminó el 2023 alojado en la cárcel de máxima de seguridad de Marcos Paz, a pesar de sus reiterados pedidos para ser trasladado a la Colonia Penal 17 de Candelaria.

El sindicado narco-sicario acusado de tres asesinatos vinculados al narcotráfico, de un intento de magnicidio contra un juez posadeño y de montar una empresa criminal inspirada en el Primer Comando Capital (PCC), se encuentra privado de su libertad bajo estrictas normas de vigilancia en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz y durante todo el 2023 presentó diversos recursos con la pretensión de obtener morigeraciones en sus condiciones de detención e incluso su traslado a Candelaria, aunque cada pedido enfrentó la oposición del equipo de fiscales federales interviniente en sus causas.

La primera oposición a estos planteos por parte de la fiscalía se dio a comienzos de marzo del año pasado, cuando los fiscales Vivian Barbosa, de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Posadas, y Diego Iglesias, fiscal general a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), no solo consideraron inviable el cambio de penitenciaria sino que también solicitaron mantener vigente las medidas de extremo control sobre su estadía tras las rejas, según pudo averiguar La Voz de Misiones. 

Para los fiscales, Rojas debe continuar en un establecimiento de máxima seguridad, como es el caso del Complejo Penitenciario II de Marcos Paz, debido a su perfil de “peligrosidad”, a los riesgos de una eventual evasión o plan de rescate y a su “demostrada capacidad para llevar a cabo hechos de violencia y articular la organización de actividades delictivas complejas”.

En ese punto, mencionan como antecedentes que mientras el narco-sicario se encontraba tras las rejas se detectó que organizó un plan para asesinar al juez Fernando Verón y que armó una estructura criminal a la que denominó Primer Comando de Frontera (PCF), la cual alcanzó a mover 11 toneladas de marihuana en dos semanas.

En la misma instancia, los fiscales también solicitaron que el TOF extienda la vigencia de las medidas de seguridad y restricciones especiales para con Rojas durante su estadía en prisión.

Cargas de marihuana incautadas con el sello de la organización criminal fundada por el Negro Rojas.

De esta manera, el misionero continúa alojado en la cárcel de Marcos Paz, alejado de cualquier tipo de contacto con otros detenidos relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado.

Dicho presidio bonaerense está dividido en “unidades residenciales”. Rojas se encuentra en el pabellón 7 de la Unidad Residencial III, que tiene capacidad para 30 internos en total.

Dentro de la misma cárcel, por ejemplo, se encuentran otros “pesos pesados” del crimen organizado del país, como es el caso de Ariel Máximo “El Guille” Cantero, jefe de la banda rosarina Los Monos, quien habita el pabellón 7 de la Unidad Residencial II.

Estar separado de otros narcotraficantes no es el único ítem que contempla el régimen especial de detención que pesa contra Rojas. A diferencia del resto de la población penal, el misionero es objeto de requisas aleatorias y periódicas a fin de impedir que alcance dispositivos de comunicación para mantener contacto con el exterior.

También tiene un “control estricto” sobre las comunicaciones que pueda mantener a través de la línea fija de acceso público para internos. Esta medida consiste, principalmente, en conocer a los abonados y a las personas con las que se comunica. Incluso, esas llamadas están reguladas por un régimen de horarios y tiempos determinados. 

En la fundamentación de estas medidas los fiscales también repasaron el contenido de las escuchas practicadas a sus conversaciones mientras se investigaba el accionar del PCF, donde Rojas reparte amenazas de muerte a diferentes personas, entre ellas Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado. 

“Sí, hoy también vi que hizo pippip. Están grabando estos putos, (inaudible), están grabando mangas de putos. A ver, para que graben, ya que están ahí atentos a todos, díganle a esos jueces, a esos jueces, que esto recién comienza. Esto recién empieza, que van a pagar todos los que hicieron todo, todo uno por uno, uno por uno, todos, por un montón de presos que hicieron parir, gente inocente que condenaron inocentemente, por todo este tiempo que estuve. Sabes qué, le voy a decir una cosa tírenme cien, doscientos, trescientos años, no me importa, el peor error de ustedes es no haberme matado todas las veces que intentaron, sabes que ahora recién descubrí que soy, y quien soy y ahora se van arrepentir de haber nacido”, consigna la transcripción de la llamada interceptada por los investigadores asentada en documentos judiciales obtenidos por LVM. 

Y sigue: “Graben bien, y ustedes saben de lo que le estoy diciendo, la sigla PCF, graben bien, porque lo van marcar para toda la vida el resto de su corta vida (…) ustedes son los que me crearon, ustedes son lo que van a tener que aguantar su propia creación señores. Miguel Ángel Guerrero, vos que sos tan guerrero, como dice tu apellido, jueces hijos de mil puta, que siempre se ríe de (inaudible) esos correntinos que va a entrar, juez nuevo también, (inaudible) todo lo que sea diversión”.

En medio todo este contexto, Rojas jugó otra carta para amortiguar estas medidas con la presentación de un habeas corpus en el que intervino la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (Buenos Aires), aunque tampoco consiguió lo que pretendía.

Es que, al estudiar el planteo y el caso en general, los camaristas intervinientes consideraron que “no surgen elementos que permitan concluir en la existencia de un agravamiento ilegítimo de las condiciones”, al tiempo que entendieron que los principales reclamos (videollamada con una hija y visitas) fueron subsanados y, por ende, el recurso se presentaba como “improcedente”.

Rojas y detrás de él una de sus víctimas, su ex socio Aldo Canteros, ejecutado de tres disparos en Gobernador Roca.

Peso pesado

Luego de tres años siendo el criminal más buscado de la provincia, El Negro Rojas cayó detenido a mediados de 2018. Desde allí no volvió a pisar la calle, pero sí fue objeto de varios traslados. 

Pasó por dos cárceles misioneras, pero para las autoridades locales su presencia era una “bomba de tiempo” y, en primera instancia se dispuso su traslado al penal de Ezeiza, aunque allí dentro continuó organizando maniobras delictivas y en noviembre de 2020 fue llevado a Marcos Paz.

Al sindicado narco-sicario oriundo de Puerto Iguazú le adjudican tres asesinatos vinculados al narcotráfico: el doble crimen de El Acuerdo en 2015, donde las víctimas fueron Sebastián Vega y Rodrigo Ibarra; y la ejecución de su antiguo socio Aldo Canteros en 2018. 

Más tarde se descubrió que desde la cárcel había orquestado un plan para que mercenarios brasileños acribillen al juez Verón (juez de la causa de El Acuerdo) y meses después también advirtieron que desde su encierro había creado la firma criminal PCF.

Hasta ahora, ninguna causa contra Rojas llegó a instancia de juicio y la última novedad fue que los expedientes por el crimen de Cantero y las incautaciones al PCF que se tramitan ante la Justicia Federal fueron unificados.


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Un perro antibombas y 70 penitenciarios para el juicio de los Kiczka

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El perro antibombas Golky se sumará a los 70 penitenciarios que fueron designados para participar del megaoperativo de seguridad que desplegarán en el Palacio de Justicia el próximo 31 de marzo, en el marco del histórico juicio contra los hermanos Kiczka, acusados por tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (Masi).

Se trata de un Pastor Belga Milinois adiestrado en despliegues preventivos y detección de explosivos. Fue incorporado hace poco más de un año, cedido por el Batallón Rodoviario de la Brigada Militar de Brasil.

En esta oportunidad, será protagonista de la inspección táctica que se llevará a cabo durante cada jornada de juicio que iniciará el próximo lunes y culminará alrededor del 16 de abril, para cuando podría dictarse la sentencia, detalló Canal 12. 

Al respecto, el alcaide general del SPP, José Cáceres, a cargo del operativo, adelantó al mismo medio que “haremos lo mejor para el resguardo de los detenidos. Vamos a garantizar la custodia para que la Justicia pueda actuar sin inconvenientes”.

De esta manera, el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), a través del  Grupo de Intervención Especial Penitenciaria (GIEP) y la Sección Traslados, encabezarán el dispositivo de seguridad, con el apoyo de la Policía. Mientras que los penitenciarios trasladarán a los acusados bajo un estricto protocolo de ingreso y egreso al edificio ubicado por Santa Catalina y Centenario.

A su vez, el dispositivo incluirá a los agentes de Análisis de Información y de la Dirección General del SPP con el objetivo de acompañar y proteger a más de 60 testigos que fueron citados a declarar a lo largo de las próximas dos semanas. 

Juicio a los Kiczka: archivos Masi y el paradigma de la evidencia digital

 


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Madre de policías presos por sedición: “Están en condiciones inhumanas”

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Graciela Enríquez, madre de dos de los ex policías detenidos en el penal de Loreto acusados por “sedición” y “consipiración”, Iván y Alejandro Arrieta, denunció públicamente que ambos “contrajeron enfermedades como consecuencia del mal estado” en el que se encuentra una de las celdas conocida internamente como “La Pelada”.

“Ahí lo encontré a Alejandro el sábado cuando me fui en el horario de visita y el domingo. La celda mide 1.50 por 2.50, es muy chiquita y en las paredes está llena de sangre y excremento de larga data. No tienen baños, tienen que hacer sus cosas en una botella, no tienen luz ni elementos de limpieza, están en condiciones inhumanas”, relató indignada en diálogo con La Voz de Misiones. 

Y continuó: “El lunes lo trajeron a Alejandro al hospital porque tiene problemas de salud como consecuencia del estrés por el encierro. Estuvo cinco días internado por una diabetes que se le despertó ahora por las condiciones en las que está viviendo. Llegó con una glucosa en sangre de 400, nosotros no somos diabéticos en la familia y él tampoco tiene antecedentes de nada, era una persona sana. Del 4 al 9 estuvo internado y el día 10 lo trasladaron otra vez a La Pelada”.

La madre de los detenidos también cuestionó la falta de información por parte del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y el hospital: “Cuando lo trajeron al hospital nadie me avisó, nadie me dijo nada. También quedaron sin comunicación porque le sacaron el celular desde el viernes. Yo me enteré por personas que me conocen y que estaban en el pasillo. Ellos me avisaron que lo vieron ingresar, si no fuera por ellos no iba a saber porque no nos informan nada”.

“De ahí me fui al hospital hasta el directorio médico, pero no me dejaron entrar. Hablé con los penitenciarios que lo trajeron y solo me hicieron esperar sin darme ningún detalle”, aseveró.

Sin avances

Enríquez no solo cuestionó “el estado inhumano” en el que se encuentran sus hijos en la cárcel, sino que también repudió la falta de respuestas por parte del juez Fernando Verón, quien se encuentra al frente de la causa por la que están detenidos hace seis meses. 

“Podrían seguir todo el procedimiento de investigación de la causa hasta llegar al veredicto, pero creo que deberían estar con sus familias como corresponde. Mi hijo tiene cuatro chicos menores, todos en edad escolar. ¿Dónde está el derecho de los niños si se juega con la cabeza de los chicos psicológicamente?”.

Para terminar, enfatizó: “Queremos ver si pueden tener prisión domiciliaria, que sigan investigando la causa, pero que estén en sus casas con sus familias”. 

Huelga de hambre

Ante la falta de novedades, cuatro de los detenidos en Loreto decidieron iniciar una huelga de hambre. Si bien la decisión surgió el viernes, el abogado defensor de los hermanos Arrieta, Ricardo Sebastián Pérez Dorrego, afirmó que la medida se habría materializado el lunes “como consecuencia de la falta de respuestas por parte de la judicatura donde se solicitaron pruebas. También se pidió el cese de la prisión preventiva, nulidades y nada se ha resuelto”, lamentó el letrado en diálogo con La Voz de Misiones

A su vez, repudió: “No dan respuestas escudándose en cuestiones procesales absurdas”. Y sobre los detenidos, aclaró que “las medidas decidieron tomar ellos por lo que consideran, a todas luces, detenciones injustas toda vez que no cometieron ningún delito”.

Al igual que Enríquez, Dorrego apuntó contra el personal penitenciario: “Alejandro sufrió una descompensación durante el fin de semana, fue llevado al hospital Madariaga y nadie del Servicio Penitenciario quiere informar el motivo. La madre de este muchacho fue hasta el hospital y ni siquiera le permitieron verlo, manifestando un trato absolutamente inhumano”.

En cuanto al estado de la causa, afirmó: “Desde hace varios días estamos intentando hablar con el juez de la causa y siempre es imposible comunicarnos con él”.

Ataques de pánico

Matías Orrego es hermano de Joaquín Orrego, otro de los policías acusados por “sedición”, pero se encuentra detenido en el penal de Puerto Rico. Tiene 34 años y dos hijos, uno de 8 y otro de 10 años, quienes subsisten gracias al trabajo de su madre quien se desempeña como comerciante y es el único ingreso con el que cuentan.

“Nosotros lo visitamos en los días y horarios de visitas y físicamente se encuentra bien. Ellos en Puerto Rico no iniciaron huelga de hambre, pero mentalmente están muy mal, él tiene ataques de pánico y ansiedad porque la espera se volvió muy larga y aún no tenemos ningún tipo de respuesta sobre la causa”, aseguró Joaquín Orrego en diálogo con este medio. 

 

FOTO PRINCIPAL: Canal 12.

Policías acusados de sedición iniciaron huelga de hambre en el penal de Loreto

 

 


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Adolescente murió al despistar con una moto en el barrio Sesquicentenario

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Un adolescente de 14 años falleció ayer por la tarde al despistar con una motocicleta en el barrio Sesquicentenario de Posadas y la tragedia enlutó a la comunidad educativa de la capital provincial.

El fallecido fue identificado como Alan Rafael Escobar (14), quien circulaba en una motocicleta Rousser 135 por la calle 160 del mencionado barrio posadeño hasta que, por causas que se intentan establecer, perdió el control y se precipitó contra la cinta asfáltica.

El adolescente alcanzó a ser trasladado de urgencia al hospital Madariaga, aunque falleció poco después debido a las graves lesiones sufridas en el impacto contra el suelo.

En el hecho intervino el personal de la comisaría Décima, además de agentes de la División Científica de la Unidad Regional X, quienes realizaron las pericias correspondiente para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Escobar cursaba el segundo año en el colegio Lisandro de la Torre, institución educativa que despidió al estudiante a través de un sentido posteo en redes sociales.

“La comunidad educativa del instituto superior Lisandro de la Torre participa con profundo pesar del fallecimiento de su alumno de 2 año A turno mañana. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso”, publicaron. 


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