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Caso Antonella: para el tribunal no hubo pruebas certeras de violencia de género

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Para el Tribunal Penal Uno de Posadas, en el juicio por el caso Antonella Rocío Bernhardt (27), golpeada y asesinada de un puntazo en la garganta, no se recolectaron suficientes elementos para acreditar “con alta probabilidad” que el crimen se haya cometido en un contexto de violencia de género, razón por la cual decidieron descartar la aplicación del agravante de femicidio en la sentencia dictada contra el fotógrafo Cristian Daniel Vargas (33).

“No cuento con elementos de juicio suficientes que me indiquen con una alta probabilidad que la muerte de Antonella se haya dado en este contexto (violencia de género)”, postuló la magistrada Viviana Cukla en su voto, plasmado en los fundamentos del fallo, documento al cual tuvo acceso La Voz de Misiones

En la resolución, de 112 páginas, la jueza que presidió el debate oral que se desarrolló desde el 6 hasta el 13 de noviembre, se explayó respecto a los argumentos tenidos en cuenta por el tribunal que integra junto a los magistrados Ángel Dejesús Cardozo y Gustavo Bernie para desestimar los agravantes de femicidio y alevosía planteados por la fiscalía, calificación legal que, de haberse aplicado, pudo significarle la prisión perpetua a Vargas.

Culminado el repaso histórico de la causa, como así también la mención de todo lo producido a lo largo del juicio, incluido el alegato de las partes (querella, fiscalía y defensa), la jueza Cukla procedió a la analizar la cuestión vinculada a la acreditación del hecho y a la autoría por parte del imputado.

En ese punto, la presidenta del TP Uno consideró plenamente acreditada la autoría del crimen por parte de Vargas, describiendo que la víctima fue sofocada con maniobras de asfixia, golpeada dos veces en la cabeza y posteriormente atacada con un cuchillo monofilo mediante el cual el imputado “seccionó la tráquea causando una herida profunda”.

Para Cukla, el asesinato se produjo en el marco de un forcejeo de pocos minutos en el cual Antonella logró prestar un mínimo de defensa, aunque consideró que el desarrollo de los hechos no pudo ser determinado con certeza suficiente, a pesar del testimonio brindado por la forense Carolina Lanzos, sobre el cual el fiscal Martín Rau basó gran parte de su alegato y ahora fue contestado.

“La información aportada por la médica por sí sola no alcanza que poder efectuar una reconstrucción histórica de cómo fue la pelea y posterior muerte de Rocío Antonella, particularmente si la víctima al momento de recibir la puñalada se encontraba de pie o yacía tendida en el suelo, lo cual fue sostenido por el Sr. Fiscal”, arguyó la magistrada, razonamiento que también fue utilizado para desestimar el agravante de alevosía.

En esta primera parte de su análisis, Cukla también desestimó la versión dada por Vargas respecto al supuesto acto de sexo oral y posterior video con el cual la víctima habría querido extorsionarlo y, en esa misma línea, descartó que haya sido Antonella quien manipulaba el cuchillo al momento del hecho.

Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Gustavo Bernie, los jueces del Tribunal Penal Uno. Foto: Gentileza Marcos Otaño.

Agravantes descartados, los argumentos del TP Uno

Zanjada estas cuestiones, llegó el momento de la controversia basada en la calificación legal, tópico que se transformó en el eje de la discusión, más aún después de aquel 13 de noviembre en el que el tribunal decidió condenar a Vargas a 20 años de prisión por el delito de homicidio simple.

La parte resolutiva de la sentencia leída ese día en el SUM del Palacio de Justicia conllevaba un spoiler: para el tribunal el crimen de Antonella no configuró un femicidio y en los fundamentos comunicados hoy enumeran los razonamientos efectuados para llegar a tal conclusión.

Al ahondar en este punto, Cukla volvió a realizar un repaso de la causa, principalmente a lo vinculado respecto a los idas y vueltas que tuvo la calificación legal de la causa ya durante la etapa de instrucción, con constantes apelaciones y oposiciones de las partes.

A partir de allí, se adentró en lo registrado pura y exclusivamente en el debate, recordando el contenido de los alegatos desarrollados por el fiscal Rau, por el abogado particular Mauricio Vergara como querellante particular y por el defensor oficial Mario Ramírez.

“Se deben descartar las demás agravantes pretendidas por la acusación -querella y fiscalía- por no encontrarse reunidos los presupuestos exigidos en términos procesales o probatorios, en tanto no supera el estado de duda razonable (respecto al femicidio) como tampoco reúne las condiciones exigidas a nivel normativo (sobre alevosía)”, adelantó la jueza líneas después.

Desde esa base, desmenuzó la definición legal de la figura penal de femicidio (contemplado en el artículo 80, inciso 11) y sostuvo que la principal dificultad radica en determinar qué circunstancias constituyen o no violencia de género.

A continuación, postuló que las circunstancias del hecho valoradas por las partes en sus alegatos “no tienen el peso probatorio para determinar con un alto grado de probabilidad, que la muerte violenta de Rocío Antonella se produjo mediando violencia de género”.

Cukla recordó que el fiscal Rau planteó que la violencia de género en el caso Antonella estaba dado en virtud de su estado de vulnerabilidad ante una realidad económica apremiante, lo cual ubicó a Vargas en una situación de poder sobre ella ya que le ofreció trabajo.

La magistrada, en cambio, argumentó que entre la víctima y Vargas existía un “acuerdo limitado a lo laboral” vinculado a la venta de servicios de fotografías en escuelas de Posadas, cuestión que “no nos permite inferir que se configuraba una circunstancia de desigualdad entre los mismos, de discriminación o de dominación basada en esta circunstancia”.

En líneas siguientes, la jueza dejó fuera de dudas que “Vargas causó violentamente la muerte a Rocío Antonella Bernhardt”, pero volvió a plantear la discusión suscitada en si las circunstancias del hecho cumplen con el estipulado de “mediare violencia de género” que contempla el agravante de femicidio.

“Inferir que existió un contexto de violencia de género a partir de datos acreditados que, por sí mismos no revelan violencia de género, como por ejemplo un acuerdo laboral, o que Rocio Antonella buscaba trabajo, además de ser incompatible con uno de los principios básicos del derecho procesal penal, conforman simples conjeturas -no objetivas- que no tienen anclaje en los elementos de juicio producidos en la causa”, expresó.

El fiscal Martín Rau había pedido perpetua por homicidio doblemente calificado por femicidio y alevosía. Foto: Gentileza Marcos Otaño.

Tampoco consideró Cukla que la gravedad de las lesiones o las diferencias de fuerza y tamaño sean elementos suficientes para acreditar la violencia de género.

“Entiendo que no es suficiente establecer que existe femicidio cuando un hombre mata violentamente a una mujer, entre los cuales había diferencias de fuerza y tamaño. Sino, de lo contrario, no podríamos hablar de femicidio cuando un hombre pequeño mata a una mujer más grande corporalmente, a pesar de haber mediado violencia de género”, agregó.

También reflexionó que “en las condiciones probatorias que se encuentra la causa, me encuentro en una situación en la cual, si bien, no descarto que no hayan existido elementos que conviertan la muerte violenta de Rocío Antonella Bernhardt en un femicidio, pero al mismo tiempo sostengo ‘no se trata de una cuestión de fe’. Por lo tanto, atento a la instancia procesal en la que nos encontramos, debo decir que no cuento con elementos de juicio suficientes que me indiquen con una alta probabilidad que la muerte de Antonella se haya dado en este contexto (violencia de género)”.

E insistió: “Nuevamente considero necesario resaltar que para la configuración del femicidio, no es suficiente que el sujeto activo sea hombre y la víctima una mujer, sino que debemos tener por acreditado con un alto grado de probabilidad a través de constancias comprobadas de la causa, de que la muerte de la mujer se produjo en un contexto de violencia de género”.

Y, como cierre, a esta cuestión en particular, apuntó: “Por demás, quiero dejar a salvo mi criterio en cuanto entiendo que las reglas de valoración de las pruebas, no puede ceder ante la presión social o mediática, sino que debe estar ceñido a las reglas que rigen a un razonamiento objetivo de la prueba, de acuerdo a la lógica y a la sana crítica racional”.

Ya a lo último de la resolución, la magistrada del TP Uno también explicó por qué desestimaron el agravante de alevosía solicitado por fiscal Rau y allí regresó sobre el testimonio vertido por la forense Lanzos, al cual calificó como insuficiente para reconstruir la mecánica del hecho.

En consecuencia, consideró que no se puede dar por acreditado que la víctima haya sido atacada en estado de indefensión, más aún al recordar que Antonella registraba lesiones defensivas.

En base a estas argumentaciones, Cukla consideró que no quedaba más que subsumir el hecho en un homicidio simple y aplicar a Vargas la pena de 20 años de prisión.

Tanto el magistrado Dejesús Cardozo como Gustavo Bernie adhirieron al voto efectuado por Cukla y solamente el primero de ellos planteó una disidencia respecto al monto de pena aplicar, ya que consideró que la condena correspondiente era de 25 años de cárcel.

Conocida estas consideraciones, las partes tendrán la posibilidad de recurrir la sentencia para que sea revisada en instancias superiores, por lo cual la discusión podría continuar abierta.


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Detenido por asesinar al padre en Dos Hermanas guardó silencio y fue imputado

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Dos hermanas parricidio

El hombre detenido desde el viernes por el asesinato a puñaladas de su padre Agustín Figueroa (73) en la localidad de Dos Hermanas se abstuvo de declarar hoy ante la Justicia y fue imputado bajo una figura que prevé una pena de prisión perpetua.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el implicado de 32 años fue trasladado esta mañana hasta el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, donde debía comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante Ariel Belda Palomar, magistrado que lleva adelante la investigación del parricidio.

En esa instancia, las fuentes añadieron que el detenido designó abogado defensor oficial, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, figura contemplada por el artículo 80, inciso 1, del Código Penal, el cual prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado responsable en un futuro debate oral.

Tras la audiencia, el hombre identificado como Neri Ramón Figueroa (32) volvió a ser trasladado a una celda policial donde continuará detenido mientras avance la instrucción de la causa en su contra.

Crimen y confesión en comisaría

El hecho que se investiga se registró en la mañana del viernes pasado, en una vivienda de Dos Hermanas, donde luego de una discusión con uno de sus hijos Agustín Figueroa (73) fue ultimado a puñaladas.

El crimen se descubrió en virtud de que el propio acusado se dirigió hacia la comisaría local y relató que minutos antes había discutido y agredido a estocadas a su padre. Para cuando los efectivos llegaron al lugar la víctima ya no presentaba signos vitales.

En la escena los investigadores dieron con el cuchillo que habría sido utilizada como arma homicida, entre otras pruebas que comprometerían aun más al único sospechoso.

“Él siempre atentó contra la familia, incluso ya había atentado contra mis dos hermanas. Él siempre amenazaba y ya le había amenazado a mi papá que quería plata. Mi papá nos comentó eso a mí y a mis hermanos pero nunca pensamos que iba a pasar esto”, narró al respecto Antonio Figueroa, hija de la víctima y hermana del acusado, en diálogo con El Territorio.

“Papá le ayudaba con plata, con los medicamentos, con mercadería. Él estuvo seis meses internado y mi papá lo cuidó porque tuvo un accidente. Siempre mi papá estuvo a la par de él. Es por eso que no podemos entender por qué hizo esto si mi papá siempre lo ayudó y lo apoyó”, añadió.


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El juicio por el caso D’Amico en Oberá pasó para el 1 de julio

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D'Amico

Finalmente, el juicio oral por el asesinato del preventista cárnico Nicolás D’Amico (35) duró tan solo unos pocos minutos esta mañana en virtud de un planteo de intereses contrapuestos entre los principales acusados y, de esta manera, se dispuso un cuarto intermedio hasta el 1° de julio.

El debate tuvo su inicio en el Palacio de Justicia de Oberá, ante los magistrados del Tribunal Penal Uno de la Capital del Monte, pero al poco tiempo Matías Olivera, defensor oficial de cuatro imputados, pidió la palabra y advirtió que entre los implicados que asesora hay intereses contrapuestos que podrían generar inconvenientes al devenir del proceso e incluso derivar en una nulidad del juicio.

“En el requerimiento de elevación a juicio leído en esta sala está expuesto que los hermanos Benegas y Gutiérrez se acusan entre sí (dos están imputados como autores materiales del crimen y dos por encubrimiento) y la defensa de todos es la misma, siendo eso incoherente. Si continuamos hasta podría incurrir en un delito“, sostuvo Olivera, según publicó el diario El Territorio.

El defensor hizo alusión a los imputados Diego Ramón Benegas (40), dueño del abasto donde se perpetro el crimen; Jonathan Emanuel Gutiérrez, uno de sus empleados; Gustavo Germán Benegas (36) y Diego Orlando Gutiérrez (33).

Los dos primeros están sindicados como autores del asesinato y enfrentan los cargos más severos por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y en concurso premeditado de agentes”, mientras que los dos restantes están imputados por “encubrimiento agravado”. En la causa hay otros tres acusados. 

Tras el planteo, el tribunal integrado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Villalba decidieron disponer de un cuarto intermedio hasta el 1 de julio.

En este lapso, los hermanos Benegas deberán designar nuevos abogados defensores ya que Olivera afirmó que continuará con el patrocinio de los Gutiérrez.

Según el expediente, D’Amico fue asesinado a fierrazos dentro de una carnicería de Oberá y su cadáver fue incinerado en el interior del baúl de su auto en cercanías a un teal del paraje El Chatón, en Alem. El hecho ocurrió a fines de 2015.

FOTO: El Territorio.

Golpeado e incinerado: comenzó el juicio por el crimen de D’Amico en Oberá


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Golpeado e incinerado: comenzó el juicio por el crimen de D’Amico en Oberá

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d'amico

Esta mañana, en el Palacio de Justicia de Oberá, comenzó el juicio oral contra siete imputados en el expediente que investiga el crimen del bonaerense Nicolás D’Amico (35), quien según lo reconstruido en 2015 fue asesinado a fierrazos en un abasto de la Capital del Monte y luego incinerado dentro de su automóvil en el paraje El Chatón de Leandro N. Alem.

El debate se realizará ante el Tribunal Penal Uno de Oberá, se extenderá a lo largo de cuatro jornadas y fueron citados un total de 43 testigos. Los imputados llegaron a esta instancia en libertad, con diferentes grados de acusación.

Los principales implicados son Diego Ramón Benegas (40), dueño del abasto donde se perpetró el crimen, y Jonathan Emanuel Gutiérrez (31), uno de sus empleados, quienes están acusados por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y en concurso premeditado de agentes”, figura ante la cual son pasibles de recibir una pena de prisión perpetua.

Nicolás D’Amico tenía 35 años y era empleado de un frigorífico de Lobos, provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Gustavo Germán Benegas (36), Gustavo Ramón García (32) y Diego Orlando Gutiérrez (33) están acusados de “encubrimiento agravado”, mientras que Guillermo Andrés Burkiewicz (35) y Guillermo Sebastián Rockenbach (35) enfrentan cargos por “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y entrega de arma de fuego a quien no acredita la condición de legítimo usuario”.

La pesquisa trazada, con intervención determinante del personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), estableció que el 21 de octubre de 2015 D’Amico fue ultimado a fierrazos dentro del abasto La Rueda de Oberá y posteriormente su cuerpo fue trasladado en su Volkswagen Bora hasta El Chatón, donde fue rociado con combustible e incinerado.

La principal sospecha es que Diego Benegas y Jonathan Gutiérrez fueron quienes propinaron la golpiza mortal, con el objetivo de evadir una deuda de 350.000 pesos que la víctima pretendía cobrar como empleado de un frigorífico bonaerense.

El resto de los implicados aparecen bajo la lupa por colaborar tanto en el traslado del cadáver como en limpiar el escenario del crimen, aunque las pericias de la Saic de igual manera permitieron reconstruir lo sucedido.

Pericias de la Saic establecieron que el crimen fue perpetrado dentro del abasto La Rueda de Oberá.


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