Cuatro celulares, dos netbooks del plan Conectar Igualdad, una CPU y un disco rígido fueron los elementos secuestrados esta mañana en la vivienda familiar de Alejandra Fassa, pareja del ex diputado provincial Germán Kiczka (44), imputado con prisión preventiva en el marco de una causa por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi).

El procedimiento fue realizado por agentes de la Dirección Cibercrimen y personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), los mismos detectives que intervienen en el caso desde que la causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo del magistrado Miguel Ángel Faría.

Fuentes consultadas por La Voz de Misiones detallaron que tanto los celulares como la CPU se encontraban dentro del inmueble, en tanto que los demás elementos mencionados fueron hallados dentro de una bolsa oculta en la parte trasera de la propiedad que pertenece a los suegros de Germán Kiczka, quienes debieron recibir asistencia médica en medio del operativo.

Los nuevos dispositivos incautados serán sometidos a pericias informáticas en busca de elementos probatorios que puedan tener relación con el expediente que involucra al ex legislador puertista y a su hermano Sebastián (47), quien mañana está citado para comparecer en una audiencia de ampliación de declaración indagatoria ante el juez Faría.

Las netbooks halladas en el allanamiento de esta mañana.

Las mismas fuentes indicaron que la medida ejecutada hoy obedece a las evidencias incluidas en los últimos informes periciales, donde se desprenden chats entre Fassa y Kiczka en los cuales la mujer hablaba con su pareja sobre “deshacerse”, “romper” o “llevar” una computadora a otro lado a fin de borrar pistas. Se cree que una de las netbooks halladas hoy podría corresponderse a uno de sos soportes mencionados.

“Puede haber material viejo”, “no se cosa que un día caigan a casa o algo”, advirtió Fassa a Kiczka en esa conversación, registrada tiempo después del primer procedimiento realizado en la casa del padre y el hermano del ex diputado, operativo que marcó el inicio del expediente que no deja de arrojar novedades.

“Ok china, pero yo tengo fueros, no pueden hacer nada”, respondió el ex legislador puertista en esa ocasión. Se equivocó. El 6 de agosto el juez Faría irrumpió para allanar su casa y días después se ordenó tanto su desafuero, como su detención y ahora pasa sus días en la cárcel de Cerro Azul con prisión preventiva.

Prisión preventiva para Germán Kiczka: su defensa y las pruebas en contra

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Joelson Sebastiao Freitas (48), un seguidor de Jair Bolsonaro actualmente prófugo de la Justicia brasileña por el intento de golpe de Estado y asalto al edificio de gobierno en Brasilia en enero del año pasado, reside en la localidad misionera de Puerto Iguazú y desde su país denuncian que incluso cuenta con residencia argentina.

La historia marca que Bolsolavista, como se hace llamar en redes sociales, era guardia municipal en Foz de Iguazú desde 1995 y fue uno de los tantos seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro que en enero de 2023 se movilizaron e invadieron el Palacio de Planalto como protesta tras la victoria de Luiz Inácio Lula Da Silva, quien apenas un mes antes había tomado posesión del edificio gubernamental tras imponerse en las elecciones presidenciales de 2022.

El brasileño, que también fue candidato a diputado ese mismo año, fue captado en las imágenes de los actos de vandalismo registrado ese 8 de enero de 2023 y ubicado en cercanías a campamentos de militantes de extrema derecha e integrantes del Ejército brasileño, según la acusación judicial. 

Además, él mismo grabó un montón de situaciones para luego publicarlas en sus redes sociales, donde se presenta como “Cristiano, conservador, bolsonarista y Olavista” y se dedica a realizar posteos de índole política.

Sin ir más lejos, el 3 de septiembre publicó un video grabado desde el hito Tres Fronteras de Puerto Iguazú para denunciar el “abandono” del nuevo puente que une Brasil con Paraguay.

Justamente, esas imágenes llamaron la atención en Brasil, dado que en su país denuncian que el implicado posee un pedido de captura activo en el marco de la causa Lesa Patria, que investiga los hechos acaecidos el 8 de enero de 2023 en el Palacio del Planalto en Brasilia.

Fue la periodista, también conservadora, Ana María Cemin, la que se encargó de exponer la situación en el portal Bureau da Comunicacao.

La toma del Palacio del Planalto se registró el 8 de enero de 2023.

Fugado/Exiliado

Cemin repasó que Bolsolavista estuvo detenido desde el 17 de marzo hasta el 29 de noviembre de 2023, cuando obtuvo la libertad tras argumentar problemas de salud como hipertensión y disminución auditiva, entre otras afecciones.

Sin embargo, después de ello se cortó la tobillera electrónica, cruzó la frontera y desde el 10 de junio es considerado prófugo de la Justicia. Por esa razón, posee un pedido de captura emitido por el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes, uno de los jueces considerados entre “los más poderosos” de ese país y recientemente mencionado internacionalmente por el conflicto que enfrentó al gobierno brasileño con el multimillonario dueño de X -entre otras compañías- Elon Musk.

La periodista brasileña también expuso que Bolsolavista no solo que se muestra libremente en Puerto Iguazú, sino que publicó que el implicado se encuentra en Argentina desde el 5 de mayo y que primero estuvo en La Plata junto a otros compatriotas en su misma condición, para luego afincarse en Puerto Iguazú tras obtener un permiso de residencia permanente otorgado por el gobierno de Javier Milei el pasado 19 de julio.

El último 29 de agosto, el brasileño publicó otro video en su cuenta de Instagram, donde recuerda haber estado preso y describe que vive “un infierno” como consecuencia de las medidas de Alexandre de Moraes. También aduce ser un “exiliado político” que hoy “vive del otro lado”.

 

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Vida en Iguazú

En su artículo, Cemin indicó que Bolsolavista arguyó a travesar dificultades financieras y deudas por más 270.000 reales en abogados, mientras que en Puerto Iguazú encontró una vida más barata.

“Encontré un apartamento pequeño, con un alquiler barato. Los muebles los hice yo misma con madera. Los electrodomésticos, que aquí son muy caros, los logré traer de Brasil. Tengo toda mi documentación al día desde el principio y siempre que sea posible. Si tengo dudas, hablo con la gente de la Defensoría Pública (Buenos Aires). Tienen especial cariño y cuidado con los presos políticos brasileños. Me dijeron que cualquier proceso de deportación demoraría alrededor de 6 años”, sostuvo el brasileño, según publicó Cemin. 

 

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“Estuve en Brasilia el 8 de enero y no invadí, no destrocé, no me enfrenté a la Policía. Cuando llegamos a la Praça dos Três Poderes ya no había barandillas ni policías bloqueando el acceso. El camino estaba despejado. Tenía la intención de manifestarme pacíficamente y registrar los hechos como periodista registrado en la Orden de Periodistas de Brasil”, se defendió el extranjero en la misma entrevista.

“Técnicamente, los abogados hicieron un trabajo perfecto y como me di cuenta de que la persecución política continuaría, decidí cortarme la tobillera y cruzar la frontera antes de ser arrestado nuevamente. Sin embargo, la verdad no se puede ocultar por mucho tiempo y la gente ya está empezando a tomar conciencia de lo que realmente pasó en Brasilia el 8 de enero”, concluyó.

Mientras tanto, en Brasil lo esperan para ser llevado a juicio. Le acusan por cinco delitos que podrían traducirse en una pena de entre 14 y 17 años de prisión.

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Este lunes, por orden del Juzgado de Instrucción Tres, a cargo del magistrado Fernando Verón, fue detenido el oficial Diego C., quien en mayo pasado fue uno de los delegados del acampe policial que mantuvo en vilo al país, frente al Comando Radioeléctrico I. En esta oportunidad resultó “delatado” por uno de sus compañeros cuando habría estado organizando la toma de la Jefatura entre este martes 17 a la noche y el miércoles a la mañana. 

Según informó el diario Primera Edición, la denuncia se hizo efectiva por un oficial de la Comisaría Décima quien dijo haber recibido un llamado telefónico de Diego invitándolo a participar de dicha protesta en el marco de un nuevo reclamo salarial, sobre el que el arrestado adelantó: “Van a venir móviles del interior y personal de Posadas”.

Acampe policial frente al Comando Radioeléctrico I en mayo pasado

Según añadió el mismo diario posadeño, el efectivo de la comisaría Décima relató: “Me consultó si el día martes 17 de septiembre de 2024, en el horario de la noche, me encontraría de guardia en la comisaría Décima, a lo cual le contesto que no por lo que este me insiste para que cambie mi guardia para esa noche, tras responderle que tenía adicional y que no podía cambiar le consulto qué pasó, entonces este me dice textual tenemos una movida para el martes en la noche en la casa de Rovira, quiero saber si estás con la protesta o no a lo cual le respondo: ‘mira yo estoy de prestado en la Policía, por suerte volví, no me voy a meter en esas cosas’”.

La toma de la Jefatura estaba siendo organizada en el marco del rechazo, por parte de la “mesa de diálogo” a un 5% de aumento para los agentes de la fuerza, anunciado por el Gobierno el pasado viernes, frente a lo que Ramón Amarilla, uno de sus máximos referentes, remarcó: “Manifestaron que solo pueden ofrecer un 5% de incremento para septiembre, lo cual nos parece irrisorio y una burla”.

En diálogo con Misiones Cuatro, agregó: “Se olvidan que venimos atravesando esta situación desde el año 2023, cuando nunca se cerraron las paritarias y se perdió una cantidad significativa de dinero debido a la inflación”.

Por su parte, el denunciante de la toma se desligó de la medida de manera contundente: “Mirá Diego yo volví hace poco a la Policía, no quiero quilombos con nadie con suerte sigo siendo policía”, a lo cual el detenido le cortó la llamada. El camarada decidió informar la situación a sus superiores y radicar la denuncia en la fiscalía en turno de Adriana Marcela Verónica Herbociani.

En tanto, el magistrado Fernando Verón ordenó que se cumpla el arresto del efectivo con traslado a la Seccional Segunda y el secuestro del teléfono celular que ahora será peritado por técnicos de la Secretaria de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC).

Acuerdo de último momento y tras doce días levantan el acampe policial

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