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Procesan por estafa a misionero que se hizo pasar por hijo de desaparecidos

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La jueza federal porteña, María Eugenia Capuchetti, procesó este martes a cinco personas acusadas de conformar una organización criminal que estafaba al Estado con el cobro de las reparaciones para víctimas y familiares de la última dictadura.

Entre los procesados, se encuentra Adrián Martínez Moreira, un misionero que hace años se presenta como hijo de una pareja de militantes paraguayos desaparecidos durante el régimen del general Alfredo Stroessner, y que viene acumulando denuncias desde 2015.

Moreira, está sindicado como el líder del grupo procesado por la justicia, integrado entre otros por un supuesto abogado identificado como Omar García, Leticia G. y Nicole Carolina G., que habrían oficiado de “secretarias” de los letrados.

Según la investigación judicial, la banda liderada por el misionero comenzó a operar en 2013, a través de una organización llamada “Comisión Nacional y Popular de Leyes Reparatorias”, con la que contactaba con víctimas y familiares del terrorismo de Estado y ofrecía representarlos en gestiones y demandas por sus indemnizaciones.

El grupo llegó, incluso, a tramitar casos de dudosa veracidad, algunos rechazados por la justicia en primera instancia, y aprobados posteriormente en la Cámara de Apelaciones.

Martínez Moreira y su socio García se presentaban como abogados, pero distintas investigaciones periodísticas sostienen que no hay registro de ninguno de los dos en los colegios profesionales de Caba y la provincia de Buenos Aires.

El misionero afirmaba, además, ser sociólogo graduado en la UBA, y haber cursado el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires.

Hijo del horror

Valiéndose de las redes sociales, Martínez Moreira se construyó un relato a la medida de los planes y actividades del grupo ahora procesado por la justicia federal.

Decía ser hijo del paraguayo Adrián Martín Martínez, militante comunista desde su juventud, y la misionera María Santa Moreira, secuestrados el 8 de noviembre de 1988, en la casa del barrio Herrera, de Asunción, donde vivían.

Martínez Moreira afirmaba que en la capital paraguaya, con dos años de edad, fue entregado a un militar argentino que lo anotó como Matías Ezequiel López.

En su relato, el misionero aseguraba que sus padres desaparecidos habían sido miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Enrique Gorriarán Merlo, y que inclusive habían participado del atentado contra el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en Asunción, en 1980.

En su historia, Martínez Moreira cita nombres de supuestos tíos y primos desaparecidos en Paraguay, y cuenta que, a los siete años, en 1993, fue localizado por su abuela materna, Leontina Delart de Moreira.

Habla de un exilio de sus padres en Brasil, de un divorcio en 1984; de una relación de su madre con un militante del MIR chileno, con quien tuvo una niña que bautizaron María Luz; del reencuentro de la pareja en Jardín América, donde su madre lo da a luz en 1986; y describe espeluznantes pesadillas infantiles, en que vuelve una y otra vez a un mismo basural.

La historia, que Martínez Moreira relataba con verdaderos dotes actorales, estremeció. Diarios y canales de televisión le dedicaron sendos reportajes y entrevistas. Página/12 llegó a dedicarle la tapa del suplemento Soy, que aborda la temática LGTBQ+, por el relato de abusos con que el misionero engordó su personaje de hijo de la “generación diezmada”.

La realidad

En 2016, el abogado porteño Javier Garín denunció a Martínez Moreira por la falsificación de su firma y el uso de su matrícula profesional en el patrocinio de causas de víctimas de lesa humanidad que desconocía.

Garín radicó una denuncia ante la Fiscalía 43, Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional 22 de Caba. El abogado identificó unas 50 causas iniciadas con su número de Cuit ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La justicia ordenó el allanamiento del domicilio del misionero en la ciudad de Buenos Aires, donde encontró toda la evidencia que sirvió a la jueza Capuchetti para ordenar el procesamiento de Martínez Moreira y sus cómplices.

La justicia constató también denuncias falsas de Martínez Moreira contra periodistas, magistrados , funcionarios de la secretaría de derechos humanos,  sobrevivientes del terrorismo de estado, organismos, familiares, hijos de desaparecidos que habían descubierto el funcionamiento de la banda y habían alertado a las autoridades o la justicia.

“Se trata de una gigantesca maniobra defraudatoria. Este sujeto, además, estaría prometiendo indemnizaciones y pidiendo dinero a damnificados, según me refirió una de las actoras en uno de esos juicios falsificados”, afirmó en la ocasión, Garín, a Infobae.

El misionero fue investigado por la Procuración General de la Nación, que determinó que no es hijo de desaparecidos y que toda su historia es falsa.

Según PGN, su nombre real es Ovidio Martínez, nacido el 30 de abril de 1993 en el hospital de Jardín América, hijo de Santa Moreira y Emilio Martínez, domiciliados en Puerto Leoni, quienes lo entregaron con fines adoptivos en la Defensoría Oficial de Puerto Rico.

Su nueva familia lo inscribió en el Renaper como Matías Ezequiel López, a partir de una sentencia judicial de adopción plena.

Falsa identidad

En 2013, con documentación apócrifa, pruebas falsas de ADN, y una retórica estremecedora, Matías Ezequiel López, de 20 años, consiguió que la justicia le reconociera su nueva identidad.

Así nació el personaje de Adrián Martínez Moreira. Más tarde agregaría “de Zanotti” a su apellido, en referencia a Pablo Zanotti, una de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, en febrero de 2012, con quien el misionero aseguraba estar casado legalmente, lo que fue siempre desmentido por la familia del hombre.

Martínez Moreira visitó la tierra colorada en varias ocasiones. La primera vez fue el 16 de septiembre de 2013, en un taller debate que se realizó en el aula magna de la Facultad de Humanidades de la Unam, sobre la calle San Lorenzo, en Posadas.

La actividad estuvo organizada por la Fundación Defensora de los Derechos Humanos “Germania”, y Martínez Moreira participó como disertante invitado, junto a los militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) Angel Fleitas y Ricardo Ortellado, y la entonces diputada nacional Silvia Risko.

El misionero fue presentado como “nieto recuperado de padres desaparecidos del Plan Cóndor e integrante de la organización Hijos Paraguay”, un sello creado por el mismo Martínez Moreira.

En el acto, la ex presa política y actual miembro del Mecanismo de Prevención de la Tortura (MPT) de Misiones, Amelia Báez, le entregó los libros de la memoria de la provincia, el Nunca Más de la tierra colorada.

“El manejaba muy bien el discurso, tenía tal capacidad de predicamento, tal capacidad para fabular; era impresionante su relato”, recordó Báez, consultada por La Voz de Misiones.

“Yo no sé si tenía o no títulos de grado, pero era evidente que tenía educación, no era un iletrado, y así pudo engañar a todo el mundo”, agregó.

Por entonces, Martínez Moreira se encontraba tramitando judicialmente su partida de nacimiento y frecuentaba el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia.

En 2014, en otro viaje a Misiones, el falso hijo de desparecidos retiró de la oficina del Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Posadas, la nueva partida de nacimiento ordenada por la Cámara Federal de Apelaciones, con la que finalmente consiguió su primer ejemplar de DNI como Adrián Martínez Moreira, el 5 de noviembre de ese año.

“Hoy terminó una parte de mi historia. Hoy se cierra un circulo en mi historia”, afirmó aquella mañana, entrevistado en el programa “A Calzón Quitado”, de Radio Mas, de Posadas.

Una consulta de LVM en la base de datos del Renaper arrojó que Martínez Moreira renovó su DNI cinco veces desde entonces, y ahora va por el ejemplar F, con fecha de emisión el 20 de abril de 2022.


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Condenan a ex policía por maniobra de contrabando que terminó a los tiros

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ex policía contrabando

Un ex policía admitió su participación en una maniobra de contrabando que terminó a los tiros con la Prefectura en Garupá en 2021, fue condenado a 4 años de prisión tras un acuerdo de juicio abreviado que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas transformó en sentencia.

Mauricio Alejandro González (35), que fue policía hasta 2020, fue condenado a 4 años de prisión como autor del delito de tentativa de contrabando de importación en concurso real con el delito de resistencia a la autoridad, aunque como ya registra una sentencia en su contra por narcotráfico en Entre Ríos, deberá cumplir un total de 5 años y 6 meses de cárcel como pena unificada.

Junto al ex cabo de la Policía de Misiones fueron condenados otros dos cómplices identificados como Matías Alejandro Rivas (30) y Alcibiades Bernardo García Montiel (27), quienes recibieron una pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional al ser considerados partícipes secundarios del mismo delito atribuido a González.

Cigarrillos y tiros

El hecho imputado a los tres implicados ocurrió el 4 de marzo de 2021. Eran aproximadamente las 8.30 cuando una patrulla de la Prefectura Naval Argentina (PNA) identificó con cámaras térmicas el arriba de una embarcación paraguaya a una zona costera del barrio Santa Clara de Garupá, donde lo esperaba un Volkswagen Voyage con tres personas.

Esas tres personas era González, Matute Rivas y el paraguayo García Montiel, quienes cargaron el auto con 250 cartones de cigarrillos Eight y que cuando advirtieron la llegada de la PNA escaparon a toda velocidad.

Allí se inició una persecución que se extendió durante varios minutos y terminó en el barrio Ñu Porá. En el medio, hubo disparos, de ambas partes. El Voyage, por ejemplo, terminó con impactos de bala en la luneta, en la tapa del baúl, en el paragolpe y en los neumáticos.

Los balazos también alcanzaron a Rivas, que iba en el asiento de atrás al conductor y resultó herido en el brazo izquierdo y debió ser hospitalizado.

Los tres implicados quedaron detenidos, aunque con el correr del tiempo y el avance del expediente fueron siendo excarcelados uno a uno.

El procedimiento de la Policía entrerriana en agosto de 2021.

Puntero

El ex policía González, por ejemplo, recuperó la libertad el 8 de junio de ese mismo año, pero volvería a caer poco después, esta vez en Entre Ríos, mientras viajaba como “puntero” de un auto con marihuana.

Ese hecho ocurrió el 26 de agosto de 2021. Todo comenzó cuando los policías entrerrianos apostados en el puesto Paso Telégrafo descubrieron 18 kilogramos de marihuana dentro de un Honda City.

Ese auto era conducido por Crisanto Baudilio Galarza, pero por la maniobra también fue arrestado González, que viajaba delante suyo en Susuki y fue imputado como partícipe secundario de “transporte de estupefacientes”.

En esa causa el ex uniformado también admitió su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió 3 años de prisión de ejecución condicional, por lo que pudo continuar en libertad, aunque cumpliendo determinadas restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal de Paraná.


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Acusado por el homicidio de Josías Galeano firmó un juicio abreviado

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Josías Galeano

Andrés Rogelio “Koki” Texeira (29), detenido desde 2022 por el asesinato de Josías Galeano (15) en Oberá, firmó un juicio abreviado en el que admitió su responsabilidad en el crimen y ahora el Tribunal Penal Uno de Oberá debe analizar el documento para resolver si homologa o no el acuerdo.

El debate para esclarecer el caso de homicidio estaba fijado para los días 25, 26 y 27 de marzo, pero la decisión de Texeira obligaría a dejar sin efecto el proceso oral, dado que la modalidad de juicio abreviado contempla que el acusado admita su responsabilidad en el caso.

Texeira está acusado por el delito de homicidio simple, figura bajo la cual puede ser condenado a una pena de entre 8 y 25 años de prisión. La sentencia quedará en manos del Tribunal Penal Uno, integrado por los magistrados Francisco Aguirre y Horacio Paniagua.

Josías tenía 15 años.

El caso Josías

Josías Galeano fue visto por última vez el 30 de abril de 2022 y permaneció 34 días en condición de desaparecido, hasta que sus restos en avanzado estado de putrefacción fueron hallados en una zona de bañados del barrio San Miguel de Oberá.

Durante todo ese tiempo la lupa se posó sobre el accionar de efectivos policiales, dado que días previos a su desaparición Josías estuvo detenido en distintas celdas obereñas y ante ello varios organismos nacionales reclamaron que el caso sea investigado como “desaparición forzada”.

Sin embargo, para la Justicia la hipótesis que finalmente prevaleció fue la que vinculaba a Texeira, un joven que sería compañero o amigo de Josías que habría estado con él por última vez.

La investigación en su contra se apoyó en el testimonio vertido por un denominado “testigo clave”, quien aseguró que mientras Josías estaba desaparecido Texeira le confesó el asesinato del adolescente.

“Koki me dijo que le hizo una llave con el brazo y le tenía del cuello, y ahí el otro le pegó con la mano para arriba y le pegó en la cara y él dijo que le terminó de matar haciéndole una llave con la mano, que le apretó más fuerte. Me dijo que estaban los dos solos, no me dijo dónde fue, sólo dijo que lo mató y que lo tenía enterrado en el Yazá, donde había un pantano lleno de musgos y camalotes. Y ahí me dijo si yo le podía comprar pan y mortadela”, afirmó el testigo ante la Justicia, según reveló en su momento el diario El Territorio.

En ese marco, Texeira fue detenido y procesado por el crimen. Posteriormente el expediente fue elevado a juicio y en diciembre de 2023 la Cámara de Apelaciones confirmó todo lo actuado.

En paralelo a esta causa por homicidio, también se instruye un expediente por torturas contra el menor, que tiene a dos policías imputados. La causa se tramita bajo la carátula de “omisión de deberes como funcionario público, detención ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada, severidades y amenazas”.

Confirman elevación a juicio de la causa por el homicidio de Josías Galeano


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Detuvieron por femicidio a la pareja policía de la preceptora Machuca

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Tras un giro en la investigación, la Justicia trata ahora el caso de la muerte de la preceptora Soledad Machuca (34) como femicidio y ordenó la detención de su marido, un suboficial de la Policía de Misiones que ahora también fue separado del cargo.

La medida fue comunicada hace instantes por la propia fuerza provincial, que en su informe añadió que la detención se debió al resultado de autopsia y al avance las pericias efectuadas en la vivienda de la pareja en el barrio Nosiglia de Posadas.

Soledad Machuca fue hallada sin vida en la noche del martes, en su casa del barrio Nosiglia de Posadas

En paralelo a la medida judicial, el ahora sospechoso de femicidio, identificado como Gustavo C. (37), fue separado de la institución policial. En el caso interviene el Juzgado de Instrucción Tres, a cargo del magistrado Fernando Verón.

Hasta ayer, la hipótesis del caso apuntaba a la primera versión y daba cuenta de un desvanecimiento de la joven en la casa, lo que ocasionó que sufriese un golpe en la cabeza en la caída.

Sin embargo, ahora, con el avance de las pericias realizadas por personal de Criminalística, la Justicia cambió la carátula del caso, que paso de “muerte dudosa” a “femicidio” y ordenó la detención del marido de la víctima.

Investigan la muerte de una preceptora posadeña en el barrio Nosiglia


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