Judiciales
El modus operandi del misionero que fabricaba causas de lesa humanidad
El misionero Adrián Martínez Moreira, el falso hijo de desaparecidos procesado ayer por la jueza federal porteña María Eugenia Capuchetti como el líder de una banda dedicada a la fabricación de causas de lesa humanidad, seguía un modus operandi que incluía testigos falsos, documentos apócrifos y el armado de causas contra sus oponentes, las verdaderas víctimas: sobrevivientes y familiares de desaparecidos de la dictadura.
Laura Cravello, cuyos padres fueron secuestrados cuando era muy niña, probó los métodos del misionero y su banda, y es una de las denunciantes en la megacausa que instruye Capuchetti contra el grupo de Martínez Moreira, con elementos que se recogieron desde el año 2014, en que aparece la primera denuncia criminal.
Desde Barcelona, España, donde reside hace 20 años, Cravello contó a La Voz de Misiones cómo se involucró en la trama para desenmascarar a Martínez Moreira y frenar las actividades de su grupo criminal, que pretendía montar un negocio a partir de los resarcimientos económicos para familiares y víctimas de la dictadura, establecidos en la Ley 24.043, sancionada en noviembre de 1991 y promulgada al mes siguiente, durante el gobierno de Carlos Menem.
“Soy hija de desaparecidos, vivo en Barcelona. Todo esto lo descubrí desde acá, en pandemia”, se presentó la mujer.
Laura es hija de Ricardo Alfredo Cravello y María Cristina Lonardi, secuestrados el 8 de diciembre de 1975, vistos por última vez en el CCD “Puente 12” y desaparecidos desde entonces.
Contó que, en 2020, durante el confinamiento por el covid, reparó en la página de Facebook de la organización de Martínez Moreira: “Comisión Nacional y Popular de Leyes Reparatorias”, que ofrecía representación jurídica en la tramitación de indemnizaciones a familiares y víctimas de delitos de lesa humanidad.
“Había una página de Facebook donde la gente se peleaba con un abogado que ofrecía servicio gratuito (después descubrimos que no era tan así) y pedía que todo el mundo les mande las autorizaciones por e-mail”, relató.
Cravello sostuvo que la situación le pareció, por lo menos, “un poco rara”: “Me dio como ‘cosa’ que los compañeros manden documentación tan delicada por e-mail a un perfil desconocido”, argumentó.
“Averiguo un poco y este perfil de Facebook me empezó a escribir. Después, me escribió desde otro perfil, haciéndose pasar por una sobreviviente de un centro clandestino de detención; me habló de mis papás; y ahí inmediatamente me di cuenta que era mentira”, afirmó.
“En ese momento pensé: ¿cómo se pude ser tan cínico y por qué le molesta tanto que pregunte por Omar García?”, recordó Cravello, en referencia al abogado porteño Omar Ramón Enrique García, uno de los procesados junto al misionero Martínez Moreira y tres mujeres: Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.
“Después, la gente me empieza a contar que García les pedía que escriban a una dirección de e-mail, y enseguida recibían la llamada de una persona cuyas características vocales eran las de Martínez Moreira”, relató.
Escarbando un poco más, Cravello se enteró de que el fabulador misionero procesado esta semana por la Justicia Federal había enfrentado en 2014 la denuncia de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos (ADD), por la fabricación por parte de Martínez Moreira de un testimonio de la sobreviviente del circuito Camps y fundadora de la organización, Adriana Calvo.
El misionero trabajaba por entonces en engrosar su historia y fraguó una supuesta declaración de Calvo, testigo estrella en el juicio a los jerarcas de la junta militar -representado en la reciente película 1985- y una de las militantes de los derechos humanos reconocidas dentro y fuera del país.
Martínez Moreira necesitaba probar la existencia de un supuesto tío que había pasado por un centro clandestino de detención e inventó afirmaciones de Calvo ante las autoridades alemanas en 1999, en una audiencia que después se descubrió que nunca existió.
El misionero adulteró la firma de Calvo, que llevaba fallecida tres años, y presentó el escrito en 2013, en la causa sobre el Plan Cóndor, el plan criminal de los gobiernos militares de la región que supuestamente había desaparecido a sus falsos padres en Paraguay.
La ADD presentó entonces una denuncia penal contra Martínez Moreira, que recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence.
Vence ya lo conocía. En 2013 el misionero se había presentado en su juzgado haciéndose pasar por víctima en la causa que investigaba al general Santiago Omar Riveros, condenado en 2018 a 45 años de prisión por apropiación de bebés.
En la ocasión, Martínez Moreira fue descubierto por Vence y también por la Procuración General de la Nación.
La jueza concluyó en que toda la versión del misionero sobre sus padres en Paraguay, sobre sí mismo y sobre otros familiares desaparecidos; y los hechos que relataba, eran absolutamente falsos.
La Procuración General de la Nación llegó a la misma conclusión. Se estableció que Martínez Moreira no era su verdadero nombre y había nacido en Jardín América, en 1993 y no en 1986 como él sostenía; fue inscripto como Ovidio Martínez, y dado por sus padres biológicos en adopción a una pareja de Puerto Rico, que lo anotó como Matías Ezequiel López.
A este descubrimiento, Cravello le sumó otro: la denuncia penal contra Martínez Moreira que formalizó en 2016 el abogado porteño Javier Garín, acusando al misionero de haber falsificado su firma como patrocinante en más de 50 causas de lesa humanidad que él desconocía.
En este caso, Cravello descubrió que el abogado de la página de Facebook que había llamado su atención durante la pandemia, era quien defendía a Martínez Moreira en la causa impulsada por Garín.
“Habiendo todo esto, me parecía muy peligroso que la gente le dé información personal o de su familia a esta persona, y entonces me dispuse a informar sobre estos antecedentes”, contó Cravello.
“Finalmente, en octubre de 2020, avisé a la secretaría de derechos humanos de Argentina que estaba pasando esto, y en marzo de 2021, con pruebas fuertes, me presenté en la justicia como denunciante con identidad reservada, una condición que estoy buscando cambiar porque estoy plenamente identificada”, señaló.
El contraataque
La campaña de la verdadera hija de desaparecidos desde España provocó la reacción del misionero y su banda, que articuló su respuesta más clásica: demandas múltiples y en serie contra Cravello.
La mujer contó a LVM que desde el e-mail de la comisión reparadora del grupo viralizaron la carátula de una causa penal que le habían iniciado horas antes, acusándola de asociación ilícita, falsificación de documentos y toda “sarta de sandeces”, señaló.
“Al mismo tiempo, en el contencioso administrativo federal me abrieron una demanda a mí, a la Policía Federal y a otros compañeros y los denunciantes eran todas personas que estaban tramitando las leyes reparatorias con esta gente”, relató.
Cravello agregó que, después de desayunarse con las denuncias de la banda del misionero en su contra, se enteró que lo mismo habían ensayado ya contra el abogado Garín, luego que este denunciara a Martínez Moreira.
“Le abrieron catorce causas de este tipo, que después se probó que provenían de falsos testimonios”, indicó.
Cravello explicó que, en todos los casos, los denunciados eran sobrevivientes, hijos de desaparecidos verdaderos; madres, abuelos, familiares, y sentenció: “Todo lo que él no es, ni será nunca”.
La madeja
Las denuncias falsas de Martínez Moreira patrocinadas por el abogado Omar García no hicieron desistir a Cravello de su investigación personal sobre las actividades del grupo, que seguía operando con absoluta impunidad.
“Seguí estirando del hilo”, ilustró Cravello a LVM. Contó que indagó en el contenido de la página de la organización H.I.J.O.S Paraguay, fundada por el misionero para darle cuerpo a su historia.
“Descubrí mucha falsedad en esa página”, señaló.
Cravello sostuvo que la denuncia penal que formalizó en marzo de 2021 fue contra personas innominadas, pidiendo que la justicia argentina investigue la veracidad de diversos documentos, actuaciones, relatos, testimonios, testigos y víctimas de la dictadura de los sitios de internet de Martínez Moreira y Omar García, y no apuntó específicamente contra ellos.
“Yo presenté una denuncia penal con todo lo que había encontrado, diciendo que podía ser falso, o no, pero que era necesario investigar”, indicó.
“La secretaría (de derechos humanos) se presentó como querellante, y la fiscalía que ya investigaba la falsificación de Garín, sumó todo y se hizo una gran causa, con la intervención de la fiscal Paloma Ochoa, que trabajó dos años, y que sumado al impulso enorme de la secretaría, la causa llegó hoy hasta donde está”, afirmó Cravello.
Caballito, Buenos Aires
El epicentro físico de la trama que tiene como protagonistas al misionero Martínez Moreira y su banda de estafadores se ubica en el 1° C de la avenida Gauna 1.366, en el barrio porteño de Caballito.
Allí, tiene su domicilio legal Martínez Moreira. El lugar fue allanado en 2021, en el marco de la causa iniciada por Garín.
El operativo levantó un sinnúmero de pruebas que, sumadas a otras que fue reuniendo la fiscal Ochoa en los últimos años, le sirven ahora a la jueza Capuchetti para dictar el procesamiento y avanzar en la instrucción.
En ese departamento de Caballito tiene su domicilio profesional el abogado Omar García, matriculado en el Colegio Profesional de Abogados de la Capital Federal (CPACF) el 5 de mayo de 1983.
Cravello sostuvo que García se encuentra inhabilitado para atender causas de lesa humanidad, por cuanto desde diciembre del año pasado tiene prohibición judicial de acercarse a víctimas y familiares de la dictadura.
El psicópata
Adrián Martínez Moreira fue evaluado psiquiátricamente en dos oportunidades.
Primero, durante la investigación de la jueza federal de San Martín, que descubrió que el misionero no era quien decía ser, y en la que intervinieron también la Procuración General de la Nación y la Unidad de Apropiación de Niños durante la dictadura.
En la ocasión, la pericia lo describió como un “simulador”, con características de esquizofrenia paranoica.
La segunda pericia se le realizó en el marco de la causa Garín, cuando ya todo lo actuado había sido girado a la órbita del juzgado federal de Capuchetti.
Esta evaluación buscaba establecer si Martínez Moreira era imputable. El estudio realizado con la asesoría pericial de la Corte Suprema de Justicia comprobó que el misionero no padecía ninguna psicosis y era perfectamente imputable.
Los peritos concluyeron que Martínez Moreira sufre de un trastorno antisocial de la personalidad que lo vuelve incapaz de empatizar con el dolor ajeno e inmune a cualquier sentimiento de culpa.
“Fue un hito que se lo pericie psiquiátricamente, y la pericia fue contudente: es imputable”, festejó Cravello.
A la argentina residente en España, le resulta “siniestro” el personaje de Martínez Moreira.
Contó que cuando se tropezó con él y su banda en las redes en 2020, y comenzó a desenredar la madeja de una trama que no hacía contemplaciones frente a la muerte y el relato de situaciones atroces, sintió “mucha angustia” porque, además, se encontraba preparando el juicio por el secuestro de sus padres.
“Parece que es un tipo muy convincente. Las víctimas me contactan y me cuentan, y lo que vi en los perfiles de Facebook me dio escalofríos, mal”, graficó Cravello, y sentenció: “Es un psicópata, te vive”.
Judiciales
Lo condenaron a 12 años de prisión por balear a su ex pareja en Panambí
Juan Backes (52), un hombre que a mediados de 2016 baleó a su ex pareja al llegar a su casa de Panambí y encontrar a la mujer con su amante, fue condenado este mediodía a 12 años de prisión al ser hallado culpable de intento de asesinato, entre otros delitos endilgados.
La sentencia fue dictada el Tribunal Penal Uno de Oberá, integrado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Graciela Heppner (subrogante), quienes declararon a Backes autor de los delitos de “homicidio calificado por haber sido cometido contra una persona con quien mantenía una relación de pareja y por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa”, además de “abuso de arma con herida resultante y portación de arma de fuego en concurso real”.
El hombre llegó a juicio imputado por “lesiones graves calificadas” y en libertad, pero quedó detenido tras la primera jornada, realizada el miércoles pasado, a efectos de que el fiscal Elías Bys amplió la acusación, endilgándole un intento de homicidio al entender que el objetivo de Backes fue quitarle la vida a su ex pareja.
Justamente, en la mañana de hoy, al momento de exponer su alegato final, el fiscal Bys mantuvo esa imputación y pidió que el hombre sea condenado a una pena de 22 años de prisión.
“Entiendo que la actitud del imputado es la de una persona que actúa con mucha prepotencia y violencia. Si consideramos los antecedentes podemos entender de que ha tenido imputaciones por amenazas, por lesiones recíprocas, que en la conducción tuvo un homicidio culposo y también resistencia a la autoridad. Esta fiscalía estima que es una persona de carácter violenta“, planteó el fiscal, según detalló el diario El Territorio.
A su turno, la defensora de Backes, la letrada Viviana Llamosas, solicitó la absolución de su cliente al considerar el caso como un hecho de “lesiones culposas, atenuado por emoción violenta”.
El hecho
El hecho que se ventiló en debate oral se registró a mediados de julio de 2016, cuando Backes arribó a su casa en Panambí y al entrar encontró a Silvia, su pareja de toda la vida, junto a un amante, que además era amigo de la familia.
En esas circunstancias, se desató una discusión en la que Backes primero golpeó a la mujer con un palo y luego le efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en su axila.
“Perdí totalmente el control, me dio una rabia tremenda. Agarré el arma que yo había dejado en la casa. Le quise agredir a él y al final le golpeé a ella en la cabeza. Ahí le dije que yo la iba llevar al médico. Salgo para ir al auto y en eso escuché un disparo del arma que yo tenía gatillada. Vuelvo y ella me dice me impactaste un tiro en el pecho (axila). La llevé a la guardia y fui a buscarla a mi hija a Oberá para que la cuidara a la madre. Desde ese momento no supe más nada de ella. Creo que vive en Buenos Aires”, relató el acusado en el inicio del juicio, de acuerdo a la cobertura del diario Primera Edición.
El amante de la mujer, en tanto, también declaró en el debate y ante las partes relató: “Estábamos con Silvia en la sala cuando en un momento dado llegó su esposo y entró a la casa. Me di cuenta que estaba muy alterado por su caminar y actuar. Silvia le preguntó qué pasó pero él no le respondió. Fue a una de las piezas, salió por la otra puerta y volvió a ingresar por el negocio con un revólver en una de sus manos. Comenzó a discutir con Silvia, la amenazó que le iba a matar y ella estaba muy asustada, entonces él acercó el revólver a ella y le dio un tiro que le pegó de refilón en la cabeza”.
Después del hecho, la víctima se recuperó y comenzó la investigación del caso, que ahora derivó en la condena impartida este mediodía.
FOTO: EL TERRITORIO.
Judiciales
Violó a su inquilina con discapacidad y lo condenaron a 10 años de prisión
El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó esta mañana a 10 años de prisión a un hombre oriundo de Salta Encantado que el año pasado fue detenido por violar a una señora con discapacidad que era su inquilina y que esa noche había quedado sola e indefensa.
El ahora condenado tiene 53 años y deberá purgar su pena en la Unidad Penal II luego de ser declarado penalmente responsable por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”.
El fallo unánime fue dictado hoy, por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Julio Carvallo (subrogante), luego de un debate oral en el que declararon varios vecinos que ratificaron haber oído los gritos de auxilio efectuados por la víctima durante la noche del ataque.
Según se pudo reconstruir, el hecho se registró durante la noche del 9 de abril de 2023, en una casa del barrio El Mana, de Salto Encantado, donde el acusado tenía su hogar, pero además alquilaba otro inmueble.
En ese otro inmueble residía la víctima, la señora de 69 años con discapacidad y problemas en el habla, que justo esa noche se encontraba sola porque tanto su hija como su yerno habían ido a la chacra.
Esas circunstancias fueron aprovechadas por el ahora condenado, quien ingresó al lugar y agredió sexualmente a la mujer, a quien además le provocó lesiones en brazos y piernas.
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Recibió 11 años de cárcel por violar a su ex pareja en San Vicente
El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó a 11 años de prisión a un vecino de San Vicente que llegó a juicio acusado de violar a su ex pareja y quedó inmediatamente detenido, dado que había llegado a esta instancia en libertad.
El caso que se juzgó ayer comenzó a ser investigado en septiembre de 2021, cuando una joven se presentó ante la Comisaría de la Mujer de San Vicente para denunciar que su ex pareja, de 32 años, la había forzado a tener relaciones sexuales a pesar de su negativa.
En su presentación, la muchacha relató que si bien ya estaba separada del acusado, continuaba teniendo contacto con él y un día le pidió que por favor la llevara a la terminal porque ella debía realizar un viaje.
Fue en esa instancia que, según la denuncia, el hombre le hizo pasar la noche en su casa y en esas circunstancias comenzó a insinuarle para tener relaciones sexuales, a lo que la joven se negó rotundamente, pero el implicado la forzó hasta concretar el acto, ocasionándole lesiones en partes del cuerpo.
Después de ello, la muchacha acudió a la Policía y radicó la correspondiente denuncia que derivó en la detención del acusado, aunque tiempo después obtuvo la excarcelación.
Fue por ello que el acusado llegó a debate oral en libertad, pero ayer, tras ser condenado a 11 años de prisión por el delito de abuso, quedó detenido y purgará su pena en una cárcel provincial.
En la audiencia de ayer, ante el tribunal declararon los padres de la víctima, como así también los médicos que la atendieron, quienes ratificaron los hechos y certificaron las lesiones denunciadas.
La muchacha, de 25 años, también brindó su testimonio ante los jueces y pidió hacerlo sin la presencia del imputado, medida que fue adoptada por el tribunal.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal Uno de Oberá, integrado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Julio Dante Carvallo (subrogante).
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