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El modus operandi del misionero que fabricaba causas de lesa humanidad

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El misionero Adrián Martínez Moreira, el falso hijo de desaparecidos procesado ayer por la jueza federal porteña María Eugenia Capuchetti como el líder de una banda dedicada a la fabricación de causas de lesa humanidad, seguía un modus operandi que incluía testigos falsos, documentos apócrifos y el armado de causas contra sus oponentes, las verdaderas víctimas: sobrevivientes y familiares de desaparecidos de la dictadura.

Laura Cravello, cuyos padres fueron secuestrados cuando era muy niña, probó los métodos del misionero y su banda, y es una de las denunciantes en la megacausa que instruye Capuchetti contra el grupo de Martínez Moreira, con elementos que se recogieron desde el año 2014, en que aparece la primera denuncia criminal.

Desde Barcelona, España, donde reside hace 20 años, Cravello contó a La Voz de Misiones cómo se involucró en la trama para desenmascarar a Martínez Moreira y frenar las actividades de su grupo criminal, que pretendía montar un negocio a partir de los resarcimientos económicos para familiares y víctimas de la dictadura, establecidos en la Ley 24.043, sancionada en noviembre de 1991 y promulgada al mes siguiente, durante el gobierno de Carlos Menem.

“Soy hija de desaparecidos, vivo en Barcelona. Todo esto lo descubrí desde acá, en pandemia”, se presentó la mujer.

Laura es hija de Ricardo Alfredo Cravello y María Cristina Lonardi, secuestrados el 8 de diciembre de 1975, vistos por última vez en el CCD “Puente 12” y desaparecidos desde entonces.

Contó que, en 2020, durante el confinamiento por el covid, reparó en la página de Facebook de la organización de Martínez Moreira: “Comisión Nacional y Popular de Leyes Reparatorias”, que ofrecía representación jurídica en la tramitación de indemnizaciones a familiares y víctimas de delitos de lesa humanidad.

“Había una página de Facebook donde la gente se peleaba con un abogado que ofrecía servicio gratuito (después descubrimos que no era tan así) y pedía que todo el mundo les mande las autorizaciones por e-mail”, relató.

Cravello sostuvo que la situación le pareció, por lo menos, “un poco rara”: “Me dio como ‘cosa’ que los compañeros manden documentación tan delicada por e-mail a un perfil desconocido”, argumentó.

“Averiguo un poco y este perfil de Facebook me empezó a escribir. Después, me escribió desde otro perfil, haciéndose pasar por una sobreviviente de un centro clandestino de detención; me habló de mis papás; y ahí inmediatamente me di cuenta que era mentira”, afirmó.

“En ese momento pensé: ¿cómo se pude ser tan cínico y por qué le molesta tanto que pregunte por Omar García?”, recordó Cravello, en referencia al abogado porteño Omar Ramón Enrique García, uno de los procesados junto al misionero Martínez Moreira y tres mujeres: Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.

“Después, la gente me empieza a contar que García les pedía que escriban a una dirección de e-mail, y enseguida recibían la llamada de una persona cuyas características vocales eran las de Martínez Moreira”, relató.

Escarbando un poco más, Cravello se enteró de que el fabulador misionero procesado esta semana por la Justicia Federal había enfrentado en 2014 la denuncia de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos (ADD), por la fabricación por parte de Martínez Moreira de un testimonio de la sobreviviente del circuito Camps y fundadora de la organización, Adriana Calvo.

El misionero trabajaba por entonces en engrosar su historia y fraguó una supuesta declaración de Calvo, testigo estrella en el juicio a los jerarcas de la junta militar -representado en la reciente película 1985- y una de las militantes de los derechos humanos reconocidas dentro y fuera del país.

Martínez Moreira necesitaba probar la existencia de un supuesto tío que había pasado por un centro clandestino de detención e inventó afirmaciones de Calvo ante las autoridades alemanas en 1999, en una audiencia que después se descubrió que nunca existió.

El misionero adulteró la firma de Calvo, que llevaba fallecida tres años, y presentó el escrito en 2013, en la causa sobre el Plan Cóndor, el plan criminal de los gobiernos militares de la región que supuestamente había desaparecido a sus falsos padres en Paraguay.

La ADD presentó entonces una denuncia penal contra Martínez Moreira, que recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence.

Vence ya lo conocía. En 2013 el misionero se había presentado en su juzgado haciéndose pasar por víctima en la causa que investigaba al general Santiago Omar Riveros, condenado en 2018 a 45 años de prisión por apropiación de bebés.

En la ocasión, Martínez Moreira fue descubierto por Vence y también por la Procuración General de la Nación.

La jueza concluyó en que toda la versión del misionero sobre sus padres en Paraguay, sobre sí mismo y sobre otros familiares desaparecidos; y los hechos que relataba, eran absolutamente falsos.

La Procuración General de la Nación llegó a la misma conclusión. Se estableció que Martínez Moreira no era su verdadero nombre y había nacido en Jardín América, en 1993 y no en 1986 como él sostenía; fue inscripto como Ovidio Martínez, y dado por sus padres biológicos en adopción a una pareja de Puerto Rico, que lo anotó como Matías Ezequiel López.

Laura Cravello, hija de desaparecidos, denunciante de Martínez Moreira.

A este descubrimiento, Cravello le sumó otro: la denuncia penal contra Martínez Moreira que formalizó en 2016 el abogado porteño Javier Garín, acusando al misionero de haber falsificado su firma como patrocinante en más de 50 causas de lesa humanidad que él desconocía.

En este caso, Cravello descubrió que el abogado de la página de Facebook que había llamado su atención durante la pandemia, era quien defendía a Martínez Moreira en la causa impulsada por Garín.

“Habiendo todo esto, me parecía muy peligroso que la gente le dé información personal o de su familia a esta persona, y entonces me dispuse a informar sobre estos antecedentes”, contó Cravello.

“Finalmente, en octubre de 2020, avisé a la secretaría de derechos humanos de Argentina que estaba pasando esto, y en marzo de 2021, con pruebas fuertes, me presenté en la justicia como denunciante con identidad reservada, una condición que estoy buscando cambiar porque estoy plenamente identificada”, señaló.

El contraataque

La campaña de la verdadera hija de desaparecidos desde España provocó la reacción del misionero y su banda, que articuló su respuesta más clásica: demandas múltiples y en serie contra Cravello.

La mujer contó a LVM que desde el e-mail de la comisión reparadora del grupo viralizaron la carátula de una causa penal que le habían iniciado horas antes, acusándola de asociación ilícita, falsificación de documentos y toda “sarta de sandeces”, señaló.

“Al mismo tiempo, en el contencioso administrativo federal me abrieron una demanda a mí, a la Policía Federal y a otros compañeros y los denunciantes eran todas personas que estaban tramitando las leyes reparatorias con esta gente”, relató.

Cravello agregó que, después de desayunarse con las denuncias de la banda del misionero en su contra, se enteró que lo mismo habían ensayado ya contra el abogado Garín, luego que este denunciara a Martínez Moreira.

“Le abrieron catorce causas de este tipo, que después se probó que provenían de falsos testimonios”, indicó.

Cravello explicó que, en todos los casos, los denunciados eran sobrevivientes, hijos de desaparecidos verdaderos; madres, abuelos, familiares, y sentenció: “Todo lo que él no es, ni será nunca”.

La madeja

Las denuncias falsas de Martínez Moreira patrocinadas por el abogado Omar García no hicieron desistir a Cravello de su investigación personal sobre las actividades del grupo, que seguía operando con absoluta impunidad.

“Seguí estirando del hilo”, ilustró Cravello a LVM. Contó que indagó en el contenido de la página de la organización H.I.J.O.S Paraguay, fundada por el misionero para darle cuerpo a su historia.

“Descubrí mucha falsedad en esa página”, señaló.

Cravello sostuvo que la denuncia penal que formalizó en marzo de 2021 fue contra personas innominadas, pidiendo que la justicia argentina investigue la veracidad de diversos documentos, actuaciones, relatos, testimonios, testigos y víctimas de la dictadura de los sitios de internet de Martínez Moreira y Omar García, y no apuntó específicamente contra ellos.

“Yo presenté una denuncia penal con todo lo que había encontrado, diciendo que podía ser falso, o no, pero que era necesario investigar”, indicó.

“La secretaría (de derechos humanos) se presentó como querellante, y la fiscalía que ya investigaba la falsificación de Garín, sumó todo y se hizo una gran causa, con la intervención de la fiscal Paloma Ochoa, que trabajó dos años, y que sumado al impulso enorme de la secretaría, la causa llegó hoy hasta donde está”, afirmó Cravello.

Caballito, Buenos Aires

El epicentro físico de la trama que tiene como protagonistas al misionero Martínez Moreira y su banda de estafadores se ubica en el 1° C de la avenida Gauna 1.366, en el barrio porteño de Caballito.

Allí, tiene su domicilio legal Martínez Moreira. El lugar fue allanado en 2021, en el marco de la causa iniciada por Garín.

El operativo levantó un sinnúmero de pruebas que, sumadas a otras que fue reuniendo la fiscal Ochoa en los últimos años, le sirven ahora a la jueza Capuchetti para dictar el procesamiento y avanzar en la instrucción.

En ese departamento de Caballito tiene su domicilio profesional el abogado Omar García, matriculado en el Colegio Profesional de Abogados de la Capital Federal (CPACF) el 5 de mayo de 1983.

Cravello sostuvo que García se encuentra inhabilitado para atender causas de lesa humanidad, por cuanto desde diciembre del año pasado tiene prohibición judicial de acercarse a víctimas y familiares de la dictadura.

 

El psicópata

Adrián Martínez Moreira fue evaluado psiquiátricamente en dos oportunidades.

Primero, durante la investigación de la jueza federal de San Martín, que descubrió que el misionero no era quien decía ser, y en la que intervinieron también la Procuración General de la Nación y la Unidad de Apropiación de Niños durante la dictadura.

En la ocasión, la pericia lo describió como un “simulador”, con características de esquizofrenia paranoica.

La segunda pericia se le realizó en el marco de la causa Garín, cuando ya todo lo actuado había sido girado a la órbita del juzgado federal de Capuchetti.

Esta evaluación buscaba establecer si Martínez Moreira era imputable. El estudio realizado con la asesoría pericial de la Corte Suprema de Justicia comprobó que el misionero no padecía ninguna psicosis y era perfectamente imputable.

Los peritos concluyeron que Martínez Moreira sufre de un trastorno antisocial de la personalidad que lo vuelve incapaz de empatizar con el dolor ajeno e inmune a cualquier sentimiento de culpa.

“Fue un hito que se lo pericie psiquiátricamente, y la pericia fue contudente: es imputable”, festejó Cravello.

A la argentina residente en España, le resulta “siniestro” el personaje de Martínez Moreira.

Contó que cuando se tropezó con él y su banda en las redes en 2020, y comenzó a desenredar la madeja de una trama que no hacía contemplaciones frente a la muerte y el relato de situaciones atroces, sintió “mucha angustia” porque, además, se encontraba preparando el juicio por el secuestro de sus padres.

“Parece que es un tipo muy convincente. Las víctimas me contactan y me cuentan, y lo que vi en los perfiles de Facebook me dio escalofríos, mal”, graficó Cravello, y sentenció: “Es un psicópata, te vive”.


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Involucran a familiares del diputado Kiczka en causa por pornografía infantil

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En el marco de una serie de operativos ejecutados en relación a una investigación internacional sobre distribución de pornografía infantil, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron ayer en Apóstoles la vivienda de familiares directos del diputado provincial Germán Kiczka, del Partido Activar, donde secuestraron elementos de interés para la causa, los cuales serán analizados y peritados para esclarecer la situación.

Según la información recolectada, el allanamiento en Apóstoles se concretó en una vivienda ubicada en el barrio Illia, donde residen Leandro Antonio Kiczka (73) y su hijo Sebastián Kiczka (45), padre y hermano, respectivamente, del legislador provincial.

El procedimiento fue parte de una serie de operativos que abarcó cinco domicilios en la provincia de Buenos Aires, dos en Ciudad de Buenos Aires, y uno en Tucumán, y redadas similares en El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

La investigación se originó hace dos años, a pedido de la Embajada de los Estados Unidos, y está encabezada por la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Federal (MPF), de Caba, y la PFA.

En un principio, se mencionó que ambos involucrados quedaron detenidos tras el allanamiento del inmueble, pero esto fue desmentido por fuentes oficiales y por el propio diputado, que además aclaró la situación en La Voz de Misiones.

“En las últimas horas se hizo pública una información que involucra familiares míos, más precisamente a mi padre y a mi hermano”, señaló Kiczka y añadió: “Me parece importante aclarar una cosa para que no haya malos entendidos: ninguno de ellos estuvo, ni está detenido. Lo que sí ocurrió es que hubo un allanamiento por una investigación que está llevando adelante la Justicia”.

Además, el legislador que actualmente se encuentra fuera del país por razones personales, agregó que “como siempre sostuve públicamente soy una persona que confía en las instituciones y cree en la independencia de la Justicia. Por eso, tanto mi hermano como mi padre están a disposición de ella para aclarar lo antes posible esta situación”.


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ATE Misiones repudió homenaje a genocida en el Regimiento 30 de Apóstoles

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La delegación en Misiones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) repudió esta mañana el recibimiento con honores que se le brindó en el Regimiento 30 del Ejército Argentino en Apóstoles al ex coronel Horacio Losito, veterano de Malvinas y genocida condenado en tres causas por crímenes de lesa humanidad, entre ellas la Masacre de Margarita Belén, fusilamiento en el que fueron asesinados cuatro militantes misioneros.

“Esto marca un retroceso notable para la democracia, marcando la transversalidad de los discursos negacionistas del gobierno nacional que sostiene la ‘Teoría de los dos demonios’, generando y multiplicando discursos de odio, que van en desmedro del arduo trabajo de revisionismo histórico que en 40 años de democracia hemos realizado sindicatos, organizaciones de derechos humanos, activistas independientes y sociedad civil para mantener vida la memoria, la verdad y la justicia”, señalaron en un posteo en Facebook.

La publicación agrega que “en nombre de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén y sus familiares habrá que seguir trazando los caminos para no permitir que el odio y los reivindicadores negacionistas del genocidio nos borren el proceso maravilloso de construcción democrática que se ha logrado en estos 40 años”.

Graciela Franzen, por su parte, presa política en la dictadura y hermana de Luis Arturo Franzen, uno de los cuatro misioneros fusilados en la masacre que derivó en la condena a prisión perpetua del ex militar Losito, también lamentó lo sucedido en el Regimiento de Monte 30 del Ejército. “En Argentina no hay seguridad. Horacio Losito, genocida con varias condenas, amigo del padre de la vicepresidenta, en libertad”, criticó en redes.

En un breve diálogo con LVM, Franzen describió que “hoy, con el ‘homenaje a Horacio Losito’, sentí los mismos dolores de las torturas durante meses en la Brigada de Resistencia y en el comedor de la Alcaidía, que sintieron mi hermano Luis Arturo Franzen y sus compañeros antes de su martirio”.

“Nuevamente nos clavan un puñal en el corazón, en la misma cicatriz que quedó luego de la condena. ¡La herida se abre y sangra con el mismo dolor!”, exclamó.

A nivel nacional, la organización de derechos humanos Hijos, que cuenta con filiales en todo el país, también se hizo eco de la noticia y a través de X apuntaron “así fue reivindicado el terrorismo de Estado”, en respuesta al video que eternizó el recibimiento con honores que recibió Losito durante su visita a su hijo el martes en el cuartel del Ejército en la localidad de Apóstoles.

El ex coronel que también participó de la guerra de Malvinas junto al padre de la actual vicepresidenta Victoria Villarroel, tiene tres condenas en su contra: una a perpetua y dos a 25 años de prisión, todas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

La perpetua la recibió en 2011, en el marco del juicio por la Masacre de Margarita Belén, hecho perpetrado el 13 de diciembre de 1976 y en el cual los militares fusilaron a 22 militantes sociales y peronistas que en ese momento eran presos políticos.

Entre las víctimas habían cuatro misioneros Luis Arturo Franzen, estudiante de Ingeniería y trabajador del Correo Argentino; Manuel Parodi Ocampos, estudiante de Filosofía, a punto de graduarse en el Instituto Montoya, padre de un bebé de meses; Carlos Alberto “Carau” Duarte, de una familia tarefera de Puerto Esperanza, estudiante de Ciencias Económicas y albañil en Posadas; y Carlos Enrique “El Flaco” Tereszecuk, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades.

Losito fue detenido en 2004 y en 2020 fue beneficiado con prisión domiciliaria, mientras que en diciembre del año pasado accedió a la libertad condicional mediante una resolución del Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes al considerar que estaba habilitad a regresar a las calles tras cumplir dos tercios de su condena.


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Genocida en libertad condicional fue recibido con honores en el Regimiento 30

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El genocida Horacio Losito, condenado a prisión perpetua por la Masacre de Margarita Belén, donde fusilaron a cuatro misioneros, goza de libertad condicional desde diciembre pasado y este martes fue recibido con honores en el Regimiento de Monte 30 del Ejército Argentino en Apóstoles.

Según pudo confirmar La Voz de Misiones, el arribo de Losito al cuartel se concretó el último martes para visitar a su hijo y al llegar fue recibido con honores por parte de los soldados presentes.

Las mismas fuentes indicaron que la filmación del momento contó con autorización oficial, aunque su difusión se dio por redes sociales a partir de cuentas que celebraban la liberación del condenado.

En las imágenes se lo observa descender de un rodado, avanzar frente a los soldados, realizar la venia, efectuar dos campanazos y lanzar un “Viva la Patria, Viva”.

Losito, Margarita Belén y los misioneros

Losito estuvo detenido desde 2004 y con prisión domiciliaria desde 2020, aunque en diciembre del año pasado fue favorecido con la libertad condicional otorgada por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, al considerar que el militar ya había cumplido dos tercios de la pena impuesta en su contra. 

El militar, que combatió en Malvinas con el padre de la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, tiene una prisión perpetua y otras dos a 25 años de prisión en su contra, todas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura miliar.

La perpetua fue impartida en 2011, en el marco del juicio oral por la causa de la Masacre de Margarita Belén (Chaco) que consistió en el fusilamiento de 22 militantes peronistas, entre los cuales habían cuatro misioneros.

Según consta en los registros, el hecho se registró el 13 de diciembre de 1976, cuando una decena de detenidos políticos iban a ser trasladados desde la Unidad Penal 7 y del Regimiento de Infantería de Resistencia hacia una cárcel de Formosa bajo la excusa de un posible desorden carcelario.

La versión oficial consignó que durante el viaje en cercanías a la localidad de Margarita Belén, se produjo un enfrentamiento con supuestos guerrilleros que pretendían liberar a los prisioneros y el saldo fue de 22 fallecidos.

Sin embargo, las investigaciones y los juicios realizados posteriormente permitieron develar que todo se trató de una puesta escena montada por los militares, utilizando la misma técnica que ya habían desplegado meses antes en otros puntos del país, como en Salta, con la Masacre de Palomitas.

De acuerdo a lo que se reconstruyó, en la noche previa las víctimas fueron largamente torturadas y algunas de ellas prácticamente ya fueron llevadas sin vida al lugar donde se montó la escenografía con la que los militares pretendieron simular el enfrentamiento, con cuerpos ubicados dentro de vehículos y desparramados por el monte.

En el hecho fueron asesinados los misioneros Luis Arturo Franzen, estudiante de Ingeniería y trabajador del Correo Argentino; Manuel Parodi Ocampos, estudiante de Filosofía, a punto de graduarse en el Instituto Montoya, padre de un bebé de meses; Carlos Alberto “Carau” Duarte, de una familia tarefera de Puerto Esperanza, estudiante de Ciencias Económicas y albañil en Posadas; y Carlos Enrique “El Flaco” Tereszecuk, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades.

Margarita Belén, 45 años: cartas de un fusilado


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