Judiciales
Declararon otros dos rugbiers y negaron haberle pegado a Báez Sosa
Lucas Pertossi y Blas Cinalli, dos de los ocho rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa en enero de 2020, declararon hoy en el juicio que se lleva en su contra en el Tribunal Oral 1 de Dolores.
El primero de ellos pidió la palabra frente y afirmó que “nunca” tuvo la “intención de quitarle la vida a nadie”, sostuvo en la última audiencia del debate, desarrollada este miércoles 18 de enero, en el tercer aniversario del crimen.
Pertossi comenzó relatando qué hicieron el 17 de enero, durante la tarde y noche previas al mortal desenlace. En ese sentido, contó que, tras un día en la playa, “fuimos a buscar documentos y plata a la casa, fuimos a Le Brique, ahí compramos entradas, y un grupo se vuelve a la casa para hacer la comida y también prepáranos”.
Una vez en la discoteca, habló de una pelea que hubo por parte de sus amigos y a algunos de ellos los sacaron, aunque él decidió salir por su cuenta.
“Croniquita” o “intento de influencer” -como dice que le dicen sus amigos-, Lucas Pertossi dijo que grabó parte de la secuencia y lo propio hizo en el exterior, a tal punto que hay un video incorporado a la causa.
Según su versión, Pertossi recreó que, el día de la pelea que derivó en la muerte de la víctima, “veo a mi izquierda a un amigo mío que lo estaban agarrando del pie y lo querían tirar al piso, les digo ‘soltalo’, veo que el chico se para y me voy caminando hacia la esquina. Cuando llego me encuentro con que no sabía dónde estaba parado, más la noche, más el alcohol, y al llegar a la esquina los pierdo”.
“Ahí llamo mensajes y mando mensajes a mis amigos. Me dicen que estaban en el mercado. Cuando voy veo que no están, los empiezo a llamar. Veo a un chico y le pregunto: ‘¿Viste a grupo de chicos?'”.
De acuerdo a su declaración, el muchacho le respondió: “‘No vi a nadie, hubo una pelea en Le Brique, llegó la ambulancia y caducó el grupo'”, explicó el acusado frente a los jueces.
“Yo mando mensajes a los chicos contando lo que me había relatado ese chico”, siguió, argumentando el por qué del famoso audio en el que le avisa a sus amigos de la muerte de Fernando Báez Sosa.
“Llegué a la casa y pregunto qué pasó y me dicen los chicos en la casa: ‘No, quedate tranquilo, nos peleamos, pero volvimos, quedate tranquilo'”, dijo Lucas Pertossi, quien aseguró que luego de ir a comer al local de comidas rápidas con otros del grupo, volvió a la casa y ahí los detuvo la Policía.
“Nadie nos decía nada, pero a la tarde viene un policía y dice: ‘Chicos, los veo muy preocupados, saben qué pasó, ustedes mataron a un pibe'”, y ahí se me cayó el mundo, no entendía qué había pasado, no lo podía creer, me pregunté si fue el chico que le habían pegado”, indicó.
“Estoy muy mal por lo que pasó y sigo mal, estuve con tratamiento psiquiátrico y psicológico, a todos nos afectó mucho, siento mucha pena por lo que pasó. En ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, no lo toque, en ningún momento participé de un plan de asesinato, sólo fui de vacaciones. Nunca tuve intención de quitarle la vida a nadie”, concluyó.
“No le pegué a Báez Sosa”
Tras la declaración de Lucas Pertossi, fue el turno de su amigo Blas Cinalli, quien siguió la misma línea de desligarse del hecho.
“Yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, supongo que con quien tuve en el encuentro dentro del boliche, no sé, capaz fue él. En ningún momento le pegué, veo que dicen que él tenía ADN mío en la uña del dedo meñique”, expresó.
Luego del testimonio, se le pidió que con un puntero señale el video en donde estaba al momento del ataque.
Tras una breve explicación, Cinalli pidió exhibir un video donde el querellante Fernando Burlando los trató de “cobardes” y “energúmenos” y otras calificaciones a ellos y sus familias, y por eso justificó que no le iba a responder preguntas a la parte querellante.
De su lado, el fiscal Juan Manuel Dávila le preguntó si en la secuencia de lo que sucedió vio a algún chico con el torso desnudo (en referencia a Báez Sosa) y Blas dijo que “no”.
También le preguntó por su proximidad con la víctima: “Pude haber estado ahí, pero no lo recuerdo”, y también le preguntó sobre la ubicación de otros de sus amigos, también imputados, y no respondió, ya que sólo dijo iba a hacerlo respecto a su persona y nadie más.
“Salí por mi cuenta del boliche, nos quedamos discutiendo con los patovicas en la puerta, y en un momento ingresan y se van. Al lado mío empieza una pelea, veo a un amigo contra otro chico, ahí aparece un policía, veo que un amigo se iba a sentar en un sendero, nos quedamos boludeando con el celular y empiezo a escuchar gritos y veo tumulto de gente y reconozco a uno de mis amigos que estaba en un tumulto”, relató.
Y continuó: “Me paro y veo, y a un amigo mío lo estaban agarrando de la cintura para llevarlo a la parte de atrás de un auto, lo sigo a mi amigo porque pensé que lo iban a tirar, y cuando llegué al lado de él, veo que lo agarraron del pie porque lo querían tirar, lo suelta a él y me agarra a mí”, describió.
“Cuando logro zafar, le pego una patada y lo dejé ahí y seguían gritos. Del otro lado del auto, escucho gritos como que también se estaban peleando, pero voy y no veo a nadie, y regreso donde estaba, ahí veo que el chico no tenía intenciones de seguir peleando y me fui”, dijo, en referencia a las imágenes que se conocen en la causa sobre un amigo de Fernando.
“Yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, supongo que con quien tuve en el encuentro dentro del boliche fue él, pero no sé, capaz fue él. En ningún momento le pegué, veo que dicen que él tenía ADN mío en la uña del dedo meñique”, trato de aclarar Cinalli, ya que había dicho que en Le Brique se “agarró” con un chico.
Cinalli siguió recordando que la Policía llegó a la vivienda que alquilaban a pocas cuadras del lugar del hecho y que el mensaje que él envió a amigos suyos vía chat horas más tarde en el que les informaba “matamos a uno” fue porque vecinos del lugar decían que un chico había muerto frente a Le Brique luego de una pelea.
“¿Por qué dice que fue una pelea si a usted sólo lo agarraron del pie?”, preguntó la fiscalía, y el rugbier dijo: “Porque fue una pelea, si le pegan a un amigo suyo o me agreden, es una pelea”, respondió Cinalli.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas albergará en agosto uno de los juicios más importantes del año: un surinamés conocido como ‘el rey de las mulas’, un empresario farmacéutico con antecedentes y otros cinco imputados, entre ellos una joven misionera, serán juzgados por integrar una sofisticada organización narco transnacional que enviaba cocaína a Europa y como contraprestación recibía drogas sintéticas para comercializas en Argentina.
Se estima que, de no mediar imprevistos o recursos judiciales que obliguen a modificar lo estipulado, las audiencias se desarrollen entre el 19 y el 21 de agosto próximo, con varios de los imputados conectados en forma telemática, como será el caso de Johan Bodji (52), también conocido como Dominique Harry Rayngs –entre otras identidades-, sindicado líder de la organización y actualmente detenido bajo el régimen de presos de alto riesgo en el cárcel federal de Ezeiza.
La figura de Bodji es que la que concentra la mayor atención. El extranjero fue catalogado como “el rey de las mulas” y sobre él recae una imputación como organizador y financista de “tráfico ilícito de estupefacientes, bajo la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o más personas”, además de otros delitos atribuidos como falsificación de documentos públicos y desobediencia.
El otro imputado de alto perfil es Ricardo Francisco Bruno (62), el “farmacéutico”, que aparece como “coautor” de las maniobras de narcotráfico y que entre sus antecedentes registra una condena por venta de medicamentos truchos y otra como “partícipe secundario” en el homicidio de Miriam Alencar Da Silva, una joven brasileña que en 2017 murió al no poder expulsar 66 de las 94 cápsulas de éxtasis que había ingerido para ser utilizada como transporte humano de droga.
Los demás acusados son Jorge Antonio Sandoval (47); Crainer Odyllie Abauna (37), de nacionalidad surinamesa; Jackeline Polo Carlo (41), peruano; Karen Aldana Guzmán (27), oriunda de Chaco; y la misionera Carla Luján Grondona (22). Todos están imputados como coautores de tráfico de estupefacientes.
Bruno, Sandoval, Polo Carlo y Abauna se repartían tareas vinculadas a la logística, coordinación, acompañamiento y seguimiento de las mulas, entre cuales figura la chaqueña Guzmán, mientras que la misionera Grondona cumplía funciones como apoyo logístico en Bernardo de Irigoyen, localidad en frontera seca con Brasil que la organización utilizaba como punto fijo en la hoja de ruta de los “corres humanos” con droga que llegaban hasta ciudades como Lisboa, Madrid y Paris.
Dada la complejidad de la causa, el debate contará con una doble acusación, integrada por los fiscales propios del TOF y por fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), tal como ocurrió en el juicio oral contra el narco-sicario Néstor Fabián “El Negro” Rojas (50), condenado a prisión perpetua en septiembre de 2024.
Valijas con éxtasis incautadas en San José en 2023, hecho que dio origen a toda la investigación.
San José, el origen
El expediente llega a esta instancia luego de que el Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada Verónica Skanata, firmara el requerimiento de elevación a juicio formulado el 12 de junio del año pasado por la fiscal federal Silvina Gutiérrez y el fiscal coadyudante de Procunar Martín Uriona.
La investigación fue el desprendimiento de un hecho registrado el 7 de junio de 2023, cuando en el puesto Centinela de San José la Gendarmería detuvo a una pareja de jóvenes bonaerenses que viajaban desde Bernardo de Irigoyen hacia Ciudad de Buenos Aires en un colectivo con 23,425 kilogramos de MDA o éxtasis.
La pareja fue detenida, imputada, procesada y más tarde condenada a penas de cinco años de prisión en en juicio abreviado, pero lo más sustancioso provino después, gracias al peritaje de sus teléfonos celulares, aparatos de donde surgieron las pistas iniciales para develar todo el ardid y dar con todos los eslabones de la estructura criminal.
En principio se estableció que los pasajeros detenidos ese 7 de junio de 2023 habían sido parte de esta estructura, pero no eran los únicos y que las maniobras continuaban ejecutándose.
La investigación continuó en silencio y los fiscales siguieron solicitando medidas hasta que descubrieron que a mediados de octubre de 2024 se iba a llevar adelante otro ardid, para el cual iban a ser utilizadas dos jóvenes chaqueñas, una de las cuales ya tenía experiencia y conocimientos sobre el itinerario a realizar como sobre la ingesta de las cápsulas.
Las pistas fueron certeras y el otro episodio clave ocurrió el 17 de octubre de 2024, cuando las dos mulas chaqueñas fueron atrapadas en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción a punto de embarcar un vuelo hacia Madrid, España, con droga en sus estómagos.
Las chicas llevaban 154 cápsulas de cocaína en su interior y apenas confirmada la maniobra, los investigadores argentinos profundizaron la pesquisa contra el resto de los involucrados, concretando una decena de allanamientos en distintos puntos del país y capturando a los involucrados que ahora serán juzgados en el TOF posadeño.
Cápsulas de cocaína que las mulas transportaban hacia Europa en sus estómagos.
Va cocaína, llega éxtasis
Para ese entonces los investigadores intervinientes ya conocían al detalle el ardid desplegado, solo faltaba dar el golpe. La reconstrucción realizada consigna que la organización liderada por Bodji reclutaba jóvenes en situación de vulnerabilidad para utilizarlas como mulas para traficar cocaína hacia Europa, para luego recibir drogas sintéticas como contraprestación por el servicio.
La hoja de ruta era la siguiente. La primera etapa unía Buenos Aires con Bernardo de Irigoyen. Desde allí, las mulas iban hacia San Pablo -o Asunción-, donde ingerían las cápsulas y tomaban un vuelo que normalmente hacía escala en Natal antes de aterrizar en ciudades europeas como Lisboa, Madrid o Paris. El itinerario de regreso, en tanto, incluía una estadía en Isla Martinica, en pleno caribe, como “mini-vacaciones” o retribución por el éxito de la maniobra, además del pago de hasta dos millones de pesos por viaje.
El extenso expediente cuenta con una amplia carga probatoria, que incluye tareas de vigilancia, escuchas telefónicas, chats recuperados, transacciones bancarias, informes de aerolíneas y registros migratorios como los que ubican a Bodji en territorio misionero en varias oportunidades.
El surinamés se manejaba libremente por todo el país utilizando una serie de documentos apócrifos mediante los cuales burlaba los controles migratorios, dado que sobre su identidad verdadera pesaba una prohibición de reingreso permanente a la Argentina por una causa narco de 2010, cuando también arbitró los medios necesarios para enviar una mula desde Ezeiza a Vietnam.
Entre los chats recuperados surgen conversaciones donde al menos una de las chicas utilizadas como “correo humano” admite dedicarse a estas actividades ilícitas desde hace ocho años y también se desprenden operaciones fallidas: como cuando una de ellas no pudo ingerir las 112 cápsulas solicitadas o como cuando dos jóvenes “rebotaron” en el aeropuerto de París y debieron aguantarse varios días con las bochas en su estómago, con el elevado riesgo que eso representaba.
La investigación tienen a un total de 18 involucrados identificados, aunque son siete los que irán a juicio en esta causa que se ventilará en debate oral en Posadas, los demás están detenidos en Paraguay, mientras que otros se encuentran prófugos.
Bolsas de drogas sintéticas incautadas en los allanamientos realizados en Bernardo de Irigoyen en 2024.
Irigoyen, ruta clave para red internacional de mulas de cocaína y éxtasis
El Juzgado Civil y Comercial Tres de Eldorado resolvió suspender de manera provisoria el desalojo en los lotes 48 y 49 de Montecarlo, previsto para este jueves, lo que habría afectado a 112 familias de campesinos que asisten a la escuela de formación agroecológica aledaña, espacio que sería trasladado a otra zona próximamente.
Luego de la mesa de diálogo concretada el pasado lunes 8 de junio, entre campesinos y docentes de la escuela Ñande Kokue, donde funciona el Bachillerato Provincial (BOP) 126, el ministro de Gabinete Carlos “Kako” Sartori, entre otras autoridades del gobierno provincial, el juzgado interviniente decidió postergar el desalojo “atento a las delicadas circunstancias sociales y humanas relevadas en las actuaciones efectuadas”.
En la resolución, a la que accedió La Voz de Misiones, la Justicia determinó que “corresponde imperioso destacar la preeminencia del orden institucional y el compromiso social que debe guiar la actividad jurisdiccional”.
En ese contexto, también advirtió sobre la configuración social del grupo en cuestión y la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos: “Ante situaciones que evidencian un estado de vulnerabilidad de los sujetos que concurren -menores y adultos, días sábados- al inmueble, el servicio de justicia no puede permanecer ajeno a las derivaciones materiales de sus pronunciamientos, resultando indispensable articular mecanismos de contención interinstitucional que resguarde los derechos fundamentales en juego”.
En este sentido, asumieron el compromiso de diseñar y ejecutar medidas de apoyo específicas, por lo que también reiteraron la inmediata intervención a los organismos competentes: la secretaría de Niñez del municipio, la Dirección de Acción Social municipal, el Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Gobierno e intendencia municipal.
A estos se sumarían la Secretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la provincia y la Dirección de Catastro del municipio, a fin de adoptar las “medidas conducentes para la reubicación de las actividades de formación en oficios”, que actualmente se desarrollan en el mencionado espacio.
Finalmente, el juzgado interviniente dictaminó que, las instituciones mencionadas deberán informar, dentro del plazo de tres días de notificados, las acciones implementadas y, posteriormente, remitir informes periódicos cada cinco días hasta la efectiva solución de la situación planteada.
De esta manera, la sentencia de desalojo, firme ante la Cámara de Apelaciones, quedó suspendida provisoriamente, lo que “no altera ni afecta la firmeza de la sentencia de desalojo, limitándose exclusivamente a diferir temporalmente su ejecución material a fin de posibilitar la intervención coordinada, y de carácter urgente, de los organismos estatales involucrados en resguardo de la paz social y la tutela judicial efectiva para efectivizar la desocupación del inmueble”.
Abren mesa de diálogo entre La Misionera y campesinos de Montecarlo
El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para los siete integrantes de una organización narcocriminal integrada por gendarmes, ex miembros de la fuerza y aspirantes a ingresar a la institución, acusados de transportar 334 kilogramos de cocaína en dos operativos realizados en Salta durante 2024.
Entre los principales imputados aparecen varios misioneros, señalados como piezas clave de la estructura delictiva.
Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, Toranzos pidió la pena máxima de 16 años de prisión para los misioneros Richar Ariel Delgado y Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), además de Gabriel Ruiz Apaza, al considerarlos coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos distintos.
Para los otros ex gendarmes misioneros Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado, el fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión, respectivamente.
La causa expuso el funcionamiento de una organización con fuerte impronta misionera que quedó al descubierto en mayo de 2024, cuando Diego Delgado fue detenido en Salta mientras trasladaba más de 300 kilos de cocaína ocultos en una Volkswagen Amarok. El secuestro de su teléfono celular permitió a los investigadores reconstruir la trama criminal, identificar a los demás involucrados y desarticular la estructura.
El fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión para Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado
Según la investigación encabezada por Toranzos, Ostapowicz y Richar Delgado eran dos de los principales organizadores de la maniobra. Ambos fueron detenidos meses después en operativos realizados en Posadas y Bernardo de Irigoyen, respectivamente. Los investigadores sostienen que tenían un rol central en la logística de los viajes y en la provisión de vehículos utilizados para transportar la droga desde el norte salteño hacia Buenos Aires.
Richar Delgado, oriundo de Azara, había pertenecido a Gendarmería Nacional y llegó a desempeñarse en áreas de investigación de la fuerza. Su hermano menor, Diego Hernán Delgado, también integró la institución hasta ser expulsado tras quedar involucrado en actividades vinculadas al narcotráfico. Ambos quedaron ubicados por la fiscalía entre los actores más relevantes de la organización.
Otro de los misioneros alcanzados por el pedido de condena es Escarlata, domiciliado en Apóstoles. El ex gendarme fue detenido en octubre de 2024 cuando transportaba otros 31 kilos de cocaína ocultos en una rueda de auxilio. Junto a él viajaba su esposa, Marlene Leonor Hañek, también oriunda de esa localidad.
La fiscalía sostuvo que la banda operaba mediante una estructura estable y organizada, aprovechando conocimientos adquiridos dentro de las fuerzas de seguridad para ocultar cargamentos y eludir controles. Entre las pruebas incorporadas al debate figuran conversaciones extraídas de un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde los acusados coordinaban traslados y compartían instrucciones sobre cómo acondicionar la droga en los vehículos y cómo actuar ante eventuales inspecciones.
El tribunal ya declaró la responsabilidad penal de los acusados y resta conocer la sentencia definitiva, que se dará a conocer el próximo jueves. Además de las penas de prisión, el fiscal solicitó el decomiso de bienes secuestrados durante la investigación, entre ellos vehículos de alta gama, dinero en efectivo y otros activos que presuntamente habrían sido adquiridos con fondos provenientes de la actividad ilícita.
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