Provinciales
A 25 años del tractorazo: “Pedíamos lo que valía un caramelo; hoy lo mismo”
A 25 años de la histórica movilización, uno de sus protagonistas del tractorazo recuerda cómo se gestó la rebelión que duró dos años y que cambió para siempre la historia de la yerba mate.
Cuando se habla del tractorazo, la memoria colectiva suele situar el comienzo de la historia de la lucha yerbatera, cuando cientos de productores yerbateros se concentraron en el Cruce Karaben y marcharon con sus tractores hasta Oberá. Sin embargo, para Argentino Almeida, uno de los protagonistas de aquella gesta, la lucha comenzó mucho antes.
“El Tractorazo fue la consecuencia de un proceso de acumulación de conciencia y organización que veníamos construyendo desde los años noventa”, afirmó el productor de la zona Centro, hoy con 87 años.
Según recuerda Argentino, el origen del conflicto se remonta a la eliminación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), durante la década de 1990.
“Nosotros veníamos reuniéndonos desde hacía años. Al principio éramos tres o cuatro productores conversando sobre cómo sobrevivir. La situación era cada vez más complicada y el productor estaba totalmente desprotegido”, recordó.
Latente en su memoria, explicó que la crisis se profundizó hasta niveles insostenibles. Los productores cobraban apenas 6 centavos por kilo de hoja verde mientras debían pagar 4 centavos a los tareferos.
“Prácticamente no cosechábamos porque no cerraban los números. Era imposible sostener una chacra en esas condiciones”, recordó.

Productores yerbateros de APAM acampando en Plaza 9 e Julio
La Carpa Negra y el despertar de los productores
Antes de que los tractores ocuparan las rutas y las plazas, la resistencia tuvo un símbolo: la Carpa Negra instalada en el Cruce Karaben.
Allí comenzaron a reunirse productores de distintas localidades para debatir la crisis y buscar alternativas. Lo que inicialmente parecía una convocatoria más se transformó en el punto de encuentro de un movimiento que empezaba a tomar forma.
“Empezamos a hacer asambleas en distintos lugares. Cada fin de semana éramos más. Lo importante fue recuperar la autoestima del pequeño productor, que venía muy golpeado por años de abandono del estado”, relató Almeida.
Las reuniones fueron sumando a colonos de Oberá, Campo Viera, Campo Grande, Guaraní, Los Helechos, Alberdi, Alvear, Panambí y otras localidades de la provincia.
La semana de la Revolución Yerbatera
Para Almeida, entre el 29 de mayo y el 6 de junio de 2001 se vivió lo que hoy puede definirse como la “Semana de la Revolución Yerbatera”.
La madrugada del 29 de mayo encontró a cientos de familias rurales reunidas en el Cruce Karaben. Más de 70 tractores, cosechadoras y unas 150 camionetas iniciaron una histórica caravana rumbo a Oberá.
La movilización se extendió por varios kilómetros y sorprendió a toda la provincia.
“Cuando llegamos al centro de Oberá vimos algo que no esperábamos. Los comerciantes salían a saludarnos, la gente nos aplaudía y se acercaba a preguntarnos qué estaba pasando. Ahí entendimos que la sociedad comenzaba a comprender nuestro problema” y enfatizó “pediamos un precio justo”.
Durante aquella semana las asambleas se multiplicaron en toda la zona productiva. El reclamo por un precio justo para la hoja verde comenzó a transformarse en una demanda más amplia por la recuperación de herramientas de regulación para el sector.
Las reuniones concluyeron con una decisión histórica: llevar el reclamo al corazón político de la provincia.
“Fue ahí cuando nació la idea de ir a Posadas. Ya no alcanzaba con manifestarnos en Oberá. Había que llevar el reclamo donde se tomaban las decisiones”, sostuvo Argentino.

Productores camino a Posadas
Los tractores desde las chacras a Posadas
El 6 de junio de 2001, los tractores ingresaron por primera vez a Posadas.
Productores de la zona Centro, del Norte y del Sur confluyeron en la capital provincial y ocuparon la plaza 9 de Julio frente a la Casa de Gobierno.
Lo que inicialmente iba a ser una manifestación breve terminó convirtiéndose en una permanencia de 18 días.
“Nosotros pensábamos volver a nuestras casas al otro día, pero hicimos una asamblea y resolvimos quedarnos hasta obtener una respuesta”, contó el colono.
Aquellas jornadas estuvieron marcadas por el respaldo de la sociedad misionera. Comerciantes, vecinos, organizaciones sociales, Cáritas y miembros de la Iglesia colaboraron para sostener el campamento.
“La solidaridad de la gente fue impresionante. Muchos nos preguntaban por qué reclamábamos 16 centavos por kilo de hoja verde. Algunos decían que eso era el valor de un caramelo. Pero para nosotros significaba la posibilidad de seguir produciendo”, recordó Almeida. A 25 años de aquella lucha, comparó ese reclamo con la actualidad: “Antes nos decían que pedíamos el valor de un caramelo; hoy, los 550 pesos que reclamamos vuelven a representar prácticamente lo mismo”.
Aunque las negociaciones dejaron algunas promesas, la situación estructural de la actividad continuó sin resolverse.
“Cuando llegamos la plaza estaba llena. Toda la sociedad misionera nos estaba esperando. Ahí entendimos la dimensión que había tomado la lucha”.
Desde ese primer tractorazo hasta llegar a la Ley 25.564 de creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate hasta que finalmente el Presidente de ese entonces Eduardo Duhalde firmó el decreto reglamentario que puso en marcha el Inym pasaron dos años de lucha.

Movilización frente a Casa de Gobierno.
Una conquista histórica y una deuda pendiente
A 25 años de aquellas jornadas, Almeida considera que la creación del Inym fue una de las mayores conquistas del sector yerbatero.
Sin embargo, cree que los productores no lograron consolidar una organización capaz de sostener en el tiempo la fuerza demostrada durante el Tractorazo.
“Logramos crear una herramienta fundamental, pero no supimos fortalecer nuestras organizaciones. Hoy existen los nombres y los sellos, pero no existe aquella participación masiva que teníamos en las asambleas”, reflexiono.
El histórico dirigente encuentra similitudes entre la crisis de principios de siglo y el escenario actual.
“Hoy volvemos a discutir precios que no alcanzan para vivir. En aquel tiempo nos decían que reclamábamos el valor de un caramelo. Ahora la situación vuelve a ser muy difícil para miles de productores”, advirtió.
A pesar de ello, mantiene intacta la convicción que movilizó a toda una generación de colonos.
“El Tractorazo demostró que cuando las familias productoras se organizan pueden cambiar la historia. Esa sigue siendo la principal enseñanza y también el gran desafío para las nuevas generaciones” y finalizó la entrevista por videollamada, esbozando una sonrisa acompañado de un “hasta la victoria”.
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La Mesa No a las Represas cuestionó la “promoción” de Corpus en la Unam
El movimiento social y ambiental de Misiones, que se opone a la construcción de grandes represas hidroeléctricas en la región, se expresó luego de que se presentara el proyecto hidroeléctrico Corpus Pindo-í durante las XVI Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión y Vinculación (JIDeTEV 2026), en la Facultad de Ingeniería de Oberá.
El evento fue concretado en el marco de las actividades por los 52 años de la Unam, el pasado 25 de agosto, junto a la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip).
En un comunicado al que tuvo acceso este medio, la Mesa Provincial No a las Represas manifestó “preocupación” por el accionar de las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, al “promocionar la construcción de la mega represa de Corpus Christi” junto a las autoridades de la Comip.
En ese sentido, recordaron que dicha represa se encuentra prohibida por la ley provincial XI – Nº 5, que refrenda el resultado del plebiscito de 1996, en el que el electorado misionero rechazó la construcción de cualquier emplazamiento sobre el río Paraná con el 88,63 % de los votos, el 14 de abril de 1996.
Seguidamente, cuestionaron el contenido del nuevo proyecto hidroeléctrico, al considerar que se presenta “erróneamente como generador de energía renovable, siendo que en octubre de 2015 se promulgó en nuestro País la Ley 27191 que en su capítulo 1, artículo 2, inciso b, establece como límite a las hidroeléctricas para ser consideradas renovables los 50 Mw”.
Para finalizar, recordaron que el interés por reflotar la iniciativa no solo proviene de sectores políticos y empresariales de Argentina, sino también del vecino país: “La obra se presenta como un proyecto para el desarrollo de Misiones, cuando en realidad hemos podido corroborar que desde Paraguay existe una fuerte campaña de presión para la construcción de nuevas hidroeléctricas sobre el río Paraná ante la necesidad de energía que les ocasionarían las instalaciones de gigantescos centros de datos para IA acordados con Taiwán”.
De esta manera, enfatizaron “el No a Corpus sigue vigente”.
Presentaron el proyecto Corpus Pindo-í en jornadas de investigación de la Unam
Provinciales
Instalaron un pozo perforado y paneles solares en Puente Quemado II
Luego de la mesa de diálogo realizada el 31 de julio pasado, en la que Arauco Argentina S.A. se comprometió a invertir en un pozo perforado y la instalación de paneles solares, esta semana las obras fueron concretadas en el predio que habita la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II en Garuhapé.
En ese contexto, la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes y Arauco visitaron la comunidad con la presencia del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), como representantes legales, e hicieron efectivas las instalaciones mediante un pozo de 166 metros de profundidad y la distribución y conexión de ocho paneles solares, los cuales garantizarían el funcionamiento de la bomba de extracción de agua.
Seguidamente, procedieron a capacitar al cacique, Santiago Ramos, y a integrantes de la comunidad para el correcto uso del sistema que beneficiará a un total de 46 personas distribuídas en 7 familias.
“En el marco del proceso de diálogo y articulación institucional para acompañar a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones continúa acompañando las acciones y acuerdos alcanzados entre las instituciones involucradas”, expresó la cartera de Derechos Humanos a través de un comunicado institucional.
Y añadió: “En las últimas horas se realizó una nueva prueba del equipamiento, constatándose su correcto funcionamiento y un buen caudal de agua, lo que representa un avance significativo para mejorar el acceso a este recurso esencial para las familias de la comunidad”.
“Estos avances forman parte del trabajo iniciado tras la convocatoria a una mesa de diálogo interinstitucional, con la participación de organismos provinciales y nacionales, autoridades locales e integrantes de la comunidad”, aseguraron.
Al ser consultado sobre la obra, Ramos se mostró agradecido, pero aseguró que aún quedan detalles por ultimar: “Hicieron la obra y ya está funcionando. Pero todavía faltan los tanques y las torres para que el agua llegue a las viviendas”, cuyas tareas se realizarían próximamente bajo la órbita del municipio.
Según consta el mismo comunicado emitido por DDHH, “la Municipalidad de Garuhapé avanzará en las próximas etapas con el relevamiento y posterior instalación de la red de distribución interna, que incluirá tanques y mangueras para garantizar la llegada del agua a los distintos sectores de la comunidad”.
“El acceso al agua constituye uno de los compromisos concretos surgidos de este espacio de trabajo conjunto. El Ministerio de Derechos Humanos de Misiones reafirma su compromiso de continuar acompañando a Puente Quemado II, promoviendo el diálogo, el respeto y la construcción de soluciones que garanticen y protejan los derechos de las comunidades”, concluyeron.
Provinciales
Intendentes rechazan proyecto de nuevo peaje sobre ruta 12: “Es inconstitucional”
Ayer miércoles, intendentes y autoridades de distintos municipios misioneros se reunieron en la localidad de Puerto Rico, donde firmaron un documento en rechazo a la iniciativa del gobierno nacional que busca instalar una casilla de peaje sobre la ruta 12, a la altura de Capioví y recientemente cambió la ubicación a Garuhapé, sobre la misma arteria.
En el escrito, apuntaron contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en rutas nacionales: “El gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los Combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12, inicialmente en Capioví, kilómetro 1462, pero luego optó por colocarla en Garuhapé, kilómetro 1483, a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria, kilómetro 1551”.
Seguidamente, remarcaron la “inconstitucionalidad” del sistema proyectado, al considerar la inexistencia de otras arterias en la zona: “no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”.
Al mismo tiempo, consideraron desventajas para el traslado de la producción: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”.
En ese contexto, respaldaron su rechazo en el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones, y recordaron la vulneración del derecho a transitar libremente, tal como lo expresa el Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, y con esto el derecho de propiedad detallado en el Artículo 17.
“Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los miles de millones de pesos que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado”, concluyeron.
Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de El Alcázar, Eduardo Vázquez; de Garuhapé, Gerardo Schmied; de Capioví, Ramón Arrua; de Ruiz de Montoya, Victor Vogel y de Puerto Leoni, Elvio Vázquez, con sus respectivos equipos y junto a integrantes de los Honorables Concejos Deliberantes de los municipios de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar, Ruiz de Montoya, el diputado provincial Arnhold Alejandro, como así integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, representada por su presidente Luis Stefens.
A fin de llegar a un consenso, solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales “que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa, que profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.
Se trata de un nuevo pronunciamiento tras el cuestionamiento realizado días atrás por el gobernador Hugo Passalacqua, quien también reclamó la necesidad de obras, mantenimiento e inversión vial, y rechazó nuevas cargas que castiguen aún más “el bolsillo de las familias”.
Rechazo al nuevo peaje: Unos 15 intendentes firmaron un documento hace instantes. La localidad misionera de Puerto Rico fue el punto de encuentro este miércoles. Fue a las 17 en contra del proyecto del Gobierno nacional de instalar una nueva estación de cobro en Ruta Nac. N° 12. pic.twitter.com/LUne1leEgR
— Daniel Leopardi (@danileopardi) August 26, 2026
Passalacqua cuestionó el nuevo peaje que Nación proyecta en Puerto Rico
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