Judiciales
Hoy se conocerá la sentencia a los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa
Este lunes, a las 13, el Tribunal Oral en lo Criminal Uno de Dolores definirá la situación penal de los ocho rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa (18) asesinado a golpes el 18 de enero del 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.
Los acusados son Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23), a quienes se les acusa del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, que prevé una pena de prisión perpetua y de “lesiones leves” contra un amigo de la víctima, que también fue agredido la noche del hecho.
Durante las trece audiencias que se realizaron en la ciudad bonaerense, declararon 87 testigos, se exhibieron videos que registraron el ataque y pericias de ADN, además de mensajes que los acusados intercambiaron tras el crimen de Fernando.
En los alegatos del debate, los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, como los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, quienes representan a los padres de la víctima en calidad de particulares damnificados, pidieron que los ocho jóvenes sean condenados a prisión perpetua, porque consideraron que fueron coautores del crimen.
Por su parte, el abogado defensor de los ocho rugbiers, Hugo Tomei, consideró por su parte en su alegato que todos ellos deberían ser absueltos por la “incongruencia” entre la acusación original y la planteada por la fiscalía al momento de pedir la pena.
Además, solicitó que, en caso de ser condenador por el tribunal, el hecho sea encuadrado como un “homicidio en riña”, que prevé una pena máxima de seis años de prisión.
El fallo de los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia se conocerá a partir de las 13 en el Tribunal Oral en lo Criminal Uno de Dolores.
Judiciales
Policías destituidos por “sedición” presentaron un amparo contra el gobierno
Los ocho policías detenidos y destituidos por el gobierno tras el inicio de una causa que los investiga por presuntos delitos de “sedición” y “conspiración” trabaron este lunes una acción de amparo en el que le solicitan a la Justicia la nulidad del decreto 2084/24 que dispuso la cesantía de todos ellos en la fuerza provincial.
El recurso fue presentado ante el Juzgado Laboral Dos de Posadas y lleva las firmas de los abogados Eduardo Paredes y Roxana Rivas, quienes actúan en representación de los ocho uniformados actualmente detenidos con prisión preventiva en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul: Ramón Oscar Amarilla, Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta, Lisandro Canteros, Diego Correa, Horacio Elias Couto, Adolfo Guirula y Joaquín Orrego.
En el documento, los letrados acusan que la medida del Ejecutivo es inconstitucional y que viola tanto el debido proceso, como el derecho a defensa y la garantía constitucional de estabilidad de empleo público.
Además, hacen hincapié en las consecuencias que esta decisión gubernamental acarrea en las familias de los agentes involucrados, quienes ahora quedaron en contextos de vulnerabilidad e indigencia.
“De delegados a sediciosos”
“Estas sanciones disciplinarias y penales se dan en el marco de los reclamos y acciones vinculadas a la representación que ejercimos por le colectivos de los trabajadores policiales, demandando condiciones salariales y de trabajo, actividad que se ejerce sin ninguna de las protecciones o tutelas que cualquier otro delegado y o representantes gremial o sindical cuentan actualmente”, se lee en el documento de 31 páginas al cual La Voz de Misiones tuvo acceso.
Y añade: “Se nos ha reconocido en tanto hemos formado parte de las mesas paritarias durante los últimos años tal calidad homologándose nuestros acuerdos por el organismo de aplicación de las leyes laborales con anuencia del Ministerio de Gobierno, hasta que sin ningún tipo de motivación objetiva se nos desvirtuara el rol pasando de ser delgados a sediciosos, a los que además se nos priva de los mas elementales derechos como al debido proceso tanto administrativos como judiciales. Hasta los genocidas han gozado plenamente de estas garantías tanto en las instancias administrativas como penales”.
Finalmente, los recurrentes solicitan que el juzgado ordene una medida cautelar innovativa y retrotraiga la situación de revista de los funcionarios policiales involucrados a la fecha previa del decreto firmado el 24 de septiembre pasado por el gobernador Hugo Passalacqua. También solicitan que, en consecuencia, se liquiden los haberes correspondientes a los meses transcurridos, como así también la reinstauración de las prestaciones personales y familiares que corresponden.
“Solo Cola”
Los acusados fueron detenidos el 19 de septiembre, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el juez Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres, tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta, incidentes nuevos e independientes a la protesta realizada en mayo.
La maniobra salió a la luz gracias a la detención días antes del oficial ayudante Diego Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”, según argumentan la Justicia.
En esas conversaciones, los involucrados presuntamente planificaban un nuevo levantamiento, aunque esta vez con medidas muchos más extremas que la protesta con acampe que se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo pasado.
En esta ocasión, los agentes bajo sospecha hablaban de provocar incendios de pastizales para luego sustraer móviles de los Bomberos y replicar la maniobra con patrulleros de distintas comisarías.
“Llamar al 911 en simultáneo y hacer incendio de malezas, o cerca del Parque de la Ciudad prender fuego. Que vayan los bomberos. Ahí hay que estar atento, apresto. Una vez que baja el chofer agarrar el móvil. Y así las demás jurisdicciones”, fue el audio que envío uno de los ahora detenidos.
Una vez que el informe pericial llegó a manos de la Justicia, el magistrado Verón libró las respectivas órdenes de detención, que se cumplieron ese 19 de septiembre. Menos de un mes, el mismo juez resolvió la prisión preventiva de los ocho detenidos por “sedición” y “conspiración”.
El gobierno destituyó a los ocho policías detenidos por intento de sedición
Judiciales
Prisión preventiva para los ocho policías acusados de sedición y conspiración
El Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, resolvió esta mañana el dictado de la prisión preventiva por delitos de “sedición” y “conspiración” contra los ocho policías detenidos a mediados de septiembre tras el descubrimiento del grupo de Whatsapp “Solo Cola”, donde presuntamente organizaban una nueva revuelta para desestabilizar a la cúpula de institución.
La medida fue dictaminada esta mañana y alcanza a los imputados Diego Hernán Correa, Horacio Ezequiel Coutto, Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta, Lisandro Ramón Canteros, Joaquín Alejandro Orrego, Adolfo Basilio Guirula y Ramón Amarilla, este último referente de la mesa de diálogo y vocero del acampe policial realizado en mayo en el marco de una serie reclamos salariales multisectoriales que se llevaron adelante en la provincia.
Los agentes implicados fueron trasladados nuevamente hoy hacia el edificio de tribunales ubicado sobre calle Santa Fe, previo paso por una dependencia policial ubicada en el predio que ocupa la Jefatura de Policía sobre las calles Félix de Azara y Tucumán del centro posadeño.
Todos ellos fueron llevados en un nuevo camión acondicionado especialmente para el traslado de detenidos y tras cumplimentar los trámites judiciales serán alojados en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, único presidio con un pabellón exclusivo para ex agentes de diversas fuerzas de seguridad.
“Solo Cola”
Los acusados fueron detenidos el 19 de septiembre, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el juez Verón tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta.
La maniobra salió a la luz gracias a la detención días antes del oficial ayudante Diego Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”.
En esas conversaciones, los involucrados planificaban un nuevo levantamiento, aunque esta vez con medidas muchos más extremas que la protesta con acampe que se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo pasado.
En esta ocasión, los agentes bajo sospecha hablaban de provocar incendios de pastizales para luego sustraer móviles de los Bomberos y replicar la maniobra con patrulleros de distintas comisarías.
“Llamar al 911 en simultáneo y hacer incendio de malezas, o cerca del Parque de la Ciudad prender fuego. Que vayan los bomberos. Ahí hay que estar atento, apresto. Una vez que baja el chofer agarrar el móvil. Y así las demás jurisdicciones”, fue el audio que envío uno de los ahora detenidos.
Una vez que el informe pericial llegó a manos de la Justicia, el magistrado Verón libró las respectivas órdenes de detención, que se cumplieron ese 19 de septiembre entre la tarde y noche.
“Con esto se pudre copado”: los chats sobre el armado de otra revuelta policial
Judiciales
Imputaron al joven detenido por el asesinato de un jubilado en Andresito
Tiene apenas 22 años, pero puede pasar gran parte del resto de su vida tras las rejas. Juan Gabriel Ramos, el joven detenido por el asesinato a fierrazos del jubilado Juan Manuel Symiuk (77) en Comandante Andresito, fue imputado por “homicidio agravado por criminis causa”, que prevé prisión perpetua.
El muchacho oriundo de Aristóbulo del Valle fue trasladado ayer hasta el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Martín Brites, instancia en la que optó por guardar silencio, tal como lo ampara su derecho.
En la misma audiencia, fue notificado de los elementos de prueba que hasta el momento se recolectaron en su contra y fue imputado formalmente por el delito de “homicidio agravado por criminis causa”, figura contemplada en el artículo 80, inciso 7, del Código Penal argentin y que prevé prisión perpetua.
Culminado el trámite, Ramos volvió a ser trasladado a una celda policial, donde continuará detenido mientras avanza el expediente en su contra.
Fierrazos en la nuca
Ramos aparece como único sospechoso del asesinato de Syniuk, un jubilado que residía solo en una vivienda del barrio Quintas Bajas de Andresito y que entre el jueves pasado fue ultimado a fierrazos en la nuca.
Quien ahora aparece como único acusado del caso se había mudado pocos meses antes desde Aristóbulo hasta Andresito para residir junto a una tía y así entabló relación con Syniuk, que vivía en el mismo barrio.
El joven fue visto y también captado por cámaras de seguridad ese jueves a la tarde mientras regresaba de una despensa junto a la víctima. Se cree que al llegar cometió el crimen para robarle dinero al anciano, tras lo cual escapó en colectivo hacia su pueblo natal, donde finalmente fue detenido horas después.
Syniuk era padre de Marcelo Syniuk, un ex funcionario provincial y “mano derecha” del ex gobernador Maurice Closs.
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