Policiales
Hallaron muerto a testigo que declaró contra policías en el caso Mirta Rosa
Walter Rubén Velázquez, más conocido como Chinito, el testigo que declaró contra tres ex policías en el juicio por la muerte de Mirta Carmen Rosa (47) fue hallado sin vida esta tarde en su casa del barrio El Porvernir II de Posadas y se investigan las circunstancias del suceso.
El hecho fue advertido por una hermana de Chinito, tras lo cual el hombre de 31 años fue derivado de urgencia al hospital Madariaga, aunque desafortunadamente su cuadro era irreversible.
Lo sucedido fue alertado a la Policía y notificado luego al magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, actualmente en turno y en el cual también se instruye el expediente abierto en contra de los tres policías acusados por Chinito en aquel juicio realizado a fines del año pasado.
Fuentes consultadas por La Voz de Misiones indicaron que todo apunta a un hecho de suicidio, aunque para obtener mayores precisiones y despejar dudas se ordenó un examen de autopsia que se realizará mañana en la Morgue Judicial de Posadas.
Juicio y nueva hipótesis
Velázquez, con amplio prontuario por delitos contra la propiedad, tuvo marcado protagonismo al momento de declarar en el marco del juicio oral por la muerte de Mirta Carmen Rosa (47), una docente con esquizofrenia que fue asesinada a golpes y descartada en una antigua cancha del barrio Los Potrillos de Garupá en 2013.
El juicio se desarrolló contra dos policías que trabajan en la comisaría Quinta, Aldo Villalba (37) y Luis Rotela (43), quienes fueron condenados por el delito de “abandono de persona”, ya que se estableció que a la víctima no le prestaron la asistencia que correspondía, pero no fueron ellos quienes le perpetraron las lesiones que derivaron en su muerte.
Sobre quienes recayó la sospecha del crimen fue contra los -en aquel entonces- efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X, Emilio Broemser, José María Bernal y Adrián Borda y la nueva hipótesis emergió en pleno juicio, a instancias de una declaración clave vertida por Chinito Velázquez.
El testigo narró que ese mismo día él estaba detenido y los agentes de la Brigada lo sacaron de la comisaría para llevarlo el recorrer el barrio Los Potrillos, circunstancia en la que el patrullero en que se movilizaban se habría cruzado con la docente que venía de ser abandonada a suerte por el móvil de Villalba y Rotela.
“Apareció una mujer que reclamó que me estaban pegando. Ahí discutieron y Broemser y Borda se bajaron del auto y siguieron discutiendo. Quince minutos después, volvieron al auto y no me golpearon más. Después me llevaron de nuevo a la comisaría”, fueron las palabras de Chinito en el juicio.
Fue así que, al momento de los alegatos, el fiscal Glinka pidió la condena por abandono de persona para los policías Villalba y Rotela, pero además de ello solicitó que se inicie “cabeza de sumario” para investigar a los otros tres agentes mencionados como posibles autores del homicidio de Rosa y de apremios ilegales contra Velázquez.
La hipótesis que trazó el fiscal consignó que Rosa, en medio de una crisis nerviosa por su cuadro de esquizofrenia, fue alzada en el patrullero en el que se movilizaban Villalba y Rotela, pero que ellos luego la dejaron abandonada en cercanías al barrio Los Potrillos, tras lo cual la mujer se cruzó con los efectivos de la Brigada y terminó siendo asesinada a golpes. La autopsia dictaminó que la docente murió por un golpe en la cabeza y un estallido de vejiga.
“Ella (por Rosa) era una persona que no iba a reaccionar bien ante cualquier tipo de agresión. Ella tenía esquizofrenia, entonces reaccionó mal y ellos (por los efectivos de la Brigada) reaccionaron aún peor, la golpearon y la dejaron prácticamente muerta en un lugar donde ellos creían que se le podía imputar a otra persona, que era los policías que pasaron por ahí”, profundizó Glinka.
El Tribunal Penal Dos de Posadas dio lugar al pedido y remitió todas las actuaciones al juzgado que dirige Cardozo, quien meses más tarde dio curso a la nueva investigación, ordenando además la detención de los tres policías, aunque los uniformados actualmente siguen en el avance de la causa en libertad.
De los tres policías bajo la lupa, Borda volvió a ser noticia a comienzos de julio cuando la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) lo arrestó como presunto encubridor de una vecina suya que comercializaba estupefacientes y prostituía a su hija adolescente en el barrio A4.
La trama paralela del caso Rosa y las sospechas de homicidio hacia la Brigada
Policiales
Ya son seis los detenidos por el robo a una tienda de celulares en Posadas
La investigación por el millonario robo a una tienda de celulares en el barrio El Palomar de Posadas sumó cuatro nuevos detenidos este lunes y ahora ya son seis los sospechosos puestos a disposición de la Justicia, entre ellos los sindicado “cabecillas” del golpe.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, durante la jornada de hoy fueron arrestados Facundo “Homero” P. y Diego “Oveja” B., quienes fueron señalados como los principales integrantes de la banda.
A ellos se sumaron dos mujeres que habrían actuado como “encubridoras” del hecho. Ellas fueron identificadas como Pamela Q. (28) y Agustina L. (21) y, al igual que los dos hombres, fueron detenidas durante allanamientos realizados en inmuebles ubicados en las chacras 120 y 128 de Posadas.
Según detallaron, hasta los nuevos sospechosos se llegó mediante trabajos de geolocalización desarrollados en forma conjunta entre la fuerza provincial y el personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic).
Estos cuatro detenidos se suman a los otros jóvenes arrestados horas después del hecho, uno de ellos identificado como Marcos B. (19), cuya captura se concretó en el barrio La Flor.
En paralelo, se aguarda el peritaje para determinar si los 50 teléfonos robados, en su mayoría Iphone, se encuentran entre los 90 aparatos incautados el fin de semana en una “cueva” de objetos sustraídos.
El inmueble ubicado en la chacra 225 fue allanado en la madrugada del sábado y allí fue detenido un joven de 26 años que en el mundillo de hampa es conocido como “reducidor” de objetos robados.
El robo bajo investigación ocurrió en la madrugada del 14 de septiembre, cuando al menos seis delincuentes en moto forzaron el ingreso al local ubicado sobre calles Barrufaldi y Líbano.
Una vez dentro, los malvivientes vaciaron el comercio, llevándose celulares, notebooks, relojes y dinero en efectivo. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad que captaron la llegada en moto de los ladrones, como así también todo el accionar desplegado en el interior del local.
Dos detenidos por millonario robo a tienda de celulares en Posadas
Judiciales
Compañeros de Barreto reconstruyeron la fuga y colisión que provocó su muerte
El juicio contra Rodrigo Dias Da Silva (27), imputado por chocar y matar al gendarme Robert David “Chato” Barreto (31) a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando, continuó esta mañana con la declaración de cuatro camaradas de la víctima, quienes relataron de qué manera sucedieron los hechos durante aquella tarde del 14 de septiembre de 2024 sobre la ruta provincial 103.
Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), los cuatro testigos citados coincidieron en que el implicado hizo caso omiso al control dispuesto y en medio de la huida arrolló a Barreto, que murió minutos después de su traslado a un centro asistencial.
El primero en declarar fue el sargento primero Eduardo Corro, encargado de la patrulla que aquel día se instaló sobre ruta provincial 103, poco después del acceso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana para efectuar un control preventivo.
El uniformado se apoyó en un croquis para describir de qué manera se instaló en el control. Contó que en total eran cinco efectivos y describió que tenían cinco conos distribuidos sobre el asfalto y que cada uno de ellos contaba con chaleco refractario, además de contar con una camioneta Agrale Marrua de la institución al costado de la arteria.
“El primer cono estaba a 250 metros del puesto de control y el segundo cono estaba a 150 metros. Yo estaba ahí. Mi función era la de encausar el tránsito”, detalló Corro, que a la vez describió que “el clima estaba despejado, óptimo, con una buena visibilidad”.
Sobre el hecho, narró que “la camioneta hizo caso omiso a mis señales y cuando llegó hasta mí me hice a un lado. Cuando me pasó escuché que aceleró más y de ahí ya no pude ver mucho más, solo veía la parte de atrás de la camioneta. La camioneta perdió el control, se fue hacia la banquina y volcó”.

El sargento primero Eduardo Corro hizo un croquis y se quebró al recordar a su camarada.
Corro aseguró que en primera instancia no notó que la Amarok haya atropellado a su compañero y recién lo advirtió minutos después. “Me acerco y veo a una persona adentro de la camioneta y bultos con cigarrillo. Después busco a mi gente y no encontraba a Barreto. Él estaba más allá, en el suelo, tirado en posición fetal, semi cubierto por pastura y tierra. Fue inevitable quebrarme”, recordó.
Tanto el sargento primero como los otros tres gendarmes que declararon después coincidieron en la misma secuencia. Además, todos negaron haber contado con “clavos miguelitos” e indicaron que ninguno escuchó ruido de “frenadas” previo al impacto mortal.
El debate continuará el próximo 5 de octubre, a partir de las 8.30. En el proceso interviene el fiscal Pablo Di Loreto, mientras que el acusado es representado por el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.
Da Silva está imputado por “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”. En la primera audiencia pidió perdón y alegó que nunca quiso “hacer daño”.
Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”
Policiales
Detuvieron frente a Casa de Gobierno a tres ex policías acusados de sedición
Los ex policías Alejandro Ramón Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta y Horacio Elías Couto, tres de los ocho implicados en la causa por conspiración e intento de sedición, fueron detenidos esta mañana durante un episodio registrado frente a la Casa de Gobierno.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, los tres ex uniformados acudieron hoy a Casa de Gobierno para entregar un petitorio e iniciar una “protesta pacífica”.
En ese marco, una versión indica que los policías de servicio se acercaron a ellos para consultar sobre la medida y allí se produjo un tumulto que derivó en incidentes.
El motivo de detención y la nueva causa es por resistencia a la autoridad y lesiones leves calificadas que se tramitará ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
El procedimiento fue ejecutado por personal de Infantería, que subió a la plaza y con tenazas cortaron las cadenas con las que los manifestantes se ataron a las rejas de la Rosadita.
Los familiares de los hermanos Arrieta, por su parte, explicaron a La Voz de Misiones que “luego de entregar la nota llegaron los de Infantería a retirarlos con el jefe de la Unidad Regional y los sacaron súper mal, sin dar tantas respuestas a las preguntas de por qué se los llevaban”.
“La única respuesta fue que no van a permitir que nadie más reclame nada frente a Casa de Gobierno y que la orden viene de arriba”, agregaron.
Respecto a los reclamos, añadió: “Nosotros queremos la misma solución que se le dio a Correa y a Guirula”.
En estos momentos, Horacio Couto e Iván y Alejandro Arrieta se encuentran detenidos en la comisaría de la Seccional Primera.
El reclamo
Previo a la detención, los tres involucrados presentaron un documento fechado el 21 de septiembre de 2026 en Posadas, dirigido al gobernador Hugo Mario Passalacqua.
El escrito lleva las firmas de Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta y Elías Coutto, ex integrantes de la Policía de Misiones, quienes, según el reclamo, se encuentran apartados de sus funciones sin percibir haberes ni contar con una definición legal o laboral.
Al mismo tiempo, explicaron que se enteraron por medios públicos de que otros dos ex compañeros vinculados a la misma causa (Diego Correa y Adolfo Guirula) lograron un acuerdo con el gobierno provincial para su reincorporación y el reconocimiento de sus haberes.
Aclarando que respetan dicho acuerdo y no buscan perjudicar a nadie, solicitaron igualdad de condiciones, una audiencia para exponer su situación en persona y la posibilidad de encontrar una vía de diálogo dentro del marco legal vigente que les permita volver a trabajar, percibir ingresos y dar estabilidad a sus familias, ofreciendo además sus disculpas si sus reclamos anteriores causaron molestias.
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