Policiales
Hallaron muerto a testigo que declaró contra policías en el caso Mirta Rosa
Walter Rubén Velázquez, más conocido como Chinito, el testigo que declaró contra tres ex policías en el juicio por la muerte de Mirta Carmen Rosa (47) fue hallado sin vida esta tarde en su casa del barrio El Porvernir II de Posadas y se investigan las circunstancias del suceso.
El hecho fue advertido por una hermana de Chinito, tras lo cual el hombre de 31 años fue derivado de urgencia al hospital Madariaga, aunque desafortunadamente su cuadro era irreversible.
Lo sucedido fue alertado a la Policía y notificado luego al magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, actualmente en turno y en el cual también se instruye el expediente abierto en contra de los tres policías acusados por Chinito en aquel juicio realizado a fines del año pasado.
Fuentes consultadas por La Voz de Misiones indicaron que todo apunta a un hecho de suicidio, aunque para obtener mayores precisiones y despejar dudas se ordenó un examen de autopsia que se realizará mañana en la Morgue Judicial de Posadas.
Juicio y nueva hipótesis
Velázquez, con amplio prontuario por delitos contra la propiedad, tuvo marcado protagonismo al momento de declarar en el marco del juicio oral por la muerte de Mirta Carmen Rosa (47), una docente con esquizofrenia que fue asesinada a golpes y descartada en una antigua cancha del barrio Los Potrillos de Garupá en 2013.
El juicio se desarrolló contra dos policías que trabajan en la comisaría Quinta, Aldo Villalba (37) y Luis Rotela (43), quienes fueron condenados por el delito de “abandono de persona”, ya que se estableció que a la víctima no le prestaron la asistencia que correspondía, pero no fueron ellos quienes le perpetraron las lesiones que derivaron en su muerte.
Sobre quienes recayó la sospecha del crimen fue contra los -en aquel entonces- efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X, Emilio Broemser, José María Bernal y Adrián Borda y la nueva hipótesis emergió en pleno juicio, a instancias de una declaración clave vertida por Chinito Velázquez.
El testigo narró que ese mismo día él estaba detenido y los agentes de la Brigada lo sacaron de la comisaría para llevarlo el recorrer el barrio Los Potrillos, circunstancia en la que el patrullero en que se movilizaban se habría cruzado con la docente que venía de ser abandonada a suerte por el móvil de Villalba y Rotela.
“Apareció una mujer que reclamó que me estaban pegando. Ahí discutieron y Broemser y Borda se bajaron del auto y siguieron discutiendo. Quince minutos después, volvieron al auto y no me golpearon más. Después me llevaron de nuevo a la comisaría”, fueron las palabras de Chinito en el juicio.
Fue así que, al momento de los alegatos, el fiscal Glinka pidió la condena por abandono de persona para los policías Villalba y Rotela, pero además de ello solicitó que se inicie “cabeza de sumario” para investigar a los otros tres agentes mencionados como posibles autores del homicidio de Rosa y de apremios ilegales contra Velázquez.
La hipótesis que trazó el fiscal consignó que Rosa, en medio de una crisis nerviosa por su cuadro de esquizofrenia, fue alzada en el patrullero en el que se movilizaban Villalba y Rotela, pero que ellos luego la dejaron abandonada en cercanías al barrio Los Potrillos, tras lo cual la mujer se cruzó con los efectivos de la Brigada y terminó siendo asesinada a golpes. La autopsia dictaminó que la docente murió por un golpe en la cabeza y un estallido de vejiga.
“Ella (por Rosa) era una persona que no iba a reaccionar bien ante cualquier tipo de agresión. Ella tenía esquizofrenia, entonces reaccionó mal y ellos (por los efectivos de la Brigada) reaccionaron aún peor, la golpearon y la dejaron prácticamente muerta en un lugar donde ellos creían que se le podía imputar a otra persona, que era los policías que pasaron por ahí”, profundizó Glinka.
El Tribunal Penal Dos de Posadas dio lugar al pedido y remitió todas las actuaciones al juzgado que dirige Cardozo, quien meses más tarde dio curso a la nueva investigación, ordenando además la detención de los tres policías, aunque los uniformados actualmente siguen en el avance de la causa en libertad.
De los tres policías bajo la lupa, Borda volvió a ser noticia a comienzos de julio cuando la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) lo arrestó como presunto encubridor de una vecina suya que comercializaba estupefacientes y prostituía a su hija adolescente en el barrio A4.
La trama paralela del caso Rosa y las sospechas de homicidio hacia la Brigada
Judiciales
Silvero dio sus últimas palabras y mañana dictan sentencia: “Yo me defendí”
Roberto “El Negro” Silvero (23), el albañil paraguayo nacionalizado argentino que es juzgado por el homicidio de un vecino del barrio Niño Perdido de Candelaria, insistió esta mañana en haberse defendido de un primer ataque de la víctima y la sentencia en su contra se conocerá mañana.
El imputado dio sus últimas palabras hoy al mediodía, luego de la ronda de alegatos donde el fiscal Vladimir Glinka pidió una condena de 18 años de prisión en su contra, mientras que su abogado defensor Miguel Ángel Varela pidió la absolución por legítima defensa.
“Yo estaba con mi hijo y mi señora. Le dije a ella para ir a comprar unas cosas y ahí me crucé con él -por Luis Fernando Duarte Vázquez (23)-. Yo necesitaba los $500 para ir a comprar pañales. Ahí él se enojó conmigo, no sé si estaba drogado o qué”, relató Silvero ante el tribunal presidido por Viviana Cukla e integrado por Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante).
“Él me atacó primero con un cuchillo”, agregó el acusado y desarrolló su versión: “Yo ahí agarré una rama y él se cayó. Ahí yo agarré el cuchillo y se levantó con una piedra. Yo después ya no me acuerdo nada. Yo solo me defendí y defendí a mi familia”.
Después de oír su palabra, el tribunal declaró cerrado el debate y pasó a un cuarto intermedio hasta mañana para el dictado de la sentencia.
Dealer del barrio
Previo a ello, al momento de alegar, el fiscal Glinka describió a Silvero como una persona “peligrosa” y en su teoría del caso expuso que el imputado era “el dealer del barrio” y cometió el crimen de Vázquez para vengar una deuda de $500 por la venta de cocaína.
Glinka expuso que el imputado asesinó de varias puñaladas a Duarte Vázquez, lesiones que incluso fueron efectuadas con la víctima en el suelo y de espaldas.
“Esto fue un acto cobarde y traicionero”, achacó el fiscal y apuntó: “Silvero, como transa del barrio, ya había tomado la decisión de que ese vago iba a morir. Eran las 12 del mediodía y le apuñaló frente a todos los vecinos. Él estaba dando un mensaje ahí, que no se jode con el transa del barrio”.
El hecho ocurrió el 14 de noviembre de 2021 en el barrio Niño Perdido de Candelaria, donde ambos residían. El debate comenzó el lunes y a lo largo de esta semana declararon varios testigos, entre vecinos, familiares, peritos y agentes policiales.
FOTO: EL TERRITORIO
Fiscal pidió 18 años para Silvero: “Era el transa del barrio y mató por $500”
Policiales
Empleado de cooperativa montó una estafa de $30 millones a productores
Un empleado de la Cooperativa Actim (Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones) fue detenido este jueves en el marco de una investigación por presuntas maniobras de estafa contra unos 30 productores de la zona, ardid que habría generado un perjuicio cercado a los 30 millones de pesos.
El procedimiento fue ordenado por el magistrado Ariel Belda Palomar, titular del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, en relación a una investigación impulsada por la Fiscalía de Ciberdelitos a través de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
De acuerdo a la información difundida desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia, el operativo incluyó la realización dos de allanamientos, uno en la sede de Actim y otra en un domicilio particular de San Pedro, donde el sospechoso finalmente fue detenido.
Las mismas fuentes añadieron que el implicado fue identificado como N. B. (23) y la pesquisa sostiene que la maniobra consistía en confeccionar Volantes Electrónicos de Pago (VEP) apócrifos para simular el cumplimiento de obligaciones tributarias ante Arca (ex Afip).
A partir de ese ardid, el implicado cobraba importantes sumas de dinero de parte de los productores, quienes a su vez creían estar cumpliendo sus obligaciones tributarias.
Según las primeras estimaciones, los damnificados serían alrededor de 30 productores de la zona, en tanto que el perjuicio económico rondaría los 30 millones de pesos.
“Durante los procedimientos se realizaron operaciones técnicas forenses de constatación sobre equipos informáticos y se procedió al secuestro de dispositivos electrónicos y soportes de almacenamiento de datos vinculados con la investigación, con el objeto de preservar y asegurar evidencia digital de interés para la causa”, especificaron desde el Ministerio Público.
Policiales
Un detenido por grooming en Irigoyen: la víctima es una niña de 10 años
Un hombre de 29 años fue detenido este viernes durante un allanamiento realizado en el barrio Vista Alegre de Bernardo de Irigoyen, en el marco de una investigación por el presunto delito de grooming, cuya víctima es una niña de 10 años.
El procedimiento fue coordinado por la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), a pedido de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y por orden del juez de Instrucción de San Pedro, Ariel Belda Palomar.
Del operativo también participaron efectivos de la comisaría local, Infantería y la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones.
Como resultado de la medida judicial, los investigadores detuvieron al sospechoso y secuestraron un teléfono celular que será sometido a una extracción forense y un análisis integral de datos por parte de personal especializado de la Saic.
Durante el allanamiento, además, los peritos realizaron la constatación de distintos elementos considerados de interés para la causa y verificaron información que, de acuerdo al Ministerio Público, coincidiría con los datos aportados por la madre de la niña al momento de radicar la denuncia.
La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, a cargo de Juan Pablo Espeche, que busca determinar el alcance de las comunicaciones atribuidas al detenido y reunir nuevas pruebas a partir del análisis del dispositivo secuestrado.
El delito de grooming consiste en el contacto de una persona adulta con un niño, niña o adolescente a través de medios digitales con fines de abuso o explotación sexual y está previsto en el artículo 131 del Código Penal argentino.
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