Policiales
Hallaron muerto a testigo que declaró contra policías en el caso Mirta Rosa
Walter Rubén Velázquez, más conocido como Chinito, el testigo que declaró contra tres ex policías en el juicio por la muerte de Mirta Carmen Rosa (47) fue hallado sin vida esta tarde en su casa del barrio El Porvernir II de Posadas y se investigan las circunstancias del suceso.
El hecho fue advertido por una hermana de Chinito, tras lo cual el hombre de 31 años fue derivado de urgencia al hospital Madariaga, aunque desafortunadamente su cuadro era irreversible.
Lo sucedido fue alertado a la Policía y notificado luego al magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, actualmente en turno y en el cual también se instruye el expediente abierto en contra de los tres policías acusados por Chinito en aquel juicio realizado a fines del año pasado.
Fuentes consultadas por La Voz de Misiones indicaron que todo apunta a un hecho de suicidio, aunque para obtener mayores precisiones y despejar dudas se ordenó un examen de autopsia que se realizará mañana en la Morgue Judicial de Posadas.
Juicio y nueva hipótesis
Velázquez, con amplio prontuario por delitos contra la propiedad, tuvo marcado protagonismo al momento de declarar en el marco del juicio oral por la muerte de Mirta Carmen Rosa (47), una docente con esquizofrenia que fue asesinada a golpes y descartada en una antigua cancha del barrio Los Potrillos de Garupá en 2013.
El juicio se desarrolló contra dos policías que trabajan en la comisaría Quinta, Aldo Villalba (37) y Luis Rotela (43), quienes fueron condenados por el delito de “abandono de persona”, ya que se estableció que a la víctima no le prestaron la asistencia que correspondía, pero no fueron ellos quienes le perpetraron las lesiones que derivaron en su muerte.
Sobre quienes recayó la sospecha del crimen fue contra los -en aquel entonces- efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X, Emilio Broemser, José María Bernal y Adrián Borda y la nueva hipótesis emergió en pleno juicio, a instancias de una declaración clave vertida por Chinito Velázquez.
El testigo narró que ese mismo día él estaba detenido y los agentes de la Brigada lo sacaron de la comisaría para llevarlo el recorrer el barrio Los Potrillos, circunstancia en la que el patrullero en que se movilizaban se habría cruzado con la docente que venía de ser abandonada a suerte por el móvil de Villalba y Rotela.
“Apareció una mujer que reclamó que me estaban pegando. Ahí discutieron y Broemser y Borda se bajaron del auto y siguieron discutiendo. Quince minutos después, volvieron al auto y no me golpearon más. Después me llevaron de nuevo a la comisaría”, fueron las palabras de Chinito en el juicio.
Fue así que, al momento de los alegatos, el fiscal Glinka pidió la condena por abandono de persona para los policías Villalba y Rotela, pero además de ello solicitó que se inicie “cabeza de sumario” para investigar a los otros tres agentes mencionados como posibles autores del homicidio de Rosa y de apremios ilegales contra Velázquez.
La hipótesis que trazó el fiscal consignó que Rosa, en medio de una crisis nerviosa por su cuadro de esquizofrenia, fue alzada en el patrullero en el que se movilizaban Villalba y Rotela, pero que ellos luego la dejaron abandonada en cercanías al barrio Los Potrillos, tras lo cual la mujer se cruzó con los efectivos de la Brigada y terminó siendo asesinada a golpes. La autopsia dictaminó que la docente murió por un golpe en la cabeza y un estallido de vejiga.
“Ella (por Rosa) era una persona que no iba a reaccionar bien ante cualquier tipo de agresión. Ella tenía esquizofrenia, entonces reaccionó mal y ellos (por los efectivos de la Brigada) reaccionaron aún peor, la golpearon y la dejaron prácticamente muerta en un lugar donde ellos creían que se le podía imputar a otra persona, que era los policías que pasaron por ahí”, profundizó Glinka.
El Tribunal Penal Dos de Posadas dio lugar al pedido y remitió todas las actuaciones al juzgado que dirige Cardozo, quien meses más tarde dio curso a la nueva investigación, ordenando además la detención de los tres policías, aunque los uniformados actualmente siguen en el avance de la causa en libertad.
De los tres policías bajo la lupa, Borda volvió a ser noticia a comienzos de julio cuando la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) lo arrestó como presunto encubridor de una vecina suya que comercializaba estupefacientes y prostituía a su hija adolescente en el barrio A4.
La trama paralela del caso Rosa y las sospechas de homicidio hacia la Brigada
Un hombre fue imputado y quedó detenido con prisión preventiva por 91 días luego de ser descubierto cuando intentaba ingresar a Posadas desde Paraguay con más de 13 kilogramos de cocaína ocultos en la estructura del asiento trasero de su automóvil.
El procedimiento se concretó el martes 15 de septiembre en el control de la Dirección General de Aduanas (DGA) ubicado en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, cuando el acusado, identificado por sus iniciales V.B.V., llegó a Posadas a bordo de un Renault Logan proveniente de Encarnación.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), durante el primer control el conductor manifestó que había viajado a Paraguay para trasladar a un pasajero y que solamente había comprado un par de zapatillas para su hijo.
Sin embargo, al revisar el baúl, los agentes aduaneros encontraron únicamente una caja vacía, por lo que decidieron trasladar el vehículo a una dársena para realizar una inspección más exhaustiva.
En ese segundo control, el hombre modificó su relato y señaló que, además de llevar a un pasajero, había comprado flores para su mujer.
Los agentes detectaron entonces una rigidez anómala en la estructura del asiento trasero y convocaron a un binomio antinarcóticos integrado por un guía y un can detector, que reaccionó ante la posible presencia de estupefacientes.
Luego, el automóvil fue sometido a un escaneo, cuyas imágenes permitieron observar densidades y formas irregulares detrás del respaldo del asiento.
Con la presencia de dos testigos, los agentes retiraron parte del tapizado y encontraron 13 paquetes rectangulares envueltos en film negro. Las pruebas de campo realizadas posteriormente por personal de Gendarmería Nacional confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 13,280 kilogramos.
Además de la droga, fueron secuestrados el Renault Logan, dos teléfonos celulares y documentación relacionada con el vehículo.
Fue una de las primeras audiencias realizadas bajo la aplicación del nuevo sistema acusatorio en Posadas.
Imputación y prisión preventiva
La investigación fue formalizada el viernes último ante la jueza federal de Garantías María Verónica Skanata, quien hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva del acusado por 91 días.
La fiscalía, representada por el fiscal federal Pablo Ricardo Di Loreto y el auxiliar fiscal Alan Rebak, le atribuyó el delito de contrabando de estupefacientes agravado en grado de tentativa, en calidad de autor.
Además, la magistrada fijó un plazo de 60 días hábiles para el desarrollo de la investigación, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del imputado y dispuso la realización de distintos peritajes.
La audiencia se realizó en el marco de una de las primeras formalizaciones de investigación penal en el Distrito Misiones desde la entrada en vigencia del sistema acusatorio federal, el pasado 24 de agosto.
Los ex policías Alejandro Ramón Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta y Horacio Elías Couto, permanecen detenidos en una comisaría posadeña y el jueves serán trasladados a indagatoria ante la Justicia.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, los tres enfrentan cargos por delitos de “lesiones leves calificadas y resistencia a la autoridad”.
La indagatoria se realizará ante el magistrado en turno Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas. En la ocasión, los ex policías podrán declarar o bien abstenerse.
En paralelo a la novedad judicial, el jefe de la Policía de Misiones, el comisario general Sandro Martínez, habló sobre el episodio y brindó otras consideraciones sobre el asunto.
En diálogo con Radio UP, el mandamás de la fuerza provincial confirmó que “hay tres ex policías que continúan detenidos y a disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas”, en tanto que precisó que “la causa es por lesiones calificadas por haber sido cometidas contra un funcionario policial y atentado contra la autoridad”.
Sobre las detenciones, Martínez indicó que “la protesta es un derecho constitucional que está asegurado, pero en este caso no fueron detenidos por la protesta, fueron detenidos porque atentaron contra la autoridad pública”.
“El personal policial los quiso identificar y ellos fueron hostiles, ofrecieron resistencia hacia la autoridad. Tenemos tres policías lesionados. El derecho a protesta está protegido, pueden protestar pero en este caso no tiene nada que ver con la protesta”, reafirmó.
Martínez además dejó en claro que tanto estos tres ex policías como el propio Diego Correa ya no pertenecen a la institución: “Hace rato ya dejaron de ser policías”.
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El reclamo
Los hermanos Arrieta y Couto fueron detenidos ayer a la mañana, frente a la Casa de Gobierno, luego de entregar una nota y encadenarse a una de las ventanas del edificio para reclamar “el mismo arreglo” que obtuvo Correa, el otro ex policía que acampó casi cuatro meses en ese lugar y tres semanas después de levantar la medida se compró una camioneta RAM que disparó señalamientos.
Familiares de los recientemente detenidos cuestionaron el arresto y apuntaron contra el procedimiento, que incluso fue filmado por varios testigos que estaban en la plaza 9 de Julio.
“Luego de entregar la nota llegaron los de Infantería a retirarlos con el jefe de la Unidad Regional y los sacaron súper mal, sin dar tantas respuestas a las preguntas de por qué se los llevaban”, indicaron.
“La única respuesta fue que no van a permitir que nadie más reclame nada frente a Casa de Gobierno y que la orden viene de arriba”, agregaron.
Respecto a los reclamos, añadió: “Nosotros queremos la misma solución que se le dio a Correa y a (Adolfo) Guirula”.
Los hermanos Arrieta, Couto, Correa y Guirula, son cuatro de los ocho ex agentes policiales involucrados en la causa iniciada por intento de sedición y conspiración tras el descubrimiento del chat Solo Cola, donde para la Justicia se orquestaba un plan para desestabilizar a la cúpula de la institución tras las protestas de 2024 que tuvieron lugar sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico I.
En ese mismo expediente se encuentra el ahora diputado provincial Ramón Amarilla y por esa misma causa todos los involucrados permanecieron más de siete meses detenidos en distintas unidades carcelarias de la provincia.
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Ángel Ramón Zalazar (82) compareció este martes ante la Justicia, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el asesinato de su ex yerno Alfredo Wiebel (48), empresario y piloto de carreras ultimado de cinco balazos en la mañana del 11 de septiembre en Puerto Iguazú.
La audiencia se realizó esta mañana y para ello el implicado debió ser traslado desde el hospital Samic de la Ciudad de las Cataratas hacia Eldorado, donde lo esperaban para indagatoria en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado César Lirussi.
En esa instancia, el hombre decidió guardar silencio y tras ser notificado de los elementos de prueba en su contra fue formalmente imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificación provisoria que podría modificarse conforme avance la investigación.
Por disposición judicial, Zalazar quedó internado con custodia policial en el hospital Gardés de Eldorado, medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva entre un pedido de prisión domiciliaria o un traslado hacia una unidad carcelaria preparada para pacientes de su condición.
Testimoniales y querella
Los instructores de la causa pudieron avanzar con la indagatoria luego de recibir un informe de la junta médica que evaluó a Zalazar, cuyos resultados arrojaron dos conclusiones clave: una es que el hombre comprende la criminalidad de sus actos y la otra es que en su cuadro de salud general no se observan patologías que pongan en riesgo su vida, siempre y cuando continúe recibiendo la asistencia médica.
En paralelo, la causa continuará avanzando con la toma de testimoniales y los primeros en declarar serán los albañiles que ese 11 de septiembre a la mañana observaron la secuencia entera del ataque ocurrido en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, casi Pancho Ramírez, de Iguazú.
Al expediente, además, ya se incorporó la familia de la víctima en carácter de querellante particular bajo la representación del letrado Walter Quintana, quienes de esta forma podrán participar activamente en el caso.
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