Policiales
Hallaron muerto a testigo que declaró contra policías en el caso Mirta Rosa
Walter Rubén Velázquez, más conocido como Chinito, el testigo que declaró contra tres ex policías en el juicio por la muerte de Mirta Carmen Rosa (47) fue hallado sin vida esta tarde en su casa del barrio El Porvernir II de Posadas y se investigan las circunstancias del suceso.
El hecho fue advertido por una hermana de Chinito, tras lo cual el hombre de 31 años fue derivado de urgencia al hospital Madariaga, aunque desafortunadamente su cuadro era irreversible.
Lo sucedido fue alertado a la Policía y notificado luego al magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, actualmente en turno y en el cual también se instruye el expediente abierto en contra de los tres policías acusados por Chinito en aquel juicio realizado a fines del año pasado.
Fuentes consultadas por La Voz de Misiones indicaron que todo apunta a un hecho de suicidio, aunque para obtener mayores precisiones y despejar dudas se ordenó un examen de autopsia que se realizará mañana en la Morgue Judicial de Posadas.
Juicio y nueva hipótesis
Velázquez, con amplio prontuario por delitos contra la propiedad, tuvo marcado protagonismo al momento de declarar en el marco del juicio oral por la muerte de Mirta Carmen Rosa (47), una docente con esquizofrenia que fue asesinada a golpes y descartada en una antigua cancha del barrio Los Potrillos de Garupá en 2013.
El juicio se desarrolló contra dos policías que trabajan en la comisaría Quinta, Aldo Villalba (37) y Luis Rotela (43), quienes fueron condenados por el delito de “abandono de persona”, ya que se estableció que a la víctima no le prestaron la asistencia que correspondía, pero no fueron ellos quienes le perpetraron las lesiones que derivaron en su muerte.
Sobre quienes recayó la sospecha del crimen fue contra los -en aquel entonces- efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X, Emilio Broemser, José María Bernal y Adrián Borda y la nueva hipótesis emergió en pleno juicio, a instancias de una declaración clave vertida por Chinito Velázquez.
El testigo narró que ese mismo día él estaba detenido y los agentes de la Brigada lo sacaron de la comisaría para llevarlo el recorrer el barrio Los Potrillos, circunstancia en la que el patrullero en que se movilizaban se habría cruzado con la docente que venía de ser abandonada a suerte por el móvil de Villalba y Rotela.
“Apareció una mujer que reclamó que me estaban pegando. Ahí discutieron y Broemser y Borda se bajaron del auto y siguieron discutiendo. Quince minutos después, volvieron al auto y no me golpearon más. Después me llevaron de nuevo a la comisaría”, fueron las palabras de Chinito en el juicio.
Fue así que, al momento de los alegatos, el fiscal Glinka pidió la condena por abandono de persona para los policías Villalba y Rotela, pero además de ello solicitó que se inicie “cabeza de sumario” para investigar a los otros tres agentes mencionados como posibles autores del homicidio de Rosa y de apremios ilegales contra Velázquez.
La hipótesis que trazó el fiscal consignó que Rosa, en medio de una crisis nerviosa por su cuadro de esquizofrenia, fue alzada en el patrullero en el que se movilizaban Villalba y Rotela, pero que ellos luego la dejaron abandonada en cercanías al barrio Los Potrillos, tras lo cual la mujer se cruzó con los efectivos de la Brigada y terminó siendo asesinada a golpes. La autopsia dictaminó que la docente murió por un golpe en la cabeza y un estallido de vejiga.
“Ella (por Rosa) era una persona que no iba a reaccionar bien ante cualquier tipo de agresión. Ella tenía esquizofrenia, entonces reaccionó mal y ellos (por los efectivos de la Brigada) reaccionaron aún peor, la golpearon y la dejaron prácticamente muerta en un lugar donde ellos creían que se le podía imputar a otra persona, que era los policías que pasaron por ahí”, profundizó Glinka.
El Tribunal Penal Dos de Posadas dio lugar al pedido y remitió todas las actuaciones al juzgado que dirige Cardozo, quien meses más tarde dio curso a la nueva investigación, ordenando además la detención de los tres policías, aunque los uniformados actualmente siguen en el avance de la causa en libertad.
De los tres policías bajo la lupa, Borda volvió a ser noticia a comienzos de julio cuando la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) lo arrestó como presunto encubridor de una vecina suya que comercializaba estupefacientes y prostituía a su hija adolescente en el barrio A4.
La trama paralela del caso Rosa y las sospechas de homicidio hacia la Brigada
Dos motociclistas fallecieron esta madrugada tras un siniestro vial registrado en el kilómetro 1426 de la ruta nacional 12, en cercanías de Hipólito Yrigoyen.
Las víctimas fueron identificadas como Eduardo Doprado (50), domiciliado en Puerto Iguazú, y Ramona Albina Castillo (68), oriunda de Ituzaingó, Corrientes.
El hecho ocurrió alrededor de las 4, cuando una motocicleta Honda Titan 125 cc impactó de frente contra un colectivo de la empresa Río Uruguay que se desplazaba en sentido Posadas–Iguazú. La fuerza del choque provocó que ambos ocupantes de la motocicleta perdieran la vida en el lugar.
La moto quedó sobre la calzada, mientras que el ómnibus era conducido por un hombre de 55 años, acompañado por un guarda de 22, quienes resultaron ilesos.
Efectivos de la comisaría local, junto a peritos de la División Científica, personal de Seguridad Vial y profesionales médicos y bioquímicos policiales, realizaron las tareas de rigor.En tanto, por orden del juez interviniente, los dos vehículos fueron secuestrados para avanzar con la investigación.
Un procedimiento de rutina en una ruta provincial se convirtió en un escándalo este lunes cuando agentes de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos detuvieron a una oficial en actividad de la Policía Federal Argentina (PFA) que transportaba más de 14 kilos de cocaína ocultos en su vehículo.
La droga, valuado en unos 315 millones de pesos, estaba escondida en los zócalos de un Ford Fiesta Kinetic y apunta a posibles ramificaciones en una red de narcotráfico con vínculos en Misiones y Buenos Aires.
El arresto ocurrió pasadas las 3 de la mañana en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, sobre la ruta nacional 14, en el límite entre Corrientes y Entre Ríos.
La mujer, oriunda de Buenos Aires y de unos 40 años –cuya identidad no fue revelada por razones judiciales–, viajaba sola en sentido sur, desde Posadas (Misiones) hacia San Justo, en el partido de La Matanza.
Durante el control preventivo, un can detector de narcóticos alertó sobre irregularidades en el vehículo. Al inspeccionar los zócalos, los policías extrajeron inicialmente tres paquetes rectangulares con una sustancia blanca que reaccionó positivamente a pruebas químicas de campo.
Posteriormente, hallaron seis envoltorios adicionales, sumando un total de 14 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza. La oficial, sorprendida en flagrancia, no opuso resistencia y fue esposada en el acto.
Lo que más impacta al caso es el perfil de la detenida: según fuentes judiciales, la mujer había trabajado en la Dirección de Asuntos Internos de la PFA, el área encargada de investigar irregularidades dentro de la propia fuerza.
El diario La Nación añadió que sus colegas en Buenos Aires no tenían conocimiento de sus actividades hasta que la noticia se filtró en las últimas horas.
La jueza federal Analía Ramponi, titular del Juzgado Federal de Concordia, tomó intervención inmediata. La sospechosa fue trasladada a una comisaría en Chajarí, donde permanece detenida a disposición de la Justicia.
Además de la droga y el auto, se incautaron elementos vinculados al caso, como teléfonos y documentación. El procedimiento derivó en tres allanamientos simultáneos: dos en Posadas (Misiones) y uno en La Matanza (Buenos Aires), donde se secuestraron más estupefacientes, datos informáticos y se identificaron posibles cómplices en una presunta organización narco.
Un oficial de la Policía de Misiones que habría facilitado la fuga de siete delincuentes que estaban alojados en la comisaría de Bernardo de Irigoyen fue detenido este mediodía y quedó a disposición de la Justicia.
La detención del uniformado se concretó en la sucursal del banco Macro en Irigoyen, donde el implicado cumplía servicio adicional, adelantaron fuentes consultadas.
El sospechoso fue identificado como Mario O., y sería oriundo de San Antonio. Se le secuestró un teléfono celular que será sometido a pericias.
Del procedimiento participaron los propios camaradas del agente, como así también personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), cuya intervención se dio a pedido del procurador general Carlos Giménez.
La causa está en manos del fiscal de Instrucción Uno de San Pedro, Francisco Javier Insfrán, y del juez de instrucción de la misma circunscripción judicial, Ariel Belda Palomar, quienes dirigieron y supervisaron las primeras actuaciones del caso.
En paralelo, la Jefatura de Policía dispuso la apertura de un sumario administrativo con intervención de la Dirección Asuntos Internos de la institución.
La fuga se registró el lunes a la madrugada, cuando siete sindicados delincuentes de peligrosidad lograron escapar a través de un boquete realizado en el sector de sanitarios de calabozos de la comisaría de Bernardo de Irigoyen.
Los evadidos fueron Alejandro “Dente” Ramos, Emanuel “Pirata” Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Jorge Ojeda, Darío Brítez y Juan José Ferreira Álvez, todos acusados por delitos graves como robos calificados y homicidios.
El hecho motivó un mega operativo policial del cual participaron más de 500 agentes abocados a la búsqueda y en exactamente 48 horas todos fueron recapturados.
Atraparon a los últimos tres fugitivos de la comisaría de Bernardo de Irigoyen
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