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La trama paralela del caso Rosa y las sospechas de homicidio hacia la Brigada

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caso rosa brigada

Dictada la sentencia contra los ex policías Aldo Villalba (37) y Luis Rotela (43), el foco de atención del caso Mirta Rosa (47) viró hacia los agentes de la Brigada, Emilio Broemser, Adrián Roberto Borda y José María Bernal, quienes ahora fueron apuntados como posibles autores del asesinato a golpes de la mujer.

Quien posó la lupa sobre ellos y pidió el inicio de una investigación en sus contra fue el titular de la Fiscalía del Tribunal Penal Dos de Posadas, Vladimir Antonio Glinka, quien tras el juicio finalizado este mediodía consideró que había suficientes elementos como considerar a los tres implicados como presuntos autores de “homicidio calificado por criminis causa y por haber sido perpetrado por personal de una fuerza”.

De esta manera, pidió que se extraigan copias de todo lo ventilado en el debate oral ,en el que declararon 17 testigos presenciales, y que todo el documento sea remitido a un juzgado de instrucción, a fin de que “se haga cabeza de sumario” contra Broemser, Borda y Bernal.

Al momento del hecho, 14 de febrero de 2013, los tres efectivos formaban parte de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X de la Policía de Misiones y ese mismo día estuvieron “de operativo” en cercanías a la antigua cancha del barrio Los Potrillos, punto que posteriormente fue escenario del hallazgo del cuerpo de Rosa, una docente jubilada que de, acuerdo a la autopsia, falleció por un golpe en la cabeza y un estallido de vejiga.

Según declararon los propios apuntados al momento de comparecer como testigos al debate oral que culminó hoy, ese día retiraron a un detenido de la comisaría Quinta y con él en un móvil de inteligencia salieron de recorrida por Los Potrillos para “marcar” objetos robados.

Ese detenido se trataba de Rubén Walter “Chinito” Velázquez, quien también declaró como testigo y frente al tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse recordó la misma secuencia, aunque agregó que, durante esa recorrida, fue golpeado y torturado con una picana dentro del móvil.

“Chinito” Velázquez, uno de los testigos clave, declarando junto al fiscal Glinka.

Y el testimonio de Velázquez tomó aún más relevancia cuando narró que “después apareció una mujer que reclamó que me estaban pegando. Ahí discutieron y Broemser y Borda se bajaron del auto y siguieron discutiendo. Quince minutos después, volvieron al auto y no me golpearon más. Después me llevaron de nuevo a la comisaría”.

En base a esta declaración es que el fiscal Glinka avanzó en alegato y trazó la tesis de que “en ese contexto de ilegalidad es que la señora Rosa y, como bien dijo Chinito, tiene un intercambio poco amigable con las personas de la Brigada que, con el culo sucio (sic), empezaron a discutir con ella”.

“Bandido los tres”

“Ella era una persona que no iba a reaccionar bien ante cualquier tipo de agresión. Ella tenía esquizofrenia, entonces reaccionó mal y ellos reaccionaron aún peor, la golpearon y la dejaron prácticamente muerta en un lugar donde ellos creían que se le podía imputar a otra persona, que era los policías que pasaron por ahí”, profundizó Glinka, haciendo referencia a los ex agentes Villalba y Rotela, que apenas unos minutos antes habían -según su hipótesis- abandonado a la víctima en la zona.

Por eso, el representante del Ministerio Público Fiscal también sostuvo hoy que, una vez que Villalba y Rotela “abandonaron a su suerte” a Rosa en cercanías a la cancha de Los Potrillos, la mujer tuvo el “infortunio de cruzarse con la Brigada”.

“Los de la Brigada, bandidos los tres, estaban haciendo cagada, estaban en un lugar donde no tenían que estar y por eso lo primero que hacen es decir: ‘No estábamos acá’, y alteraron todos los libros de guardia e hicieron todo lo que había que hacer para que nadie sospeche que ellos estaban ahí”, continuó.

Glinka resumió su planteo al exponer que “descubrimos acá, en el juicio, que Mirta Rosa fue asesinada, que no fue una muerte natural como se apresuró a decir Villalba”, a quien tampoco deslindó por completo, ya que aseguró que “él algo sabía y esperamos que en el juicio que viene tenga la posibilidad, no de pedir perdón, sino de contar lo que sabe”.

El sargento Borda al momento de declarar y revisar los libros de guardia que el fiscal apuntó como adulterados.

En base a todo lo expuesto, pidió que la causa sea remitida al juzgado de origen para que se inicie una investigación contra los agentes de la Brigada como sospechosos de asesinar a golpes a Rosa y el Tribunal Penal Dos dio lugar al pedido, aunque los considerandos para esta nueva etapa serán comunicadas junto a los fundamentos del fallo, cuya lectura fue programada para el próximo 6 de septiembre.

Ahora, según explicaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, las actuaciones deben ser recibidas por el juzgado de instrucción que corresponda (en su momento la investigación comenzó en el Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor, y luego pasó al Siete, en su momento dirigido por José Alberto López y ahora por Miguel Mattos).

De allí, a su vez, las autoridades deberán remitir todo a la fiscalía interviniente para que, tras un análisis de todo lo recolectado, se disponga del requerimiento de apertura de instrucción formal en caso de que correspondiere. De concretarse, el proceso indica que luego los uniformados deberían ser citados a indagatoria y pasibles de ser detenidos.


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Van a juicio los acusados de robar y matar con fuego a una anciana en Posadas

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Dora Ramírez juicio

El magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, dispuso la elevación a juicio del expediente que investiga el homicidio de Dora Ramírez (71), una anciana que el 2 de mayo de 2022 fue sorprendida por asaltantes que además de robarle provocaron un incendio que provocó su muerte. 

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la elevación a juicio de la causa se formalizó tras una resolución firmada por la Cámara de Apelaciones, cuyos magistrados confirmaron lo actuado por el juez Mattos y rechazaron los recursos presentados por la defensa de los imputados.

De esta manera, el expediente ya fue remitido al Tribunal Penal Dos de Posadas, donde se deberá realizar el juicio otra contra los imputados identificados como Elvio Omar Jede (49), José Luis “Kuby” Cabral (28), Ángela Yesenia Pereyra (33), Mercedes Angélica Pereyra (45) y un joven que al momento del hecho tenía 16 años.

Según detallaron, los primeros cuatro están acusados por el delito de “homicidio en ocasión de robo y daños, en concurso real”, mientras al adolescente solo lo imputan por “homicidio en ocasión de robo”. Las calificaciones prevén penas de entre 10 y 25 años de prisión, según lo establece el artículo 165 del Código Penal de la Nación. 

Dora Ramírez tenía 71 años y vivía sola en una casa de la chacra 105. FOTO: El Territorio.

Fuego y muerte en la 105

El crimen de Ramírez se registró el 2 de mayo de 2022. Esa noche, vecinos de la chacra 105, ubicada en cercanías al Chango Más de la avenida Tacuarí, llamaron a la Policía porque una de las viviendas de la zona ardía en llamas.

Cuando los uniformados llegaron, poco y nada pudieron hacer para contener las llamas, mucho menos para salvar la vida de la anciana, que falleció calcinada en el interior de la vivienda.

Según señalaron los vecinos en ese entonces, Ramírez vivía sola y tenía problemas de movilidad por osteoporosis.

La hipótesis inicial apuntó a un hecho desafortunado y trágico desencadenado como consecuencia de un cortocircuito, pero las pistas recolectadas por los especialistas de la Dirección Homicidios de la Policía marcaron completamente lo contrario.

Las fuentes de LVM indicaron que, en medio de las averiguaciones, los investigadores obtuvieron testimonios que dieron cuenta de que la muerte de Ramírez para nada se trató de un accidente, sino que más bien la anciana fue asesinada después de un robo.

A partir de ahí, avanzaron en la identificación de posibles sospechosos y así llegaron a cinco personas y en los allanamientos se secuestraron varios elementos de prueba más que comprometedores.

Los primeros detenidos fueron Jede y Pereira, en cuyo poder los investigadores incautaron un automóvil Peugeot 205 que habría sido utilizado para sustraer elementos de la casa de Ramírez e incluso fue captado por cámaras de seguridad dispuestas en cercanías a la vivienda de la víctima.

Durante la madrugada siguiente, es decir, el 6 de mayo, en tanto, los pesquisas avanzaron hasta una casa ubicada en el barrio Nuevo de Garupá, donde detuvieron a Romero y demoraron a un adolescente.

En ese lugar, los uniformados dieron con una importante cantidad de objetos que comprometieron a los involucrados como, por ejemplo, un televisor de 50 pulgadas, una garrafa de 10 kilogramos, un nebulizador, un monedero y documentaciones vinculadas a Ramírez y familiares de la anciana asesinada.

Se estima que dichos objetos fueron parte del botín sustraído por la banda que esa semana ingresó a la casa de Ramírez y luego asesinó a la anciana y provocó un incendio en el lugar para borrar huellas.

El último en caer fue Kuby. Su detención se concretó durante un procedimiento en la chacra 181 y desde un comienzo fue apuntado como el “organizador” o “ideólogo” del golpe.


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Registraron la oficina de Germán Kiczka en la Legislatura

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Efectivos de la Dirección Cibercrimen, junto a agentes de la Secretaria de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) realizaron un registro del despacho que era utilizado por el diputado Germán Kiczka en el edificio anexo de la Legislatura.

La medida se concretó esta tarde, con presencia del magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, quien tiene imputado tanto a Germán Kiczka como a su hermano Sebastián en una causa por tenencia y distribución de archivos Masi.

El procedimiento fue similar al realizado en la oficina que el mismo legislador utilizaba en una propiedad de la familia Puerto en Apóstoles, dónde la empresa Cigarros Misioneros tiene domicilio fiscal y además funcionan la radio y bar Social Club.

Todo lo hallado, principalmente soportes informáticos, serán anexados a la causa y quedarán a la espera de peritajes.

Comisión investigadora firmó dictamen para expulsar al diputado Germán Kiczka


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Caso Kiczka: la fiscal Dupuy ofreció colaboración en peritaje de archivos Masi

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Daniela Dupuy

La fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de Ciudad de Buenos Aires, donde se inició la investigación que terminó comprometiendo a los hermanos Kiczka en una causa por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), puso a disposición de la Justicia misionera todo su equipamiento de alta tecnología para analizar las imágenes halladas en los aparatos incautados a manos de los imputados a fin de determinar tanto la edad como la identidad de las víctimas, entre otras especificaciones técnicas.

En declaraciones televisivas brindadas recientemente, la funcionaria porteña calificó como “aberrantes” las imágenes detectadas en la primera pericia realizada antes de remitir la causa al Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dirigido por el magistrado Miguel Ángel Faría, y respecto a los archivos revisados detalló que “en este caso estamos hablando de niños y niñas muy pequeños. Bebés siendo abusados, niñas y niños menores de 13 años llevando a cabo actividades sexuales con adultos”.

En ese marco, ahora se supo que Dupuy se comunicó con el juez Faría y se puso a entera disposición para colaborar en todas las labores de investigación, tareas técnicas y peritaje informático que aún se encuentren en proceso.

La ayuda consistiría en el aporte de todas las herramientas y software de alta tecnología con la que Dupuy cuenta para analizar las imágenes de manera tan minuciosa que posibilita determinar la edad de las víctimas, como así también la identidad de los menores filmados, aunque este último punto también depende de muchos otros factores.

Según indicaron fuentes de La Voz de Misiones, desde el juzgado no sólo que agradecieron el gesto, sino que también aceptaron la colaboración y se avanzará ahora en la gestión de los trámites correspondientes para trazar un convenio a través de la Procuración General de la provincia.

Tanto el diputado Germán Kiczka como su hermano Sebastián están desde el domingo presos en la cárcel de Cerro Azul.

En ese marco, las mismas fuentes consignaron que se fijó para el 10 de septiembre la medida de apertura de los sobres con los todos los soportes informáticos incautados durante el allanamiento realizado el lunes a la mañana en una oficina que el aún diputado -este jueves se trata su expulsión de la Legislatura- Germán Kiczka utilizaba en su rol de comisionista en Cigarros Misioneros, empresa son domicilio radicado en una propiedad de la familia Puerta y donde actualmente funcionan un bar y una radio bajo el nombre de Social Club.

A esa oficina hubo que acceder mediante la intervención de un cerrajero y en su interior se hallaron una notebook, un teléfono celular, CD’s y documentos, elementos se sumarán a los otros aparatos que aún se encuentran en etapa de arduo peritaje por parte de agentes tanto de Cibercrimen de la Policía como de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), dependiente del Poder Judicial.

Voceros con acceso al expediente añadieron que en el despacho también se halló un dibujo infantil que estaba acompañado con el nombre “Germán”, elemento que levanta suspicacias de todo tipo pero que hasta el momento no configura valor de prueba.

Además, las fuentes hicieron mención a un grupo de Telegram denominado “Los Cigarros” que fue extraído de las pericias a los teléfonos celulares de los imputados y en donde se observan conversaciones sobre intercambio de imágenes Masi, pero todavía quedan análisis por realizar para unir piezas e intentar identificar ramificaciones del delito investigado.

Mientras tanto, los hermanos Germán y Sebastián Kiczka continúan detenidos en celdas de la Unidad Penal VIII, presidio al cual fueron trasladados el domingo a la noche tras permanecer unos días en la comisaría Segunda de Apóstoles, dependencia policial que no estaba preparada para alojar internos de “alto perfil”.

Ambos presentaron un pedido de excarcelación a través de su abogado defensor Gonzalo De Paula, pero el planteo fue rechazado este miércoles por el juez Faría, quien argumentó riesgo de fuga, entre otros factores. 


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