Judiciales
Testigo ubicó a Ramos con Marina en cercanías al pozo donde apareció asesinada
Dos personas. Un mismo nombre y un solo número de diferencia en el DNI. Una confusión y un testimonio clave.
La tercera jornada del juicio por el femicidio de Marina Da Silva (19) estuvo marcada por la singular presencia de dos hermanos gemelos como testigos, uno de los cuales aportó uno de los testimonios más relevantes del proceso hasta el momento, dado que ubicó al principal sospechoso del caso, Franco Jesús Ramos (28), junto a la víctima en cercanías al pozo donde finalmente apareció asesinada en diciembre de 2013, en Nemesio Parma.
Con un retraso de media hora, la audiencia de esta mañana comenzó a las 9 y el primer testigo en ser llamado a la sala fue Rafael Carlos Machado.
Fue el fiscal Vladimir Glinka quien comenzó el cuestionario, resaltando la importancia que significaba el posible aporte del testigo. La intención era que Rafael cuente ante las partes cómo fue el día que vio a Ramos junto a Marina Da Silva en un trillo ubicado en cercanías al pozo donde la muchacha apareció asesinada, tal lo declaró años atrás durante la etapa de investigación.
Sin embargo, desde un comienzo Rafael se mostró sorprendido por la situación e incluso señaló “nada de lo que dice ahí yo recuerdo haber dicho”.
En esa instancia, las partes comenzaron a desconfiar, más aún teniendo en cuenta que en la jornada de ayer hubo varios testigos con grises en sus declaraciones, contradicciones o “problemas de memoria”.
Pero la cuestión guardaba una singularidad. Y es que Rafael tiene un hermano gemelo, con un nombre idéntico pero con orden inverso y con un solo número de diferencia en el DNI. Ese era el testigo buscado por todos.
De esta manera, Carlos Rafael Machado, debió ser ubicado a las apuradas dado que ya se había retirado del Tribunal Penal Dos y afortunadamente fue localizado antes de llegar a su casa.
El hombre alcanzó a declarar en último turno y allí aportó el testimonio requerido.
Sin poder brindar una fecha exacta, estimó que fue “el fin de semana antes de Navidad” de 2013, “cerca de las 14”, cuando vio a Ramos con la víctima, que era su pareja en ese momento.
El fiscal Glinka junto al testigo clave y un mapa de la zona donde ocurrieron los hechos.
“Yo me iba a trabajar y ahí escuché el ruido del portón y la moto se enganchó el guardabarros con un alambre. La chica se bajó y desenganchó. Después se metieron para adentro”, declaró el Machado correcto.
Luego, el fiscal Glinka pidió que al testigo se le exhiba imágenes del alambre y el portón mencionado, los cuales Machado reconoció.
Según la explicación brindada, ese portón está ubicado sobre un trillo que conduce a una olería y mediante el cual también se accede al pozo de agua abandonado donde Marina Da Silva apareció asesinada de dos golpes en la cabeza y con su cuerpo maniatado de pies y manos.
En la continuidad de la jornada, declararon otros cuatro testigos, todos vecinos de Nemesio Parma, Campo Bauer, Cruz del Sur y otros barrios de la zona oeste de Posadas.
Los últimos pasos de Marina
En su mayoría, los testimonios se centraron en reconstruir los últimos movimientos de Marina y casi todos ubicaron a la joven con Ramos entre las 13 y 16 del 21 de diciembre de 2013, al igual que los testigos que declararon en las dos primeras jornadas del debate.
En ese sentido, Natalia Morel, vecina de la zona que le vendía productos de Avon a la víctima, recordó que ese día, a las 16, vio a Ramos y Marina andando en moto en dirección el barrio Cruz del Sur.
Luego aseguró que minutos después volvió a ver a Marina en otra moto y con otro sujeto que no alcanzó a reconocer circulando en la misma dirección. Afirmó, además, que a las 17 vio a Ramos volver con la hija que tenía junto a su pareja.
En ese instancia, los abogados defensores preguntaron si ese otro hombre que vio en la moto podía tratarse de Juan Ángel “Juancho” Portal (33), “amante” de Marina y otro de los imputados en la causa, aunque la testigo no pudo asegurarlo.
Los otros imputados, Pili Da Silva y Juancho Portal, hasta el momento no recibieron mayores menciones en las testimoniales.
Gabriela Costa, que vivía en una propiedad lindante a la casa donde Ramos convivía con la víctima, recordó que ese 21 de diciembre a las 14 vio al imputado llegar solo a su casa y luego salir con una bolsa transparente que, aparentemente, tenía pañales.
Adriana Martínez, a su vez, señaló que, ese mismo día, pero entre las 15.30 y las 16, vio a Marina llegar a la casa de Ramos en una motocicleta negra junto a una persona con gorra que no alcanzó a reconocer.
Tal como viene sucediendo, prácticamente en ninguna declaración si quiera se mencionó a Alejandro Daniel “Pili” Da Silva (36), tercer imputado en el expediente.
Según la hipótesis acusatoria planteada en el auto de elevación a juicio, el femicidio de la joven fue perpetrado entre las 19 del 21 de diciembre de 2013 y la madrugada siguiente, durante la fiesta de cumpleaños de Juancho Portal.
Sin embargo, de las catorce testimoniales recolectadas en las tres audiencias que van de juicio, no surgió ningún dato referido a la existencia de esa supuesta fiesta. Portal, en su indagatoria, afirmó que efectivamente había organizado la celebración pero la suspendió a última hora porque “quería pasar con mi hija”. Da Silva dijo que “ni se enteró” y Ramos señaló que no tenía más relación que lo laboral con sus consortes de causa.
Los tres están imputados por el delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de tres o más personas” y son pasibles de recibir una condena a prisión perpetua.
El debate continúa el próximo lunes, a partir de las 8.30, con más testimoniales. La sentencia podría conocerse el viernes 16.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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