Judiciales
Condenan a ex gendarme misionero por delitos de lesa humanidad en Jujuy
El ex gendarme misionero, Raúl José Borges do Canto (80), fue condenado a 24 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia Jujuy antes y durante la última dictadura militar, mientras cumplía funciones como jefe de sección.
Según los registros, Borges do Canto nació el 25 de abril de 1942 en Concepción de la Sierra, su último domicilio lo tiene radicado en la localidad bonaerense de Ituzaingó y actualmente está con prisión preventiva.
El misionero recibió su condena el viernes pasado, en el marco de un mega debate oral que se extendió durante cuatro años en el Tribunal Oral Federal de Jujuy y donde se juzgó la responsabilidad de 20 imputados en más de 300 delitos perpetrados en perjuicio de 121 personas antes, durante y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en las localidades de Libertador General San Martín, El Aguilar, Calilegua y Ledesma.
En ese contexto, Borges do Canto recibió 24 años de prisión al ser declarado responsable de los delitos de allanamiento ilegal agravado (4 hechos), privación ilegal de la libertad agravada (24) y tormentos agravados (23).
De acuerdo al alegato expuesto por el fiscal de juicio Federico Zurueta, al momento de los hechos, el misionero era segundo comandante de GNA y desde el 8 de enero 1975 hasta el 26 de octubre de 1976 cumplió funciones como jefe de la sección Mina Aguilar, ubicada en una zona del altiplano más cercana a La Quiaca y a la frontera con Bolivia que de la capital, San Salvador de Jujuy.
Para Zurueta, Borges do Canto “formó parte de la estructura represiva” y “participó en la articulación y ejecución de algunos procedimientos”, ya que era la máxima autoridad de la GNA en la localidad de El Aguilar, donde funcionaba una histórica mina a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.
En su exposición, realizada ya en mayo, el titular de la fiscalía hizo hincapié en una protesta obrera que se denominó el Aguilarazo, realizada en 1973, donde hubo enfrentamientos con la GNA e incluso se registró un trabajador fallecido.
En esa línea, Zurueta sostuvo que “no resulta para nada una casualidad que Borges do Canto haya llegado a la Mina El Alguilar” y agregó que “resulta claro que precisaban a una persona de estas características, que pudiera desarrollar estas tareas”.
El fiscal se refería a labores para conocer e identificar a trabajadores y sindicalistas que pudieran poner en riesgo los intereses de la empresa minera, según relevó Página 12 al cubrir la etapa de alegatos del juicio que comenzó en 2018.
De esta manera, se reconstruyó que entre el 24 y el 26 de marzo de 1976 efectivos de la Gendarmería detuvieron a 23 trabajadores de la mina utilizando las propias camionetas de la empresa, lo que también denotó la complicidad civil.
Esos prisioneros fueron trasladados luego a distintos lugares de detención, donde sufrieron vejámenes, torturas e incluso violaciones, en algunos casos.
Uno de los testimonios más contundentes emitidos contra el misionero fue el de Efraín Guzmán, que integraba la comisión directiva del Sindicato Obrero Mina Aguilar. El trabajador aseguró que Borges do Canto realizó tareas de inteligencia previa al golpe, queriendo asistir a las asambleas y demás acciones similares.
Junto al ex gendarme misionero, fueron condenados otros 19 acusados, cuatro de los cuales recibieron penas de prisión perpetua, entre ellos, Juan Carlos Tamayo, ex jefe de la Central de Inteligencia dependiente del Regimiento de Montaña 20 del Ejército, a quien la fiscalía consideró culpable de 15 homicidios agravados, entre otros delitos.
En el mismo fallo, el tribunal jujeño dispuso mantener la prisión preventiva para varios de los condenados, entre ellos para el misionero Borges do Canto. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 3 de marzo del año que viene.
Condena a Canto, lesa humanidad jujuy
FOTO PRINCIPAL: Hijos Jujuy.
Judiciales
Detienen a policía acusado de incitar una nueva revuelta en Posadas
Este lunes, por orden del Juzgado de Instrucción Tres, a cargo del magistrado Fernando Verón, fue detenido el oficial Diego C., quien en mayo pasado fue uno de los delegados del acampe policial que mantuvo en vilo al país, frente al Comando Radioeléctrico I. En esta oportunidad resultó “delatado” por uno de sus compañeros cuando habría estado organizando la toma de la Jefatura entre este martes 17 a la noche y el miércoles a la mañana.
Según informó el diario Primera Edición, la denuncia se hizo efectiva por un oficial de la Comisaría Décima quien dijo haber recibido un llamado telefónico de Diego invitándolo a participar de dicha protesta en el marco de un nuevo reclamo salarial, sobre el que el arrestado adelantó: “Van a venir móviles del interior y personal de Posadas”.
Según añadió el mismo diario posadeño, el efectivo de la comisaría Décima relató: “Me consultó si el día martes 17 de septiembre de 2024, en el horario de la noche, me encontraría de guardia en la comisaría Décima, a lo cual le contesto que no por lo que este me insiste para que cambie mi guardia para esa noche, tras responderle que tenía adicional y que no podía cambiar le consulto qué pasó, entonces este me dice textual tenemos una movida para el martes en la noche en la casa de Rovira, quiero saber si estás con la protesta o no a lo cual le respondo: ‘mira yo estoy de prestado en la Policía, por suerte volví, no me voy a meter en esas cosas’”.
La toma de la Jefatura estaba siendo organizada en el marco del rechazo, por parte de la “mesa de diálogo” a un 5% de aumento para los agentes de la fuerza, anunciado por el Gobierno el pasado viernes, frente a lo que Ramón Amarilla, uno de sus máximos referentes, remarcó: “Manifestaron que solo pueden ofrecer un 5% de incremento para septiembre, lo cual nos parece irrisorio y una burla”.
En diálogo con Misiones Cuatro, agregó: “Se olvidan que venimos atravesando esta situación desde el año 2023, cuando nunca se cerraron las paritarias y se perdió una cantidad significativa de dinero debido a la inflación”.
Por su parte, el denunciante de la toma se desligó de la medida de manera contundente: “Mirá Diego yo volví hace poco a la Policía, no quiero quilombos con nadie con suerte sigo siendo policía”, a lo cual el detenido le cortó la llamada. El camarada decidió informar la situación a sus superiores y radicar la denuncia en la fiscalía en turno de Adriana Marcela Verónica Herbociani.
En tanto, el magistrado Fernando Verón ordenó que se cumpla el arresto del efectivo con traslado a la Seccional Segunda y el secuestro del teléfono celular que ahora será peritado por técnicos de la Secretaria de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC).
Acuerdo de último momento y tras doce días levantan el acampe policial
Judiciales
El arma y las últimas escuchas al Negro Rojas en la décima jornada de juicio
La décima audiencia del juicio contra Néstor Fabián “El Negro” Rojas (47) consistió esta mañana en la reproducción, para su incorporación como prueba al proceso, de las últimas escuchas telefónicas efectuadas al sindicado narco-sicario misionero acusado de asesinar a un ex socio y de montar una empresa de narcotráfico llamada Primer Comando de Frontera (PCF).
En los casi 20 audios especialmente seleccionados por las partes, principalmente por el Ministerio Público Fiscal (MPF), encabezado por los fiscales Vivian Barbosa y Martín Uriona (Procunar), se oyen conversaciones donde el acusado ventila detalles de la organización y financiación de maniobras de narcotráfico, como así también efectúa amenazas hacia los investigadores que ya tenían sus líneas interceptadas.
“Paren en la estación de servicio de Montecarlo, que ahí tenemos que entrar a buscar algo” o “seguilo al Chevrolet porque hay que hacer un desvío porque hay un control”, “dale 15 al Polaco y mañana vamos a estar por ahí esperando el resto”, son algunas de las frases que se alcanza a escuchar en los audios atribuidos al Negro Rojas y enviados otros miembros de la banda con la cual alcanzó a mover más de once toneladas de marihuana y 32 kilos de cocaína en menos de un año.
Entre las interceptaciones reproducidas hoy se volvió a oír la conversación telefónica donde Rojas confiesa el asesinato de su ex socio Aldo Andrés Canteros, hecho por el cual el “capo narco” puede ser condenado a prisión perpetua.
“Nos jugó sucio, nos apretaron hoy entre cuatro… casi me mataron… ¿entendé?… le dí a él, le dí al compinche, a otro, no sé, a los que estaban ahí… me cayeron corte gorra viste… ¿entendé? Le volé la cabeza. No vayas a llamar más”, admite Rojas en ese audio que fue extraído de una conversación mantenida con su primo Eduardo Javier Martínez -hoy prófugo- el 5 de agosto de 2018 a las 23.07, horas después del crimen de Canteros.
La fiscalía también pidió que se leyera ante toda la sala fragmentos de un intercambio de mensajes de texto donde el sindicado narco-sicario actualmente preso en la cárcel federal de Marcos Paz amenaza a sus interlocutores trayendo a colación un viejo doble crimen del cual también está acusado.
“Te voy a despellejar vivo. Primero te voy a dar donde más te duele. Soy el Negro Rojas, papá. Vas a terminar como Vega”, consigna el mensaje leído. Vega era Sebastián, uno de los dos jóvenes ultimados a balazos en un ajuste narco perpetrado a fines de 2015 en la zona de El Acuerdo en Posadas.
Gemidos y amenazas
Pero eso no es todo. En la sala también se reprodujeron las últimas escuchas efectuadas contra el imputado, las cuales datan de 2018, cuando ya estaba preso en el penal de Ezeiza tras ser detenido por el asesinato de Aldo Canteros.
En esas circunstancias, el misionero estaba siendo investigado por continuar liderando actividades de narcotráfico y mientras mantenía sexo virtual con su novia advirtió que la línea estaba intervenida.
Y allí, entre los gemidos de su joven pareja, comenzó con sus amenazas a diestra y siniestra: “Están grabando manga de putos. Esos jueces. Esto recién empieza. Van a pagar por todo lo que hicieron, uno por uno. El peor error que tuvieron fue no haber matado”.
Apenas unos segundos después, reafirma sus dichos: “Se van a arrepentir de haber nacido. Cuando vean, graben bien, la sigla PCF, Primer Comando de Frontera, la van a tener marcada por el resto de sus vidas”.
Al culminar con los audios, la audiencia guardaba un trámite clave más y fue la exhibición ante las partes de la pistola Bersa calibre 9 milímetros utilizada para acribillar a Canteros, quien según la autopsia recibió cuatro disparos: en la pierna, en el abdomen, en la boca y en la cabeza.
También se procedió a la apertura de los sobres que contenían vainas servidas y la llave de un Renault Logan que habría sido el último vehículo utilizado por Rojas antes de escapar de Gobernador Roca tras perpetrar el crimen de su ex socio.
Para este lunes estaba previsto la declaración un último testigo. Se trataba del ex suegro de Canteros, aunque el hombre no se presentó a pesar de haber sido notificado por Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y su testimonio se postergó para la próxima audiencia, que se realizará el 26 de septiembre.
Después de ello se cree que el tribunal, presidido por el magistrados Víctor Alonso (Corrientes) e integrado por sus pares Fermín Ceroleni (Corrientes) y Enrique Bosch (Chaco), fije fecha para el inicio de la ronda de alegatos.
Judiciales
Prisión preventiva para Germán Kiczka: su defensa y las pruebas en contra
El magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dictaminó este mediodía el dictado de prisión preventiva contra el ex diputado provincial Germán Kiczka (44), quien de esta manera deberá continuar encarcelado en el marco de una causa por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi).
La máxima medida cautelar previo a la realización de un juicio oral se da 24 horas después de la ampliación de declaración indagatoria solicitada por el propio acusado, quien ante el mismo juez ayer se declaró inocente, admitiendo consumir pornografía, pero negando observar imágenes con menores involucrados.
La misma resolución alcanzaría en las próximas a su hermano Sebastián (47), cuya situación incluso podría ser agravada conforme los elementos de prueba que los peritos informáticos vienen acumulando desde el inicio de la compleja pesquisa 100% digital.
De esta manera, los hermanos continuarán alojados en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, presidio al cual fueron trasladados el 31 de agosto tras permanecer unas horas detenidos en diferentes celdas de la comisaría Segunda de Apóstoles.
El ahora ex legislador fue detenido el 28 de agosto, cuando sobre su espalda ya pesaba un pedido de captura internacional a Interpol. El implicado fue ubicado en un camping de la localidad correntina de Loreto, aunque al momento declarar negó haberse profugado, sino que se excusó su ausencia de la provincia por “un retiro espiritual”.
Su hermano, en tanto, cayó al día siguiente, en un paraje rural de Concepción de la Sierra. Estaba sucio, desorientado, deshidratado y sin un peso encima. “Era un linyera”, describieron quienes los capturaron.
Ambos están imputados en una causa que se disparó a fines de febrero, tras el hallazgo de 603 archivos Masi en una notebook que era propiedad de Germán Kiczka, pero que se encontraba en la casa de su padre, donde también residía su hermano Sebastián.
Tras el avance de la investigación, se hallaron más pruebas y la acusación que se le imputa al ex diputado en el dictado de su prisión preventiva es el hecho de “haber facilitado a personas no individualizadas alrededor de novecientos trece (913) archivos multimedia con contenido de explotación sexual infantil”.
Todo esto se encuadra como “tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil, calificado por tratarse de víctimas presuntamente menores de 13 años”, figura contemplada por el artículo 128, primer y quinto párrafo del Código Penal de la Nación, el cual prevé hasta ocho años de cárcel.
Su defensa vs las pruebas
Tras dos semanas preso, Germán Kiczka esta semana pidió declarar por primera vez y la indagatoria se llevó adelante el jueves a la mañana. Según indicaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia duró tres horas, aunque el imputado prácticamente se abstuvo a la mayoría de las preguntas formuladas por las autoridades judiciales.
En la ocasión, Kiczka admitió consumir pornografía y reconoció utilizar el programa E-Mule, pero rechazó que su búsqueda de material se concentre en menores de edad y también negó haber distribuido archivos de manera intencional.
Como explicación respecto a los archivos Masi hallados en sus aparatos informáticos el ex diputado argumentó que “las descargas se dan a ciegas. Uno no sabe lo que es hasta que descarga”.
Para la Justicia, nada de esto alcanza para rebatir las sospechas que recaen en su contra. Más aún teniendo en cuenta los elementos probatorios recolectados mediante peritajes informáticos, los cuales marcaron el hallazgo de un total de 913 archivos Masi y la presencia del programa E-Mule en las dos computadoras relacionadas al diputado, la Acer incautada el 28 de febrero en la casa de su padre y la Lenovo secuestrada el 6 de agosto en el allanamiento a su casa.
Además, los peritos detectaron conversaciones relacionadas al intercambio de material Masi en Telegram y envíos de archivos por Whatsapp.
Pero no es todo. También constataron que el 28 de febrero al mediodía, mientras la Policía Federal Argentina (PFA) allanaba la casa de su padre en el barrio Illía de Apóstoles, Kiczka se encontraba en Brasil y desde allí cambió el nombre de la carpeta Incoming, que se crea de forma automática al momento de la instalación del programa E-Mule para el almacenamiento de las descargas. Los detectives creen que esto fue una maniobra deliberada con la intención de no dejar rastros de su actividad.
En su declaración, el dirigente expulsado del partido Activar también intentó desligarse de la notebook Acer secuestrada en la casa de su padre y hermano, argumentando que la dejó de usar en 2019 y que solo utilizaba de manera esporádica cuando visitaba la vivienda familiar.
Sin embargo, esto también se contradice con la prueba. El aparato no solo que tenía registrado tanto su nombre de su usuario, como su email y un backup de archivos y facturas a su nombre, sino que en el análisis de todos los dispositivos incautados también se hallaron dos fotografías de 2023 que lo muestran a él junto a las dos notebooks secuestradas dentro de la oficina que el ex legislador ocupaba como comisionista de Cigarros Misioneros, empresa propiedad de la familia Puerta.
En base a todos estos elementos, es que el juez Faría decidió dictaminar la prisión preventiva contra el imputado, quien de esta manera continuará quemando sus días y noches en una celda de la UP VIII. Mismo futuro le depara a su hermano.
*FOTO PRINCIPAL: Canal 12 – Marcos Otaño.
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