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Condenan a ex gendarme misionero por delitos de lesa humanidad en Jujuy

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El ex gendarme misionero, Raúl José Borges do Canto (80), fue condenado a 24 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia Jujuy antes y durante la última dictadura militar, mientras cumplía funciones como jefe de sección.

Según los registros, Borges do Canto nació el 25 de abril de 1942 en Concepción de la Sierra, su último domicilio lo tiene radicado en la localidad bonaerense de Ituzaingó y actualmente está con prisión preventiva.

El misionero recibió su condena el viernes pasado, en el marco de un mega debate oral que se extendió durante cuatro años en el Tribunal Oral Federal de Jujuy y donde se juzgó la responsabilidad de 20 imputados en más de 300 delitos perpetrados en perjuicio de 121 personas antes, durante y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en las localidades de Libertador General San Martín, El Aguilar, Calilegua y Ledesma.

En ese contexto, Borges do Canto recibió 24 años de prisión al ser declarado responsable de los delitos de allanamiento ilegal agravado (4 hechos), privación ilegal de la libertad agravada (24) y tormentos agravados (23).

De acuerdo al alegato expuesto por el fiscal de juicio Federico Zurueta, al momento de los hechos, el misionero era segundo comandante de GNA y desde el 8 de enero 1975 hasta el 26 de octubre de 1976 cumplió funciones como jefe de la sección Mina Aguilar, ubicada en una zona del altiplano más cercana a La Quiaca y a la frontera con Bolivia que de la capital, San Salvador de Jujuy.

Para Zurueta, Borges do Canto “formó parte de la estructura represiva” y “participó en la articulación y ejecución de algunos procedimientos”, ya que era la máxima autoridad de la GNA en la localidad de El Aguilar, donde funcionaba una histórica mina a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

En su exposición, realizada ya en mayo, el titular de la fiscalía hizo hincapié en una protesta obrera que se denominó el Aguilarazo, realizada en 1973, donde hubo enfrentamientos con la GNA e incluso se registró un trabajador fallecido.

En esa línea, Zurueta sostuvo que “no resulta para nada una casualidad que Borges do Canto haya llegado a la Mina El Alguilar” y agregó que “resulta claro que precisaban a una persona de estas características, que pudiera desarrollar estas tareas”.

El fiscal se refería a labores para conocer e identificar a trabajadores y sindicalistas que pudieran poner en riesgo los intereses de la empresa minera, según relevó Página 12 al cubrir la etapa de alegatos del juicio que comenzó en 2018.

El debate oral se realizó en Jujuy y se extendió durante cuatro años. FOTO: Télam.

De esta manera, se reconstruyó que entre el 24 y el 26 de marzo de 1976 efectivos de la Gendarmería detuvieron a 23 trabajadores de la mina utilizando las propias camionetas de la empresa, lo que también denotó la complicidad civil.

Esos prisioneros fueron trasladados luego a distintos lugares de detención, donde sufrieron vejámenes, torturas e incluso violaciones, en algunos casos.

Uno de los testimonios más contundentes emitidos contra el misionero fue el de Efraín Guzmán, que integraba la comisión directiva del Sindicato Obrero Mina Aguilar. El trabajador aseguró que Borges do Canto realizó tareas de inteligencia previa al golpe, queriendo asistir a las asambleas y demás acciones similares.

Junto al ex gendarme misionero, fueron condenados otros 19 acusados, cuatro de los cuales recibieron penas de prisión perpetua, entre ellos, Juan Carlos Tamayo, ex jefe de la Central de Inteligencia dependiente del Regimiento de Montaña 20 del Ejército, a quien la fiscalía consideró culpable de 15 homicidios agravados, entre otros delitos.

En el mismo fallo, el tribunal jujeño dispuso mantener la prisión preventiva para varios de los condenados, entre ellos para el misionero Borges do Canto. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 3 de marzo del año que viene.

Los imputados oyendo la sentencia a través de dispositivos telemáticos. FOTOS: fiscales.gob.ar

 

Condena a Canto, lesa humanidad jujuy

FOTO PRINCIPAL: Hijos Jujuy.


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Detenido por asesinar al padre en Dos Hermanas guardó silencio y fue imputado

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Dos hermanas parricidio

El hombre detenido desde el viernes por el asesinato a puñaladas de su padre Agustín Figueroa (73) en la localidad de Dos Hermanas se abstuvo de declarar hoy ante la Justicia y fue imputado bajo una figura que prevé una pena de prisión perpetua.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el implicado de 32 años fue trasladado esta mañana hasta el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, donde debía comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante Ariel Belda Palomar, magistrado que lleva adelante la investigación del parricidio.

En esa instancia, las fuentes añadieron que el detenido designó abogado defensor oficial, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, figura contemplada por el artículo 80, inciso 1, del Código Penal, el cual prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado responsable en un futuro debate oral.

Tras la audiencia, el hombre identificado como Neri Ramón Figueroa (32) volvió a ser trasladado a una celda policial donde continuará detenido mientras avance la instrucción de la causa en su contra.

Crimen y confesión en comisaría

El hecho que se investiga se registró en la mañana del viernes pasado, en una vivienda de Dos Hermanas, donde luego de una discusión con uno de sus hijos Agustín Figueroa (73) fue ultimado a puñaladas.

El crimen se descubrió en virtud de que el propio acusado se dirigió hacia la comisaría local y relató que minutos antes había discutido y agredido a estocadas a su padre. Para cuando los efectivos llegaron al lugar la víctima ya no presentaba signos vitales.

En la escena los investigadores dieron con el cuchillo que habría sido utilizada como arma homicida, entre otras pruebas que comprometerían aun más al único sospechoso.

“Él siempre atentó contra la familia, incluso ya había atentado contra mis dos hermanas. Él siempre amenazaba y ya le había amenazado a mi papá que quería plata. Mi papá nos comentó eso a mí y a mis hermanos pero nunca pensamos que iba a pasar esto”, narró al respecto Antonio Figueroa, hija de la víctima y hermana del acusado, en diálogo con El Territorio.

“Papá le ayudaba con plata, con los medicamentos, con mercadería. Él estuvo seis meses internado y mi papá lo cuidó porque tuvo un accidente. Siempre mi papá estuvo a la par de él. Es por eso que no podemos entender por qué hizo esto si mi papá siempre lo ayudó y lo apoyó”, añadió.


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El juicio por el caso D’Amico en Oberá pasó para el 1 de julio

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D'Amico

Finalmente, el juicio oral por el asesinato del preventista cárnico Nicolás D’Amico (35) duró tan solo unos pocos minutos esta mañana en virtud de un planteo de intereses contrapuestos entre los principales acusados y, de esta manera, se dispuso un cuarto intermedio hasta el 1° de julio.

El debate tuvo su inicio en el Palacio de Justicia de Oberá, ante los magistrados del Tribunal Penal Uno de la Capital del Monte, pero al poco tiempo Matías Olivera, defensor oficial de cuatro imputados, pidió la palabra y advirtió que entre los implicados que asesora hay intereses contrapuestos que podrían generar inconvenientes al devenir del proceso e incluso derivar en una nulidad del juicio.

“En el requerimiento de elevación a juicio leído en esta sala está expuesto que los hermanos Benegas y Gutiérrez se acusan entre sí (dos están imputados como autores materiales del crimen y dos por encubrimiento) y la defensa de todos es la misma, siendo eso incoherente. Si continuamos hasta podría incurrir en un delito“, sostuvo Olivera, según publicó el diario El Territorio.

El defensor hizo alusión a los imputados Diego Ramón Benegas (40), dueño del abasto donde se perpetro el crimen; Jonathan Emanuel Gutiérrez, uno de sus empleados; Gustavo Germán Benegas (36) y Diego Orlando Gutiérrez (33).

Los dos primeros están sindicados como autores del asesinato y enfrentan los cargos más severos por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y en concurso premeditado de agentes”, mientras que los dos restantes están imputados por “encubrimiento agravado”. En la causa hay otros tres acusados. 

Tras el planteo, el tribunal integrado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Villalba decidieron disponer de un cuarto intermedio hasta el 1 de julio.

En este lapso, los hermanos Benegas deberán designar nuevos abogados defensores ya que Olivera afirmó que continuará con el patrocinio de los Gutiérrez.

Según el expediente, D’Amico fue asesinado a fierrazos dentro de una carnicería de Oberá y su cadáver fue incinerado en el interior del baúl de su auto en cercanías a un teal del paraje El Chatón, en Alem. El hecho ocurrió a fines de 2015.

FOTO: El Territorio.

Golpeado e incinerado: comenzó el juicio por el crimen de D’Amico en Oberá


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Golpeado e incinerado: comenzó el juicio por el crimen de D’Amico en Oberá

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d'amico

Esta mañana, en el Palacio de Justicia de Oberá, comenzó el juicio oral contra siete imputados en el expediente que investiga el crimen del bonaerense Nicolás D’Amico (35), quien según lo reconstruido en 2015 fue asesinado a fierrazos en un abasto de la Capital del Monte y luego incinerado dentro de su automóvil en el paraje El Chatón de Leandro N. Alem.

El debate se realizará ante el Tribunal Penal Uno de Oberá, se extenderá a lo largo de cuatro jornadas y fueron citados un total de 43 testigos. Los imputados llegaron a esta instancia en libertad, con diferentes grados de acusación.

Los principales implicados son Diego Ramón Benegas (40), dueño del abasto donde se perpetró el crimen, y Jonathan Emanuel Gutiérrez (31), uno de sus empleados, quienes están acusados por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y en concurso premeditado de agentes”, figura ante la cual son pasibles de recibir una pena de prisión perpetua.

Nicolás D’Amico tenía 35 años y era empleado de un frigorífico de Lobos, provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Gustavo Germán Benegas (36), Gustavo Ramón García (32) y Diego Orlando Gutiérrez (33) están acusados de “encubrimiento agravado”, mientras que Guillermo Andrés Burkiewicz (35) y Guillermo Sebastián Rockenbach (35) enfrentan cargos por “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y entrega de arma de fuego a quien no acredita la condición de legítimo usuario”.

La pesquisa trazada, con intervención determinante del personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), estableció que el 21 de octubre de 2015 D’Amico fue ultimado a fierrazos dentro del abasto La Rueda de Oberá y posteriormente su cuerpo fue trasladado en su Volkswagen Bora hasta El Chatón, donde fue rociado con combustible e incinerado.

La principal sospecha es que Diego Benegas y Jonathan Gutiérrez fueron quienes propinaron la golpiza mortal, con el objetivo de evadir una deuda de 350.000 pesos que la víctima pretendía cobrar como empleado de un frigorífico bonaerense.

El resto de los implicados aparecen bajo la lupa por colaborar tanto en el traslado del cadáver como en limpiar el escenario del crimen, aunque las pericias de la Saic de igual manera permitieron reconstruir lo sucedido.

Pericias de la Saic establecieron que el crimen fue perpetrado dentro del abasto La Rueda de Oberá.


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