Policiales
“Kolyno” Jara: “En el penal nunca fui a misa porque no maté a nadie”
Recuperó la libertad, tras 17 años en prisión. Fue condenado con Cristina Vázquez y Cecilia Rojas. Pero la Corte los absolvió.
“Mientras estuve en prisión, nuca fui a la iglesia a rezar porque no tengo de que arrepentirme, no maté a nadie”, afirmó Ricardo Omar “Kolyno” Jara durante una entrevista, al recuperar su libertad luego de pasar 17 años en un presidio.
Fue el principal acusado por el crimen de Ersélide Dávalos, ocurrido el 27 de julio de 2001 en su casa del barrio El Palomar, en Posadas, con Cristina Vázquez y Cecilia Rojas, y este miércoles se decidió a hablar con la prensa.
Vázquez se suicidó el pasado 26 de septiembre y Rojas trabaja en la Comisión Provincial por la Prevención de la Tortura. La primera pasó once años en prisión y la segunda, 14, por la misma causa que Jara.
Las dos mujeres salieron en libertad a fines de diciembre del año pasado por un fallo de la Suprema Corte de Justicia que dejó sin efecto sus condenas por gruesos errores en el proceso judicial en su contra y en la intervención de la Corte provincial
Insólitamente, el pronunciamiento del máximo órgano judicial del país, no tuvo en cuenta a Jara en su decisión, ya que el trámite se había iniciado únicamente a nombre de sus compañeras de causa.
Ahora, por los antecedentes mencionados, él también se vio beneficiado, aunque el beneficio le llegó recién al segundo día de una huelga de hambre que comenzó para reclamar que su situación fuera contemplada en el mismo marco y que le otorgaran la libertad.
“No tuve nada que ver”
En una entrevista con el canal Noticias del Seis, por primera vez “Kolyno” habló del caso, de la condena y de sus vivencias en prisión, pero en reiteradas ocasiones durante la charla se preocupó por negar toda vinculación con el hecho.
“Yo tuve una relación con una de las chicas, con Cecilia Rojas. Éramos como novios. Fui varias veces a buscarle; vivía del Comando (Radioeléctrico policial) hacia adentro, por Félix Aguirre. Cuando me di cuenta de las cosas, me estaban buscando por un robo calificado y un homicidio”, dijo.
Fue el comienzo de sus penurias. “No entendí nada. Yo tengo antecedentes por robo, no voy a negar nunca, pero que haya ejercido violencia o haya lastimado a una persona, no”, señaló.
Puso distancia entre sus andanzas marginales con que “acá se trata de un crimen; la alarma no fue forzada y ningún lugar de la casa fue violentada. Tengo causas menores, pero no soy una persona peligrosa. Inclusive no tengo una condena hasta ese momento que me relacionan con el homicidio, me detienen y me condenan”.
Con relación a las joyas de la víctima que supuestamente él se había encargado de intentar venderlas, dijo en forma tajante que no era verdad. “La causa fue armada. En realidad, no hay una prueba científica que me vincule con el hecho” en el crimen, dijo en tiempo presente, como en toda la entrevista.
En el expediente “no hay algo que diga que entré o salí (del escenario del crimen). No son mis huellas, no es mi sangre, no es mi ADN, ni de las chicas porque los tres fuimos a las pruebas”, expresó. Luego admitió haber visto “unas cuantas veces” a Vázquez, pero “no conocí a su familia, ellos no me conocen ni yo tampoco”.
Días de detención
En otro tramo, Jara fue consultado acerca de los lugares de detención donde estuvo en las tres ocasiones en que perdió la libertad, en el mismo proceso, como la Alcaidía de Prevenidos, al lado de la comisaría Seccional Primera, hasta que lo derivaron condenado al penal de Loreto.
En los 17 años que estuvo detenido “he visto cambiar al Presidente (de la Nación) cuatro veces, he visto cuatro Mundiales (de fútbol). Cuando ingresé, solamente había cartas (como medio de comunicación)”, recordó.
Después llegaron los adelantos como los celulares con mensajes y llamadas, Internet, WhatsApp, Facebook, citó, todo lo cual “fui viviendo y me actualicé”. Pero dio muestras de entereza al señalar que no había pasado por momentos de desolación.
“A pesar de que mi madre se enfermó, mi familia siempre me apoyó en forma incondicional. Le decía: ‘Mamá, algún día se va a saber esto y voy a salir; yo duermo tranquilo porque en esta causa no tengo nada que ver”, recordó que le decía s su progenitora.
Al final, jara fue preguntado si sintió la necesidad espiritual de acercarse a la religión, a Dios, y afirmó sin dudarlo: “Soy una persona inocente. Cómo voy a ir a la iglesia a arrepentirme si yo no hice nada. Soy inocente. Durante todos los años no tengo registros de que haya ido a la iglesia dentro de la cárcel, pero este fin de semana lo voy a hacer porque lo siento. Voy a dar gracias”, dijo.
El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el apartamiento de Carlos Alberto Heppner, quien se desempeñaba como director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ámbito de la Subsecretaría del Adulto Mayor, luego de que su nombre quedara incorporado en la investigación judicial por una estafa piramidal.
La medida se conoció mientras avanza la causa que investiga un esquema de inversiones denunciado por varios damnificados, en el que se habrían ofrecido retornos económicos elevados a partir de supuestas operaciones comerciales vinculadas a exportaciones e importaciones. Según fuentes consultadas, Heppner aparece mencionado dentro del expediente y habría tenido participación en la operatoria investigada.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la maniobra consistía en captar fondos con promesas de ganancias semanales y mensuales por encima de los valores habituales del mercado. Durante los primeros meses se habrían concretado pagos parciales, pero luego comenzaron los incumplimientos y reclamos por falta de devolución del dinero invertido.
En el marco de la causa, en los últimos días también se realizaron nuevos procedimientos en Posadas, entre ellos un operativo en el barrio Itaembé Guazú donde fueron detenidas dos personas vinculadas al entorno del principal acusado, conocido como Charly. En esos allanamientos se secuestraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
La investigación judicial continúa enfocada en el análisis de movimientos financieros y en el circuito de fondos utilizado para canalizar los aportes de los inversores, mientras no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.
Luego de que Geremías D. S (69) arrastrara a un perro atado a su moto en marcha y sea filmado por un transeúnte, lo que derivó en un operativo policial que capturó al hombre, la agrupación proteccionista “Patas Sucias” formalizó la denuncia enmarcada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato animal.
En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar que el perro presentaba resistencia mientras el hombre a bordo de la moto avanzaba lentamente para pasarlo de un lado a otro de la ruta 210 de San Ignacio.
El hecho provocó un rápido repudio social y, tras la llegada de efectivos policiales que concretaron la detención del hombre y el resguardo del animal, una mujer de 26 años, integrante de la agrupación proteccionista Patas Sucias, radicó la denuncia correspondiente.
Según consta en la presentación, el acusado identificado como Geremías D. S, “había sido visto mientras arrastraba a un perro atado con una soga a una motocicleta, provocándole sufrimientos innecesarios”.
Por disposición del Juzgado de Paz local, la denuncia fue incorporada al sumario contravencional en curso en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.
Puntualmente, esta normativa nacional penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales, considerándolos víctimas y no solo propiedad.
Al mismo tiempo, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad, incluyendo el abandono, la falta de alimento y la tortura.
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El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.
Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.
La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.
La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.
En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.
Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.
Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.
Un gendarme a juicio
Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.
Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.
La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.
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