Policiales
“Kolyno” Jara: “En el penal nunca fui a misa porque no maté a nadie”
Recuperó la libertad, tras 17 años en prisión. Fue condenado con Cristina Vázquez y Cecilia Rojas. Pero la Corte los absolvió.
“Mientras estuve en prisión, nuca fui a la iglesia a rezar porque no tengo de que arrepentirme, no maté a nadie”, afirmó Ricardo Omar “Kolyno” Jara durante una entrevista, al recuperar su libertad luego de pasar 17 años en un presidio.
Fue el principal acusado por el crimen de Ersélide Dávalos, ocurrido el 27 de julio de 2001 en su casa del barrio El Palomar, en Posadas, con Cristina Vázquez y Cecilia Rojas, y este miércoles se decidió a hablar con la prensa.
Vázquez se suicidó el pasado 26 de septiembre y Rojas trabaja en la Comisión Provincial por la Prevención de la Tortura. La primera pasó once años en prisión y la segunda, 14, por la misma causa que Jara.
Las dos mujeres salieron en libertad a fines de diciembre del año pasado por un fallo de la Suprema Corte de Justicia que dejó sin efecto sus condenas por gruesos errores en el proceso judicial en su contra y en la intervención de la Corte provincial
Insólitamente, el pronunciamiento del máximo órgano judicial del país, no tuvo en cuenta a Jara en su decisión, ya que el trámite se había iniciado únicamente a nombre de sus compañeras de causa.
Ahora, por los antecedentes mencionados, él también se vio beneficiado, aunque el beneficio le llegó recién al segundo día de una huelga de hambre que comenzó para reclamar que su situación fuera contemplada en el mismo marco y que le otorgaran la libertad.
“No tuve nada que ver”
En una entrevista con el canal Noticias del Seis, por primera vez “Kolyno” habló del caso, de la condena y de sus vivencias en prisión, pero en reiteradas ocasiones durante la charla se preocupó por negar toda vinculación con el hecho.
“Yo tuve una relación con una de las chicas, con Cecilia Rojas. Éramos como novios. Fui varias veces a buscarle; vivía del Comando (Radioeléctrico policial) hacia adentro, por Félix Aguirre. Cuando me di cuenta de las cosas, me estaban buscando por un robo calificado y un homicidio”, dijo.
Fue el comienzo de sus penurias. “No entendí nada. Yo tengo antecedentes por robo, no voy a negar nunca, pero que haya ejercido violencia o haya lastimado a una persona, no”, señaló.
Puso distancia entre sus andanzas marginales con que “acá se trata de un crimen; la alarma no fue forzada y ningún lugar de la casa fue violentada. Tengo causas menores, pero no soy una persona peligrosa. Inclusive no tengo una condena hasta ese momento que me relacionan con el homicidio, me detienen y me condenan”.
Con relación a las joyas de la víctima que supuestamente él se había encargado de intentar venderlas, dijo en forma tajante que no era verdad. “La causa fue armada. En realidad, no hay una prueba científica que me vincule con el hecho” en el crimen, dijo en tiempo presente, como en toda la entrevista.
En el expediente “no hay algo que diga que entré o salí (del escenario del crimen). No son mis huellas, no es mi sangre, no es mi ADN, ni de las chicas porque los tres fuimos a las pruebas”, expresó. Luego admitió haber visto “unas cuantas veces” a Vázquez, pero “no conocí a su familia, ellos no me conocen ni yo tampoco”.
Días de detención
En otro tramo, Jara fue consultado acerca de los lugares de detención donde estuvo en las tres ocasiones en que perdió la libertad, en el mismo proceso, como la Alcaidía de Prevenidos, al lado de la comisaría Seccional Primera, hasta que lo derivaron condenado al penal de Loreto.
En los 17 años que estuvo detenido “he visto cambiar al Presidente (de la Nación) cuatro veces, he visto cuatro Mundiales (de fútbol). Cuando ingresé, solamente había cartas (como medio de comunicación)”, recordó.
Después llegaron los adelantos como los celulares con mensajes y llamadas, Internet, WhatsApp, Facebook, citó, todo lo cual “fui viviendo y me actualicé”. Pero dio muestras de entereza al señalar que no había pasado por momentos de desolación.
“A pesar de que mi madre se enfermó, mi familia siempre me apoyó en forma incondicional. Le decía: ‘Mamá, algún día se va a saber esto y voy a salir; yo duermo tranquilo porque en esta causa no tengo nada que ver”, recordó que le decía s su progenitora.
Al final, jara fue preguntado si sintió la necesidad espiritual de acercarse a la religión, a Dios, y afirmó sin dudarlo: “Soy una persona inocente. Cómo voy a ir a la iglesia a arrepentirme si yo no hice nada. Soy inocente. Durante todos los años no tengo registros de que haya ido a la iglesia dentro de la cárcel, pero este fin de semana lo voy a hacer porque lo siento. Voy a dar gracias”, dijo.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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