Judiciales
Ex jefe de GNA implicado en megacausa de contrabando de granos seguirá preso
La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el rechazo al pedido de excarcelación presentado por la defensa de Marco Antonio Duette, ex jefe del Escuadrón 9 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA). De esta manera, el ex uniformado involucrado en una megacausa por contrabando de granos deberá continuar detenido mientras avanza el expediente, que está próximo a ser elevado a juicio.
De la decena de imputados que tiene el caso, Duette es uno de los pocos que permanece privado de su libertad desde el operativo desplegado en noviembre de 2021. Actualmente, se encuentra alojado en una división de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la ciudad de Rosario, Santa Fe, y su defensa solicitó en varias oportunidades su excarcelación.
Uno de esos pedidos fue rechazado por el Juzgado Federal de Oberá, que lleva adelante la pesquisa del caso, y la resolución fue apelada por la defensa del ex uniformado, tras lo cual debió intervenir la Cámara de Apelaciones, que ahora ratificó lo resuelto en instancia previa.
En su planteo, la defensa de Duette sostiene que hay “arbitrariedad” contra el implicado y plantea que no hay indicios que hagan suponer un riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación en caso de que el hombre recupere su libertad. Incluso, agrega que tampoco hay pruebas directas que lo vinculen con los hechos investigados.
La presentación fue analizada en primera instancia por la fiscalía de la Cámara, cuyo representante opinó que correspondía confirmar el rechazo del planteo, al considerar que Duette, en su carácter de miembro de un fuerza de seguridad, tiene la posibilidad de “entorpecer el curso de la investigación” y puso en relieve los “compromisos internacionales” asumidos en Argentina para la lucha contra la corrupción.
En ese marco, el Tribunal también analizó el planteo y ya al comienzo calificó la nueva presentación como una “reedición de planteos”.
“En las condiciones expuestas, la mera insistencia en una postura que se erige sobre idénticos argumentos que han recibido respuesta jurisdiccional al tamiz de las garantías constitucionales, torna inoficioso su tratamiento”, consigna un párrafo de la resolución firmada el jueves y publicada en las últimas horas en la web del Centro de Información Judicial (CIJ).
Respuesta negativa
En la respuesta al planteo, los magistrados de la Cámara consideran acreditado que Duette “constituyó uno de los principales eslabones en la dinámica de los hechos una vez que los camiones que transportaban granos ingresaban a la provincia en las condiciones comprobadas en autos”.
El ex uniformado está imputado por una multiplicidad de delitos entre los que se destacan asociación ilícita, contrabando agravado, defraudación contra la administración pública, cohecho, lavado de activos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A Duette se lo acusa, principalmente, de liberar rutas para que los camiones cargados con granos de contrabando pudieran de manera tranquila a las costas del río Uruguay para luego ser cruzadas ilegalmente a Brasil.
Todas esas cargas, estima la investigación, eran propiedad de Santiago Marino (54), dueño de un imponente emprendimiento turístico ubicado sobre la ruta provincial 2, en la localidad de Florentino Ameghino. El hombre está imputado como el “organizador” de la asociación ilícita y en octubre obtuvo la excarcelación tras cubrir una caución de 20 millones de pesos.
En el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones, los magistrados intervinientes expusieron como prueba una serie de transcripciones telefónicas donde -según ellos- se evidencia la complicidad de Duette con Marino para liberar rutas o tomar represalias con subalternos que complicaban la operación con procedimientos.
En una de esas escuchas, surge que Duette tenía dos camiones retenidos y antes de avanzar consultó con Marino si eran suyos o no.
El sindicado organizador de la asociación ilícita respondió que no y le envió al uniformado los datos de los camiones que sí correspondían a su flota, con los datos precisos para que pudieran pasar controles sin ser demorados.
“Ya te paso la info AFIP…así tenés los datos correctos, los míos van a Colonia Aurora nunca al Soberbio la carta, mi planta está en ruta 221 y ruta costera 2 Alicia Alta, y yo tengo los míos pero no son esas patentes”, envió Marino y Duette respondió: “Excelente, me quedo tranquilo entonces”, según consta en el documento.
Ante todo lo expuesto, el Tribunal de alzada consideró, en primer lugar, que no hay arbitrariedad contra el imputado y que existe riesgo procesal en caso de otorgarle la libertad al ex uniformado, principalmente en relación que todavía resta convocar a algunos testigos para que presten declaración.
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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