Judiciales
Ex jefe de GNA implicado en megacausa de contrabando de granos seguirá preso
La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el rechazo al pedido de excarcelación presentado por la defensa de Marco Antonio Duette, ex jefe del Escuadrón 9 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA). De esta manera, el ex uniformado involucrado en una megacausa por contrabando de granos deberá continuar detenido mientras avanza el expediente, que está próximo a ser elevado a juicio.
De la decena de imputados que tiene el caso, Duette es uno de los pocos que permanece privado de su libertad desde el operativo desplegado en noviembre de 2021. Actualmente, se encuentra alojado en una división de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la ciudad de Rosario, Santa Fe, y su defensa solicitó en varias oportunidades su excarcelación.
Uno de esos pedidos fue rechazado por el Juzgado Federal de Oberá, que lleva adelante la pesquisa del caso, y la resolución fue apelada por la defensa del ex uniformado, tras lo cual debió intervenir la Cámara de Apelaciones, que ahora ratificó lo resuelto en instancia previa.
En su planteo, la defensa de Duette sostiene que hay “arbitrariedad” contra el implicado y plantea que no hay indicios que hagan suponer un riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación en caso de que el hombre recupere su libertad. Incluso, agrega que tampoco hay pruebas directas que lo vinculen con los hechos investigados.
La presentación fue analizada en primera instancia por la fiscalía de la Cámara, cuyo representante opinó que correspondía confirmar el rechazo del planteo, al considerar que Duette, en su carácter de miembro de un fuerza de seguridad, tiene la posibilidad de “entorpecer el curso de la investigación” y puso en relieve los “compromisos internacionales” asumidos en Argentina para la lucha contra la corrupción.
En ese marco, el Tribunal también analizó el planteo y ya al comienzo calificó la nueva presentación como una “reedición de planteos”.
“En las condiciones expuestas, la mera insistencia en una postura que se erige sobre idénticos argumentos que han recibido respuesta jurisdiccional al tamiz de las garantías constitucionales, torna inoficioso su tratamiento”, consigna un párrafo de la resolución firmada el jueves y publicada en las últimas horas en la web del Centro de Información Judicial (CIJ).
Respuesta negativa
En la respuesta al planteo, los magistrados de la Cámara consideran acreditado que Duette “constituyó uno de los principales eslabones en la dinámica de los hechos una vez que los camiones que transportaban granos ingresaban a la provincia en las condiciones comprobadas en autos”.
El ex uniformado está imputado por una multiplicidad de delitos entre los que se destacan asociación ilícita, contrabando agravado, defraudación contra la administración pública, cohecho, lavado de activos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A Duette se lo acusa, principalmente, de liberar rutas para que los camiones cargados con granos de contrabando pudieran de manera tranquila a las costas del río Uruguay para luego ser cruzadas ilegalmente a Brasil.
Todas esas cargas, estima la investigación, eran propiedad de Santiago Marino (54), dueño de un imponente emprendimiento turístico ubicado sobre la ruta provincial 2, en la localidad de Florentino Ameghino. El hombre está imputado como el “organizador” de la asociación ilícita y en octubre obtuvo la excarcelación tras cubrir una caución de 20 millones de pesos.
En el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones, los magistrados intervinientes expusieron como prueba una serie de transcripciones telefónicas donde -según ellos- se evidencia la complicidad de Duette con Marino para liberar rutas o tomar represalias con subalternos que complicaban la operación con procedimientos.
En una de esas escuchas, surge que Duette tenía dos camiones retenidos y antes de avanzar consultó con Marino si eran suyos o no.
El sindicado organizador de la asociación ilícita respondió que no y le envió al uniformado los datos de los camiones que sí correspondían a su flota, con los datos precisos para que pudieran pasar controles sin ser demorados.
“Ya te paso la info AFIP…así tenés los datos correctos, los míos van a Colonia Aurora nunca al Soberbio la carta, mi planta está en ruta 221 y ruta costera 2 Alicia Alta, y yo tengo los míos pero no son esas patentes”, envió Marino y Duette respondió: “Excelente, me quedo tranquilo entonces”, según consta en el documento.
Ante todo lo expuesto, el Tribunal de alzada consideró, en primer lugar, que no hay arbitrariedad contra el imputado y que existe riesgo procesal en caso de otorgarle la libertad al ex uniformado, principalmente en relación que todavía resta convocar a algunos testigos para que presten declaración.
La Justicia de Misiones estableció nuevas fechas para el juicio contra los docentes y sindicalistas, Leandro Sánchez y Mónica Gurina, quienes están acusados de “desobediencia judicial” y “obstrucción del libre tránsito” por su participación en la protesta multisectorial sobre la avenida Uruguay de Posadas, entre mayo y junio de 2024.
El debate oral se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre, luego de que el inicio previsto para el 15 de octubre fuera suspendido a pedido de la defensa y de diversas organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar un espacio con mayor capacidad para la asistencia del público.
La Justicia hizo lugar al pedido de la defensa, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, y dispuso que las audiencias se realicen en el Palacio de Justicia de Misiones, desde las 8.
Sánchez, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (Utem), y Gurina, secretaria general de la CTA Misiones, son referentes del sector docente y sostienen que el proceso judicial en su contra representa un intento de “criminalizar la protesta social”.
Docentes llevados a juicio reclamarán su absolución en el Congreso
En la antesala de los alegatos que comenzarán mañana, el Tribunal Penal Dos de Posadas dispuso hoy que los seis ex policías imputados por la muerte del albañil Carlos Raúl Guirula (34) aguarden el dictado de la sentencia privados de su libertad.
A través de su presidente Gregorio Busse, el tribunal que también lo integran los jueces Fernando Verón y Miguel Mattos, comunicó que la decisión obedece a un “medida meramente administrativa para garantizar el proceso” y sostuvo que la disposición no equivale a una prisión preventiva sino a un “arresto preventivo”.
El fiscal Vladimir Glinka acompañó la postura, mientras que las defensas se opusieron e incluso el letrado Federico Tilli planteó un recurso de revocatoria que fue rechazado por el tribunal tras un breve cuarto intermedio.
De esta manera, los seis imputados fueron esposados y trasladados a unidades penitenciarias donde quedarán alojados hasta el dictado de la sentencia, resolución que podría darse este viernes.
Como paso previo se dará inicio mañana la ronda de alegatos, donde el primero en exponer será el fiscal Glinka, quien ya adelantó que tiene por probada su teoría del caso y podría solicitar duras penas para los imputados.
La causa tiene siete imputados por “tortura seguida de muerte y ocultamiento de pruebas”, figura bajo la cual pueden ser recibir prisión perpetua. Los acusados son Lourdes Beatriz Tabarez (42); Claudio Marcelo Servian; Carlos Alberto Da Silva (35); Ricardo Rafael Escobar (42); Carlos Alberto Zidorak (35); y Lucas Nahuel Saravia Allosa (37).
Todos habían llegado a esta instancia en libertad en virtud del vencimiento de sus prisiones preventivas, aunque iniciado el juicio tuvieron una consigna policial y ahora fueron arrestados preventivamente.
El hecho ocurrió el 19 de julio de 2014, cuando el albañil Guirula fue detenido por disturbios en el motel Park de Posadas y trasladado a la comisaría Decimotercera, aunque llegó muerto. La autopsia determinó que el deceso se produjo como consecuencia de una suma de lesiones como un traumatismo de cráneo y fractura de costillas que le perforaron un pulmón.
El juicio comenzó el 21 de octubre. Desde ese día hasta acá declararon más de 20 testigos y cuatro de los imputados, quienes cruzaron incriminaciones.
Los imputados Da Silva y Zidorak apuntaron contra Tabarez y Escobar por golpes, patadas y pisotones efectuados contra Guirula, que aquella madrugada del 19 de julio de 2014 llegó muerto a la comisaría Decimotercera tras ser detenido en el motel Park de Posadas.
Sobre Escobar incluso señalaron que “iba saltando” sobre el cuerpo del albañil tendido en la cajuela del patrullero Toyota Hilux en el que se realizó el traslado hacia la seccional. El apuntado también pasó frente al tribunal y admitió haber “apoyado el pie” sobre el hombre, aunque afirmó que lo hizo “sin ejercer presión” y “por motivos de seguridad”.
FOTO: Marcelo Rodríguez – El Territorio.
Caso Guirula: personalidad “psicopática” en Tabarez y sangre en el patrullero
El Tribunal Penal Uno de Eldorado rechazó el recurso de revocatoria planteado por las partes y mantuvo su decisión de suspender el juicio oral contra Pablo Schoenfisch (23) y en paralelo dispuso que el imputado continúe privado de su libertad mientras la fiscalía de instrucción investiga la autoincriminación efectuada por su padre Arnoldo (67), quien pidió ser acusado en lugar de su hijo por el crimen de su esposa Faustina Antúnez (54), registrado el 14 de mayo de 2020.
De esta manera, el debate oral que comenzó el lunes, mismo día en que el ex intendente de Santiago de Liniers lanzó la declaración que detonó el proceso, fue suspendido y todo quedó sin efecto hasta tanto la fiscalía de instrucción en turno analice el testimonio e investigue si la versión tiene asidero o no para determinar de qué manera continúa la causa que mantiene a Pablo Schoenfisch imputado por el asesinato de su madre e intento de homicidio en perjuicio de su padre.
En su resolución comunicada esta mañana, el tribunal conformado por los magistrados Andriana Andino, Atilio León y Javier Jourdan (subrogante) también dio lugar al pedido del fiscal Federico Rodríguez para que la fiscalía de instrucción investigue a Arnoldo Schoenfisch por falso testimonio.
Además, rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Pablo Schoenfisch, encabezada por los letrados Fabián De Sá y María Laura Alvarenga, ante lo cual el imputado continuará privado de su libertad, condición en la que se encuentra hace más de cinco años.
La suspensión del juicio generó un fuerte rechazo de parte del fiscal Rodríguez, quien calificó la medida como “una falta de respeto” a las partes y a la sociedad que “aguarda una resolución” del caso.
El fiscal se había opuesto desde el comienzo a la interrupción del debate oral al considerar que la autoincriminación del padre del imputado corresponde a un “esquema defensivo” y “artilugio para dilatar el proceso” que ya había sido trazado en la antesala del juicio con una declaración presentada por escribanía pero que fue desestimada por las autoridades de instancia previa.
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