Judiciales
Lesa humanidad en Puerto Rico: anulan el sobreseimiento de dos gendarmes
La Cámara Federal de Casación Penal de la Nación anuló el sobreseimiento de dos gendarmes acusados del secuestro de una mujer cometido durante la última dictadura militar en la localidad de Puerto Rico y dispuso que el Juzgado Federal de Posadas continúe con la investigación tendiente a determinar la responsabilidad de los imputados en el hecho.
La resolución del mencionado órgano judicial nacional fue firmada el jueves de la semana pasada por la Sala I, integrada por los magistrados Diego Barroetaveña -presidente-, Daniel Petrone y Mariano Borinski -vocales-, quienes de esta forma dieron lugar al recurso de casación que en su momento fue presentado por el letrado Juan Bautista Martínez, como querellante del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Misiones.
La medida alcanza a los imputados José Santiago Neironi y Juan Antúnez Proeza, quienes al momento de los hechos cumplían funciones en la sección Puerto Rico, dependiente del Escuadrón 11 San Ignacio de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). El primero era jefe y el restante era Escribiente del Grupo de Logística y Finanzas en la misma división.
El expediente que se tramita en contra de ambos es extenso, complejo y con un denso proceso recursivo de por medio.
Según pudo establecer La Voz de Misiones, ambos aparecen involucrados en un expediente global en el que también está imputado Carlos Humberto Caggiano Tedesco, quien se desempeñaba como jefe de Área 232 en el Ejército Argentino -con condenas a prisión perpetua vigentes-, y en el que se investiga su relación con otras fuerzas seguridad, entre ellas la GNA.
De allí se desprende otra línea investigativa, en el que Neironi y Proeza fueron apuntados por las detenciones ilegales de Egidio Cristaldo y Francisca Britez, concretadas en Puerto Rico apenas comenzada la dictadura.
Ambos hechos tuvieron consideración diversa para el juzgado interviniente. Por el caso Cristaldo dictaron el procesamiento de los dos acusados, pero respecto a la causa relacionada a Britez optaron por el sobreseimiento.
Esa resolución fue apelada por el abogado querellante Martínez, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Misiones confirmó la medida.
Ante ello, la siguiente vía recursiva fue la presentación de un recurso de casación, la cual fue aceptada, analizada y ahora respondida por el órgano judicial, que dio lugar al planteo realizado por la querella.
El mismo fallo resuelve anular el sobreseimiento dictado en instancias previas y disponer que el juzgado interviniente profundice la investigación en relación al hecho cometido contra Britez, en el cual ambos gendarmes están imputados por el delito de “privación ilegal de la libertad agravada”.
“La resolución es muy importante, porque la Gendarmería fue una pieza importante en el funcionamiento del aparato represivo y hasta ahora casi que no se investigó nada sobre esa fuerza”, valoró una fuente relacionada a los Derechos Humanos en la provincia.
Cinco días cautiva
Según pudo reconstruir LVM, el hecho en cuestión se registró el 24 de marzo de 1976, cerca de las 15, cuando la damnificaba fue detenida por una patrulla de la GNA mientras trabajaba en el “supermercado japonés”.
De allí, según denunció y luego relató en diversas declaraciones testimoniales brindadas durante el proceso, la mujer fue trasladada hasta la sección local de dicha fuerza federal y permaneció privada de su libertad durante al menos cinco días, período en el cual fue interrogada por el paradero de Cristaldo.
La damnificada añadió que durante esos días no fue golpeada, ni torturada, pero sí amenazada y no recibió alimentación. También sostuvo que vio a casi un centenar de otras personas, en su mayoría tareferos, detenidos en el lugar.
Sobre sus captores, la mujer pudo identificar a Proeza y a Neironi, por quien además afirmó que fue el uniformado que la interrogó.
Las declaraciones de la denunciante conforman una de las principales elementos del expediente. Para la Justicia Federal de Misiones el testimonio no era suficiente, pero ahora la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación consideró que el sobreseimiento de ambos gendarmes fue “prematuro” y dispuso que “se continúe con la sustanciación de la causa”.
cámara casación
Los cuatro detenidos por el asesinado del contratista Aldo Roque Silvero (43) en Puerto Esperanza se abstuvieron de declarar ante la Justicia y fueron imputados provisoriamente por el delito de “homicidio criminis causa”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, tanto Camila Benítez (19), como su novio Alejo Johan Benjamín Winflinger (16), el supuesto “instigador” Lucas Da Costa (19) y un cuarto implicado, decidieron guardar silencio al momento de comparecer ante el magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.
En la misma audiencia, todos ellos fueron notificados de la investigación que se lleva adelante en sus contra, de los elementos de prueba recolectados hasta el momento y fueron imputados por el delito de “homicidio criminis causa”, calificación que podría variar conforme avance el expediente.
Tras su paso por el juzgado, los cuatro implicados volvieron a ser alojados en la celda policial donde continuarán detenidos mientras avanza la investigación por el crimen de Silvero, el contratista que la semana pasada fue asesinado de 17 puñaladas en presunto caso de robo.
Según indicaron las fuentes, el adolescente detenido ahora quedó a disposición de la Justicia menores, cuyos responsables deberán decidir los próximos pasos a seguir respecto a su situación.
Cayó el presunto “instigador” y son cuatro los detenidos por el caso Silvero
Con ley sancionada, fiscal designado y acto de jura cumplimentado, la flamante Fiscalía de Ciberdelitos está lista para comenzar a funcionar a partir del 2 de enero de 2025.
La dependencia judicial, cuyo nombre oficial será “Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos de la Provincia de Misiones”, según lo establecido en la Acordada 202 del Superior Tribunal de Justicia (STJ), publicada hoy en el Boletín Oficial de Misiones.
En la misma resolución se determina que la fiscalía, cuyo titular será Juan Pablo Espeche, comenzará a funcionar a partir del jueves próximo, ante lo cual “todas las causas en trámite referidas a Ciberdelitos iniciadas antes del día 2 de Enero de 2.025, que asume competencia, continuarán hasta su finalización en las fiscalías de radicación y se tramitarán de acuerdo a las disposiciones vigentes”.
La acordada del STJ además resalta otro dato importante y es que la fiscalía tendrá su oficina en un edificio ubicado sobre avenida López Torres 4881, donde tendrá turno permanente y con competencia territorial para intervenir en toda la provincia.
La nueva oficina fue presentada el lunes ante la presidenta del STJ, Rosanna Venchiaruti Sartori, y otras autoridades del máximo órgano judicial de la tierra colorada, quienes recorrieron las instalaciones que también albergará a la Procuraduría General de Misiones, a cargo de Carlos Giménez.
“El Procurador subrayó que el establecimiento de esta nueva fiscalía no sólo tiene como fin garantizar una respuesta más ágil y eficiente ante los delitos cibernéticos, sino también avanzar en la creación de un marco legal adecuado que permita una mejor protección de los derechos digitales de los ciudadanos”, destacaron desde el STJ.
Juan Pablo Espeche juró como titular de la Fiscalía de Ciberdelitos
El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar -multifuero- de Apóstoles volvió a cerrar el año con cifras récord en materia de resolución de causas, con un total 386 sentencias dictadas.
La dependencia judicial que dirige el magistrado Juan Manuel Lezcano acumuló durante el 2024 un total de 1.426 causas, con una producción de 386 sentencias, 980 resoluciones y otros 580 expedientes que se remitieron a archivo, según una estadística oficial.
“Hubo un nivel de respuesta casi inmediato del servicio de justicia y para nosotros eso es un gran orgullo”, valoró Lezcano, quien destacó la labor diaria de su equipo de trabajo integrado por secretarias, jefes de despecho y agentes judiciales.
El juez Juan Manuel Lezcano agradeció la labor diaria de todo su equipo de trabajo.
El magistrado detalló, además, que este año comprobaron una merma del 10% en el ingreso de causas y destacó la oralidad de civil y la implementación de la tecnología como herramientas clave para luchar contra la mora en los trámites.
En ese punto, destacó las nuevas funcionalidades del expediente digital; la línea contame; la mediación; y el mecanismo de denuncia digital con el que el juzgado trabaja en forma conjunta con la Policía.
De esta manera, el juzgado multifuero culmina otro año con cifras a resaltar, dado que en 2023 registró un total de 1502 causas, de las cuales un 96% fueron resueltas, independientemente del tipo de resolución dictada.
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