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Justicia Federal pidió la captura de los narcobomberos misioneros

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Luego de la publicación exclusiva de La Voz de Misiones, la Justicia Federal de Corrientes dispuso la detención del ex jefe del cuartel de Itaembé Miní, Miguel Ángel Yuszczeczyn, y del ex bombero de Puerto Iguazú, Elbio Batista Mello, condenados en 2015 a ocho años de cárcel por traficar 241 kilos de marihuana y casi 4.000 pastillas de éxtasis, aunque no cumplieron ni una semana tras las rejas.

El fiscal federal de Corrientes, Carlos Schaefer, solicitó el último jueves al Tribunal de Condena la inmediata detención de los dos ciudadanos misioneros atrapados en abril de 2013 transportando marihuana y pastillas de éxtasis ocultos en una vieja ambulancia que salió de la Puerto Iguazú con destino a la localidad de Unquillo, Córdoba.

En ese envío camuflado en la unidad de traslado viajaban tres bomberos que terminaron condenados por el Tribunal Oral Federal de Corrientes a ocho años de prisión: Ramón Moretti (el chofer del vehículo Ford F350), Elbio Batista Mello (otro ex bombero de Iguazú) y Miguel Ángel Yuszczeczyn (que hasta hace tres semanas era jefe del cuartel del barrio posadeño Itaembé Miní).

¿Por qué quedaron en libertad?

Moretti, que fue jefe de bomberos en Puerto Iguazú hasta que lo echaron un año antes de caer con la droga, cumplió condena. Él estuvo tras las rejas desde que la Gendarmería los atrapó el 29 de abril de 2013, hasta la libertad condicional que el mismo tribunal le concedió el 29 de noviembre de 2017. Fueron 4 años y 5 meses a la sombra en la Unidad Penal 17 de Candelaria, Misiones.

Elbio Batista Mello llegó al juicio en libertad merced a una excarcelación que le habían concedido pocos días después de que lo atraparan con el cargamento ilegal, cuando se detuvieron con la ambulancia forrada con panes de marihuana en el santuario del Gauchito Gil, con las luces de baliza en el techo y el motor encendidos, despertando la sospecha de los gendarmes que terminaron por descubrirlos.

Miguel Ángel Yuszczeczyn, el tercero de los condenados en el caso conocido como la narcoambulancia, le dijo a la justicia federal que también era bombero en la Ciudad de las Cataratas, aunque desde la Asociación negaron su pertenencia al cuerpo en Puerto Iguazú, dijeron que no lo conocían, ni tenían registros de él. Al igual que Mello, también estuvo detenido unos días y liberado hasta la realización del juicio.

Tras la condena impartida por el Tribunal Oral Federal de Corrientes el 8 de junio de 2015, Moretti volvió a la cárcel, pero Batista Mello y Yuszczeczyn, no. Ellos compartieron un mismo defensor, de prestigio en ese fuero, Jorge Barboza, quien a pesar del pedido expreso del fiscal Schaefer para que los sentenciados hagan cumplimiento efectivo de la pena, hizo que primara otro pedido para que sus representados continúen gozando la de excarcelación hasta que la condena quede firme. Y eso pasó.

En aquel juicio resultó absuelta Mabel Adriana Lorena Bogado, la esposa de Moretti, quien viajaba con los condenados en la narcoambulancia. Si bien el fiscal consideró a la mujer como parte del plan previo pergeñado para concretar el traslado de la droga, el Tribunal Federal correntino invocó para su decisión el principio jurídico in dubio pro reo, que expresa la obligatoriedad de probar los hechos y que, en el caso de que esta prueba sea insuficiente para demostrarlos, la decisión judicial deberá favorecer al acusado del delito.

Entonces, Batista Mello, Bogado y Yuszczeczyn volvieron a sus casas luego del juicio. Este último asumiría como jefe del cuartel de bomberos voluntarios del barrio posadeño Itaembé Miní un año más tarde, en agosto de 2016.

Giro en la historia

El fiscal Schaefer no se quedó de brazos cruzados y recurrió al Cámara Federal de Casación Penal, una instancia superior que permitiría revisar lo que hizo el Tribunal Oral Federal. Y fue entonces que hubo un giro en la historia.

Para el mes de septiembre de 2016, el Tribunal de Alzada anuló la absolución dispuesta en la sentencia por el Tribunal Federal correntino y le dijo que debía designarse un nuevo tribunal para que juzgue a la mujer, pero cuatro años después esa orden todavía no se cumplió.

En el mismo acto administrativo, los camaristas Eduardo Riggi, Mariano Borinsky y Liliana Catucci desestimaron un recurso que el abogado defensor de Mello y Yuszczeczyn interpuso por “arbitrariedad en la sentencia”. Entonces quedaron ratificadas las sentencias y sólo faltaba lo que se denomina cómputo de condena, es decir, notificar a las partes y que los reos cumplan con la Justicia. Pero eso tampoco se cumplió, todavía.

LVM pudo confirmar que la solicitud redactada el jueves por el fiscal federal Schaefer para “la inmediata detención” de Mello y Yuszczeczyn, ingreso hoy al Tribunal Oral en lo Criminal de Corrientes, desde donde se prestaría Acuerdo en las próximas horas para disparar los mecanismos de búsquedas de los condenados.

Luego de la publicación de La Voz de Misiones, el fiscal solicitó la detención de los condenados.

El pedido del fiscal llegó al Tribunal y solo falta el Acuerdo de los jueces para ordenar la captura.

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Sería inminente la entrega de Antonella a su hermana de sangre

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Un equipo de trabajadores sociales y psicólogos fue a inspeccionar las condiciones socioambientales de una hermana biológica cercana a la familia Dávalos.

El futuro de Antonella, la niña de 4 años que fue arrebatada de la familia que la crió desde los dos meses de vida en la ciudad de Eldorado, sería permanecer bajo la guarda de su hermana biológica, Luzmila Rodríguez, de 19 años.

La jueza subrogante en el trámite de adopción de Antonella, Lorena Toledo, trabaja sin descanso intentando resolver hoy mismo el destino de la pequeña.

Afuera, en la vereda del Juzgado de Familia N°1 sobre calle Dinamarca, cientos de vecinos, familiares y amigos se manifiestan en reclamo de la inmediata restitución de la menor a sus padres del corazón.

En este momento en equipo de trabajadores sociales y psicólogos realizan una inspección socioambiental, en compañía de la mamá adoptiva, que sigue de cerca cada paso en la causa intentando volver a ver en las próximas horas a su hija.

La familia Dávalos, quienes criaron a la pequeña, considera favorable la posibilidad de que Antonella quede provisoriamente bajo el cuidado de su hermana, con quien mantienen un contacto cercano y una relación afectiva.

Antecedente

La jueza titular del Juzgado de Familia N°1 de Eldorado, Corina Jones, determinó ayer retirarle la guarda a la familia Dávalos para que la menor continúe viviendo con una pareja de mujer policías, de Posadas.

Luego del escándalo suscitado en la puerta del juzgado cuando la policía intentó llevarse a la menor, el Superior Tribunal de Justicia convocó a Jones y por estas horas la causa de Antonella está en manos de su subrogante, Lorena Toledo.

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Eldorado: jueza arrebató a niña de su familia adoptiva y les puso un bozal legal

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En la ciudad de Eldorado, una niña de 4 años que fue adoptada cuando tenía 2 meses de vida, por un vecino de la ciudad y su esposa, fue repentinamente arrancada del seno familiar por decisión de la jueza de familia Corina Jones y entregada a una pareja de mujeres policías de la ciudad de Posadas.

La Voz de Misiones habló en exclusiva con Andrea Dávalos, tía de Antonella, ya que tanto los padres de la menor como sus abogados se encuentra imposibilitados de hablar porque la magistrada les aplicó un bozal legal.

La madre biológica de la pequeña es una paciente psiquiátrica, tiene esquizofrenia y vive en la calle. En ese marco, la familia Dávalos la adoptó desde recién nacida y nunca dejó de tener contacto con la familia de sangre.

Mirá el video de cómo separaban a la niña de su familia

“No nos dieron ningún tipo de explicación, solamente les citaron a mi hermano y mi cuñada al juzgado para quitarles a la niña. Pedimos por favor que la devuelvan. Es injusto que luego de casi cuatro años de vivir con su familia quieran llevarle con desconocidos”, refirió la tía.

Asimismo, la tía agregó que: “Yo tengo un hijo de 4 años, con el cual Anto jugaba todo el día. Hoy se la llevaron desvanecida, la nena no paraba de llorar, le están causando un daño psicológico irreversible. Tengo entendido que se la entregaron a dos mujeres policías de Posadas que son pareja, pero no sabemos ni dónde la llevaron, estamos desesperados”.

En imágenes viralizadas en las redes, se ve a los padres y otros familiares de la pequeña llorando y suplicando que no se lleven a su hija. Los gritos son desgarradores: “Acá te espero, Anto”, clama la mamá de rodillas, “acá te espero mi amor, necesitamos justicia, Antonela vení”, grita afuera del juzgado, ubicado en la calle Dinamarca, de la Capital del Trabajo.

Desde esta mañana y hasta las 20 horas, la familia Dávalos estuvo frente al Juzgado de Familia, situado en el kilómetro 9, para solicitar explicación del porqué Antonella fue arrebatada de su familia.

En ese contexto, la tía explicó que el proceso legal era el normal y contaban con la guarda con fines de adopción: “Mi hermano y cuñada hicieron todos los trámites de adopción, el mismo juzgado que les dio el bebé con solo 2 meses de vida hoy se lo quitó sin explicación. Los llamaron temprano diciendo que a las 10 tenían que estar presentes. No mandaron una citación al domicilio por escrito con días de antelación, solamente llamaron y dijeron que en unas horas tenían que estar allá”.

Además, la hermana del padre explicó que, desde que la nena fue adoptada, crearon un vínculo con su familia biológica para que la niña no pierda sus orígenes: “Jamás los apartamos de su vida, al revés, en cada acontecimiento de la pequeña estuvieron juntas las dos familias, vivimos cerca una de la otra, la ven con frecuencia”.

La hermana de sangre de Anto y su tía, junto a su familia adoptiva, tratan de entender el fallo de la jueza y hoy se pasaron todo el día pidiendo justicia frente al juzgado. Al respecto, Andrea dijo: “Ellos están muy contentos por el vínculo que tuvimos, su hermana, tíos y tías comparten momentos con nosotros y es injusto que después de todos estos años nos hagan esta barbaridad”.

La jueza del silencio

La titular del Juzgado de Familia N° 1 de Eldorado, Corina Jones, obligó a guardar silencio a los padres de la pequeña Antonella, luego de que, por una decisión suya sin fundamentos conocidos, arrancara a la niña de 4 años de seno de la familia Dávalos, quienes cuidaron de ella desde los primeros meses de vida, mientras esperaban terminar los trámites para concretar la adopción.

La jueza es nueva en su cargo. Juró ante el Superior Tribunal el 8 de septiembre de este año. La orden de silencio impartida sobre los padres adoptantes avasallados e inmersos en el dolor también se extendió a la abogada que los representa, Sandra Olcece; a la familia biológica que acompaña el reclamo (una hermana y una tía) y a su abogado, Juan José Selva Andrade.

Las características de la decisión de la magistrada “parecieran una muestra de poder”, le dijo a LVM una fuente judicial consultada sobre este caso. “La inexperiencia de la jueza es la única manera de justificar el bozal legal impuesto a las partes que claman volver con la niña”, analizó.

La decisión de la jueza Corina Jones rompe el vínculo de la niña con la familia biológica, algo ilógico dentro del Derecho de Familia. Y es que los adoptantes lograron un contacto permanente con parte de los que tiene lazos de sangre con Antonella.

Para peor, el nuevo hogar donde la jueza cree que la niña debe vivir es a 200 kilómetros, en la ciudad de Posadas, lejos de Eldorado, donde nació y vivió toda su vida.

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Femicidio de Vilma Mercado: nuevo sospechoso daría un giro a la causa

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La causa fue elevada a juicio y tiene como único sospechoso al soldado voluntario Carlos Luis Leandro Villar, pero su defensa ahora pide la inclusión de una prueba que habría sido pasada por alto en la instrucción y que ubicaría a un tercero en la escena del crimen.

 

La noche del miércoles 23 de octubre de 2019, Vilma Mercado salió de su casa del barrio Las Orquídeas, de Puerto Iguazú. Dos días después, fue encontrada asesinada al costado de la ruta 12, en una zona de malezas cercana a la rotonda de acceso a la Ciudad de las Cataratas.

Minutos después de abandonar su hogar, la joven de 19 años mandó un mensaje a un grupo de WhatsApp que compartía con sus amigas, a quienes reveló que se iba a encontrar con un chico, aunque sin mencionar su nombre, y envió una foto esperándolo. Eso fue a las 00:05 del jueves 24, la misma hora a la que la muchacha ingresó a la aplicación por última vez.

En la madrugada del viernes, detuvieron como sospechosos del hecho a Carlos Luis Leandro Villar, un soldado voluntario del Ejército Argentino oriundo de El Alcázar y que prestaba servicios en la ciudad turística.

En el allanamiento a su casa, se incautó un teléfono celular de su propiedad, además de un chip perteneciente a la víctima y una cinta de embalar de características similares con las que Vilma Mercado fue atada y sometida para ser abusada por su victimario.

Las pruebas

Sin embargo, el abogado penalista Carlos Sebastián Benítez, quien asumió la defensa de Villar hace unas dos semanas, sostuvo en diálogo exclusivo con La Voz de Misiones que “los cortes de las puntas de la cinta incautada en la vivienda del imputado no coincidieron con los de la escena del crimen”.

En cuanto a las pruebas genéticas, “no hay ADN en todo el expediente”, dijo y agregó: “Es más, en el lugar del hecho se encontraron dos colillas de cigarrillos, y nunca extrajeron ADN”.

En el mismo sentido, el letrado aseguró que tampoco había huellas dactilares en el cuerpo de Vilma Mercado que pertenecieran al militar.

Respecto al chip que Villar tenía en su poder, el defensor argumentó que “se lo dio ella, porque no quería que el novio gendarme la encuentre…”, dijo en relación al vínculo que, presuntamente, había cortado la joven tiempo antes de su muerte con un efectivo de la fuerza federal oriundo de Paso de Los Libres, Corrientes.

Pero más allá de esos puntos concretos, Benítez aportó un dato más que, si bien no exculpa a su defendido, abre una ventana que podría dar un vuelco en la causa, que fue elevada a juicio en septiembre de este año.

Una ventana

Según consta en el acta policial redactada por los efectivos que estuvieron en la escena del hallazgo del cuerpo, estos detectaron la huella de un automóvil. Además, se encontró una lata de cerveza marca Brahma y “un comprobante de seguro de la compañía Escudo, con número de matrícula determinado”. Se trata de un documento que habilita para trabajar a los promotores de seguro y que contiene los datos personales que lo identifican.

“No se tuvo en cuenta que el lugar del hecho ofreció un elemento probatorio para el desarrollo de la investigación”, marcó el abogado defensor del único sospechoso, quien actualmente está detenido con prisión preventiva en la Unidad Penal III de Eldorado.

Es que, de acuerdo al penalista, la credencial encontrada en el lugar del crimen pertenece a un promotor de seguros matriculado de la ciudad de Eldorado, un hombre de unos 60 años identificado con las iniciales O.A.G.

“No existe una explicación fehaciente que pueda determinar qué hacía o cómo se encontró el seguro de la compañía Escudo de su pertenencia en el mismo lugar en el que se encontró el cuerpo de la víctima”, planteó Benítez exponiendo a la Justicia por no seguir una nueva línea investigativa.

Por otro lado, refirió que su defendido, que todavía no fue indagado, “dijo a una amiga de Vilma y a su madre que el día del crimen dejó a Vilma en la rotonda de acceso a Puerto Iguazú y la vio subirse a un Gol Trend negro”.

Es así que, frente al domicilio del ahora identificado -cuya dirección consta en la credencial del seguro encontrada en el escenario del femicidio-, se constató que había estacionado un automóvil de similares características, “que haría pensar que es de él”, dijo Benítez.

“Se encontraron huellas de un auto y Villar sólo tiene moto, como lo constató su locataria”, apuntó el abogado.

Preguntas y huellas

Tras plantear sus dudas sobre la culpabilidad del soldado en el brutal crimen que sacudió a la provincia, el letrado solicitó al Tribunal Penal Uno de Eldorado el llamado a indagatoria de O.A.G., el hombre del seguro.

Además, pidió que se le tomen las huellas dactilares y se las coteje con las encontradas en la cinta y en la lata de cerveza que se levantaron en la escena, ya que éstas dieron negativas con las muestras tomadas al soldado voluntario.

Planteado este escenario, se supo que, durante la última semana, el fiscal Federico Rodríguez se inhibió en la causa, lo cual generó mucho rechazo en la comunidad, que clama justicia por Vilma. En las redes sociales, publicaciones con el hashtag #BastadeJusticiaPatriarcal pidieron la expulsión de Rodríguez del sistema judicial.

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