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Tribunal correntino olvidó meter preso a bombero de Posadas condenado por narco

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Tribunal correntino olvidó meter preso a bombero de Posadas condenado por narco

Miguel Ángel Yuszczeczyn fue atrapado y condenado por transportar 241 kilos de marihuana y 3.973 pastillas de éxtasis en una ambulancia desde Iguazú. Estuvo cinco días preso.

 

El jefe de los bomberos voluntarios desplazado hace unas semanas del cuartel del barrio Itaembé Miní de Posadas, Miguel Ángel Yuszczeczyn, podría terminar tras las rejas por una condena a 8 años de prisión que recibió en 2015, y que nunca cumplió.

A pesar del pedido expreso del fiscal federal Carlos Schaefer, que investigó la causa, para que él y otras tres personas paguen la pena con prisión efectiva luego de la sentencia, el bombero estuvo solamente cinco días preso luego de ser atrapado en la localidad correntina de Mercedes, en abril de 2013, traficando marihuana y éxtasis en una ambulancia de los bomberos voluntarios que salió de la ciudad de Puerto Iguazú.

Hoy, en 2020, el nombre de Miguel Ángel Yuszczeczyn vuelve aparecer en las noticias, esta vez por un conflicto en el cuartel de bomberos voluntarios del populoso barrio del sur de la capital misionera, donde denuncias cruzadas entre la comisión directiva y el hoy ex jefe desnudaron un desmanejo de tal magnitud que los deja al borde de la intervención.

Una investigación de La Voz de Misiones permitió descubrir lo que, hasta ahora, parece un error de la Justicia Federal que dejó en libertad a un condenado.

La narcoambulancia

Yuszczeczyn fue detenido en Mercedes, provincia de Corrientes, el 29 de abril de 2013 viajando desde Puerto Iguazú, Misiones, hacia la localidad de Unquillo, en Córdoba, a donde supuestamente iría a realizar un curso de perfeccionamiento en su formación como bombero.

Pero ese viaje tenía un doble fondo. Según logró establecer el fiscal Schaefer durante el juicio realizado en junio de 2015, Yuszczeczyn formaba parte de una banda que se organizó para hacer el traslado de poco más de 241 kilos de marihuana y 20 bolsas con 3.973 pastillas de éxtasis escondidas en una vieja ambulancia.

Ramón Moretti era el chofer del rodado Ford F350 con características similares a las de los bomberos, con la leyenda “Unidad de Rescate” y balizas en el techo. Él fue jefe del cuerpo bomberil de Iguazú desde febrero de 2009 hasta que lo apartaron del cargo en marzo de 2012 por una intervención dispuesta por el Ejecutivo Municipal “por irregularidades”.

En el largo trayecto de 1.440 kilómetros a las sierras cordobesas, Moretti tenía como uno de sus acompañantes a Elvio Batista Melo, otro ex bombero voluntario de la Ciudad de las Cataratas, que fue dado de baja por la Asociación en septiembre de 2012.

En el relato de los hechos que se describe en la sentencia, se estableció que, en medio de los dos hombres, viajaba sobre un asiento improvisado en una conservadora, Mabel Adriana Lorena Bogado, esposa del chofer de la ambulancia, que fue absuelta por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, pero que deberá ir a un nuevo juicio luego de la revocación de su absolución dictaminada por la Cámara de Casación.

El cuarto integrante de la comitiva que se trasladaba a Córdoba era Yuszczeczyn, quien viajó en la parte trasera del vehículo y alternaba la camilla con Bogado, cuando la mujer se cansaba de su rústico asiento.

En horas del mediodía del lunes 29 de abril de 2013, la ambulancia cargada con drogas se detuvo en el kilómetro 102 de la ruta nacional 123, frente al Santuario del Gauchito Gil. Allí Moretti, su esposa y Batista Melo ingresaron al templo del santo popular del que son devotos y, junto a la camioneta encendida, se quedó Yuszczeczyn.

Las luces de balizas sobre el techo también quedaron encendidas, como si estuvieran en un traslado de emergencia. Ese detalle llamó la atención de una patrulla del Grupo Vial Mercedes de Gendarmería Nacional, que pasaba por el lugar en una ronda de rutina.

Según la declaración de uno de los gendarmes durante el juicio, cuando se acercaron hasta la ambulancia, los recibió Yuszczeczyn, “que desmostró nerviosismo y se identificó como bombero de Puerto Iguazú”. En ese momento, le pidieron los papeles de la camioneta y les dijo que el chofer se los iba a mostrar, que en breve saldría del santuario.

Moretti, Bogado y Batista Melo salieron de lugar de adoración y se acercaron hasta el vehículo. El chofer se mostró colaborativo e inmediatamente abrió la puerta del rodado en busca de los documentos requeridos. “Cuando abrió la puerta se sintió muchísimo olor”, declaró el gendarme.

Entonces llamaron a un can detector de narcóticos que “marcó” la camioneta y procedieron a una revisión a fondo que terminó con el decomiso de la droga y la detención de los cuatro misioneros.

Sin cadenas

Moretti le dijo a la Justicia que él era el único responsable. Relató que, un día antes de emprender el viaje, le dio la camioneta a unos árabes que tienen negocios en Ciudad del Este y confesó además que cobró 1.000 dólares por llevarla cargada con electrónicos hasta Córdoba.

Según el bombero expulsado de la Federación, “estaba convencido que transportaba electrónica de contrabando y no drogas”.

Si bien todos fueron detenidos luego del operativo, Ramón Aníbal Moretti fue el único que llegó en esa condición al juicio celebrado en junio de 2015; Bogado, Batista Melo y Yuszczeczyn, no.

Luego de ser procesados, los tres salieron libres cuando se les otorgó las excarcelaciones tras pagar una fianza de 13.000 pesos. Además, hasta la llegada del juicio, tuvieron que dejar sus documentos en el juzgado y se les interpuso una prohibición para salir del país y la obligación de presentarse una vez al mes ante el Juzgado Federal de Eldorado.

Los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes apoyaron casi por completo el trabajo de fiscal Carlos Schaefer, quien estableció que los tres hombres y la mujer formaban parte de una organización previa para realizar el viaje y el tráfico de drogas. Finalmente, condenaron a los tres varones a 8 años de cárcel y absolvieron a la mujer.

Un año más tarde, en septiembre de 2016, la Cámara de Casación revocó la absolución de la mujer apoyando el pedido del fiscal y ordenó que se realice un nuevo juicio, para el cual aún se espera la conformación de un jurado.

En la misma diligencia, el tribunal superior ratificó las condenas a Moretti, Batista Mello y Yuszczeczyn.

Entonces, el mecanismo judicial federal correntino debió establecer lo que se denomina Cómputo de Pena, quedando automáticamente revocadas las excarcelaciones que mantuvieron en libertad hasta hoy Elbio Batista Mello y Miguel Ángel Yuszczeczyn.

En el Centro de Información Judicial, donde se hacen públicos los documentos sobre sentencias y procesos judiciales, no se conoce el instrumento por el cual Batista Mello y Yuszczeczyn se mantienen en libertad. O no están cargados en el sistema o hubo una omisión que terminaría en escándalo en el seno de la Justicia Federal correntina.

Las fuentes judiciales consultadas por LVM indicaron que hay un fuerte indicio de que se trate de un error en el sistema de justicia el que permitió que estos dos condenados nunca hayan pisado la cárcel luego de la sentencia.

Este medio se comunicó con el defensor de ambos, Jorge Barboza, quien prefirió mantener el silencio sobre la situación judicial de sus representados, con quienes -aseguró- no mantiene contacto alguno luego de la respuesta de Casación en septiembre de 2016.

De los cuatro misioneros detenidos con la droga, solamente Moretti pagó con prisión, desde que lo atraparon en 2013 hasta que obtuvo la libertad condicional en agosto de 2018, tras pasar 4 años y 5 meses en las sombras.

Cuartel en llamas

El hombre sentenciado hace cinco años por el Tribunal Oral Federal de Corrientes logró sortear los controles burocráticos de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Posadas, de la Federación de Bomberos de Misiones y de la Subsecretaría de Protección Civil dependiente del Ministerio de Gobierno y llegó a ser nombrado jefe del cuartel de Itaembé Miní.

Una serie de denuncias que recayeron sobre el cuartel de Posadas -ubicado en la avenida 131 del citado barrio- encendió la alarma y terminó con la entidad al borde de la intervención.

Por estos días, la Subsecretaría de Protección Civil investiga si los inventarios, actas y facturas entregados por la comisión directiva tienen respaldo en la realidad.

Los principales señalamientos se centran en la presunta desaparición de cinco de los seis móviles que el cuerpo bomberil declaró tener, ya que en el predio hay sólo uno, destinado a sofocar incendios forestales.

De acuerdo a una fuente que forma parte del escuadrón, “a pesar de recibir un subsidio de alrededor de 1.700.000 pesos por año por ser un cuartel de primera clase, en los siete que lleva de vida, en el de Itaembé Miní no se ha levantado el muro perimetral. De hecho, en el lugar hay estacionado un colectivo que funciona como albergue de los efectivos y depósito de materiales”.

Además, los citados móviles “siempre se encuentran en reparación y nunca al servicio de la comunidad”, según deslizó la misma fuente que prefirió resguardar su identidad. Agregó que se han hecho compras irregulares e innecesarias.

Fue así que el jefe Miguel Ángel Yuszczeczyn terminó siendo desplazado a poco de cumplir cuatro años al frente del cuartel y quedó en el ojo de la tormenta como el principal responsable por los desmanejos señalados. Actualmente, al bombero se le sigue un sumario interno desde hace unos 20 días.

Ante este panorama, ahora se espera que los técnicos de Protección Civil establezcan mediante una exhaustiva investigación cuáles fueron las irregularidades, si es que existieron, y quiénes son los responsables.

Se supo además que, de encontrarse anomalías en la rendición de los fondos y los recursos, el cuartel corre el riesgo de perder su financiamiento para este año y de ser intervenido con la finalidad de regularizar su funcionamiento.

Gendarmería secuestra la droga escondida en la ambulancia.

Yuszczeczyn sentado entre Melo y Moretti, al momento de ser detenidos en 2013.

 

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Las vacaciones de Maurice Closs y su esposa en Miami

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Las vacaciones Maurice Closs y su esposa en Miami

Ana María Sánchez postea diariamente en su perfil de Instagram algunas instancias del paseo en plena primavera en la península de la Florida, festejando los 50 años del senador Closs.

 

Las temperaturas cálidas en las playas de Miami son la excusa para miles de argentinos que, además, aprovechan la visita a los Estados Unidos para recibir, ni bien descienden del avión, la vacuna contra el Covid-19.

El senador misionero Maurice Closs y su esposa, Ana María Sánchez, comparten días de descanso, mientras ella se encarga de publicar en su perfil de Instagram @namaria_lu parte de los placeres que ofrece la primavera en Miami.

Las fotos compartidas, en su mayoría en el modo de “historias”, dan cuenta de un fin de semana intenso. Para el domingo, la propietaria de una casa de zapatos y carteras de lujo en el centro de Posadas posteó una selfi posando en la vera del mar. Según el localizador del Insta, la imagen fue tomada en la exclusiva playa privada del The Alexander all Suite Oceanfront Resort, un complejo hotelero de lujo en la zona de Naples, Florida.

Para el lunes, el paseo por la costa sureste del golfo incluyó una merienda en Caffe Milano Naples; luego de unas fotos en Naples Beach y en el 5 Fitht avenue south, otro complejo de lujo para hacer compras en la zona.

En las primeras horas de este martes, la esposa del senador compartió una nueva foto: “Qué lindo es viajar… ¡Hacer de experiencias algo que alimenta tu alma!”, comentó en su posteó, y a continuación dio un pantallazo sobre la situación epidemiológica en el país del Norte resaltando que: “En EU nadie con barbijo, todos vacunados”.

Mauri, los 50 y la foto

La llegada de los 50 años del empresario, ex gobernador y actual senador Maurice Fabián Closs lo encontró rodeado de sus afectos.

El pasado jueves 10 de junio, previo al viaje a Miami, se concretó una celebración íntima en Posadas, en una terraza con vista al río Paraná, donde los invitados degustaron la marca de vino que lanzó Closs, llamada “Ni me tinga”, una expresión propia de los misioneros que significa algo así como “no me afecta”.

La cronología de las publicaciones de Ana María Sánchez indica que, luego de los festejos, la pareja -se desconoce si acompañados por alguno de sus hijos- viajó a los Estados Unidos para instalarse en un hotel junto al mar. La primera foto, del sábado 12 de junio, indica: Miami Beach, Florida.

En la única fotografía que hasta el momento se hizo pública del senador Maurice Closs en Miami, se lo ve posar besando a su esposa, imitando la escena del marinero en la tradicional estatua del Sarasota Bay Park.

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Ordenan detener a cuatro sospechosos por el asesinato de Ramona Gauto en 2010

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ramona gauto

Se trata de un presunto ladrón con conexión con dos ex agentes de la policía y tres ex empleados de la panadería de la avenida Cabred, en Posadas, propiedad de la familia de Jorge De Jesús, la ex pareja de la empresaria, que cumple una condena a cadena perpetua desde 2015.

 

La Justicia de Misiones ordenó detener a cuatro sujetos apuntados como sospechosos de haber participado en el asesinato de la empresaria panadera Ramona Mercedes Gauto, ocurrido el 29 de mayo de 2010 en Posadas y por el cual su ex pareja, Jorge Alberto De Jesús, cumple una condena a cadena perpetua.

La medida, dispuesta por Juan Manuel Monte, a cargo del Juzgado de Instrucción Dos, recae sobre José, Sergio y César, tres hermanos oriundos de Oberá, quienes se desempeñaban como empleados de Gauto en su local de la avenida Cabred y calle Herrera de la capital provincial. El cuarto apuntado se trata de Christian M., un sujeto identificado como un ladrón con conexiones con dos ex agentes de la policía.

Precisamente, La Voz de Misiones pudo saber por fuentes judiciales que el pedido de aprehensión tiene origen en una declaración que Christian M. realizó en el año 2011 y, además, en una denuncia que realizó Jorge de Jesús, a través de la cual relató que uno de los hermanos obereños lo amenazó de muerte. Ambas situaciones llevaron al fiscal Cristian Antúnez a solicitar la apertura de una cabeza de sumario. 

Es que, al momento del testimonio del ladrón, estaba a punto de vencerse una prórroga extraordinaria para Jorge De Jesús, con lo cual la Justicia decidió enviar la causa a juicio mientras se seguía investigando la posible implicancia de terceros, puesto que en la escena del crimen se detectaron dos ADN -así como huellas dactilares y cabellos- que no se correspondían con la víctima ni con su ex pareja.

Además, los golpes y puntazos recibidos por la empresaria panadera, así como el desastroso estado en el que quedó el departamento de la calle Colón casi Bolívar donde fue hallada, hicieron sospechar a la fiscalía de la presencia de al menos dos personas en el lugar. De hecho, el pedido de detención para los ex empleados se había efectuado en 2013 por parte del juez César Yaya, pero las encarcelaciones nunca se concretaron.

Por ello, los hijos de Jorge De Jesús y Ramona Gauto buscan desde el año pasado constituirse como querellantes en esa causa paralela -que quedó abierta tras la condena recibida por su padre en 2015-, aunque las dilaciones de la Justicia dificultan su inclusión como parte activa del proceso penal.

Un crimen por otro

Christian M., uno de los cuatro sospechosos sobre quien ahora pesa una orden de detención, cayó preso en 2010 por el robo de una motocicleta. Sin embargo, para poder probar que no era culpable, declaró que había sido encerrado con motivo de un ajuste de cuentas por parte de dos policías.

Según la declaración testimonial, a la que pudo acceder LVM, el cortocircuito se dio luego de que el ladrón fuera contratado para robar dinero y joyas de la casa de Ramona Gauto por parte de los ex empleados, que a su vez tenían relación con dos efectivos de la mini brigada, a quienes identificó como “Poroto” y “Cabañas”.

Por su parte, la familia De Jesús siempre sostuvo el robo como motivo de la muerte de Ramona, ya que semanas antes del desenlace fatal, habían vendido una propiedad en el barrio Santa Rita, operación que habría llegado a los oídos de los ahora apuntados mientras realizaban sus labores diarias en el local de la avenida Cabred.

No obstante, aquel negocio se había realizado para pagar una deuda con proveedores de harina, mientras que el sobrante fue utilizado para comprar insumos, de lo cual se desprende que no había dinero en efectivo.

En este sentido, Christian M. aseguró ante el juez Yaya que el día 16 de mayo de 2010, trece días antes del crimen, se encontró con los hermanos César y Sergio en la Terminal de Ómnibus, donde les devolvió una llave del departamento de la panadera que ellos le habían hecho llegar mediante los entonces policías “Poroto” y “Cabañas”.

El testigo declaró que, ese mismo día, ingresó a la casa de Ramona Gauto mientras ésta realizaba compras en el supermercado mayorista Vital, monitoreada por César (uno de los hermanos obereños), pero en las tres horas que estuvo en el interior del departamento no pudo encontrar plata ni cosas de valor.

Siempre de acuerdo a la declaración de Christian, a él le dijeron que “había 90.000 pesos” en el domicilio de la empresaria, pero el delincuente sólo pudo llevarse una cadena de oro. Eso bastó para que los empleados de Ramona, luego de escucharla quejarse por la pérdida, sospecharan que el ladrón les había mentido y quedado con el botín.

Por ello, alertaron a sus cómplices de la mini brigada, quienes levantaron a Christian de la calle “y me llevan a la Comisaría Decimotercera y me encierran en una pieza y me empiezan a pegar y me preguntaban por las joyas de la señora Gauto, pero yo les decía que no tenía nada”, tras lo cual le endilgaron el robo de una motocicleta, como represalia por no haber compartido las ganancias.

“Tuvimos que matarla”

Dos semanas después de aquel suceso, el 29 de mayo, Ramona Gauto, de 37 años, fue asesinada en su departamento del microcentro posadeño. Poco tiempo después, su ex pareja Jorge de Jesús, hoy de 49, fue procesado por el juez Miguel Ángel Faría por el delito de homicidio calificado por el vínculo.

Siguiendo el relato de Christian M., ese mismo sábado, Poroto y Cabañas se presentaron nuevamente en la seccional, “en un falcón de Sergio, y me sacan afuera en una pieza con la cabeza tapada, y me dicen que por mi culpa ellos tuvieron que hacer macana”.

Luego, el ladrón recordó que, esa madrugada, volvieron a sacarlo de la comisaría con la cabeza tapada y lo llevaron a un lugar alejado. Una vez allí, mientras lo golpeaban, los policías le dijeron: “Hicimos mal el trabajo porque vos no pudiste robar la plata; ellos tuvieron que matarle a la panadera”, graficó Christian M., quien relató que escuchó a los agentes hablando entre ellos: “Cómo vas a decir que le mataron, ahora este va a ir a ladrar todo y vamos a tener que matarlo”.

No obstante, el delincuente adujo que, como había testigos de que lo habían retirado de su celda, desistieron de la idea, “pero si habla vamos a matarle”, lo amenazaron.

Fue así que, mientras seguía detenido, el ladrón decidió admitir sus culpas ante César Yaya, quien no sólo le tomó la declaración testimonial, sino que además ordenó que se coteje su ADN con una de las cuatro pruebas genéticas recolectadas en la escena del homicidio de Gauto, la cual dio negativo.

En tanto, La Voz de Misiones pudo saber que, tras purgar una pena de cuatro años por el robo de la moto, Christian fue liberado y actualmente se desconoce su paradero, mientras es requerido por la Justicia.

¿Falsa condena?

El viernes 17 de abril de 2015, el Tribunal Penal Dos de Posadas condenó a Jorge Alberto De Jesús (49) a reclusión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

El empresario llegó en libertad al recinto, gracias a una prórroga solicitada en su momento por el fiscal de Instrucción Dos, Cristian Antúnez, para la realización de medidas. El sospechoso fue detenido el martes 1 de junio de 2010 y permaneció tras las rejas hasta febrero de 2012, cuando regresó a la calle ante la extensión de plazos solicitada en la causa.

En el juicio, que culminó con el fallo unánime de los jueces Marcela Leiva -presidenta del Tribunal-, Roque Martín González y Marcelo Cardozo, el representante del Ministerio Público Fiscal, Rolando Alberto Oliva, expuso que De Jesús actuó de forma premeditada para darle muerte a quien había sido su esposa.

La fiscalía describió que De Jesús le produjo heridas punzocortantes en la espalda y pecho”, además de propinarle “violentos golpes en el rostro y cabeza, causándole traumatismo gravísimo, dado que la arrojó contra la pared”. Así, se hizo hincapié en la impronta de una zapatilla en el rostro de la víctima, la cual se consideró “coincidente” con el calzado que el mismo De Jesús tenía puesto el día del hecho.

Por el contrario, la defensa del condenado -encabezada por el hijo en común que tiene con Ramona- insiste en su inocencia y sostiene que no existen pruebas contundentes que involucren a su padre en el crimen. De hecho, sus hijos, Daniel y Emiliano De Jesús, dieron su testimonio en el documental Falsa condena, que expone las presuntas irregularidades en la investigación y donde aseguran saber quién es el verdadero responsable por la muerte de Ramona Gauto.

Mientras tanto, Jorge De Jesús pasa sus días en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, a la espera de que la Corte Suprema de Justicia revise su fallo condenatorio y la Justicia misionera determine si le corresponde la prisión domiciliaria, solicitada hace unas semanas por sus abogados. Además, las ONG Proyecto Inocencia y Pensamiento Penal ya manifestaron su apoyo y anunciaron la presentación de investigaciones propias respecto a su culpabilidad.

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Fue intendenta en la dictadura y tiene un cargo en la Casa de Gobierno de Misiones

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Luz María Rodríguez Esquercia fue interventora de San José en 1979, durante el último gobierno de facto cívico-militar, y actualmente es la titular de la Dirección de Información Legislativa, en La Rosadita.

 

La Casa de Gobierno de la provincia de Misiones tiene entre sus servidores públicos a una ex funcionaria de la última dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983.

Se trata de la doctora Luz María Rodríguez Esquercia, quien es la actual titular de la Dirección de Información Legislativa de la Provincia, cuyas oficinas se encuentran en La Rosadita, frente a la plaza 9 de Julio de Posadas.

La Voz de Misiones accedió al decreto Nº 3.062, firmado el 8 de octubre de 1979 por el capitán de navío Rubén Norberto Paccagnini, quien fuera el gobernador de facto de la provincia entre diciembre de 1978 y marzo de 1980, durante el período dictatorial de Jorge Rafael Videla.

El documento -que también lleva la rúbrica de la por entonces ministra de Gobierno, la capitana Ángela Pérez Echeverría– decreta el “cese a partir de la fecha en el cargo de intendente de la localidad de San José del señor Francisco Tenaschuk” y nombra en su lugar a Rodríguez Esquercia.

Más específicamente, la letra del decreto gubernamental de la dictadura reza: “Desígnase a partir de la fecha como interventor municipal a la doctora Luz María Rodríguez Esquercia”, que por entonces se desempeñaba en un cargo bajo la órbita del Ministerio de Gobierno.

En este sentido, el documento agrega que el nombramiento al frente del municipio de San José será “sin perjuicio de sus funciones específicas”, con lo cual se interpreta que la actual funcionaria de la provincia mantuvo sus dos puestos.

A partir de 1981, luego de que el interventor Paccagnini fuera reemplazado por el general de brigada Juan Bayón, debido a su imposibilidad por contener a organizaciones sociales misioneras que reclamaban la vuelta de la democracia, Luz María Rodríguez Esquercia ocupó el cargo de directora de Personas Jurídicas.

Con la vuelta de la democracia, la doctora transitó por varias oficinas estatales, hasta recalar en la Dirección de Información Legislativa de la Casa de Gobierno de Misiones, oficina encargada del estudio de leyes vigentes, no vigentes y modificatorias para su informatización.

Aporte a la democracia

Las contribuciones de la ex interventora Luz María Rodríguez Esquercia a la democracia no se quedaron ahí, puesto que, además de ejercer cargos públicos, realizó aportes en efectivo al Partido Renovador de la Concordia Social, tanto para la campaña como para el funcionamiento interno del frente.

Por ejemplo, en los estados contables presentados en 2016 por el espacio creado por Carlos Rovira y Maurice Closs, la ex funcionaria de la dictadura figura como aportante de unos 7.700 pesos (unos 550 dólares a cotización de ese año).

El número de DNI que aparece junto al nombre de la directora de Información Legislativa en la planilla de aportantes renovadores es el mismo que figura en el decreto de Gobernación que la nombró como intendenta de facto de San José en 1979.

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