Policiales
Denegaron el pedido de excarcelación al marido de la taxista Claudia Benítez
El magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, denegó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Juan Andrés Rodríguez (39), el esposo de la taxista asesinada la semana pasada en Posadas, y de esta forma continuará detenido mientras avanza la investigación.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la resolución del magistrado Miguel Mattos contó la opinión del fiscal Patricia Clérici, que también se opuso al otorgamiento del beneficio planteado por la defensa de Rodríguez, representada por un equipo de letrados pertenecientes al estudio jurídico Jabornicky y Asociados.
De acuerdo a las mismas fuentes, entre los fundamentos de la decisión se destaca la gravedad del delito en cuestión y el estado incipiente en que se encuentra la investigación, a la espera de una batería de pericias ordenadas realizar, por lo cual la liberación del implicado podría representar un riesgo de entorpecimiento del avance de la causa.
De esta manera, Rodríguez continuará detenido en una celda policial, tal y como se encuentra desde el martes 17 de mayo, día en que se constató la desaparición de la taxista Claudia Benítez y el hallazgo de su automóvil incendiado en Nemesio Parma, lo cual marcó el inicio de la pesquisa.
El hombre, que antes de ser apresado trabajaba en una farmacia céntrica, aparece como principal sospechoso del femicidio y al momento de comparecer en audiencia de declaración indagatoria optó por guardar silencio ante la Justicia.
El futuro del expediente -y del acusado- dependerá en buena parte del resultado de la batería de medidas de prueba ordenadas a realizar por el juez Mattos, entre ellas pericias de teléfonos celulares, relevamiento de cámaras de seguridad y, principalmente, estudios científicos.
En esa línea, la expectativa se concentra en una pericia sobre el par de zapatillas que el sospechoso vestía al momento de su detención.
Es que, consignaron las fuentes de LVM, los calzados evidenciaban rastros que podrían ser de sangre y hollín, aunque para ello se aguarda la confirmación científica por parte de los peritos que analizan la prenda.
El caso
La taxista Claudia Benítez, de 32 años y madre de dos pequeños, desapareció el 17 de mayo a la mañana, cerca de las 6, cuando presuntamente salió de su casa en Itaembé Miní rumbo a Nemesio Parma para cumplir un viaje con tres pasajeros masculinos.
Ese mismo día, pero a las 9, vecinos de Parma reportaron el hallazgo del taxi Chevrolet Corsa ardiendo en llamas a un costado de la avenida Del Té, uno de los ingresos al paraje del sur posadeño y 24 horas después el cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de un pozo de agua ubicado en una propiedad abandonada de la misma zona.
La taxista presentaba dos puntazos en el cuello, tenía las manos atadas hacia atrás y el rostro cubierto. Su cuerpo no evidenciaba signos de defensa y la autopsia también concluyó que ya estaba muerta cuando la arrojaron al pozo.
Un primer relevamiento de cámaras de seguridad captó el recorrido del taxi de Benítez hacia Nemesio Parma en el horario del supuesto viaje que relató el marido de la víctima al comienzo de la pesquisa, pero no está comprobado que haya sido ella quien iba al mando del vehículo.
Incluso, en las imágenes se observaría la silueta de una sola persona dentro del rodado y se estima que la figura sería compatible con la fisonomía de un hombre, lo cual indicaría que en ese auto iba el asesino transportando a la víctima inconsciente o ya sin vida.
Por las características del hecho, una hipótesis indica que en el caso habrían participado dos o más personas, pero hasta el momento el único sospechoso bajo la lupa es Rodríguez, quien previo a la pandemia ya había sido denunciado por su pareja por hechos de violencia de género, aunque luego retomaron la relación.
A través de un nuevo comunicado, la Policía de Misiones aclaró que el motociclista fallecido por un conductor que se dio a la fuga en Dos Hermanas portaba el DNI correspondiente a otra persona y ahora además de buscar al responsable del hecho realizan las investigaciones pertinentes para establecer la verdadera identidad de la víctima.
“Se corroboró que el fallecido tenía en su poder un DNI que no le corresponde. La Unidad Regional XII continúa con la investigación para identificar a la víctima”, informaron desde la fuerza provincial.
De esta manera, se descarta que el fallecido en el hecho sea Eliseo De Lara (24) como comunicó la misma institución en el primer parte de prensa sobre el siniestro registrado esta tarde.
En el caso trabaja el personal de la comisaría de Dos Hermanas, cuyos uniformados esta tarde constataron que la presencia de un motociclista fallecido sobre la ruta nacional 14 como consecuencia de un siniestro vial, aunque el otro vehículo implicado se dio a la fuga y por ello se despliega un amplio operativo cerrojo por la zona y localidades aledañas.
La Policía despliega un amplio operativo cerrojo en localidades del norte provincial en busca de un automovilista que se dio a la fuga luego de chocar y matar a un motociclista sobre la ruta nacional 14.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el siniestro ocurrió esta tarde, a la altura de Dos Hermanas, donde los efectivos de la comisaría local constataron la muerte de un motociclista tras un siniestro registrado minutos antes sobre la mencionada arteria nacional.
La víctima fue identificada como Eliseo De Lara (24), aunque minutos más tarde la fuerza provincial aclaró que el fallecido portaba un DNI ajeno al momento del hecho, por lo cual se continúa trabajando para establecer su verdadera identidad.
En paralelo, se montó un amplio operativo para dar con el conductor del otro rodado involucrado.
La abogada Mónica Liliana Rodríguez (55), quien desde 2006 se desempeña como directora de Asuntos Jurídicos Previsionales del IPS, afronta una causa judicial en la que está imputada por los posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público tras una denuncia vinculada a un expediente administrativo por el otorgamiento de una pensión que desde 2018 no encuentra resolución.
Según pudo reconstruir La Voz de Misiones, la denuncia en contra de la funcionaria del Instituto de Prevención Social (IPS) fue radicada en octubre de 2023 por el letrado Víctor Luciano Gómez, quien actuó en representación de una mujer perjudicada en el trámite de la pensión que reclamaba tras el fallecimiento de su esposo, un ex empleado de Vialidad provincial.
En su presentación, el letrado narró que el expediente administrativo tuvo su inicio en el 26 de septiembre de 2018 y nunca prosperó, pero además acusó a Rodríguez de manifestar a viva voz su “voluntad irrevocable” de no conceder el beneficio, amparándose en una presunta documentación apócrifa o irregular que habría sido presentada para acreditar la convivencia de la mujer con su esposo fallecido, lo cual la parte demandante niega.
Ante ello, Gómez consideró que las conductas de Rodríguez encuadraban en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, presentación tras lo cual el fiscal Christian Antúnez requirió formalmente la apertura de una investigación penal contra la funcionaria.
Se inicio entonces una causa penal que se actualmente tramita en el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.
Cuidar la caja
Durante el proceso de la causa, el 1 de junio de 2024 declaró como testigo la diputada provincial María del Carmen Méndez Ason, quien se desempeñó como Vicepresidenta del IPS durante el período comprendido entre febrero de 2022 y diciembre de 2023.
En su declaración, según pudo averiguar LVM, la legisladora ratificó que el expediente administrativo por la pensión solicitada demostraba un retraso inusual y que ante esas circunstancias en varias oportunidades solicitó informes sobre lo sucedido a Rodríguez, aunque tampoco obtuvo respuestas.
Méndez Ason también dio fe de una discusión entre la parte denunciante y Rodríguez durante un encuentro mantenido en su propia oficina, ocasión en la cual ratificó que la funcionaria apuntada admitió que el beneficio solicitado no iba a obtener dictamen positivo porque “afectaría la economía” y que ella era quien “cuidaba la caja” del organismo.
Defensa
El siguiente acto procesal del expediente se dio el 28 de abril de 2025 y consistió en la citación a declaración indagatoria de la funcionaria acusada, donde fue imputada por los delitos denunciados.
En esa ocasión, Rodríguez aceptó declarar y se consideró inocente, negando las acusaciones y argumentando que todas sus decisiones fueron tomadas a “derecho” y conforme a “las leyes previsionales”.
También apuntó que entre Méndez Ason y la demandante existía un vínculo de amistad y dejó entrever que como respuesta iniciaría una acusación por “falsa denuncia”.
En esa misma audiencia, la funcionaria propuso a otras tres personas para que declaren como testigos en la causa y el proceso continúa instruyéndose.
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