Un joven de 18 años cayó de un primer piso esta madrugada y permanece internado en estado crítico en el hospital Madariaga, mientras agentes policiales investigan las circunstancias del suceso.

De acuerdo a lo consignado por fuentes de la fuerza provincial, el hecho ocurrió cerca de las 5 de hoy, en un edificio ubicado sobre calle San Lorenzo, en inmediaciones a su intersección con calle Tucumán.

A esa hora la Policía fue advertida sobre la presencia de un joven de 18 años que instantes antes había caído desde un primer piso de un edificio, sufriendo lesiones gravedad.

Una ambulancia del sistema de emergencias también acudió al lugar y concretó el traslado del muchacho hacia el hospital Madariaga, donde actualmente se encuentra internado en estado crítico.

Una comisión de la Dirección General de Policía Científica intervino en el hecho y realizó las pericias de rigor para determinar las circunstancias del hecho.

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El Tribunal Penal Dos de Posadas ratificó la medida dispuesta el miércoles y decidió que los seis ex policías imputados por el caso Guirula continúen con “arresto preventivo” hasta el dictado de la sentencia, previsto para el próximo martes, una vez que se complete la ronda de alegatos iniciada ayer con el pedido de prisión perpetua formulado por la fiscalía para dos de los acusados.

Fueron las defensas de Lucas Nahuel Saravia Allosa (37), Carlos Alberto Zidorak (36), Claudio Marcelo Servián y Carlos Alberto Da Silva (34), quienes alegaron esta mañana y en paralelo al pedido de absolución para cada uno de ellos solicitaron el cese del “arresto preventivo” para que puedan aguardar el veredicto en libertad, misma condición en la que llegaron a juicio, aunque no obtuvieron respuesta favorable por parte del tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por los jueces de instrucción Fernando Verón y Miguel Mattos como subrogantes legales.

Para el fiscal Vladimir Glinka, los cuatro mencionados incurrieron en el delito de “omisión” al no interceder para evitar las agresiones que derivaron en la muerte del albañil Carlos Guirula, accionar en que atribuyó a los imputados Lourdes Beatriz Tabarez (42) y Ricardo Rafael Escobar (42), para quienes pidió perpetua.

En el caso de Saravia Allosa también fue acusado por torturas, al considerar el lanzamiento de un gas pimienta contra la víctima como una acción enmarcada como vejaciones.

Los seis ex policías habían llegado a juicio acusados de “tortura seguida de muerte”, figura que se mantuvo para Tabarez y Escobar, no así para los otros cuatro imputados, a quienes el fiscal favoreció con un cambio en la calificación legal del delito atribuido, aunque las defensas insistieron en la inocencia absoluta de cada uno de ellos.

Escobar y Tabarez (foto principal) pueden ser condenados a prisión perpetua el próximo martes.

Pedido de absoluciones

“En primera instancia Da Silva propuso llevar al detenido a sanidad policial. Luego, junto a Saravia, le pidieron a Escobar que se bajara de la espalda de Guirula. Es decir, él no fue indiferente, ni guardó silencio. Entonces, no hubo omisión”, argumentó en primer turno Horacio Skanata, defensor de Da Silva, para quien Glinka pidió la menor pena: 6 años de prisión.

En defensa de Servian alegó el letrado Mauricio Vergara, quien cuestionó que la acusación del fiscal Glinka carecía de fundamentos. “Si repasan los testimonios nadie especificó qué hizo o dónde estaba Servian después de que a Guirula lo sacan del auto. Él fue a buscar la camioneta (el patrullero Hilux), si él era el chofer”, señaló.

Y ahondó: “La fiscalía no describe cuál es la conducta omisiva que atribuye a Servian. No lo colocó en algún lugar como para saber si podía o no evitar la agresión”.

Vergara reclamó “violación al principio de congruencia que afectó al derecho de defensa” y solicitó la “anulación de la imputación por falta de fundamentación”, ante lo cual correspondería la absolución de su defendido.

Los abogados Mauricio Vergara, Horacio Skanata y Julián Brites iniciaron la jornada de alegatos este viernes.

El abogado Julián Brites también pidió la absolución de Zidorak, al argumentar que la acusación era “injusta” y al mencionar que su cliente hizo lo que estaba a su alcance para evitar las patadas y pisotones contra la víctima.

“Tabarez pisó la cabeza de Guirula y en un acto reflejo y para resguardo de Guirula Zidorak la apartó con un manotazo. El puntapié que luego dieron fue a espaldas de mi defendido, si hubiera tenido ojos en la nuca lo hubiera podido ver, pero no”, afirmó.

Por último, expusieron los letrados Federico Tilli y Cristian Bareiro, en defensa de Saravia Allosa, quienes calificaron como “irrazonable” la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

Cuestionaron que en la causa no hay ningún gas pimienta incautado que acredite el accionar que le achacan a su cliente y, por ende, solicitaron que en la imputación por torturas recibida la absolución por “inexistencia de elemento probatorio” o en su defecto que se aplique el beneficio de la duda.

Sobre la omisión, advirtieron que Saravia Allosa no pudo haber evitado “las patadas a Guirula en el piso porque no estaba en ese momento” y respecto a las agresiones que le endilgan a Escobar durante el traslado del detenido recordó el testimonio de otro policía presente durante el hecho pero sobreseído en la instrucción.

Saravia Allosa en diálogo con su abogado Federico Tilli, último en alegar junto a su colega Cristian Bareiro.

“Bogado fue el testigo estrella acá y él mismo declaró que Allosa le pegó un codazo a Escobar para que deje de hacer lo que estaba haciendo. Es decir, Allosa activó un mecanismo de evitación. Allosa hizo hasta un poco más que Da Silva”, postuló Tilli, que también pidió que absolución de su cliente respecto a la segunda imputación.

Al margen sus planteos principales, las defensas también efectuaron pedidos subsidiarios y la mayoría coincidió que, en caso de que el tribunal coincida con la postura fiscal, las penas solicitadas se den por cumplidas por el tiempo que los acusados ya estuvieron con prisión preventiva (4 años) o que las mismas sean de cumplimiento condicional.

El debate continuará el próximo martes, a partir de las 9. Resta el alegato de la letrada Mónica Olivera, defensora de Escobar, para luego dar paso a la etapa de réplicas y dúplicas, antesala de lo que será el dictado de la sentencia.

Mientras tanto, los seis acusados continuarán alojados en la Unidad Penal VI en caso de los hombres y en el Unidad Penal V en el caso de Tabarez.

El debate es presidido por el magistrado Augusto Gregorio Busse. La sentencia será el martes. 

El pedido de la fiscalía:

Lourdes Tabarez: prisión perpetua como autora de “tortura seguido de muerte”.

Ricardo Escobar: prisión perpetua como autor de “tortura seguido de muerte”.

Saravia Allosa: 7 años de prisión por “tortura” y “omisión”

Zidorak y Servian: 6 años y 6 meses de prisión por “omisión”

Da Silva: 6 años de prisión por “omisión”.

Caso Guirula: el fiscal pidió perpetua para dos de los seis policías imputados

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El Juzgado de Instrucción Dos de Posadas dispuso la libertad de Héctor “Chino” Olivera, empleado del Casino Club, que permanecía detenido desde el 12 de septiembre, acusado por los delitos de “asociación ilícita”, “falsificación de documentos” y “estafas reiteradas”.

La medida quedó formalizada el último lunes mediante un acta realizada en sede judicial, donde Olivera fijó domicilio y se comprometió a cumplir las reglas impuestas mientras avanza la investigación.

Según la resolución, la Justicia decidió convertir la caución real que pesaba sobre el imputado en una caución juratoria, lo que implica que Olivera recupera la libertad bajo compromiso personal de presentarse ante el tribunal cada vez que sea requerido.

El acusado declaró como domicilio una vivienda ubicada en la chacra 152 de Posadas, y afirmó que no tiene actividades laborales que lo obliguen a ausentarse por más de 24 horas sin notificación previa a la Justicia. En tanto, el juez advirtió que cualquier incumplimiento podría derivar en la revocación del beneficio.

Olivera se desempeñaba como delegado del sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento y Afines (Aleara) en el Casino Club de Posadas, donde tenía 23 años de antigüedad. Está acusado de actuar como nexo entre empleados de la casa de apuestas y el médico Manuel Ramón G. (70), detenido luego de una denuncia de la empresa por la supuesta emisión de certificados médicos apócrifos para su personal.

Finalmente, luego de más de 50 días alojado en la dependencia Séptima de Villa Cabello, el trabajador del Casino Club de Posadas recuperó la libertad el lunes 10 de noviembre.

Esposa de empleado del Casino detenido: “Está preso por se dice qué”

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