En diálogo con La Voz de Misiones, Carmen Sotelo reclamó la liberación de su esposo, Héctor “Chino” Olivera, empleado del Casino Club Posadas, detenido desde el 12 de septiembre en el marco de una causa que investiga a un médico psiquiatra por presunta emisión de certificados falsos a, al menos, 25 trabajadores de la casa de apuestas.

“El apoderado del Casino Club, Matías Lupiano, hizo una ampliación de denuncia por Zoom, diciendo que, en una investigación, compañeros de Héctor lo acusaron de ser la conexión directa con el psiquiatra”, contó Carmen a LVM y apuntó: “A las dos horas apareció toda la policía en mi casa y lo detuvieron”.

Olivera era delegado del sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina (Aleara) en el Casino Club de Posadas, con 23 años de antigüedad en la empresa, según precisó su esposa a este medio. Está acusado de ser el nexo entre los empleados de la casa de apuestas con el médico Manuel Ramón G. (70), detenido tras una denuncia que inició la compañía por emitir certificados apócrifos a su personal.

Sobre las pruebas que tendría la Justicia misionera en contra de su esposo, Carmen sostuvo: “Son tres mensajes que tienen que dicen que él -por Héctor- fue el que le dio el número de teléfono a sus compañeros”.

En esa línea, la mujer afirmó que “el doctor no lo tiene ni agendado, lo único que hay son los mensajes donde él dice que le iba a mandar unos compañeros que le pidieron su número, pero nada que lo incrimine”.

En cuanto al día de la detención del delegado sindical, Carmen señaló que cuando allanaron su domicilio “ningún policía tenía identificación” y un uniformado los “amenazó” con llamar a Infantería “si yo no habría la puerta”.

“Nos dijeron que era averiguación de antecedentes, que solo iba a estar detenido por 24 horas, secuestraron su celular y hace más de 50 días está detenido”, denunció la mujer en diálogo con LVM.

Asimismo, la esposa de Olivera expuso que desde ese día “pedimos la excarcelación, que brinden los nombres de los supuestos compañeros que lo señalaron, fui varias veces al juzgado para saber cuáles son las pruebas y no hay nada”.

“Hace una semana declaró y hasta el día de hoy no tenemos novedades”, agregó la pareja del delegado sindical del Casino Club de Posadas, que está alojado en la comisaría Séptima, ubicada en el barrio Villa Cabello. En tanto, la causa se instruye en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.

“Pido la excarcelación para que espere el juicio y si es realmente culpable, como dicen, habrá pruebas, pero no que lo tengan encerrado como lo tienen ahí, se me hace injusto que el representante de una empresa venga y diga, porque en la denuncia dice ‘dice qué algunos compañeros’ y por el ‘se dice qué’ él está preso hasta el día de hoy”, cerró Carmen Sotelo en entrevista con LVM.

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En entrevista con La Voz de Misiones, José Luis Ayala, comerciante de La Saladita de Garupá, acusó de “persecución” a la administración del predio de ventas con el objetivo de “quedarse” con el local de comida que gestiona hace once años. Además, ayer radicó una denuncia por un hecho de robo que también atribuye como responsables a los encargados del lugar.

De acuerdo a lo que explicó el comerciante a LVM, semanalmente abona un canon de $100.000 por la utilización del puesto en el patio de comidas a la administración de La Saladita, a cargo de Alejandro Casares. 

Ayala relató que debió delegar su trabajo a una joven a la que dejó como responsable del comercio mientras él acompañaba a su madre por cuestiones de salud, pero continuaba encargándose de pagar la cuota semanal.

En tanto, precisó que el conflicto se desató cuando “yo quise pagar esta semana que pasó y no me aceptaron el pago”.

“En principio, el sábado le mando mensaje al señor Alejandro Casares, avisándole que le deje a la chica de seguridad el recibo, que yo pasaba a buscar y le abonaba, siempre hago así”, detalló el comerciante.

A ese mensaje, el encargado del predio de venta le contestó que pase el lunes a abonar la cuota, y luego, debido a que los responsables de gestionar el recibo no iban a estar, le indicó que acuda el día miércoles al predio.

“En ese lapso de tiempo, el día martes, yo me comunicó con la chica de seguridad y me dice ‘José Luis vení el miércoles porque te quieren ocupar el lugar’. Entonces yo el miércoles me hago presente a primera hora, entro a mi local, y resulta que el señor Francisco Casares, que es el hermano de Alejandro Casares, le hizo un contrato de locación a la chica”, señaló el comerciante.

Robo y corte de suministros

Al encontrarse con que el local que subalquila hace 11 años, “desde que abrió La Saladita”, conversó con la joven a la que había confiado para que administre el lugar en su ausencia y “ella en primer lugar se lo tomó mal, quería hacerse cargo, pero ellos le hicieron un contrato fuera de lugar”.

Por otro lado, José Luis Ayala radicó una denuncia en la Comisaría Quinta de Garupá porque en el día de ayer jueves “cuando me presento a trabajar me encuentro sin el suministro de luz y sin agua, además, entraron a mi lugar cerrado y me arrancaron la cañería, tenía $285.000 en la caja para bajar bebidas que se llevaron junto con una carpeta con todos los recibos”.

El comerciante preguntó por lo ocurrido a Alejandro Casares y a la guardia de seguridad: “Nadie me dio una explicación, hasta el día de hoy”, dijo y apuntó: “Es orden de la administración que me saquen el agua y la luz”.

También comentó que en su caso particular no cuenta con un contrato formal con la administración porque le pedían “que abone $100.000 con el contrato en blanco y $300.000 en negro”, a lo que él se negó.

Por ello, semanalmente Ayala recibe un comprobante de pago que “no tiene firma, nadie se hace cargo, ni el que agarra la plata”, acusó.

Para cerrar, el comerciante de La Saladita de Garupá reclamó: “Lo que estoy pidiendo es que por favor me devuelvan la luz y el agua para poder seguir trabajando, yo vivo de esto, hoy la situación no está como para no trabajar”.

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Vecinos del barrio El Progreso de Posadas solicitaron intervención de la municipalidad ante el estacionamiento de camiones frente a sus viviendas, lo cual, aseguran “incrementó la inseguridad en la zona”.

En comunicación con La Voz de Misiones, un vecino de la zona relató que el estacionamiento de camiones frente a las casas “provoca roturas en las calles empedradas” y en algunos casos “cortan los cables de internet y alumbrado”.

Por otra parte, manifestaron con preocupación que los extensos acoplados de los camiones, que corresponderían a miembros de la comunidad gitana, estarían siendo utilizados con fines delictivos: “Los chorros se esconden en los acoplados para robar y esconder las cosas”.

Frente a esta situación, y luego de varias asambleas con miembros de la comisión barrial, la presidente local emitió notas dirigidas a la Municipalidad de Posadas, aunque lamentaron que “no obtuvimos respuestas hasta el momento” y “la problemática continúa desde hace varios meses”.

En el mismo sentido, esperan que la Dirección General de Tránsito y la Policía de Misiones “tomen cartas en el asunto”.

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