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Un año y medio de ataques a fondo contra la clase obrera

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Por: Aníbal “Tato” Zeretzki

@TatoZeretzkiPo

 

En este año y medio de mandato del presidente Milei asistimos a un ataque a fondo contra los derechos de los trabajadores de nuestro país a través de un conjunto leyes que por la magnitud del impacto que tendrán sobre las condiciones de trabajo constituyen una verdadera reforma constitucional.

La reforma laboral no es una “actualización” de convenios colectivos de trabajo obsoletos sino, al contrario, un retroceso en importantes derechos que fueron conquistados con décadas de luchas.

Se extiende el período de prueba hasta ocho meses, al cabo de los cuales te pueden rajar sin problemas; elimina el reconocimiento de la relación de dependencia (y con eso, de los derechos laborales) para los trabajadores de empresas de hasta cinco trabajadores, algo que va a incentivar más la tercerización en empresas subsidiarias; elimina la reinstalación en los casos de despidos antisindicales, toda una señal de ofensiva contra los activistas y delegados combativos en los lugares de trabajo; y abarata las indemnizaciones por despido, en un momento de fuerte recesión económica e industrial. Como también barre con las multas a las patronales que precarizan a sus trabajadores, “la ley es un llamado a que se siga contratando trabajadores sin registrar”, como denunció la diputada del Frente de Izquierda y el Partido Obrero Romina Del Plá.

La informalidad laboral alcanzó a 4 de cada 10 asalariados bajo el gobierno de Milei. A su vez, este prepara una reforma antiobrera en función de proyectar la ausencia de derechos que padece el sector no registrado hacia el conjunto de los trabajadores. Pretende convertir al país en una plataforma de mano de obra barata al servicio del lucro capitalista. El dato proviene de un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA), en base a estadísticas oficiales, correspondiente al tercer trimestre 2024.

De allí se desprende que la tasa de informalidad laboral supera el promedio en el caso de las trabajadoras de casas particulares (76,3%), los obreros de la construcción (67,3%) y los empleados de comercio (47%).

Lo anterior muestra el fracaso que significó la política de otorgar incentivos patronales como aliciente para crear empleo formal: ni la reducción de aportes patronales consignado en el Plan Registradas redujo la informalidad en el servicio doméstico, como tampoco el reemplazo de las indemnizaciones por el fondo de cese laboral en el convenio de la Uocra contribuyó a generar puestos de trabajo de calidad en dicho rubro.

Semejante tasa de informalidad agrega preocupación sobre la decisión del gobierno de eliminar la moratoria previsional, negándoles el derecho a jubilarse a aquellos que no lograron reunir los años de aportes requeridos por culpa del fraude patronal, condenándolos a sobrevivir con una pensión de indigencia.

Los capitalistas se ahorran las contribuciones a la Seguridad Social de dos quintos de la fuerza de trabajo de Argentina. Además, retienen una mayor porción de la riqueza creada por los trabajadores pagándoles peores sueldos a quienes no están registrados. La brecha salarial entre los asalariados formales e informales asciende al 46%. En ese sentido, 40% de los trabajadores vive en hogares pobres, escala a 60% en los no registrados.

Esta realidad desmiente el discurso del gobierno y empresarios sobre que reducir las contribuciones patronales y flexibilizar los convenios colectivos permitiría mejorar los salarios. Los que no tienen acceso a aportes jubilatorios, vacaciones, licencias pagas y aguinaldo perciben los ingresos más bajos.

También se revela como falsa la premisa de que las inversiones decaen por culpa del supuestamente elevado costo laboral. Lo cierto es que este último se encuentra por el piso como resultado de la extensión del trabajo precario y la caída salarial, sin embargo, el índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) cayó 17,1% interanual entre enero y noviembre 2024, según la consultora Orlando Ferreres.

Son argumentos falaces para justificar una reforma antiobrera que incremente la tasa de beneficio del capital.

El estudio citado describe que la informalidad laboral trepa al 75% en las empresas de hasta 5 empleados.
La Ley Bases borra la relación de dependencia en los establecimientos con hasta tres trabajadores, incorporando la figura del «colaborador», sin derechos de aguinaldo, vacaciones, enfermedad, licencias e indemnización, es decir, las condiciones básicas de la ley de contrato laboral.

La no registración es casi 5 puntos superior entre mujeres, dado que los puestos de trabajo con alta tasa de feminización son más precarios; deja en ridículo el negacionismo del gobierno respecto a la brecha de género.
A su turno, la informalidad escala al 64% entre la juventud y al 67% entre las mujeres jóvenes, específicamente.

La mitad de los jubilados cobra la mínima que, con el bono de $70.000, llega a $355.820, mientras la canasta básica de la tercera edad, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad, se ubica en $1.200.000. Es decir, hoy una jubilación mínima, con aumento y todo representa casi la cuarta parte del costo de vida de un jubilado.
Las jubilaciones constituyeron el 19,2% del recorte total realizado por el Sector Público Nacional en 2024.

La Ley Bases pone fin de la presunción de existencia de relación laboral: se invierten las consideraciones al respecto, teniendo el trabajador que demostrar la naturaleza fraudulenta de una incorrecta registración. Así como se declara a ciertas actividades dudosas (prestación de servicios y de agencia, etc.) en el derecho civil y comercial y por fuera de las relaciones del trabajo. También se habilita el funcionamiento de “trabajadores independientes” con hasta 3 colaboradoras, en el régimen de monotributistas. Tras la reglamentación empezará a regir el nuevo “periodo de prueba”, pasando de los actuales 3 meses a un mínimo de 6 meses, pudiendo extenderse a 8 (empresas de seis a cien trabajadores) y 12 meses (empresas de hasta cinco trabajadores), lo que implica la consagración final de la inestabilidad laboral, siendo que “un año de trabajo” no implica ningún periodo de “prueba”. Esto exime a las patronales del pago de indemnización por antigüedad, preaviso e integración del mes.

Entre los ítems más esperados por patronales, se habilita el despido “con justa causa” ante medidas sindicales que puedan ser consideradas como “bloqueos o tomas de establecimientos” o la afectación de la “libertad de trabajo” de otros empleados, lo que otorga amplias facultades discrecionales a los capitalistas.

Incluso se faculta a las patronales al despido discriminatorio (algo prohibido por tratados internacionales) con un sobrecargo de entre 50 y 100% de la indemnización por antigüedad: con plata se puede discriminar.

La reglamentación también daría lugar a que patronales y burocracia sindical pacten reformas en los convenios colectivos para incorporar el Fondo de Cese Laboral en remplazo del actual régimen indemnizatorio

En la provincia de Misiones la situación del conjunto de los trabajadores es de las peores del país en términos salariales y en las condiciones laborales. Mientras el promedio nacional del salario bruto es de $1.049.781, en nuestra provincia es un 37% inferior a esta cifra. Además, la informalidad laboral está mucho más extendida que en otras provincias, sin mencionar el enorme grado de explotación que padecen quienes trabajan a destajo como los tareferos.

Todos los partidos políticos patronales coinciden en una reforma laboral flexibilizadora; desde el PRO, UCR, peronismo dialoguista, fuerzas provinciales como la Renovación hasta CFK se mostró a favor de avanzar en ese sentido. La CGT, en lugar enfrentarla, se sentó con el gobierno a negociar la reforma laboral a cambio de excluir de la ley los articulados que afectan a sus cajas. El único sector político que enfrentó este ataque desde el inicio fue el Frente de Izquierda y los trabajadores que integra el Partido Obrero movilizándose junto a los trabajadores, estudiantes y jubilados.

En ese sentido el FMI exige reformas sustanciales –el gobierno se comprometió a ello- como la previsional, que prevé el aumento de edad jubilatoria, la eliminación de los regímenes especiales, el doble beneficio de las pensiones, la privatización de las jubilaciones y la imposibilidad para quienes no tienen los aportes completos de jubilarse, esto en un país donde el trabajo informal supera el 42%; como la reforma laboral que va contra las indemnizaciones, por una mayor flexibilidad como la aplicación del “banco de horas” que convierte las horas extras en horas normales, etc.; como el régimen tributario que busca un mayor gravamen sobre los trabajadores, y que ya una resolución aumenta lo que pagan 2.500.000 de monotributistas, etc.

Este ataque contra la inmensa mayoría del pueblo y todos los trabajadores está planteado luego del mazazo que significó el ajuste brutal que ya efectuó la motosierra de Milei y los gobernadores, ahora afilada por el FMI para ir más a fondo.

La avanzada del gobierno de Milei y los gobernadores contra los trabajadores da lugar a un envalentonamiento de las patronales por medio de despidos, suspensiones y extorsiones y presiones sobre los trabajadores.

La reglamentación de esta normativa antiobrera deja sin ningún beneficio para los trabajadores y la población en general, siendo estos perjudicados por la pérdida significativa de derechos y conquistas laborales y por la imposición de un régimen de precarización y flexibilización laboral a imagen y semejanza de las pretensiones patronales. Derrotemos esta orientación contraria a los trabajadores, con la organización independiente, con la huelga general contra Milei y los gobernadores.

*Aníbal “Tato” Zeretzki candidato a diputado provincial del Partido Obrero. 

Opinión

Pensar desde acá, actuar hacia allá

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Por: Micaela Gacek.

@MicaelaGacek

En estos días que corren la sociedad misionera ya no necesita dirigentes que se escondan cuando las cosas se complican. Necesita líderes que caminen con la cabeza alta en las buenas y en las malas. Que vuelvan a mirar a la gente a los ojos. Que se animen a reconocer errores y tengan el coraje de corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde.

Creo en un liberalismo misionero. No importado ni copiado. Un proyecto local, con centro en el ser humano, que se construye desde abajo hacia arriba. De acá para allá, no de allá para acá. Porque cuando las soluciones se piensan desde lejos, lo que está cerca se rompe.

Quiero un Estado suficiente. Lo justo y necesario. No para controlar la vida de las personas, sino para garantizar lo que verdaderamente importa: salud de calidad, educación de excelencia y una seguridad que proteja sin abusos. Eso no es lujo. Es dignidad básica.

Representar no es obedecer ciegamente a un gobierno nacional. Representar no es ser funcional a los intereses de turno. Representar es sostener la voz de la provincia con autonomía, con coherencia, con respeto. Y sobre todo, con independencia.

Estoy convencida de que gobernar no es repartir contratos ni acomodar parientes. Gobernar es estar. Escuchar. Caminar con la gente. Decir la verdad. No estar solo cuando hay aplausos, sino también cuando toca enfrentar momentos difíciles.

La política necesita volver a ser humana. Más cerca de la realidad. Más conectada con lo cotidiano, con lo que viven las familias, los jóvenes, los trabajadores, los que emprenden y los que sostienen.

No venimos a imponer. Venimos a proponer.

No creemos en soluciones mágicas. Pero sí en ideas claras.

No queremos representantes obedientes. Queremos representantes presentes.

Este es un camino. No el único. Pero sí el que creemos necesario.

Un camino que parte desde Misiones, con identidad bien nuestra, con respeto por nuestras raíces, por nuestros abuelos que escaparon del caos y encontraron en esta una tierra fértil donde desarrollar su proyecto de vida, y sobre todas las cosas con la convicción de que se puede hacer política de otra manera.

Una manera más humana.

(*) Candidata a diputada nacional del Frente Renovador Neo

 

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Opinión

Una presión fiscal que ahoga: el modelo impositivo misionero está agotado

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Ariel “Pepe” Pianesi

@pepepianesi

 

La contracción de la economía y la caída del consumo de alimentos y productos básicos vuelven a poner en agenda el abusivo sistema de tributación que sostiene la gestión renovadora en Misiones.

A la crisis de la yerba mate y la mandioca, ahora se suma el pedido de auxilio del sector forestal, que atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años. La combinación de baja demanda en el mercado interno y parálisis total del mercado externo deja a esta industria clave en una situación crítica. En un comunicado reciente, AMAYADAP —la asociación que nuclea a empresas del rubro— reclamó medidas urgentes al gobierno provincial, entre ellas, la devolución de saldos a favor en el impuesto a los Ingresos Brutos.

Este es un punto que venimos señalando desde hace mucho tiempo. A pesar de los esfuerzos de la oposición, aún no existe claridad sobre el monto total acumulado en concepto de saldos a favor, aunque se estima que equivale a más de una recaudación fiscal completa de un año. Y lo más grave: no hay señales de voluntad política para devolver esos montos, permitir su compensación o, al menos, eximir de las retenciones automáticas en cuentas bancarias.

Otro aspecto crítico es el de los anticipos impositivos. Si bien el impuesto sobre los Ingresos Brutos se cobra en todas las provincias con tasas similares, muy pocas exigen su pago adelantado. Esta práctica distorsiva afecta profundamente al sector privado: achica el comercio, encarece los productos para el consumidor final y termina desalentando la inversión, el desarrollo y la creación de empleo.

El modelo misionero llega a extremos que no se ven en otras jurisdicciones. Un ejemplo es la retención del 8% sobre rendimientos de inversiones bursátiles, como los plazos fijos. Es decir, si un ciudadano busca cubrirse de la inflación invirtiendo su dinero, la Agencia Tributaria de Misiones le cobra no una, sino dos veces: al ingresar el dinero a su cuenta, y luego sobre las ganancias obtenidas. Todo esto, a pesar de que la Comisión Arbitral ha señalado que esa retención es ilegal.

Y como si todo esto fuera poco, el sistema se completa con una verdadera aduana interna, que obstaculiza el libre comercio dentro del país, castiga a las empresas locales y expulsa inversiones hacia provincias vecinas o incluso hacia Paraguay. Son muchas las empresas que abandonaron Misiones o dejaron de operar con ella por considerar que la carga impositiva supera la rentabilidad.

Este modelo fiscal, basado en una recaudación insaciable para sostener una caja electoral inédita en el país, está agotado. Es urgente rediscutir la matriz impositiva y avanzar hacia un sistema que premie a quienes invierten, generan empleo y apuestan por el desarrollo. Misiones tiene todo para ser un polo productivo, comercial y exportador. Pero para eso, necesitamos un régimen impositivo que empuje, no que asfixie.

(*) Diputado Provincial UCR

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Entre el berrinche de la adolescencia y la madurez

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Por: Fernando Oz

@F_ortegazabala

Cuando Fernando De la Rúa presentó su renuncia a la presidencia y se montó al helicóptero en diciembre de 2001, el desencanto social con la clase política había alcanzado a todos, sin distinciones partidarias. Todo acabó en otro desastre. Gases, piedras, represión, tiros, heridos y muertos. Los manifestantes buscaban a cuanta cámara o micrófono se les ponía por delante para gritar “que se vayan todos”.

Querían un despertar distinto, con dirigentes políticos enteramente nuevos, no contaminados. Los argentinos querían empezar desde cero, una utopía casi adolescente para un país que había retomado la senda de la democracia dieciocho años antes.

En el país siempre ha habido algún partido joven que, denunciando a la vieja política vigente, anunciaba el advenimiento de una nueva era. Lo hicieron Alem e Yrigoyen contra los conservadores en el radicalismo inicial. También los socialistas y los demócratas progresistas contra los conservadores y los radicales ya convertidos en casta. Lo hizo Perón, la Ucedé de Alsogaray, el Frepaso de Chacho Álvarez y Bordón, el ARI de Carrió, el PRO de Macri. Por diversos motivos, todos los intentos purificadores de la casta de ayer desembocaron en frustración. Y ahora es el turno de La Libertad Avanza de los hermanos Milei.

Los argentinos nos hemos caracterizado por exigir que el cambio, el ideal o lo deseado se alcance de un solo golpe. Todo de la noche a la mañana. Lamento decirlo, pero hemos sido y aún somos culturalmente golpistas. Es que somos impulsivos y el golpismo es propio de los países adolescentes.

Cuando venían Uriburu, Lonardi, Onganía o incluso Videla sobre sus tanques, miles de argentinos aplaudían. Cuando Alfonsín anunciaba que con la democracia se cura, come y educa, millones le creyeron. Cuando Menem habló de la revolución productiva, lo siguieron. ¿Cuántas ilusiones despertó la Alianza? ¿Cuántos confiaron en ese presidente poco conocido que llegaba del sur, desgarbado, con un ojo extraviado y mocasines deslustrados? ¿Y esa nueva centro derecha que inauguró Macri?

Al esperar demasiado de cada cambio, el impulsivo adolescente pasa de la ilusión a la frustración y de ella a una nueva ilusión. Pero, sin que debamos renunciar a la utopía de un mañana perfecto, los argentinos también deberíamos reconciliarnos con la modesta realidad que nos rodea. El realismo de la madurez.

Seamos honestos, ni en el país de los últimos años ni en el bendito Cantón Verde han faltado políticos nuevos. Sucede que cada tanto, como burla malvada del cosmos o de los dioses, la regeneración de dirigentes se profundiza en plazos breves, otras en años, incluso generaciones. Ha ocurrido y seguirá ocurriendo.

En esta sociedad liquida del scroll y del like fácil, el político nuevo enfrenta un problema insoluble. Si viene de fuera del sistema de la política, pronto fracasa por falta de experiencia. Si triunfa, es que supo adquirir experiencia. Pero una vez que la adquirió, ya no es un político nuevo. Es ahí donde aparece el impulso adolescente, el berrinche.

La renovación de la vida política es, por cierto, un objetivo loable, pero debe ser gradual, para darles a los nuevos la ocasión de aprender a aprovechar lo bueno y desechar lo malo de los que están, ya que la política es un arte consumado que no se domina de la noche a la mañana.

En los días y en los meses que nos esperan nuestro desafío no será sólo elegir entre los candidatos a diputados nacionales, sino también el de ver cuánta distancia podemos tomar de las intensas emociones del país. El realismo periférico, que es el que nos compete por ser un Estado de menor injerencia en el concierto nacional, necesita de la madurez. Para los intereses de Misiones un legislador nacional es lo que es para un país una representación diplomática, un defensor de una política de Estado.

Ahora, el Frente Renovador de la Concordia postulará a Oscar Herrera Ahuad como candidato a diputado nacional. Es uno de los políticos con mayor conocimiento público de la provincia y con una imagen positiva que roza el 80%. Para octubre tendrá 54 años, médico pediatra de la salud pública curtido en San Pedro, ex ministro de Salud, vicegobernador y gobernador, y actual presidente de la Legislatura provincial. Un hombre con experiencia, conocimiento del territorio, hecho en esa mística misionerista, producto inacabado de la evolución de la Renovación; de la fuerza política a una instancia de pensamiento político regional en desarrollo.

Para los libertarios de paladar negro el candidato natural es Javier Lanari, nació en Misiones hace 40 años, es periodista y se jacta de ser amigo de Milei desde hace una década, cuando lo sacaba al aire en un programa de Radio Rivadavia. Es ducho y hábil en su ámbito, los medios. No tiene experiencia legislativa ni en cargos públicos, desde diciembre de 2023 trabaja como subsecretario de Comunicación y Medios de la Nación, puesto que le ofreció su ex coequiper radial, Manuel Adorni. Es un activo defensor de las políticas de vaciamiento del Estado, pese a que dos de sus hermanos tienen importantes cargos en el Gobierno, uno en Senasa y otro en Yacyretá.

Por ahora ellos son los principales candidatos de las dos fuerzas políticas más importantes según los datos que arrojó las elecciones del 8 de junio. En el PJ misionero aún no hay nada claro, mientras algunos esperan señales desde el balcón de CFK otros prefieren salir a apoyar a Herrera Ahuad. Habrá que ver que fichas mueve Héctor Cacho Bárbaro, revitalizado diputado provincial electo y viejo aliado del kirchnerismo en la Cámara baja del Congreso. El estado del radicalismo y el PRO sigue siendo delicado, aunque con signos vitales estables.

Habrá que ver qué decisión toman las fuerzas políticas del Cantón, tal vez hayan aprendido la lección del pasado, de ayer nomás, y decidan dejar el berrinche de la adolescencia para ingresar en el mundo acotado de la madurez. Se trata, en resumen, de asumir con sencillez las reglas. De escuchar atentos, serenos, lúcidos, conscientes, las palabras del paso del tiempo que nos susurra lo mortales que somos; como el esclavo que machacaba al oído del general romano diciéndole: “recuerda que sólo eres un hombre”.

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