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La Afip ordenó quemar 11.690 juguetes en Puerto Rico

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Un total de 11.690 juguetes para niños, incautados en un operativo en Corpus, serán quemados en las próximas horas en Puerto Rico porque la Afip decidió no donarlos.

Casi 12.000 juguetes fueron secuestrados en procedimientos realizados en el año 2017 en la localidad de Corpus y fueron trasladados a Puerto Rico para ser quemados por la Afip, justo a un mes del Día del Niño en Argentina.

La primer carga de contrabando no calificó como delito, al no alcanzar el monto, y quedó como infracción. El segundo operativo fue importante, por tratarse de un camión repleto.

Con intervención del Juzgado Federal de Oberá, se requisó la carga y se encontró un total de 9 mil juguetes consistentes en muñecos articulados, autitos, pistolas, handys, pistolas de silicona, Blay Blade, Peppa Pig, trompo, maquillajes infantil, helicóptero, y pistola de balines, todos de plástico y de fabricación china.

Hoy circuló en las redes un parte extraoficial en el que trascendió que los juegetes fueron trasladados para incineración en localidad Puerto Rico.

Pasadas las 08:45, se dio inicio a la carga y posterior traslado de cajas de cartón, identificadas, con números correlativos, las cuales contenían 6.651 juguetes a fricción, 1.791 juguetes muñecos humanos, 520 juguetes varios, 88 juguetes muñecos animales, 1.267 juguetes muñecos humanos, 1.373 juguetes varios (11.690 en total), que se encontraban depositados en la dependencia a disposición de la Aduana.

Según el medio Misiones Cuatro, los jueguetes no se pudieron donar ya que las autoridades dictaminaron que eran nocivos para la salud.

 

 

 


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El hospital de Campo Grande sumó un equipo de rayos X digital

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El hospital nivel I de Campo Grande cuenta desde este miércoles con un nuevo equipamiento de rayos x que permitirá la toma de placas digitales y evitará que los vecinos deban trasladarse a trasladarles a nosocomios de otras localidades para realizarse los estudios necesarios.

El equipo fue adquirido por el gobierno provincial gracias a los fondos recaudados a partir del programa “Sumar”, donde se destinan ciertos recursos a beneficio de toda la tierra colorada.

La entrega y puesta en funcionamiento de la máquina fue realizada ayer, con la presencia del intendente de Campo Grande Carlos “Kako” Sartori; del ministerio de Salud Héctor González; del director de la zona centro de Salud Horacio Mielniczuk; y el director del hospital local Néstor Blanco.

De esta manera, el centro asistencial público de Campo Grande da un nuevo paso en equipamiento y servicio para los pacientes de la región, ya que anteriormente dependían de hospitales de localidades vecinas para la toma de placas de rayos x digitales.

“Para nosotros es muy importante que la población hoy pueda contar con un equipo de rayos y que pueda resolver sus patologías”, resaltó el ministro González, quien además recorrió las instalaciones del hospital junto a las demás autoridades municipales y de salud.

El parque industrial de Campo Grande tiene 15 pliegos en proceso de aprobación


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Familias aguardan respuestas a cuatro meses de ser desalojadas en Wanda

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Las familias que sufrieron un desalojo en julio pasado, con destrucción de sus cultivos y hasta el incendio de viviendas, reclaman que a cuatro meses del hecho y tras alrededor de cinco reuniones pactadas con el municipio, continúan sin respuestas ante la necesidad de un espacio donde habitar.

En ese marco, junto a integrantes del Grupo de Lucha por el Derecho a la Tierra, conformado por diversas organizaciones populares en defensa de los derechos humanos, varios productores y comunidades, realizaron una reunión con la intendenta Ingrid Romina Faccio y el vice intendente de Wanda para solicitar un lote de tierra que les permita trabajar y vivir en ella.

La reunión tuvo lugar el 16 de octubre, pero no lograron resolver el caso, aunque los damnificados no cesaron el reclamo. Luego de varias solicitudes de diálogo municipal y provincial, hoy martes concretaron otra reunión, sobre la que Norma Segovia, aseguró a La Voz de Misiones que “no dieron respuesta”.

“Nos dijeron que no hay respuesta del municipio y nosotros le respondimos que vamos a volver a nuestras tierras porque nos están pidiendo la casa donde estamos transitoriamente y tenemos que desalojar el domingo 10 de noviembre. Ya pasaron cuatro meses del incendio de nuestras casas y seguimos sin respuestas”, dijo en alusión a las viviendas de madera que habitaban en un predio lindante a un área que correspondería a la empresa Arauco.

A su vez, reprochó la actitud de las autoridades municipales, quienes no le permitieron ingresar a la oficina junto a otras dos personas que la habían acompañado para asesoramiento personal.  

“Queremos una respuesta que sepa resolver la concesión de un lote de tierra en reposición por lo destrozado y despojado por medio del desalojo realizado el mes de julio del corriente año”, completó Segovia. 

Ante la falta de soluciones, para el día lunes 11 de noviembre convocaron a las organizaciones, y la ciudadanía en general, a que acompañen la realización de un “mandiocazo en defensa de las familias desalojadas y de la tierra en manos de las y los trabajadores misioneros”.

El caso

El pasado viernes 5 de julio en horas de la mañana, la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, con el incendio de sus inmuebles y la destrucción de pertenencias. 

La medida fue ejecutada por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina. 

El procedimiento no culminó allí dado que, debido a la resistencia ofrecida, terminaron siendo detenidos Eduardo Garcete (36), Favio Garcete (34), Cristian Garcete (29) y Norma Segovia (41), además de dos menores. Todos ellos quedaron a disposición del magistrado Martín Brites, del Juzgado de Instrucción Tres de Iguazú, por los delitos de “desobediencia judicial y resistencia”, hasta que fueron liberados 48 horas más tarde.

Destruyeron e incendiaron viviendas de productores en un desalojo en Wanda


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Diputado denunció loteo de tierras jesuíticas en San Javier

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El diputado provincial por el Partido Agrario y Social (Pays), Cristian Castro, presentó una denuncia tras observar movimientos de tierra y loteos en un área que comprende el “Conjunto Jesuítico San Javier”, lo cual estaría “afectando al patrimonio cultural” y responsabilizó por lo sucedido al jefe comunal Javier Matías Vilchez.

La presentación policial tuvo lugar ayer domingo, haciendo referencia al área ubicada junto al barrio Las Misiones, donde una inmobiliaria comenzó a realizar “trabajo de limpieza y loteo de todo el terreno”, pese a ser reconocido como “patrimonio histórico y cultural de la provincia”, según consta la denuncia presentada en la comisaría local. 

En su denuncia, el diputado Castro planteó que “en el lugar pude notar que había maquinaria pesada en estos días y a unos 200 metros del lugar un montículo con tierra y piedras de la reducción”.

“Responsabilizo primeramente al intendente de San Javier como responsable administrativo del municipio por habilitar el loteo, ya que frente a las reducciones se encuentra un cartel con la oferta de los terrenos”, apuntó el legislador en su presentación.

Según averiguó La Voz de Misiones, este lunes el legislador se comunicó con el ministro de Cultura, Joselo Schuap, secretarios y arqueólogos a fin de buscar soluciones ante el hecho que, a su entender, “pone en riesgo un importante patrimonio cultural”. 

Loteo de tierras dentro del patrimonio histórico y cultural de la provincia en San Javier

La situación se agrava considerando que, aunque las tierras son propiedad privada, el municipio autorizó el loteo en un sector muy próximo a las reducciones, las cuales deberían ser protegidas por la Ley 25.743 de Protección al Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, vigente desde el año 2003.

Esta legislación define que: “El patrimonio arqueológico está conformado por los yacimientos, objetos y todos los vestigios de cualquier naturaleza que puedan proporcionar información sobre las sociedades que habitaron el país desde épocas precolombinas, incluyendo a los eventos de épocas históricas recientes y que se encuentren en la superficie, en el subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales”.

“Estos bienes son de dominio público y por lo tanto no pueden ser apropiados por ningún individuo particular”, agrega la normativa.

Tras la denuncia, se dio intervención al Juzgado de Instrucción Cinco, a cargo de la magistrada Leandro N. Alem.   


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