Provinciales
Tras 19 años, cierra Dass Eldorado: “Dejan en la calle a 150 trabajadores”
El cierre de la fábrica de calzados deportivos Grupo Dass, ubicada en la ciudad de Eldorado, es inminente. La empresa brasileña, radicada en Misiones desde 2007, dejará de producir en el país entre el 17 y el 25 de julio, según confirmó el delegado de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (Uticra), Gustavo Melgarejo.
La decisión implica el cierre definitivo de la última planta productiva que la firma mantenía en Argentina. Hasta el año pasado, Dass operaba también una fábrica en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, pero esa planta fue cerrada en 2025 y la producción se concentró en Eldorado. Ahora, la multinacional cesará por completo sus actividades en el país.
Grupo Dass fabrica calzado para marcas internacionales como Adidas, Nike y Fila. En la planta de Eldorado trabajan actualmente unos 150 operarios, luego de sucesivos retiros voluntarios y despidos. La fábrica llegó a emplear a más de 470 personas y, hace una década, fue el segundo mayor empleador privado de Misiones.
En diálogo con La Voz de Misiones, Melgarejo explicó que la empresa comunicó la decisión durante una asamblea realizada este lunes.
“Hoy a las 15:30 la empresa nos convocó a una asamblea junto con los delegados, el gremio y todo el personal. Allí nos informaron que tomaron la decisión porque Nike y Adidas ya no van a producir más calzado en Argentina. Van a abastecer el mercado con zapatillas importadas”, señaló.
El dirigente sostuvo que la medida responde a la apertura de las importaciones y a la decisión de las marcas internacionales de abandonar la producción nacional.
“Dejan en la calle a 150 trabajadores. Son los compañeros que quedaron después del retiro voluntario, en el que se fueron unas 50 personas, y de los despidos que sufrimos en febrero”, indicó.
Respecto de las indemnizaciones, aseguró que la empresa se comprometió a abonarlas conforme a la legislación vigente.
“La empresa se comprometió a indemnizar con la ley vigente. También agradecieron a los trabajadores y explicaron que el cierre definitivo responde a la política del gobierno nacional y a la decisión de estas marcas de dejar de fabricar en el país para importar el calzado terminado”, afirmó.
Sin medidas definidas
Consultado sobre las acciones que podría adoptar el sindicato, Melgarejo explicó que aún no descartan ninguna alternativa, aunque reconoció que el margen de maniobra es limitado.
“No descartamos ninguna medida de fuerza, pero la decisión de la empresa ya está tomada. Parar la planta hoy no cambia el cierre. Lo que tendría que ocurrir es que Nike y Adidas vuelvan a producir en Argentina en lugar de importar, porque así el dinero se va al exterior y se fomenta la producción en países con menores costos laborales y menos derechos para los trabajadores”.
Sobre el animo de los trabajadores Melgarejo señalo “Hay mucha bronca, impotencia y angustia entre los compañeros”.
Críticas al gobierno nacional y provincial
Durante la entrevista con LVM, Melgarejo responsabilizó a las políticas de importación impulsadas por el gobierno nacional por la pérdida de puestos de trabajo en la industria del calzado.
“Con esta política que favorece la importación y no la producción nacional, no hay futuro para la industria del calzado ni para las fábricas manufactureras. Hoy parece que todos los trabajadores fueran reconvertibles, pero nadie explica dónde van a conseguir empleo”, apuntó.
También cuestionó la falta de intervención del gobierno provincial y planteó que “tenemos un gobernador que está mirando para otro lado. Mientras se cierra una fábrica que movió durante años la economía de Eldorado, pareciera que el tema no le interesa”.
Una preocupación por el futuro laboral
Melgarejo señaló que entre los trabajadores afectados hay empleados con hasta 19 años de antigüedad y otros que ingresaron hace cinco o seis años. Recordó que la última incorporación de personal se produjo durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.
Además, relató la incertidumbre que atraviesan muchas familias.
“Un compañero de 45 años, con diez años en la fábrica, me decía que ya no sabe qué hacer porque siente que por su edad no va a tener posibilidades de reinsertarse laboralmente. Es un baldazo de agua fría”.
Finalmente, sostuvo que el sindicato trabaja para garantizar el cumplimiento de todos los derechos laborales de los empleados afectados y brindarles contención.
“Nuestra prioridad es que se respeten todos los derechos de los trabajadores. Ya estamos elaborando un comunicado para los compañeros, la empresa y los organismos del Estado”
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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