Provinciales
Juez de Eldorado también rechazó una presentación contra el pase sanitario
Tal como lo hizo hace dos semanas el juez Martín Brites de Puerto Iguazú, fue ahora el magistrado Roberto Saldaña, de Eldorado, quien rechazó un recurso de habeas corpus presentado por una vecina de esa localidad que se manifestaba en contra de la aplicación del pase sanitario en Misiones.
La resolución de Saldaña, titular del Juzgado de Instrucción Uno de la Capital del Trabajo, se firmó el viernes pasado y en la misma decidió rechazar “in limine” -sin más trámites- al considerar que la presentación “no cumple con los supuestos establecidos” y que “no se advierte una limitación o amenaza actual a la libertad ambulatoria a remediar mediante el habeas corpus”.
El recurso fue presentado por una vecina de Eldorado, que solicitó ser eximida del uso del pase sanitario y que tanto los organismos públicos como privados le permitan realizar los trámites que sean necesarios sin la necesidad de acreditar el esquema de vacunación.
El habeas corpus fue presentado ante el Juzgado que dirige Saldaña, quien analizó el planteo y voto en contra, avalando así la medida sanitaria que rige en la provincia desde el 1° de enero mediante resolución 4369 y 870 firmada por los ministerios de Gobierno y Salud Pública de Misiones.
En uno de los primeros considerandos del fallo, al cual La Voz de Misiones tuvo acceso, el magistrado eldoradense señala que “no puede pasarse por alto que el planteo formulado no logra demostrar que la normativa impugnada implique una injustificada o impertinente afectación a los derechos colectivos e individuales”.
A continuación, Saldaña señala que el pasaporte sanitario debe ser analizado en el marco de que las medidas fueron dispuestas con el objetivo de proteger la salud pública, evitando la propagación del Covid-19 y permitiendo un proceso de re-apertura de las actividades, adhiriendo además a disposiciones del Ejecutivo nacional y considerando los efectos de la nueva variante Ómicron.
“Debemos hacer mención que el planteo efectuado por la recurrente se limita a alegaciones genéricas sobre el pasaporte sanitario de Misiones, sin emprender un análisis que pudiera constituir una crítica concreta y razonada que permita socavar la validez que ostentan las medidas que tilda de limitatoria de la libertad”, sostiene el juez en otro fragmento de la resolución.
Y añade: “Por otro lado, debemos sumar que el derecho a la libertad -como todo derecho- no es absoluto. Sabido es que existen otros valores que el ordenamiento jurídico también protege, tal como ocurre con la cuestión vinculada a la salud pública de la población en general. En otras palabras, la libertad “supuestamente afectada” (tal y como alegan los accionantes), no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad de adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a una situación de pandemia que tanto daño y sufrimiento a causado a lo largo y ancho del planeta”.
Ante todo lo expuesto, Saldaña decidió rechazar el planteo y elevó en consulta el expediente a la Cámara de Apelaciones en lo Penal.
Otro rechazo en Iguazú
De esta manera, ya son dos los magistrados misioneros que rechazaron planteos en contra de la aplicación del pase sanitario en Misiones.
El primero fue Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, pero interviniente en la cuestión durante una subrogancia en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de esa misma localidad.
El recurso había sido presentado por dos vecinos de Puerto Esperanza y en líneas generales los fundamentos del rechazo fueron similares a los ahora esgrimidos por Saldaña en Eldorado.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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