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Juez de Puerto Iguazú rechazó presentación contra el pase sanitario

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El juez Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, pero actualmente a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Laboral por subrogancia legal, rechazó el recurso de habeas corpus presentado por dos vecinos de Puerto Esperanza que se manifestaron en contra del pasaporte sanitario impuesto en forma conjunta por los ministerios de Gobierno y Salud de Misiones, el cual rige desde el 1 de enero.

En su resolución, firmada el viernes, el juez Brites dictaminó rechazar “in limine”, es decir, sin más trámites, la presentación de los vecinos de Puerto Esperanza “por no darse ninguno de los supuestos contemplados”.

El recurso de habeas corpus fue presentado el miércoles de la semana pasada, bajo el patrocinio del abogado particular y además concejal de Montecarlo por Juntos por el Cambio (PRO), Lucas Vega.

En el documento, los accionantes se manifestaron en contra de la aplicación del pasaporte sanitario, argumentando que la medida era abusiva, arbitraria, que limita el derecho a la libertad, que viola los principios de confidencialidad y que transforma a los ciudadanos misioneros sin el permiso en virtuales “muertos civiles”.

Además, agregan que ninguna declaración de emergencia sanitaria puede pasar por alto a la Constitución Nacional, ni privar de la libertad.

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La presentación fue analizada por el juez Brites, que el viernes firmó el rechazo del habeas corpus al considerar, entre otros puntos, que “el planteo formulado no logra demostrar que la normativa impugnada implique una injustificada o impertinente afectación a los derechos individuales y colectivos”.

En esa línea, el magistrado añade en su resolución que “cabe remarcar que, el Estado provincial funda su decisión en virtud de la emergencia epidemiológica y sanitaria, con el objetivo de proteger la salud pública -clara obligación indeclinable del Estado-“.

En su planteo, al cual La Voz de Misiones tuvo acceso, Brites sostiene que el pase sanitario debe ser analizado en el marco de que las medidas fueron dispuestas con el objetivo de proteger la salud pública evitando la propagación del Covid-19 y permitiendo un proceso de re-apertura de las actividades, adhiriendo además a disposiciones del Ejecutivo nacional, siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y considerando los efectos de la nueva variante Ómicron.

“(…) Las medidas fueron dictadas por el Ministerio de Gobierno y de Salud con motivo de una emergencia, siendo adoptadas dentro de un prudente marco de discrecionalidad, pero en base a motivaciones objetivas, plasmadas en los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud -como autoridad sanitaria con competencia técnica específica en la materia. En ese contexto, debo guardar deferencia respecto de la decisión del Poder Administrador, pues resultaría ajeno a mi competencia, en el marco de una acción de habeas corpus, decidir sobre el acierto o desacierto, la mayor o menor conveniencia de dichas medidas”, se sostiene en el fallo.

Y continúa: “A ello, debemos sumar que el derecho a la libertad -como todo derecho- no es absoluto. Es decir, existen otros valores que el ordenamiento jurídico también protege, tal como ocurre con la cuestión vinculada a la salud pública de la población en general. En otras palabras, la libertad individual “supuestamente afectada” (tal y como lo alegan los accionantes), no pueden excluir el legítimo derecho de la sociedad de adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a una situación de pandemia que tanto daño y sufrimiento a causado a lo largo y ancho del planeta”.

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En base a todo lo expuesto es que Brites concluye que “por estos argumentos, considero es que lo solicitado por los accionantes -se preserva- en lo que a su presentación respecta, de ningún modo cumplen con los supuestos establecidos en el artículo 3 contemplada en la ley 23.098, amén de ello los accionantes no han especificado tampoco limitación o amenaza actual a la libertad ambulatoria de persona determinada/s, por la que la presente acción carece de la individualización de beneficiario, por ello escapa a un supuesto de restricción ambulatoria a remediar por medio del hábeas corpus; una razón más, para el rechazo in limine de la acción, con costas al accionante”.

Otro habeas corpus con similares características fue presentado en paralelo por una vecina de Montecarlo, ante el recientemente creado juzgado universal de esa localidad.

Rechazo nacional

Sandra Pitta, investigadora y ex candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, presentó a comienzos de enero un recurso similar y también fue rechazado.

La presentación se trató de un recurso de habeas corpus colectivo en el cual pidió que se declare la inconstitucionalidad del pase sanitario aplicado por Decisión Administrativa 1198/2021.

La científica sostuvo que se trata de una medida que “condiciona os derechos de movilidad de las personas ya que le exigen la vacunación -cuando no es obligatoria- para ingresar a eventos masivos”.

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La presentación fue analizada por el juez nacional de instrucción Alfredo Godoy, que finalmente terminó rechazando el habeas corpus y, por consiguiente, avalando la medida del Gobierno.

Según consignó Infobae, primero el juez “explicó que en tres oportunidades citó a Pitta a una audiencia para ratificar la presentación pero la investigadora no se presentó”.

“La normativa cuestionada se ha dictado con la evidente intención de evitar la propagación de una enfermedad catalogada como pandemia, en miras de salvaguardar intereses superiores, por lo que el fin perseguido por la norma, en tanto el bien jurídico que se pretende proteger la salud pública es legítimo, los medios utilizados son razonables y prudentes”, sostuvo el juez Godoy en su fallo, según el mismo portal porteño.

Desde Republicanos Unidos, agrupación liderada por Ricardo López Murphy y que actualmente pertenece Pitta, iban a apelar el fallo para que la cuestión sea analizada por la Cámara del Crimen.

En Corrientes y La Plata también se rechazaron recursos similares, en tanto que recientemente la Corte Suprema de Justicia de Nación rechazó habilitar la feria judicial para tratar planteos contra la aplicación del pasaporte sanitario.

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Herrera Ahuad se entrevistó con Bolsonaro y visitó automotriz coreana

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El gobernador Oscar Herrera Ahuad se entrevistó este lunes con el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, como parte de la agenda que desarrolló en la ciudad de San Pablo, donde visitó la planta de la automotriz coreana Hyundai.

El mandatario misionero viajó junto a un equipo técnico y una comitiva encabezada por el embajador argentino en el vecino país, Daniel Scioli, quien lo acompañó durante la visita.

Herrera Ahuad mantuvo un encuentro con el vicepresidente de la firma automotriz, Ricardo Augusto Martins, y el COO Mr. Lee, a quienes presentó a Misiones como una provincia startup, con una ubicación geográfica privilegiada.

Destacó el bono demográfico misionero, el grado educativo de la población, las políticas ambientales, la infraestructura vial, fluvial, y la conectividad aérea que convierten a la provincia en un HUB logístico, integrado con Paraguay y Brasil.

Herrera Ahuad participó también de la inauguración del “Apas Show 2022”, la principal feria de alimentos y bebidas de América y el mayor foro de supermercados del mundo, que se realiza en la capital paulista hasta el jueves.

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El Gobernador coincidió, precisamente, con Bolsonaro en este último evento.

“Agenda institucional en San Pablo con @danielscioli @trevisan_nic donde nos reunimos con responsables de la automotriz Hyundai para proponer a Misiones como provincia a invertir en el proyecto de expansión de la automotriz en la Argentina”, escribió Herrera Ahuad en su cuenta de Twitter.

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Docentes llegan a un 30,65% de aumento semestral y se reúnen en julio con el gobierno

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El Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha se reunió hoy con el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, para llevar adelante una nueva mesa técnica salarial.

Durante la reunión, las partes acordaron un incremento al básico docente de mayo y junio, que el Frente dio a conocer a través de una transmisión en vivo en Facebook.

Estela Genesini, titular de la Unión de Docentes Nueva Argentina de Misiones (Udnam), detalló que en mayo el básico se eleva a $22.150,77 y para junio subirá a 22.340,77. Además, se fijó un nuevo piso salarial para el próximo mes.

De esta manera, para los docentes con 0 antigüedad el sueldo será de $60.500; para los profesionales que tengan de 0 a 5 años $61.710; de 6 a 9 años de antigüedad $63.000 y para quienes tengan más de 10 años el piso quedó en $64.250.

También se acordó incorporar el adicional a las horas primarias y medias con proporcional a horas del 1,65% del básico de maestro de grado a partir del mes de junio, además de elevarlo a un 5% en el mes de septiembre.

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Asimismo, acordaron actualizar los montos y tramos de las asignaciones familiares para el mes de septiembre, en un proceso de igualar a los montos de Anses.

Por otra parte, para el personal de servicio, cocineras y porteros, la patronal se comprometió en liquidar en concepto de adelanto para el mes de junio, un pago, a cuenta del porcentaje del salario docente.

En tanto que para los jubilados el acuerdo establece que el gobierno provincial, a través del Instituto de Previsión Social (IPS), liquidará un adelanto para el mes de junio, del mismo porcentaje que los docentes activos.

“Lo que se logró hoy, hay que decirlo claramente, es un incremento promedio del 30,65% y se deja claramente pautado que ni bien nos juntemos los primeros días de julio del segundo semestre se va a hacer una revisión, de cuál fue el proceso inflacionario del primer semestre, cuál fue el incremento dado en el primer semestre y si hay que hacer un ajuste en favor de los trabajadores también se lo va hacer, sin tener en cuenta la negociación del segundo semestre”, sostuvo Genesini.

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Juez Federal alertó sobre avance del crimen organizado en la Triple Frontera

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Miguel Ángel Guerrero

“Mucho se ha hablado y mencionado sobre el actuar de algunos comandos por el Primer Comando de Frontera (PCF), el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV) y Bala Na Cara. La presencia no es hipotética. De los 9 sujetos con extradición internacional que tenemos, las alertas rojas los vinculan directamente con una u otra de esas organizaciones”, alertó el juez Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado, con competencia en la zona de Triple Frontera, en encuentro nacional sobre narcotráfico realizado en la ciudad de Rosario el último jueves.

El magistrado fue el último en exponer en el marco del Encuentro Nacional de la Justicia Federal “El juzgamiento del narcotráfico”, organizado por la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina (Ajufe), y allí expuso la complejidad de las causas que se tramitan en su juzgado, alertó sobre el avance del crimen organizado en la región y también homenajeó al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, recientemente asesinado en Colombia y con quien además de trabajar conjuntamente mantenía una relación de amistad.

“Mi idea era plantearles, no sé si lo voy a poder hacer en 3 minutos. un poco la realidad que se vive”, avisó Guerrero al comienzo de su alocución y luego se solidarizó con sus pares en Rosario por la permanente situación de violencia que se vive en esa ciudad santafesina, aunque sostuvo que “si no tomamos en cuenta lo que está pasando en la jurisdicción donde yo trabajo creo que en 10 años vamos a tener un problema muchísimo más grave que el que en este momento vive la ciudad de Rosario”.

Y eso fue tan solo la antesala de lo que el magistrado ahondaría en los pocos minutos de exposición. “En primer lugar, como para que tengan una idea, ese juzgado federal de primera instancia (por el de Eldorado) tiene competencia en la zona de la Triple Frontera, hasta tanto no se habilite el Juzgado Federal de Puerto Iguazú. En este momento, tenemos 27.000 causas en la secretaria de ejecuciones fiscales, 13.000 causas en la secretaria penal y 10.000 causas en la secretaria civil. El plantel técnico es de 22 personas”.

A partir de ello, reclamó que “ese juzgado federal multifuero fue diseñado en el año 1985 y habilitado en 1988, donde el curso anual de expedientes en las dos secretarias era de 300 expedientes. Actualmente, sólo en la secretaria penal, ingresan 1.300 expedientes por año”.

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Desde ese punto, Guerrero problematizó sobre la cantidad de personal abocado al juzgado y la complejidad de las causas que se tramiten en los pasillos del Juzgado Federal de Eldorado. “Ese equipo que acabo de mencionar tramita causas de una complejidad que he intentado explicar en numerosos foros, la famosa causa del Clan Barakat, sobre financiamiento del terrorismo, lavado de activos con financiamiento del terrorismo en una casa de juegos de azar en la Triple Frontera. Esa causa jamás mereció la atención del Poder Judicial como para designar un equipo de especialistas que ayuden a los generalistas que somos todos los integrantes de un juzgado multifuero”, reclamó ante un auditorio repleto de autoridades judiciales y gubernamentales.

El magistrado señaló que la investigación trazada determinó, en 2016, unas 2.700 transacciones que importaron más de 3 millones de dólares y explicó que el 99% de esas transferencias salieron de una sola ciudad a puntos controlados por la organización terrorista a la que reportarían. Ese grupo terrorista al que hace referencia sería Hezbollah.

PCF, PCC, CV, Bala na Cara y más

Pero Guerrero no culminó allí y aprovechó al máximo su tiempo al frente del micrófono para continuar exponiendo la realidad de Misiones y, principalmente, de la Triple Frontera.

“El secuestro en los tres primeros meses del año 2022 de más de 45 toneladas de marihuana, de 10.000 pastillas de MDMA, de 180 kilogramos de cocaína, de 335 millones de pesos en mercadería en infracción al código aduanero. Todo ese caudal de causas es gestionada por una estructura que se diseñó y planificó para una realidad de 1985”, reclamó.

Y alertó que “la abrupta irrupción de organizaciones violentas con trágicas historias en los vecinos estados, asociados a grupos locales vinculados al narcotráfico. El lavado de activos con fines de financiamiento del terrorismo, el contrabando, el tráfico y la trata de personas, conforman una nueva realidad de ese juzgado. Nueve detenidos en los últimos 45 días son expedientes de extradiciones internacionales que son ciudadanos que registran alertas rojas con capturas ordenadas por jueces federales y locales de la República Federativa de Brasil vinculadas a la delincuencia organizada transnacional”.

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A partir de allí, el juez, que en su momento también fue blanco del narco-sicario paraguayo Néstor Fabián “El Negro” Rojas, puso nombre a las organizaciones que acechan en la región tripartita.

“Mucho se ha hablado y mencionado sobre el actuar de algunos comandos por el Primer Comando de Frontera (PCF), el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV) y Bala Na Cara. La presencia no es hipotética. De los 9 sujetos con extradición internacional que tenemos, las alertas rojas los vinculan directamente con una u otra de esas organizaciones”, lanzó.

Por último, el magistrado aprovechó la oportunidad para rendir un breve homenaje al fiscal paraguayo Marcelo Pecci y pidió reflexionar sobre la realidad que se vive en esta región, reclamando al Estado por su seguridad y la de sus colegas.

“Reflexionar que en la Triple Frontera la lucha contra la delincuencia organizada transnacional no siempre resulta igual. Las organizaciones que operan al margen de la ley  no en pocas oportunidades ostentan una mejor logística y mayor poder económico que las propias organizaciones de seguridad del Estado argentino. La integridad física y la vida de todos los jueces y fiscales debe ser responsabilidad del estado, ya que de esas magistraturas depende no solo la salud de la república sino su propia existencia y desarrollo”, culminó ante el auditorio colmado.

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