Provinciales
Conflicto sindical amenaza con paralizar la actividad fluvial

Un nuevo conflicto sindical amenaza con paralizar el transporte fluvial, mientras el río Paraná ve despoblarse sus aguas de buques de bandera argentina, porque apremiadas por los costos las empresas nacionales migran sus embarcaciones a Paraguay.
El conflicto se arrastra desde fines del año pasado, cuando el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, y el Sindicato de Conductores Navales (Siconara), resistió el cambio de bandera del buque “Piray Guazú”, por parte de la empresa Maruba, hecho que finalmente se concretó a mediados de enero del nuevo año, cuando una tripulación paraguaya retiró la embarcación anclada en el puerto de Corrientes.
Al mismo tiempo, los gremios doblaron la apuesta y declararon un paro de actividades reclamando a la Cámara Argentina de Arena y Piedra el pago de un plus por “productividad” para la tripulación de los buques con bodegas mayores a los 1.500 m3.
La medida de fuerza se hizo efectiva en Buenos Aires, y no alcanzó a llegar a las provincias del litoral, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, porque la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, resolvió la conciliación obligatoria y la instalación de un canal de diálogo.
“La medida de fuerza es un reclamo genuino para preservar los puestos de trabajo, la soberanía de los ríos y el pabellón nacional, que es importantísimo para los argentinos, pero hay sectores que les molesta este tipo de reclamos”, afirmó por entonces Raúl Dardos, líder del Somu, entrevistado por el diario porteño Ámbito Financiero.
En Misiones, José Giménez, líder del Siconara y secretario general de la CGT local, defendió el plus por “productividad” y denunció una “gran evasión impositiva” en la provincia por parte de las empresas navales y areneras.
“Se miente en la capacidad de bodega de los buques”. “Se hacen tres viajes y se declara uno”, dijo Giménez a los medios locales.
El pago por “productividad” reclamado por los sindicatos refiere a una remuneración extra, de las asignaciones que ya perciben entre el salario, antigüedad y hasta un plus por viaje, lo que las empresas consideran el equivalente a lo exigido en el marco del presente conflicto.
Los gremios acataron la conciliación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTES), y la situación quedó supeditada a lo que pueda resolverse en la negociación abierta entre las partes.
“Deseamos que este canal de diálogo que abre la Autoridad Laboral sea conducente a una solución satisfactoria del justo reclamo realizado, ratificando que más allá de la vocación de diálogo sobradamente demostrado de esta representación gremial, la Cámara Argentina de Arena y Piedra debe tomar conciencia de la necesidad y conveniencia de dar una respuesta positiva”, señala el comunicado de los sindicatos.
Aguas turbulentas
Para los empresarios argentinos, las demandas no tienen justificación y se producen en medio de la grave crisis económica derivada de la pandemia de covid, y de una emergencia hídrica que apenas permite la navegación.
“Por todo esto es que las empresas cambian de bandera, y hoy de cada 100 buques que navegan por el río Paraná hasta Asunción, solo 3 o 4 son de bandera argentina”, señalaron a La Voz de Misiones voceros de la cámara empresarial.
“Hay barcos con bandera de Paraguay, y también de Panamá y hasta de Costa de Marfil, que ofrecen condiciones tributarias y laborales más atractivas para las empresas”, añadieron.
“Si seguimos sumando exigencias dentro de poco no va a quedar ningún barco de bandera argentina en nuestros ríos del litoral”, afirmaron.
Los empresarios nacionales creen que los sindicatos se equivocan, y que en vez de apuntar contra las empresas deberían acompañarlos para la recuperación económica del sector.
Las declaraciones del capitán Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, que responsabilizó de la debacle de la actividad a la presión impositiva y a la Prefectura Naval Argentina, como la instancia que más afecta el desarrollo de la industria naval, aparece en sintonía con el reclamo de las empresas.
Uno de los problemas identificados por los empresarios son las regulaciones navales que rigen en el país para la habilitación de las embarcaciones.
“La Prefectura todos los años manda un Oficial a Inglaterra, pero en vez de enviar un técnico, envían un abogado, que vuelve al país y redacta legislaciones como si nosotros tuviéramos embarcaciones modernas, las nuestras son de los años ´30; los remolcadores son de 1950”, se quejan los empresarios.
“En Paraguay no te piden nada de eso, allá se adapta la legislación a la flota que se tiene, lo que no quiere decir que las embarcaciones sean obsoletas o no estén preparadas para navegar; todas tienen igualmente tecnología”, agregan.
Sostienen que aún con el tipo de cambio favorable al Guaraní, en Paraguay, la tripulación es más barata que aquí, las contrataciones tienen menos exigencias, y las cargas sociales son más bajas.
“Esto no quiere decir que los sueldos sean bajos”, aclaran los empresarios argentinos. Dicen que los salarios en Paraguay son tan buenos como los que perciben aquí los trabajadores del sector, pero con menos conflictividad.
“Acá para mover un barco, de movida intervienen tres sindicatos. En un buque normal tenés 4 tripulantes y 3 sindicatos”, ilustran. “Acá necesitas tres tripulaciones para un remolcador, mientras que en Paraguay no, con una tripulación nomás ya te basta”, agregan.
“Giménez nos trata de evasores porque no declaramos todo lo que tiene que cobrar la gente, pero los que trabajan en los barcos no quieren que vos le declares todo el sueldo, porque quieren pagar menos de Impuesto a las Ganancias”, afirman.
“Le echan la culpa al empresario cuando el mismo tripulante no quiere; ni siquiera quieren hacer paro porque no quieren perder el plus por viaje”, aseguran.
Los empresarios nacionales sostienen que los gremios navales juegan a dos puntas, ya que por un lado se embanderan con la lucha por la defensa de la soberanía argentina en los ríos y, por otro, se encolumnan detrás de exigencias que obligan a las empresas a registrar sus buques bajo otras banderas.
Provinciales
Definen 5,1% de aumento para docentes y gremios en desacuerdo harán paro

En la mañana de hoy autoridades del gobierno provincial plantearon, ante los gremios de la mesa de diálogo docente, una recomposición salarial del 5,1% para el período julio-octubre de 2025, monto que finalmente fue rechazado, pero que de igual manera será aplicado. Por su parte, los gremios disidentes convocaron a paro por 24 horas, con movilización y asambleas para este viernes.
Del encuentro que se desarrolló en el Salón Oval del Ministerio de Educación, participaron el sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo (Semab), la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y el Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (Sidepp), quienes rechazaron el incremento salarial ofrecido.
La propuesta del gobierno consistió en una recomposición del 5,1% en los sueldos netos de bolsillo para el período julio-octubre de 2025, distribuidos en dos tramos: un 2,5% de aumento en julio y otro 2,5% en septiembre.
De esta manera, para julio el básico ascenderá a $165.000,77 y el mínimo salarial (con el Fopid) a $613.449 para los docentes sin antigüedad, $629.633 para los de cinco años, $655.929 para los de diez años, $679.796 para los de 15, $767.703 para los de 20 y $855.410 para quienes cuentan con 25 o más años de antigüedad.
Al mismo tiempo, planteó que el 33% del Fopid, que hasta ahora era no remunerativo, pasará a serlo a partir de agosto y se estableció el pago de las suplementarias docentes de abril y mayo durante julio, y la de junio en agosto.
Del encuentro participaron el ministro de Educación Ramiro Aranda, la ministra de Trabajo Silvana Giménez, el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, la presidenta del CGE Daniela López y su equipo de trabajo conformado por el secretario general de UDPM Rubén Darío Caballero y demás representantes sindicales.
El rechazo
Culminado el cónclave, desde UDPM manifestaron su disconformidad con el incremento salarial a través de un comunicado: “Debido a considerar insuficiente la propuesta NO hay acuerdo en lo salarial”.
Sin embargo, reconocieron que se establecieron otros acuerdos en el marco de la mesa de diálogo, como ser: el remunerativo de un 33% del Fopid a partir de agosto, el pago de suplementaria de abril y mayo en el mes de julio, y la de junio en el mes de agosto.
También se acordaron nuevas reuniones de las mesas técnicas, siendo la de previsional y preceptores en la semana del 4 de agosto, la técnica pedagógica de jornada extendida y completa en la semana del 11 de agosto, salud laboral en la semana del 25 de agosto, educación técnica en la semana del 18 de agosto y técnica sobre cargos MEP/MET de escuelas públicas de gestión privada en la semana del 18 de agosto.
Finalmente contemplaron agilizar el contrato de porteros suplentes cuando se produce la vacante, analizar situación de acceso y terminalidad de las E.P.J.A en la primera semana de septiembre e incorporar un año más de titularización, vacante 2023 y la estabilidad laboral acorde a los requisitos mínimos establecidos por resolución.
Paro y movilización
Casi en simultáneo, se realizó una negociación en la Escuela Normal Estados Unidos del Brasil junto a los docentes que integran el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL), Autoconvocados 100% y el del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), quienes también rechazaron la propuesta.
“El gobierno provincial trajo como propuesta de aumento de $15.000 para julio y después recién en septiembre otro incremento de $15.000. En resumen eso fue lo que nos ofrecieron, por lo cual nosotros rechazamos de manera categórica. No hubo firma ni acta”, manifestó un docente del FTEL.
Frente a este panorama, los gremios mencionados decidieron convocar a paro por 24 horas con asamblea para este viernes 11 de julio, medida que se replicará durante el receso invernal los días miércoles 16 y jueves 24 de julio, con movilizaciones en distintas localidades.
Provinciales
Renovar la VTV vencida tendrá un recargo de 35% por trimestre

Por una disposición del ministerio de Gobierno, los talleres encargados de realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aplicarán un recargo de 35% por trimestre a quienes acudan a renovar el trámite con obleas vencidas.
La novedad fue informada por el diario Primera Edición, que además consignó que la normativa entrará en vigencia a partir del 1 de agosto y donde se estipula una tolerancia máxima de 10 días corridos desde el vencimiento de la VTV para no aplicar el recargo.
De lo contrario, los talleres estarán habilitados a cobrar un extra de 35% por cada trimestre transcurrido desde el vencimiento de la oblea anterior.
Es decir que, si un usuario acude a renovar una VTV que venció en un plazo estipulado entre tres y seis meses pagará un 70% más y si ocurre en un plazo de entre seis y nueve meses abonará un 105% más. Y así sucesivamente.
La medida se dispuso en paralelo a la autorización de un 30% de aumento en los valores del trámite, lo que elevó los precios de $42.000 a $54.600 para un autor particular y de $16.000 a $40.500 para motovehículos. A esos montos habrá que sumar los porcentajes que se correspondan a la cantidad de días transcurridos a partir del vencimiento de la licencia anterior.
Según añadió el mismo matutino posadeño, los recargos obedecen a resguardar la seguridad vial, debido a la detección de un importante número de usuarios que acuden a renovar el trámite con las licencias ya vencidas, lo cual constituye una infracción a las normas de tránsito.
Aumentó la VTV: un auto particular paga $54.600 y motos arrancan en $16.200
Provinciales
Cierre del matadero de El Soberbio: “Es oportunidad de buscar algo de calidad”

Denuncias de vecinos por quemas a cielo abierto, falta de mantenimiento y controles de sanidad, como así también contaminación de un arroyo son los motivos por los cuales el municipio de El Soberbio decidió el cierre definitivo del matadero local en 45 días, según argumentó el intendente Roque Soboczinski en conversación telefónica con La Voz de Misiones.
“Es un matadero que está en un predio particular, que era un lugar donde casi no había pobladores, hoy es un barrio para todos los sectores. Donde vos encarás, vive gente. Hay un arroyo que tiene fuertes indicios de que está contaminado y siempre que hay quema de restos óseos o desechos de la carneada vamos a tener cuestiones con los vecinos”, explicó el jefe comunal.
Consultado por LVM sobre los arreglos que habían planteado desde la comuna junto con el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, durante una visita de los funcionarios al predio en 2020, Soboczinski sostuvo que “era una posibilidad para una adecuación del matadero con una chimenea y quemaderos”.
Lo cierto, sostuvo el intendente, es que en los últimos años la población de la zona del paraje Tararira, sobre la ruta costera 2, donde hace 32 años funciona el matadero, aumentó y “no están dadas las garantías para un producto de calidad que termine en la mesa del vecino de El Soberbio”, por lo cual considera que no puede seguir funcionando en el predio.
En esa línea, Soboczinski, quien resultó electo como diputado provincial en las elecciones del 8 de junio, explicó que el dueño del establecimiento, Carlos Batista, “sí fue notificado para que realice los arreglos necesarios o vea cómo tener algo mejor, pero él dice que no quiere invertir porque tiene tercerizado con otra gente”.
Ante ese panorama, desde la comuna consideraron que no era viable invertir en un predio privado y que no está gestionado por su dueño, sumado la condición de que es una zona actualmente poblada y la contaminación del arroyo que cruza el establecimiento, precisó el intendente renovador a LVM.
La decisión de la Municipalidad de El Soberbio despertó la preocupación de los comerciantes que utilizan el matadero habitualmente para llevar a cabo la faena de sus animales vacunos y comenzaron a juntar firmas para conseguir una prórroga al cierre.
Sobre esa cuestión, Soboczinski comentó: “Tomamos la decisión de ver que los chicos que faenan ahí si ponen recursos o quieren construir otro lugar, nosotros vamos a estar fortaleciendo, trabajando con ellos con ese fin, pero el dueño del lugar ya no quiere tener ese matadero y tampoco las inversiones mejorarían la relación con los vecinos que son los que están denunciando en este momento”.
Otro punto que abordó el jefe comunal fue la falta de controles de sanidad: “Tenemos que buscar la forma de redireccionar esto y solucionar el control con bromatología municipal, pero también con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y todos los organismos que correspondan, trabajar juntos para tener algo sano y prolijo para toda la comunidad de El Soberbio”
Para ello, el municipio propuso a los comerciantes que utilizan el matadero que elaboren un proyecto de inversión: “Si lo quieren hacer, si no se va a ver con alguien particular que esté interesado y seguramente trataremos de potenciar esto con el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Imac), el Ministerio del Agro, el municipio, para que aparezcan inversiones y después se logre recuperar con toda la faena como se hace en San Vicente y otros municipios”, adelantó Soboczinski a LVM.
Para el intendente de El Soberbio, el cierre del matadero “es la oportunidad de buscar algo de calidad, preservando principalmente el producto final que va a la mesa de nuestros consumidores, porque tenemos serios inconvenientes, en la estructura, en el manejo, en el control, varias cuestiones, que cuando va a haber problemas el municipio va a ser responsable, por eso creemos que es el momento de corregir y acompañar el crecimiento que tiene la localidad”.
Por último, afirmó que “no es la intención sacarle la estructura a la gente que está trabajando, si esta gente no va a tener un proyecto alternativo, nosotros tenemos que buscar una solución, por otro lado”.
En tanto, los comerciantes siguen juntando firmas para conseguir una prórroga al cierre del matadero y esta tarde se reunirán en el predio para manifestar su disconformidad con la decisión comunal.
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