Política
Concejal pide informes por incendio de casas del Iprodha en Itaembé Guazú
En la sesión ordinaria llevada a cabo este jueves en el Concejo Deliberante de Posadas, el edil de Juntos por el Cambio (JxC), Pablo Velázquez, elevó un proyecto de resolución para que el Instituto Provincial del Desarrollo Habitacional (Iprodha) elabore un informe detallando las “intervenciones llevadas a cabo” en tres casas del barrio 508 viviendas, las cuales se incendiaron recientemente, provocando a sus adjudicatorios la pérdida total del inmueble.
La solicitud del concejal opositor surgió a raíz del último incendio que se desató el martes en una casa ubicada en el sector 508 viviendas de Itaembé Guazú, el cual habría comenzado por un corto circuito y consumió por completo el hogar de una familia compuesta por un chofer de colectivo, su pareja, y sus pequeñas de 3 y 10 años.
En la sesión de hoy, Velázquez hizo uso de la palabra y señaló que en una zona de la capital misionera “familias se quedan sin hogar en razón de incendios que se producen, aparentemente, según dicen las familias, por problemas en la construcción de esos hogares”, al tiempo que puntualizó que el del martes no se trató de un hecho aislado, sino “que hay varios casos” registrados.
Seguidamente, el funcionario recordó que “hace un tiempo” los concejales posadeños dieron lugar a un pedido de “empresarios relacionados con el ámbito de la madera” gestionando un proyecto de ordenanza para modificar el código de construcción e “incorporar viviendas de madera, que el Iprodha de hecho viene construyendo”.
En esa línea, Velázquez apuntó: “Pero notamos, al menos en estas viviendas 508 del barrio Itaembé Guazú, que se vienen sucediendo varios incendios, la última ocurrió hace unos días, supuestamente por un cortocircuito que se inició en el frente de la vivienda y, por supuesto, en cuestión de minutos todo quedó en cenizas”.
Ante estos hechos que dejan a las familias con lo puesto y que hasta el momento solamente han provocado perdidas materiales, el concejal sostuvo que es el municipio quien se encarga de asistir “tratando de construir una vivienda para la persona que ha sido adjudicataria de una por parte del Iprodha”.
De esta manera, el Iprodha deberá responder a los concejales posadeños las siguientes consultas: cómo se realiza el control de las instalaciones eléctricas antes de las entregas de las unidades; si existe algún punto de riesgo que dichas casas poseen respecto a sus instalaciones y que los habitantes desconocen; si realizan alguna campaña de prevención sobre estos eventos, puntualizando las familias que habitan unidades de madera; y, por último, de qué modo asisten y acompañan a las familias que sufren estas pérdidas.
“Creo que es muy importante que no quede un manto de sospecha porque es necesaria la madera, de hecho es una de las actividades principales que tiene la provincia de Misiones, con lo cual es muy importante que estás viviendas que tienen un carácter social, podamos desde el municipio y el Iprodha hacer los controles correspondientes y darles seguridad a los vecinos y a los futuros adjudicatarios”, cerró Velázquez en la sesión ordinaria de esta mañana.
Consultado por La Voz de Misiones, el concejal sostuvo que el pedido de informe es sobre las últimas tres casas que terminaron consumidas por el fuego en Itaembé Guazú, pero señaló que en total son seis las familias que perdieron su inmueble por un “incendio por corto circuito al frente de la vivienda”.
proyecto de resolucionPolítica
Justicia Federal ratificó suspensiones de Arrúa, Comparín y Kornuta en el PJ
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas rechazó los recursos promovidos el diputado nacional y ex secretario general del Partido Justicialista (PJ) Misiones, Alberto Arrúa; la ex presidenta Myriam Comparín, y el ex apoderado Martín Kornuta, contra la resolución de la Intervención partidaria de sumariarlos por inconducta y suspenderlos como afiliados hasta que concluyan las actuaciones, que los imposibilitan participar de las elecciones internas del 19 de abril próximo.
Arrúa, Comparín y Kornuta, están acusados de “un accionar reiteradamente funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineado al gobierno de Javier Milei, la sujeción a instrucciones políticas extrapartidarias y el incumplimiento de la obligación de entregar la sede, las unidades básicas, así como la documentación contable y los libros partidarios a las legítimas autoridades interventoras”.
Según informaron los interventores, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, en un comunicado, “la resolución judicial confirma la validez de las actuaciones llevadas adelante por la Intervención y ratifica la legalidad de la suspensión preventiva de afiliaciones dispuesta en el marco de los procedimientos disciplinarios en curso”.
“En su fallo, el Tribunal resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad ni al recurso contra la suspensión preventiva de afiliación, concluyendo que la medida fue dictada conforme a la normativa partidaria vigente”, informa el comunicado.
El fallo del tribunal destaca que “la suspensión preventiva reviste carácter cautelar y no constituye una sanción definitiva, por lo que no implica la cancelación irreversible de derechos políticos”, tal como argumentaban los demandantes.
“Además, no se acreditó la existencia de vicios sustanciales ni perjuicio concreto que justifiquen la declaración de nulidad del procedimiento disciplinario”, reza el comunicado.
El juzgado reconoció también que los interventores, Arrieta y Rodríguez, “cuentan con facultades plenas para ejercer las atribuciones de los órganos partidarios durante el período de intervención” y reafirmó que “las suspensiones preventivas son decisiones propias del ámbito partidario y, como tales, no resultan revisables judicialmente en cuanto a su oportunidad o conveniencia”.
El fallo remarca, también, el hecho de que el PJ Misiones se encuentra intervenido por decisión de las autoridades nacionales del partido, ratificada por su Congreso Nacional, “otorgando plena validez a las facultades conferidas a los interventores para normalizar el distrito y garantizar la participación electoral”.
Asimismo, el tribunal destacó que la suspensión preventiva de Arrúa, Comparín y Kornuta, “se encuentra expresamente prevista en la Carta Orgánica partidaria y puede ser dispuesta mientras se sustancia el correspondiente sumario disciplinario”.
En el final del comunicado, los interventores reafirman su “compromiso con la normalización del Partido Justicialista en la provincia de Misiones, el fortalecimiento de la institucionalidad partidaria y el respeto irrestricto a las normas estatutarias y a la legalidad vigente”, y avisan que “las actuaciones disciplinarias continuarán su curso conforme a derecho y con pleno respeto de las garantías de defensa de todas las partes involucradas”.
Política
En medio de protestas, se trata la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil
Con la movilización de alrededor de 100 gremios, un corte con incidentes sobre la avenida 9 de Julio y una movilización hacia Plaza Congreso, comenzó la sesión en el Senado de la Nación para debatir la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil.
Desde tempranas horas de la mañana, la situación generó caos y tensión en la zona, debido a que la interrupción del tránsito -protagonizada por manifestantes de diferentes agrupaciones- fue sorpresiva y tomó diferentes calles y avenidas en los alrededores del Obelisco porteño, donde mantuvieron sendos enfrentamientos con efectivos de la Policía de la Ciudad.
Según un informe del Same, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, en la avenida Cerrito y Roque Sáenz Peña, un efectivo de 33 años resultó herido con golpes, mientras que sufrió un traumatismo en una de sus rodillas y fue trasladado hacia el Hospital Militar Central.
En tanto, entre los manifestantes se observaron personas mayores que sufrieron forcejeos y enfrentamientos con efectivos policiales, tensión que en el transcurso de la mañana se trasladó hasta el edificio del Congreso, donde está previsto que a las 11 inicie la sesión en la que senadores oficialistas y aliados buscarán aprobar ambos proyectos impulsados por Javier Milei.
Tanto el proyecto de reforma laboral como el de régimen penal juvenil, fueron aprobados por la Cámara de Diputados previamente y podrían quedar sancionados este viernes en el Senado.
Las iniciativas cuentan con el respaldo de una coalición heterogénea liderada por La Libertad Avanza (LLA), junto al apoyo clave de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y algunos bloques provinciales.
Arrancó áspera la previa de la reforma laboral. pic.twitter.com/jO18KiVXka
— BLENDER (@estoesblender) February 27, 2026
Con los votos de los misioneros, Diputados aprobó la reforma laboral de Milei
Política
Senado aprobó Ley de Glaciares con los votos de Arce, Rojas Decut y Goerling
Con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, el Senado de la Nación aprobó esta noche la reforma de la Ley de Glaciares 26.639, sancionada en 2010 para protección de las reservas estratégicas de agua potable, y achicó el escudo para permitir inversiones mineras y de hidrocarburos en las áreas protegidas.
Los misioneros, Carlos Omar Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo; y Martín Goerling, del PRO Misiones, acompañaron la media sanción de la ley, que pasa ahora a la Cámara de Diputados.
El pleno convalidó el proyecto del gobierno de Javier Milei, mientras en las redes se viralizaban las fotos de los activistas de Greenpeace y el camarógrafo de A24, Facundo Tedeschini, tirado al piso y golpeado a patadas por efectivos de la Policía Federal.
Ante la ausencia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que se encuentra de viaje en Chile, donde participa de la IV Cumbre del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (Clasi), la vocera de la represión en las afueras del Congreso fue la senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.
“Ya no soy ministra de Seguridad”, se escudó Bullrich, pero informó de un sumario contra el policía que se ensañó con Tedeschini.
Calificó la conducta del agente como “reprochable” y “desmedida”. Afirmó que “hubo una conducta que no fue normal” y que el jefe de la Policía Federal ya había tomado medidas al respecto.
Compatible
En el debate, que se desarrolló por varias horas, luego de que el pleno tratara el acuerdo del Mercosur – Unión Europea, participó la misionera Rojas Decut, quien aseguró que la reforma de la ley de glaciares no compromete el medioambiente.
“Este no es solo el debate de la modificación de una ley, sino de una visión de un país que queremos construir”, dijo Rojas Decut.
“Misiones no tiene glaciares, tiene reconocidos recursos naturales y un reconocido liderazgo en materia climática; Misiones es la provincia con mayor biodiversidad en la Argentina”, alegó.
“Nos hemos posicionado en los mercados de carbono, con una categoría doble A, que solo ha logrado el 0,2 % de programas ambientales en el mundo; lo que legitima la integridad y calidad de la gestión ambiental en Misiones”, señaló.
La parlamentaria misionera argumentó que el proyecto “representa la demostración de que el desarrollo sostenible, cuando se apoya en la institucionalidad es posible”.
“Defendemos la institucionalidad ambiental, creemos en el desarrollo sostenible; estamos convencidos que no podemos hipotecar nuestros recursos estratégicos, pero tampoco podemos condenar a nuestra Argentina a la improductividad”, afirmó.
“Las provincias son dueñas originarias de sus recursos, por lo tanto, deben ejercer sus atribuciones con base científica, evaluaciones y participación ciudadana”, agregó y aseguró que “el tenor de la reforma es compatible con el ‘principio de no regresión ambiental’ del acuerdo de Escazú”, que fue ratificado por el Congreso Nacional en 2020, mediante la Ley 27.566.
“Misiones puede afirmar con absoluta seguridad, porque supo construir todo un ecosistema de leyes de vanguardia, en una provincia que brinda servicios ecosistémicos no solamente en la Argentina”, dijo Rojas Decut.
“Nosotros consideramos que estas reformas no significan una reducción de la protección ambiental; no se bajan los estándares, se clarifican las competencias, se ordenan los criterios y se fortalecen los procesos de evaluación científica y ambiental”, afirmó y planteó: “El tenor de la reforma es plenamente compatible con el principio de no regresión ambiental”.
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