Retirados y activos de la Policía de Misiones amanecen frente a la División Comando Radioeléctrico I para iniciar el tercer día de reclamo salarial en medio de una tensa calma atravesada por la posibilidad de algún operativo de desalojo dispuesto por el comité de crisis conformado entre el gobierno misionero y el ministerio de Seguridad de la Nación.

“El juez penal (Ricardo Balor) ha ordenado la restitución de los bienes del Estado y el despeje de este sector donde está protestando este pequeño grupo de retirados y policías activos”, afirmó ayer el ministro de Gobierno Marcelo Pérez tras el primer encuentro del comité de crisis.

Horas antes, en una entrevista con el sitio porteño Infobae, el mismo funcionario adelantó que en acuerdo con Patricia Bullrich se dispuso de un operativo de desalojo con la utilización de fuerzas federales.

“Hemos hablado con la ministra de Seguridad para hacer un operativo conjunto con la Policía de Misiones y la Gendarmería para detener a los cabecillas y recuperar el Comando Radioeléctrico, así como aquellos bienes que fueron robados al Estado provincial, como los móviles policiales, que serán devueltos a sus unidades”, fueron las palabras de Pérez con el citado medio.

Los retirados y activos de la Policía inician hoy su tercer día de reclamo.

“Tenemos información de que viene Gendarmería”

En tal sentido, los numerarios en protesta prepararon el terreno para un posible choque con las fuerzas federales y formaron dos especies de barricadas en las esquinas de avenidas Uruguay y Trincheras de San José, como así también dos cuadras más abajo, en Uruguay y Félix Aguirre.

En ambas intersecciones se dispusieron líneas de cubiertas encendidas y se cruzaron móviles policiales para impedir la llegada hasta el núcleo de la manifestación, que se concentra frente al Comando ubicado en Uruguay y Félix Bogado.

“Tenemos información de que vienen efectivos de Gendarmería, de Prefectura y de la Policía Federal. Así que estamos acá, aprestos al diálogo. Lamentamos que se haya llegado a esta medida”, afirmó esta mañana a La Voz de Misiones el suboficial mayor retirado Ramón Amarilla, uno de los voceros de la mesa de diálogo policial.

Amarilla, además, es uno de los sindicados organizadores de la medida de fuerza y sería uno de los retirados a detener por los delitos denunciados por el gobierno, entre ellos sedición y robo de vehículos oficiales.

“Cuando empecé a incursionar en esta situación de pelear por los derechos de la familia policial uno sabe que el Estado es un monstruo que utiliza diferentes herramientas como para tratar de neutralizar por las personas que pelean por los derechos de los trabajadores”, señaló al respecto el agente retirado.

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“Hemos hablado con la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) para hacer un operativo conjunto con la Policía de Misiones y la Gendarmería para detener a los cabecillas y recuperar el Comando Radioeléctrico, así como aquellos bienes que fueron robados al Estado provincial, como los móviles policiales, que serán devueltos a sus unidades”.

Las palabras le corresponden al ministro de Gobierno Marcelo Pérez y fueron efectuadas durante una entrevista con el periodista Juan Bracco, según una nota publicada por el sitio porteño Infobae.

En la misma nota, realizada el viernes, al filo de la medianoche, Pérez adelantó que “se actuará con dureza y con todas las consecuencias de la ley”, apuntando especialmente a los organizadores de la revuelta policial.

Sobre la revuelta, detalló que “un grupo importante de retirados convocó a una manifestación piquetera e involucraron a un grupo reducido de policías en actividad. Son más de 60 suboficiales y un solo oficial que se ha plegado, sobre un total de 10.000 integrantes de la fuerza”.

El ministro que, casi en paralelo a la nota con Infobae recibió consultas de La Voz de Misiones aunque no dio respuesta, analizó que “las imágenes que se están viendo a nivel nacional son impactantes”, aunque calificó a los manifestantes como “un grupo reducido”.

Y sobre los participantes de la movilización describió: “Hay algunos docentes, planeros que se quedaron sin planes, retirados y mujeres de policías, más algún personal en actividad que dejará de estarlo porque tomaremos las medidas disciplinarias que correspondan. No se puede permitir que una persona que integra una fuerza y debe respetar el orden lo viole”.

Pero no culminó allí. Pérez además puntualizó que “robaron un patrullero y, con la cara tapada, arrojaron gomas para luego incendiarlas. Más que policías son piqueteros. Esto deslegitima cualquier tipo de reclamo. Ahora pusieron música. La situación es casi circense”.

La protesta policial comenzó el viernes a las 3 de la madrugada y sigue activa frente al Comando I.

“No sabemos bien por qué es la protesta. Está disfrazada de un reclamo salarial. Pero el Gobierno provincial había adelantado que el lunes haría el anuncio de un aumento de haberes”, aseveró y sostuvo que hay “una inconsciencia” sobre la medida llevada adelante.

“Creen que no tienen nada que perder. Y perderán sus beneficios previsionales”, aseveró, haciendo alusión a los retirados.

En la nota con Infobae, el ministro aseguró que el operativo para despejar la avenida y recuperar el Comando se iba a efectuar “mañana” (por hoy) o “pasado” (por el domingo).

Sin embargo, en el comunicado oficial brindado esta tarde, luego de la primera reunión del comité de crisis conformado con la intervención del ministerio de Seguridad de la Nación, el funcionario no dio precisiones al respecto.

Sí mencionó que el juez Ricardo Balor, del Juzgado de Instrucción Seis, autorizó el recupero de los bienes del Estado (patrulleros, móviles oficiales e inmuebles tomados), como así también el “despeje” de la avenida.

Mientras tanto, los manifestantes continúan acampando frente al comando y se preparan para pasar su segunda noche en la calle. “Nos vamos a quedar hasta las últimas consecuencias”, prometieron.

“Más que policías, son piqueteros”, lanzó Pérez en una nota con el sitio porteño Infobae.

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Trascurridas más de 36 horas desde el inicio de la protesta policial que se desarrolla frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas y que concita la atención del país, el ministro de Gobierno Marcelo Pérez salió a la escena para expresarse sobre el conflicto e informar medidas alcanzadas tras la primera reunión del comité de crisis conformado anoche mediante la intervención de Nación, entre las cuales se destaca la presentación de denuncias por delitos de sedición, que prevé penas de hasta seis años de prisión.

A través de un mensaje grabado, Pérez informó que el comité de crisis se reunió con el gobernador Hugo Passalacqua a la cabeza y la presencia tanto del vice, Lucas Romero Spinelli, como así también varios miembros del gabinete y de los jefes tanto de la Policía provincial, Sandro Martínez, como de las diferentes fuerzas federales.

En ese marco, el ministro de Gobierno enumeró que “ayer hemos realizado las denuncias penales pertinentes contra aquellas personas con estado policial que han cometido, entre otros delitos, robos y hurtos calificados, sedición, incitación a la violencia, interrupción de comunicaciones y transporte”.

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó la primera reunión del comité de crisis conformado anoche con intervención del gobierno nacional.

A su vez, Pérez confirmó que el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis, ordenó la restitución de los patrulleros y móviles oficiales tomados para la protesta como así también “el despeje” de la avenida Uruguay donde desde el viernes a la madrugada se concentran los manifestantes.

En la continuidad del mensaje, el funcionario de alta línea calificó a los protestantes como un “pequeño grupo” y sostuvo que los bienes del Estado tomados para la medida de fuerza “han sido adquiridos con el dinero del pueblo misionero”.

También, y en sintonía con el protocolo antipiquete instaurado por el ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, Marcelo Pérez aseguró que se ordenó “una evaluación y cuantificación del daño para cobrárselo a aquellos que han encabezado y participado de la protesta”.

Respecto al reclamo salarial, sostuvo que “el gobierno en cinco meses ha otorgado tres aumentos que superan el índice de inflación” y como ejemplo de ello repasó que “un suboficial mayor de Posadas en enero cobraba $489.895 y en mayo cobró $818.175”.

Para culminar, agradeció a Bullrich por ponerse a disposición del asunto y hasta se apropió de un lema made in La Libertad Avanza: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley absolutamente nada”.

La protesta policial comenzó el viernes a la madrugada y se desarrolla frente al Comando I, sobre avenida Uruguay.

El Poder Judicial llama a la reflexión y el orden constitucional

Prácticamente en paralelo al comunicado del gobierno de Misiones, el máximo órgano judicial de la provincia también se pronunció sobre el conflicto.

A través de una resolución extraordinaria, el Superior Tribunal de Justicia consideró como “actos de sedición” los hechos cometidos por parte del personal policial que lleva adelante la protesta iniciada el viernes a la madrugada.

En la disposición presentada bajo número de expediente 65370/2024, el STJ “llama a la reflexión y al mantenimiento del orden constitucional, el respeto de la Ley y de las Instituciones como así también al cumplimiento de las resoluciones judiciales que se dicten en consecuencia, dando cumplimiento al servicio público esencial como es la seguridad de todos los misioneros”.

Y añade que desde las autoridades del Poder Judicial destacan que “existen los canales abiertos a los fines de resolver las cuestiones planteadas en el entendimiento de que el dialogo y el respeto es la única vía para dirimir los reclamos en un estado de derecho”.

Referentes de la protesta calculan que unas 5.000 personas amanecieron hoy frente al Comando.

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