El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, con competencia electoral, rechazó la apelación presentada por el peronismo renovador contra la intervención del Partido Justicialista (PJ) Misiones y convalidó lo dispuesto por el Consejo Nacional presidido por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

El recurso, rechazado esta semana, había sido presentado por el ex apoderado partidario Martín Kornutta, contra la designación de los interventores Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, y el desplazamiento de la conducción partidaria local, encabezada por el equipo de Myriam Comparín y el diputado nacional Alberto Arrúa, que fungía de secretario del Consejo Provincial.

En el fallo, los jueces Martín Rosendo Seguí y María Romuilda Servini, señalan que, conforme a la jurisprudencia consultada, “no resulta irrazonable la medida dispuesta” y destaca, asimismo, que “toda intervención, debe tender a normalizar el distrito en el menor tiempo posible para devolver el partido de Distrito a sus autoridades naturales”.

Por tal motivo, continúa, el juez resuelve “no hacer lugar al planteo de nulidad de la intervención interpuesto por la parte actora”.

Pronunciamiento

La noticia cayó como un bálsamo en las filas de los interventores Arrieta y Rodríguez, que a través de un comunicado se reafirmaron en la labor encomendada por la conducción nacional del partido.

“El fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 sostiene que la intervención fue dispuesta en ejercicio de las atribuciones partidarias ante una situación de urgencia institucional, con fundamento en la posible pérdida de la personería jurídico-política del PJ Misiones por no haber participado en las elecciones generales de 2023 ni conformado alianzas electorales”, reza el pronunciamiento firmado por los hombres designados por CFK.

“Asimismo, se señalaron conflictos internos, la suspensión de autoridades electas y la falta de entrega de documentación partidaria, entre otros incumplimientos”, agrega.

Arrieta y Rodríguez sostienen que “el magistrado consideró que, si bien la medida fue inicialmente cuestionada por su falta de comunicación formal y fundamentación explícita, tales observaciones fueron subsanadas con la ratificación realizada por el Congreso Nacional del PJ el pasado 20 de mayo de 2025, lo que legalmente convalida la intervención”.

“La resolución judicial aclara que, aunque las intervenciones partidarias deben ser excepcionales, la gravedad de los hechos y el riesgo institucional justificaron plenamente esta decisión, desestimando así la supuesta irrazonabilidad alegada por el sector desplazado”, afirma el comunicado.

Seguidamente, denuncia que “a pesar de la notificación judicial, referentes del sector con mandato vencido y sus seguidores han impedido hasta el momento la plena efectivización de la intervención” y que “con el apoyo de fuerzas de seguridad, han ocupado ilegítimamente la sede partidaria, obstaculizando el traspaso de la posesión real del inmueble y los atributos institucionales a los interventores designados, por lo que la intervención ha solicitado la adopción de medidas que garanticen la restitución del inmueble y permitan el funcionamiento normal de las autoridades partidarias designadas”.

“Desde la Intervención del PJ de Misiones reafirmamos nuestro compromiso con la recuperación institucional del partido en la provincia, en el marco del respeto a los principios democráticos y a la legalidad”, manifiestan los interventores y convocan “a toda la militancia a mantenerse unida, a defender al justicialismo y a rechazar cualquier acto que atente contra su organización, legitimidad y funcionamiento”.

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El concejal de Garupá por el PRO Rodolfo Kusczak fue suspendido por tiempo indeterminado luego de que una comisión investigadora dictaminara que el edil incurrió en “actos de conducta inmoral y deshonesta” en el marco de una denuncia efectuada contra el presidente del cuerpo legislativo Miguel Rauber, acusación que luego fue considerada “falsa, infundada y maliciosa”.

La sanción al concejal Kusczak se resolvió en la sesión del martes, donde uno de los temas incluidos en la orden del día consistía en tratar en el dictamen de la comisión investigadora que se formó días después de que el edil acusara a Rauber por presuntas adulteraciones en el presupuesto de 2025.

El tema fue analizado durante un lapso de 60 días y en ese período la comisión investigadora se encargó de revisar las documentaciones vinculantes, como así también citó al denunciante para que ratificara su acusación y/o presentara pruebas, lo que finalmente nunca ocurrió.

En consecuencia, la comisión consideró que el accionar del edil opositor constituyó una “conducta inmoral y deshonesta” al “difundir socialmente una falsa denuncia o una información falsa”, generando un “gran perjuicio a las instituciones democráticas” que forman parte del poder Legislativo y Ejecutivo del municipio.

Los investigadores consideraron que la denuncia no tuvo “sustento probatorio alguno” e incluso concluyeron que “no existió falsificación de la Ordenanza del Presupuesto General de Gastos y Recursos para el año 2025, la cual fue debatida, aprobada y publicada conforme a las disposiciones legales vigentes”.

En base a todo lo expuesto, consideraron que la conducta de Kusczak “configura una transgresión a los deberes de probidad, lealtad institucional y respecto entre pares”, por lo cual recomendaron al cuerpo legislativo proceder a la destitución del edil en cuestión, amparados en el artículo 25 inciso d del Reglamento Interno del HCD local y al artículo 247, inciso 3, de la Carta Orgánica Municipal.

Conocido el informe, el presidente del HCD, Miguel Rauber, no apoyó la destitución del concejal, pero sí consideró oportuno la aplicación de una suspensión hasta tanto la Justicia emita una resolución.

La moción fue acompañada por mayoría y de esta manera se aprobó la suspensión de Kuszack.

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Un proyecto de ley, impulsado por un grupo de legisladores del PRO, La Libertad Avanza (LLA) y el partido tucumano CREO que lidera el ruralista Sebastián Murga, propone la disolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y el traspaso de sus funciones y recursos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio de Economía.

La iniciativa se encuentra en la órbita de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería, de la Cámara de Diputados de la Nación, y es autoría de la legisladora del PRO Corrientes, Sofía Brambilla.

En su artículo 1º, el proyecto dispone “disolver el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), ente de derecho público no estatal”, y en el 2º ordena “transferir la totalidad de los recursos materiales y financieros” a la secretaría a cargo de Sergio Iraeta.

En sus artículos 5º, 6º y 7º, contempla la creación de un “Fondo de la Yerba Mate”, administrado por la Secretaría dependiente de la cartera de Luis Toto Caputo, que será distribuido entre los actores de la cadena productiva yerbatera.

En los fundamentos, los diputados macristas y libertarios cuestionan la “eficacia” del organismo que quieren desaparecer y argumentan que, luego de más de 20 años de su creación, su desempeño fue empañado por “resoluciones contradictorias”, “ineficiencia administrativa” y una “superposición con organismos como Senasa y Anmat”.

En otro párrafo, hablan de “inseguridad jurídica, litigiosidad y costos innecesarios para el sector productivo”, y culpan al Inym del “creciente malestar entre productores, industriales y exportadores”.

Sostienen que “con esta iniciativa se busca dar respuesta a un reclamo concreto de los actores del sector, que ven en la actual institucionalidad un freno al crecimiento y la competitividad”.

“El INYM funcionó durante más de 20 años como una estructura burocrática que ahogó al sector con regulaciones innecesarias, superposición de funciones y costos que nunca se tradujeron en beneficios concretos”, afirman.

Firman el proyecto, los macristas Damián Arabia (Caba), Gerardo Millman (Buenos Aires), Sergio Eduardo Capozzi (Río Negro), Karina Bachey (San Luis), José Núñez (Santa Fe), Aníbal Tortoriello (Río Negro), Germana Figueroa (Santa Fe), Alejandro Bongiovanni (Santa Fe), Marilú Quiróz (Chaco), Martín Ardohain (La Pampa), Ana Romero (Chubut) y Nancy Ballejos (Entre Ríos); la tucumana de CREO Paula Omodeo y el libertario entrerriano Benedit Beltrán.

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