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Procesan y embargan por fraude a una diputada de Cambiemos

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La jueza federal Zunilda Niremperger dictó el procesamiento, sin presión preventiva, de la exintendente de Resistencia, Aída Ayala, en el marco de la investigación por presunta defraudación contra la administración pública cuando cumplía funciones en la Nación.

Además, le trabó un embargo por un millón de pesos. La jueza procesó y embargó por la misma suma de dinero a sus colaboradores Matías Balmaceda Paiva, Miguel Ángel Vilte y al empresario Claudio Tolosa.

Los procesamientos se dan en el marco de la investigación de supuestas maniobras que se habrían realizado cuando Ayala se desempeñó como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación entre 2015 y 2017.

En la resolución, con fecha del 30 de diciembre de 2019 pero que trascendió hoy, Niremperger procesó a la actual diputada nacional “por considerarla prima facie penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 del Código Penal, en calidad d autora 0. 45 CP.)” y la embargó “sobre sus bienes hasta cubrir la suma de un millón de pesos”.

También fueron procesados, sin prisión preventiva, Balmaceda Paiva, Vilte y Tolosa por considerarlos “penalmente responsables del delito fraude en perjuicio de la administración pública”. Asimismo, los tres fueron embargados por la suma de un millón de pesos.

La causa nació en mayo de 2018 cuando la Justicia Federal ordenó allanar una oficina de Matías Balamceda, exyerno de Ayala.

En aquel momento se supo que la denuncia la había hecho el propio intendente de Quitilipi, Carlos Casalboni, donde contó que Ayala, en su rol de secretaria nacional, “bajaba fondos a diferentes localidades con la condición de que la compra se haga a través de la Fundación Construir y en negocios que ellos mismos elegían”.

“Uno de esos locales se llama Chaco Service, donde en el domicilio declarado en realidad funciona un local de service de aires acondicionados”.

En abril de este año, el fiscal federal, Patricio Sabadini, pidió la indagatoria de la actual diputada nacional, teniendo en cuenta que “ha quedado acreditado que bajo dirección de la Aída Ayala, quien se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales -del Ministerio del Interior de la Nación, se efectuaron maniobras direccionadas a la compra y contrato cuyo proveedor en todos los casos ha sido el Claudio Alejandro Tolosa, siendo palmarios los sobreprecios de los elementos adquiridos, que ello ha sido efectuado mediante las firmas de Convenios entre la Municipalidad de Quitilipi y la Secretaría de Asuntos Municipales, dirigida en ese momento por la Sra. Ayala”.

Según se detalla en la actuación, la hipótesis que maneja la justicia es que “se habría diseñado un plan metódico, que habría requerido para su concreción: que desde el municipio de Quitilipi se tome la decisión administrativa de obviar el proceso de licitación requerido por la normativa específica en relación al monto del financiamiento.

Que la autoridad máxima de dicha comuna, al haber optado por el sistema de contratación directa, se incline por realizar la compra del supuesto destinatario predilecto por parte de quienes habrían esquematizado el plan de acción; que por medio de la municipalidad de mención se inicien las actuaciones administrativas necesarias para solicitar el financiamiento, aportando a su vez el presupuesto presuntamente cargado con sobreprecios a las autoridades de la Secretaría de Asuntos Municipales; que los fondos emitidos por Nación ingresen al erario municipal”.

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Goerling y su ausencia en votación de jubilaciones y discapacidad: “Fue ilegal”

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Goerling

El senador del PRO Misiones, Martín Goerling, justificó su ausencia de ayer en el Senado, cuando el pleno votó el aumento a los jubilados, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

“No vamos a convalidar el atropello institucional”, tituló el parlamentario misionero un posteo de este viernes en su cuenta de X, donde argumentó sobre irregularidades de procedimiento de los proyectos que el pleno aprobó, prácticamente, por unanimidad.

“Mi planteo, y de varios senadores, fue claro: los proyectos que vinieron de Diputados sobre jubilaciones, moratoria y discapacidad —temas de enorme sensibilidad y relevancia— debían ser tratados con la seriedad que corresponde: en comisión, con debate, con participación y buscando los mejores consensos”, explicó Goerling y sentenció: “Eso no ocurrió”.

Según el senador macrista, “el kirchnerismo forzó una mayoría, se autoconvocó en una comisión que no estaba habilitada, emitió un dictamen inválido y lo llevó al recinto para votar su validez”.

“Nos opusimos firmemente, porque consideramos que ese dictamen es ilegal”, acusó y retrucó: “Lo dijimos en el recinto y lo sostenemos”.

“No nos negamos a tratar estos temas”, aclaró, sin embargo, Goerling. “Todo lo contrario: queremos discutirlos, mejorarlos y darles tratamiento parlamentario serio, buscando consensos, para que sea ley y no se discuta un posible veto”, continuó y, volviendo sobre las supuestas irregularidades del trámite parlamentario, advirtió: “Pero no aceptamos que se atropellen las normas, el reglamento y las instituciones”.

“Por eso -explicó Goerling-, una vez que se impuso ese tratamiento irregular, decidí levantarme y retirarme del recinto para no convalidar estos dictámenes”.

Mayorías

Los tres proyectos a los que el senador del PRO Misiones se refiere, fueron, sin embargo, aprobados por una mayoría que superó con creces los dos tercios de los parlamentarios presentes, como también las mociones para el tratamiento que se votaron antes.

El aumento de las jubilaciones y el bono previsional, se aprobó por 52 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones; lo mismo que la emergencia en discapacidad, que registró 55 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones.

La emergencia en discapacidad tuvo el acompañamiento de cuatro de los siete parlamentarios que integran el bloque del PRO: votaron a favor la chubutense Andrea Marcela Cristina, la pampeana María Victoria Huala, la porteña Guadalupe Tagliaferri y el cordobés Luis Juez, que se quebró al hablar en el recinto de su hija Milagros, que sufre de parálisis cerebral.

Se ausentaron para no votar: el misionero Goerling, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero y el enterriano Alfredo De Angeli, titular del bloque.

El senador del PRO Misiones volvió al recinto para votar por el proyecto de los gobernadores, por la transferencia automática de los ATN y la coparticipación de partidas asignadas a fondos fiduciarios eliminados y el impuesto a los combustibles, que acompañó junto a sus colegas renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

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Gervasoni denunció al Gordo Dan por tuits que “alientan un golpe cívico militar”

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El dirigente renovador y actual presidente del Imac, Roque Gervasoni, decidió pasar a la acción judicial esta mañana e interpuso una denuncia por intimidación pública, apología al delito y discriminación contra Daniel Parisini, el operador libertario y tuitero más conocido como Gordo Dan, y Pedro María Lantaron, otro acérrimo usuario de X, por las publicaciones donde ambos arengaban a militarizar las calles en contra del funcionamiento del Congreso nacional.

“Me parece que al menos debemos manifestar en la justicia lo peligroso de actitudes como las del Gordo Dan y El Pyttt, que desde sus redes sociales convocan a la violencia, alientan un golpe Cívico militar y son profundamente discriminatorias”, expresó Gervasoni al exponer en Facebook la denuncia que este viernes presentó ante el Juzgado Federal de Posadas.

En su acusación el funcionario provincial hizo referencia a las diferentes publicaciones que tanto el Gordo Dan como Lantaron, a través de su cuenta @elpittttt, efectuaron el jueves a la tarde mientras el Senado aprobaba leyes de aumento para las jubilaciones, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y transferencias del Tesoro Nacional a las provincias, iniciativas que para el gobierno liderado por presidente Javier Milei atentan contra el “equilibro fiscal”.

“Los tanques a la calle ya. Es ahora” y “Los strikers por 9 de julio ahora javeto. El momento ha llegado” fueron parte de larga seguidilla de tuis que Parisini, uno los conductores del streaming libertario Carajo, lanzó ayer mientras el Congreso sesionaba. 

En misma sintonía se expresó Lantaron. “Que todos los de LLA vayan desalojando el Congreso que se viene el ataque”, advertía en una publicación, mientras que en otro tuit subió la foto de un tanque de guerra acompañado del enunciado: “Es ahora Javo!!! Metan todos los tanques dentro del Congreso”.

“Todo tiene un límite”

Para Gervasoni, estas acciones suman gravedad porque se dan “en un contexto enmarcado por la violencia en redes sociales, por un alto nivel de disconformidad de una sociedad que se ve cada vez más oprimida y confundida, puede llevar sin dudas a personas con un alto grado de Estrés a tomar decisiones impulsadas por el odio y el hartazgo que provocan este tipo de publicaciones”.

“No es ni gracioso, ni inocente y mucho menos”, consideró y en contrapartida afirmó que “es altamente riesgoso, pone en peligro la Paz y la integridad física de legisladores y el pueblo en General”.

“No se trata de persecución o afectar la libertad de expresión, todo tiene un límite, en una sociedad donde el presidente de la república marca la agenda verborragia de las redes sociales, alguien debe poner límites a los excesos de fanáticos o seguidores libertarios a todas luces dispuestos a todo con tal de sembrar miedo y confusión, alterando la paz social”, culminó el dirigente renovador, adjuntando una copia de la presentación judicial que efectuó con el patrocinio de la abogada Valeria Ocampo. 

Los delitos denunciados por Gervasoni se encuadran en los artículos 212 y 213 del Código Penal de la Nación y en el artículo 3 de la Ley Antidiscriminatoria 23592.

Senadores misioneros votan a favor de transferencias a las provincias

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Senadores misioneros votan a favor de transferencias a las provincias

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Con 56 votos a favor, entre los que se cuentan los tres senadores misioneros, los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y el macrista Martín Goerling, el Senado aprobó esta noche el proyecto de ley que obliga al gobierno a repartir entre las provincias los Aportes del Tesoro (ATN) y de fondos fiduciarios de infraestructura, transporte y vivienda, eliminados.

Fueron dos proyectos y ambos obtuvieron igual resultado de votos a favor, y el mismo rechazo del cordobés Luis Juez, que fue el único que votó en contra.

La primera de las iniciativas activa el giro automático a las provincias de los ATN que el gobierno retiene desde que asumió en diciembre de 2023.

La otra, elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Transporte, Sistema Vial Integrado, y los fondos Compensador del Transporte, de Desarrollo Eléctrico del Interior, y Nacional de la Vivienda, y redirige todos estos recursos, excepto los previstos en el impuesto a los Combustibles Líquidos, a las provincias conforme la ley 23.548, de Coparticipación Federal.

El pleno votó el proyecto de los gobernadores, luego de un debate que se prolongó durante horas, después que aprobara el aumento para los jubilados, la moratoria previsional por dos años, la emergencia en discapacidad y la ayuda para Bahía Blanca.

Ambos proyectos superaron, holgadamente, la mayoría calificada de dos tercios que necesitaban, y eran un reclamo de los 23 mandatarios provinciales, entre los que se contó al misionero Hugo Passalacqua, y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Jorge Macri, que se reunieron hace dos semanas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) porteño y consensuaron una hoja de ruta común.

El debate en el recinto plasmó el humor de los gobernadores y el primo de Mauricio Macri con Milei, que, en lugar de apaciguar los ánimos, rompió lanzas y acusó a los mandatarios de querer “destruir al gobierno”.

Hubo menciones a las deudas de Nación a las provincias por la coparticipación, la asimetría del reparto y la necesidad de rediscutir la distribución de los ingresos federales; la paralización de la obra pública, especialmente de infraestructura vial, y el interrogante que abre, en tal sentido, la decisión del gobierno de eliminar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

El Bárbaro

“Los une es espanto”, dijo el formoseño José Mayans, sobre la alianza de mandatarios de credos políticos variopintos por recursos que puedan esquilmarle al plan de ajuste del gobierno, que amenaza con desfinanciar a las provincias.

“No es que los gobernadores de repente alcanzaron la madurez política”, apuntó Mayans y lanzó: “Se cansaron de ser humillados”.

“Reclaman y el presidente los manda a hablar con (Federico, ministro de Desregulación) Sturzenegger, el Bárbaro; y Sturzenegger les dice que les va a aplicar la motosierra a todos”, disparó el senador kirchnerista.

Mayans se refería a los últimos intentos de los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, por destrabar las negociaciones con el Poder Ejecutivo, que finalmente se cayeron y desembocaron en la cumbre del CFI, donde el anuncio de recurrir al Congreso por los recursos encendió la ira presidencial.

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