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Postergaron por cuarta vez la indagatoria a fiscal federal investigado

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Gonzalez Glaría rusconi

A cuatro días de la última fecha fijada para que finalmente se concrete la ya dilatada audiencia de declaración indagatoria al fiscal Rubén González Glaría, investigado hace un año por una multiplicidad de delitos, el procedimiento judicial volvió a ser postergado tras un planteo efectuado por el nuevo abogado defensor del implicado, que se trata de, ni más ni menos, que de Maximiliano Rusconi, letrado que entre sus clientes tiene a Lázaro Báez, Julio De Vido y Diego Lagomarsino.

El reconocido letrado porteño y ex fiscal general de la Procuración General de la Nación asumió la defensa de González Glaría a fines de abril, escasos días antes del 2 de mayo, que era la fecha establecida para la indagatoria al imputado luego de que una junta médica confirmara que se encuentra en condiciones de afrontar el procedimiento.

Debido al cambio de abogado defensor, el magistrado José Luis Casals, titular por subrogancia del Juzgado Federal de Posadas, dispuso postergar la indagatoria al 16 de mayo, pero tampoco será así y la nueva citación quedó establecida para el próximo 7 de junio.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones en base a altas fuentes consultadas, la nueva postergación fue solicitada por Rusconi, quien alegó haber tenido poco tiempo para analizar en profundidad el “voluminoso” y “complejo” expediente para poder elaborar una estrategia defensiva.

También expuso que el cuadro de salud de su cliente dificulta “posibilidades de reunión” con él para coordinar el trabajo defensivo y planteó que el 16 de mayo tiene audiencia de debate en el Tribunal Oral Federal N°2 de Ciudad de Buenos Aires, lo cual le impediría estar presente en el acto de indagatoria a González Glaría.

Ante ello, el letrado defensor solicitó dejar sin efecto el llamado a indagatoria previsto para el lunes y planteó fijar una nueva fecha dentro de un plazo no menor a 30 días.

El pedido fue analizado por el juez Casals, quien ayer resolvió suspender la indagatoria “de manera excepcional y por última vez”, fijando como nueva fecha para la concreción del acto procesal el 7 de junio. La misma se realizará bajo la modalidad remota, es decir, a través de un soporte de videollamada.

Además, advirtieron que, en caso de que ese día Rusconi vuelva a tener audiencia de debate en Buenos Aires, podrá designar un abogado co-defensor para que éste participe de la indagatoria al fiscal investigado.

En su resolución, Casals advirtió de la dilación que conlleva el proceso y puso en relieve la proximidad de una fecha en la que González Glaría tendría programada una intervención quirúrgica, por lo cual consideró “imperante la realización del acto procesal”.

La investigación

La investigación contra el fiscal que ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) en Misiones, comenzó en abril de 2021 y ese año tuvo otras dos citaciones a indagatoria (en octubre y noviembre), aunque ambas audiencias fueron suspendidas ante la presentación de certificados médicos que diagnosticaban un cuadro de “trastorno depresivo” en el implicado.

Fue después de ello que el fiscal Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación que impulsa la investigación, solicitó que una junta médica evalúe al funcionario denunciado para determinar si efectivamente ese diagnóstico le impide afrontar la indagatoria o si, simplemente, se trata de una estrategia para dilatar el proceso.

Ese pedido fue cumplido por el juez Casals y la pericia médica se llevó adelante el último 9 de marzo.

Los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Cámara Federal de Apelaciones, con un perito de parte solicitado por Turano, concluyeron que González Glaría, de 67 años y cursando un tratamiento oncológico, se encuentra en condiciones de afrontar la medida, aunque aclararon que la misma debe ser realizada teniendo en cuenta los cuidados y consideraciones pertinentes para un paciente de sus características.

El pedido de junta médica fue apelado por la anterior defensa del imputado, aunque el planteo fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones y, en consecuencia, Casals fijó para el 2 de mayo el tercer llamado a indagatoria. Lo sucedido a partir de ahí, ya es conocido y ahora se espera la quinta citación del 7 de junio para concretar el dilatado procedimiento judicial.

La investigación contra el jefe de los fiscales federales de la provincia comenzó en abril de 2021 y las denuncias van desde solicitar una parte del sueldo a empleados judiciales y de usar vehículos oficiales de manera particular, hasta emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.

En febrero, el fiscal apuntado rompió el silencio con La Voz de Misiones y se defendió de cada una de las acusaciones, afirmando que todo se trata de una conspiración en su contra con el objetivo de quedarse con su cargo.

“A mí me nombran en 1993 y la primera denuncia de que no soy intachable fue en el año 2018 o 2019. Con la cantidad de años y expedientes que pasaron, nunca jamás nadie me acusó ni de que lo miré feo y, de golpe y porrazo, aparecen todas estas denuncias”, sostuvo, entre otras cuestiones, en esa exclusiva entrevista a este medio.

Durante todo este tiempo, el fiscal investigado continúo cumpliendo funciones normalmente y una suspensión recién podría ser analizada después de un posible procesamiento, tal lo establecido tras las denuncias y escándalos que involucran a otros funcionarios judiciales del país, como el caso de Carlos Stornelli en Buenos Aires, entre otros.

Sin embargo, para que el procesamiento ocurra, primero el fiscal Turano debe completar la audiencia de declaración indagatoria y ese paso clave es el que se viene postergando una y otra vez.

Judiciales

El represor Carlos Carvallo accedió a dos salidas transitorias por mes

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El represor devenido en locutor Carlos Carvallo (70), condenado a 12 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Entre Ríos, fue autorizado a tener salidas transitorias tras cumplir con los requisitos y plazos necesarios para acceder al beneficio.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la resolución que incorpora al condenado al régimen de salidas transitorias fue firmada en los últimos días por el magistrado entrerriano Federico Martín.

En el dictamen se dispone que a partir de ahora y por el plazo de cuatro meses, con posibilidad de renovación, Carvallo podrá hacer uso de dos salidas mensuales por cuatro horas cada una.

Esos egresos deberán realizarse en compañía de un agente penitenciario sin uniforme y el interno deberá cumplir con el recorrido previsto desde la Unidad Penal 17 de Candelaria hasta el domicilio de su esposa en Posadas, respetando los horarios establecidos y manteniendo “un comportamiento decoroso”, entre condiciones, para no perder el beneficio.

El pedido efectuado por Carvallo contó la oposición de la fiscalía y no así con el de su víctima Manuel Ramat, que además fue querellante particular en la causa, quien como condición solicitó que el beneficio no se ejecute en Paraná. “Yo tengo la humanidad que él no tuvo conmigo”, fueron sus palabras sobre el asunto.

De esta manera, el represor que supo ocultar su pasado para mostrarse como locutor y periodista, volverá a las calles de Posadas tras permanecer 2517 días preso en forma ininterrumpida.

Carvallo está detenido desde el 23 de agosto de 2018, cuando agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo ubicaron en la casa de unos familiares en el barrio Santa Rita de Posadas, donde esquivaba el pedido de captura internacional que se había emitido en su contra cuatro años antes.

Desde ese momento estuvo privado de su libertad en Paraná, Entre Ríos, donde fue identificado como uno de los policías que integraba grupos de tareas dedicados a secuestrar y torturar presos políticos durante la última dictadura militar.

En esa misma ciudad fue juzgado en diciembre de 2020 y finalmente fue condenado como autor de los delitos de “privación ilegítima de la libertad perpetrada por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades previstas por la ley, agravada por el empleo de violencia o amenazas y por haber durado más de un mes, en concurso real con la imposición de torturas a personas privadas de su libertad agravada por ser la víctima un perseguido político”.

Todos estos hechos fueron cometidos en perjuicio de Ramat, que era dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que estuvo secuestrado en la comisaría paranaense de El Brete y que logró reconocer al imputado como uno de sus captores.

Como era época de pandemia, Carvallo oyó todo el proceso en su contra desde la Unidad Penal I de Paraná, donde continuó purgando la pena de 12 años de prisión impuesta en su contra por el juez Pablo Seró, hasta que a fines del año pasado fue trasladado a Candelaria como medida de acercamiento a un hijo que cursaba una enfermedad terminal.

Represor en Entre Ríos

El juicio contra Carvallo había comenzó en marzo de 2020, pero debió suspenderse a razón de la emergencia sanitaria decretada en todo el país por la pandemia de Covid-19.

Meses después, las audiencias se reanudaron en forma remota y, en esas circunstancias, en octubre se realizaron los alegatos, ocasión en la que la fiscalía había pedido 11 años de prisión y las partes querellantes 21.

El expediente que se ventiló en debate oral fue un desprendimiento de la causa Aérea Paraná I en 2014, en la que Ramat brindó declaración testimonial y allí volvió a identificar a Carvallo como uno de los integrantes del grupo de tareas que lo detuvo ilegalmente y lo torturó durante 45 días.

En su alegato, el fiscal García Escalada destacó “la cantidad de declaraciones sustancialmente coincidentes” de la víctima Ramat y detalló que “se cuenta en la causa con cinco actas de declaración testimonial de Ramat. En las cinco fue claro describiendo los hechos que padeció, identificando con nitidez a Carvallo como uno de sus autores principales, al menos en lo que refiere a la primera fase de su padecimiento, la va desde el 30 de septiembre de 1976 hasta 45 días más tarde, cuando es llevado del centro clandestino de detención de El Brete a la UP I de Paraná”.

Carvallo permaneció cuatro años prófugo con un pedido de captura internacional y fue hallado en casa de familiares en Posadas. 

La investigación realizada reconstruyó que Ramat conoció a Carvallo cuando éste llegó a su casa y se presentó como oficial de la Policía para llevar adelante un allanamiento vinculado a un hermano del dirigente que ya había sido asesinado en Campana.

Después de ese episodio, el dirigente se presentó ante la Policía, donde volvió a encontrarse con Carvallo y allí comenzó su padecimiento.

“Ramat concurrió por consejo de su abogado a la Dirección de Investigaciones. Allí el jefe le dijo que debía esperar a Carvallo y cuando llegó Carvallo comenzó el periplo de padecimientos. Lo llevaron a Santa Fe, lo obligaron a bajarse del auto, a ingresar al baúl, lo reingresaron a Paraná y lo alojaron en El Brete. Allí permaneció en situación infrahumana, comiendo con la mano, sometido a interrogatorio con trompadas y submarino seco (…) Allí le dijeron ‘vos sos boleta, nadie sabe que estás acá, vos tenés tu DNI’. Con eso querían demostrar la plena disposición que Carvallo y los otros tenían sobre la vida y la integridad física de Ramat”, siguió García Escalada en su alegato.

En esa misma audiencia expuso Lucía Tejera, quien además de recordar todos los hechos sufridos por Ramat también repasó el legajo de Carvallo para dar cuenta de la historia del imputado dentro de las filas de la Policía.

“En octubre de 1975 participó del secuestro de material ideológico y de la detención de varias personas, resaltando una felicitación por su extraordinaria dedicación, energía, serenidad y espíritu puesto en ese procedimiento. Figura también en ese legajo la realización satisfactoria de un curso contra subversivos en agosto de 76. Meses después formó parte de patota que secuestró y torturó a Ramat”.

Tejera recordó que después de esos 45 días privado de su libertad en clandestino, Ramat fue declarado preso legal y “sometido a un consejo de guerra, parodia de juicio como dicen las víctimas, y condenado bajo jurisdicción militar”.

Allí la víctima inició un periplo de detención en el cual pasó por los penales de Sierra Chica, La Plata, Caseros y Paraná, donde fue liberado en 1984 y donde ahora, casi 40 años después, se encuentra encerrado su captor.

Carvallo fue ubicado en 2018 en la cada de unos familiares en el barrio Santa Rita.

De locutor a prófugo

La historia de Carvallo, en tanto, fue muy distinta. Después de la dictadura llegó a Misiones y ocultando su pasado se desempeñó como locutor en varias radios de Posadas, entre ellas en FM Show, siendo ladero al micrófono de Alfredo Abrazian y transformándose incluso en un personaje altamente conocido.

Su situación recién cambió en 2014, después del juicio por la causa Aérea Paraná I que derivó en el dictado de un pedido de detención internacional por parte de la Justicia de Entre Ríos.

Después de ello, el locutor se mantuvo prófugo durante un largo tiempo hasta que finalmente en 2018 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lograron ubicarlo en la casa de unos familiares en el barrio Santa Rita de Posadas.

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Motociclista de 19 años despistó y murió en el Acceso Sur

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Un joven de 19 años falleció esta mañana al despistar con su motocicleta sobre el Acceso Sur de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el trágico siniestro se produjo a las 9 de hoy, sobre la avenida Costanera, a la altura de la avenida Comandante Rosales, en la capital provincial.

La víctima fatal fue identificada como Franco Ezequiel Aguirre (19), quien circulaba en una moto de baja cilindrada que, por causas que se intentan establecer, despistó y al precipitarse a la cinta asfáltica sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte a los pocos minutos.

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El después al femicidio de Batista: “Queremos la tenencia de los chicos”

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A casi una semana del femicidio de Claudia Soledad Batista (28), en su familia la tristeza y la desazón continúan a flor de piel, pero buscan reconvertir ese dolor en la fortaleza necesaria para encabezar la lucha por la tenencia definitiva de los niños que quedaron sin su madre.

Batista era mamá de cinco menores de edad, dos de los cuales también son hijos de Gabriel Cruz (25), su ex pareja y único imputado por el femicidio registrado el domingo pasado en San José.

Actualmente, todos los niños se encuentran junto a la familia materna gracias a una resolución que les otorgó una tenencia provisoria por seis meses, pero ya se preparan para albergar a los menores de manera definitiva.

Sabemos que a nuestra hermana ya nadie nos va a devolver, pero queremos mantener unidos a los chiquitos. Ahora están con mis padres, que tienen todas las condiciones para criarlos y cuidarlos, pero en caso que eso no suceda todos los hermanos podemos hacernos cargo”, señaló a La Voz de Misiones una hermana Soledad Batista.

La preocupación nace en el hecho de enterarse que la familia paterna de dos de los niños también estaría interesada en la tenencia de los menores, pero los Batista se oponen a esa posibilidad.

No queremos que se vayan con ellos, ni que tampoco se acerquen. Ellos no hicieron nada por mi hermana y eso que vivían en el mismo barrio. Nunca se interesaron y ese día tampoco ayudaron en nada. Además de que es una zona peligrosa, no queremos que los chicos estén ahí”, apuntaron.

La situación toma mayor gravedad al tener en cuenta que dos de los niños, de 4 y 8 años, presenciaron el ataque a machetazos que acabó con la vida de su madre.

“Nosotros estamos tratando de salir adelante. Con los chicos tratamos de no tocar el tema, pero el más chico se pone a jugar, piensa en su mamá y se acuerda como fue que pasó todo. Es tremendo todo lo que pasó”, describieron.

El femicidio de Batista ocurrió el domingo a la noche, en la casa donde la joven residía en el barrio La Tablada de San José, aunque ella era oriunda de Leandro N. Alem.

La joven fue ultimada de 23 machetazos, 19 de los cuales fueron dirigidos a las zonas del cráneo, hombros y miembros superiores.

Por el caso está detenido e imputado Gabriel Cruz (25), su ex pareja y padre de dos de los cinco hijos de la víctima.

Si bien no se registran denuncias formales, familiares de la joven señalaron que el sospechoso siempre ejerció violencia contra Batista e incluso consideran que en los últimos días estaba amenazada porque había publicado “mensajes de despedida” en sus estados de Whatsapp.

Familiares de joven asesinada en San José: “Él siempre fue violento con ella”

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