Un sargento primero de la Policía de Misiones se presentó en la Fundación Alameda para denunciar un presunto caso de trata de personas con fines de explotación sexual que tendría como víctima a su hija de 18 años. En la acusación señaló la posible participación de otros efectivos de la fuerza provincial. La organización, dedicada a combatir la trata y otros delitos vinculados, solicitó la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal.

La Voz de Misiones accedió a la presentación que la Fundación Alameda elevó a Protex, en la que se describen los hechos denunciados por el policía misionero Claudio Benítez, quien presta servicio en la comisaría de Loreto, dependiente de la Unidad Regional (UR) XIII.

El documento firmado por el presidente de la fundación, Gustavo Vera, apunta que los hechos comenzaron el domingo 26 de octubre en horas de la tarde, cuando la joven le informó a su papá Claudio Benítez que se trasladaría a una casa quinta ubicada en Loreto para trabajar.

Siempre de acuerdo a los hechos denunciados, el policía misionero le pidió a su hija que le brindara “fotos” o la “ubicación” del lugar al “tratarse de un trabajo nuevo”.

En esa línea, el documento señala que la víctima identificó a Jorge “Coqui” Mesa como la persona que habría gestionado el supuesto empleo y, según su relato, ese mismo día el hombre se presentó en la vivienda familiar y tomó fotografías de su hermana, menor de edad, con el objetivo de amenazarla para que asistiera a la casa quinta.

En una entrevista con el medio Alem News, la víctima contó que conoció a Jorge “Coqui” Mesa a través de una amiga. Coqui, según el testimonio de la joven, le había prestado mucho dinero y, a cambio de esa deuda, la obligó a traficar droga en su barrio, primero; hasta que la condujo a la cabaña donde se produjeron los hechos.

“Como no tenía para devolverle, me dijo: ‘tenés que hacer otras cosas para devolverme la plata’. Y ahí, me empezó a dar drogas (cocaína) para que venda. Empecé a vender acá en mi barrio para recuperar esa plata. Y ahí, como ya estaba todo, él me ofreció un trabajo en Loreto”, afirmó la muchacha.

Ante las cámaras del medio mencionado, la muchacha describió lo que vivió ese domingo 26 de octubre: “Me mandó un remis y me dijo para hablar. Me subió al auto y me empezó a dar bebidas, empecé a tomar; él daba vueltas y me dormí, sentí un pinchazo; y cuando me desperté estaban cinco hombres alrededor mío. Me levanto y siento mucho dolor”.

Continuando con lo expuesto en el escrito de la fundación Alameda a la fiscalía, la chica le confesó a su padre, el sargento Benítez, que no estaba en la casa quinta, sino que había sido trasladada a la localidad de San Ignacio, en un camping llamado La Familia.

“Ante ello, Benítez solicitó permiso en la comisaría, ya que estaba cumpliendo turno, para trasladarse a buscarla al camping La Familia. Una vez en el lugar, le pidió a su hija que se trasladara con él a Loreto, la llevó hasta la casa quinta donde supuestamente debía trabajar y la dejó allí”, se desprende del documento.

Luego, Benítez recibió un mensaje de su hija donde la muchacha le contó que “estaba dentro de una habitación con tres personas desnudas en el complejo La Familia, en San Ignacio”. Ante la situación, el policía pidió intervención a la comisaría de Loreto y acudió al lugar con un móvil.

Al presentarse en el camping, el denunciante encontró a su hija en el lugar junto a su camarada Carlos Díaz, a quien señaló como custodio del intendente de San Ignacio, Esteban “Negro” Romero; a una persona identificada como Daniel Dorrey y otra persona que no logró identificar.

Posteriormente, la muchacha de 18 años fue trasladada a la Comisaria de la Mujer jurisdiccional, donde se le tomó declaración de los hechos ocurridos. En tanto, el martes 28, la joven fue trasladada a la ciudad de Puerto Rico para ser examinado por un médico policial, quien corroboró que “había sido víctima de abuso sexual”, se desprende del documento de la fundación Alameda.

En su presentación ante Protex, la Fundación Alameda advirtió sobre indicios de una presunta red de explotación sexual que podría involucrar o contar con el encubrimiento de efectivos de la fuerza provincial. Por ello, solicitó medidas urgentes, resguardo de las pruebas digitales, protección para la víctima y su familia, y una investigación a nivel judicial y administrativo sobre los funcionarios señalados.

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