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Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda

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Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda

Tanto en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Puerto Iguazú como en de Wanda, trataron esta semana sendos proyectos de ordenanza impulsados por concejales de La Libertad Avanza (LLA) para declarar la emergencia por consumo problemático en los municipios.

En el caso de Puerto Iguazú, la iniciativa fue presentada por el edil Fabián De Sá, quien solicitó un tratamiento preferencial del proyecto, es decir que sea tratado con prioridad. La propuesta del concejal también incluye la emergencia en área de Seguridad local.

Como argumento para la declaración de emergencia, De Sá expuso el visto “incremento” en el consumo de estupefacientes en la ciudad de las Cataratas; la “presunta” presencia de puestos de venta de drogas en diferentes barrios; y las manifestaciones públicas de vecinos e instituciones sobre el flagelo.

De la propuesta legislativa, se destaca la creación de un Mapa Municipal de Zonas Críticas de Seguridad y Consumo Problemático y el Sistema Municipal de Denuncia Anónima Digital, para denuncias anónimas de presuntos puestos de venta de estupefacientes. El documento explica que el municipio actuará “exclusivamente” como órgano canalizador, derivando “inmediatamente” los casos a la Justicia Federal y fuerzas federales.

Aprobado el tratamiento preferencial por unanimidad el pasado 12 de marzo, la iniciativa fue analizada por las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Legislación General, Salud y Medio Ambiente del Concejo de Iguazú, al tiempo que se solicitó una opinión jurídica al asesor legal del HCD, Gonzalo De Jesús, sobre la iniciativa.

“No aconsejable”

El último jueves, el proyecto de Ordenanza entró al debate en el recinto incluido en el Orden del Día. En esa instancia, se leyó el dictamen de las comisiones, basado en la opinión jurídica del abogado asesor legal del Concejo.

En el documento, De Jesús dictaminó como “no aconsejable” la declaración de emergencia en materia de seguridad y consumo problemático en los “términos propuestos” por el concejal De Sá, entendiendo que el proyecto propone “atribuir al Municipio funciones que exceden el marco de competencias que le reconoce la Carta Orgánica de Puerto Iguazú”.

Entre las observaciones que hizo en el dictamen jurídico, el asesor legal marcó que la creación de un mapa de zonas críticas de la ciudad basado en “denuncias anónimas” vinculadas a “presuntos” puntos de venta de estupefacientes “configura una posible invasión de competencias que el ordenamiento jurídico reserva a la jurisdicción federal con consecuencias penales”.

Además, De Jesús señaló que la identificación territorial “basada en denuncias o información no verificada judicialmente podría generar situaciones de “estigmatización” de los barrios, “afectando directamente” a los vecinos y comercios de dichas áreas.

Con ese análisis, las comisiones intervinientes del Concejo de Iguazú resolvieron que el expediente “vuelva a comisión para un exhaustivo estudio con las autoridades competentes del fuero federal”.

Sometido a votación, el proyecto para declarar la emergencia en Seguridad y Consumo Problemático en la ciudad turística, los concejales Fabián De Sa, Alejandro Verón y Omar Gómez votaron afirmativamente, mientras que Carlos Ríos, Graciela Sosa, Raquel Matcoski y Humberto Pereyra lo hicieron en contra, por lo cual la iniciativa volvió a comisión y seguirá siendo analizada por los ediles en conjunto con autoridades federales y otras instituciones provinciales.

El caso de Wanda

Durante la sesión ordinaria del último martes, los concejales de la localidad de Wanda también debatieron un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia por consumos problemáticos en la comuna.

En este caso, la iniciativa fue impulsada por la Asociación Civil para el Desarrollo Misionero, coordinada por Samuel Doichele, que contiene y asiste, a través de un agrocamping, a personas mayores de edad que atraviesan situaciones de consumo problemático. Dado que las iniciativas formales deben ser presentadas por los ediles, la propuesta fue ingresada en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad por la concejal Silvia Lutz.

Lutz fundamentó su iniciativa legislativa en la importancia de “reconocer la gravedad” del aumentos de casos de adicciones en la localidad y dar una respuesta estatal “urgente” a los vecinos.

En ese sentido, la edil propuso que la municipalidad y que el gobierno provincial brinden acompañamiento, recursos y equipos interdisciplinarios para “garantizar” un abordaje integral, profesional y seguro de las adicciones, articulando con el sistema de Salud y regularizando iniciativas como el agrocamping, mediante respaldo legal, supervisión y políticas públicas sostenidas de prevención, tratamiento e inclusión social.

“Se pretende que esta declaración de emergencia sea una herramienta para ordenar, acompañar y fortalecer los esfuerzos comunitarios en la recuperación de las personas en situación de consumo y activar otras opciones de ayuda concretas”, precisó Lutz en diálogo con La Voz de Misiones.

Tratado en el recinto, el proyecto contó con el consenso de los siete concejales, aunque no fue aprobado y fue girado a comisión. Además, se solicitó que se presente una propuesta formal con los “requisitos técnicos y profesionales” necesarios para avanzar con la habilitación y la asignación de recursos al agrocamping.

Visión provincial

En diálogo con La Voz de Misiones, el secretario de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de la provincia, Roberto Padilla, habló sobre el tema de que los concejales de Puerto Iguazú y Wanda busquen declarar la emergencia por el consumo problemático en los municipios.

“Desde la secretaría y el gobierno provincial reconocemos el fuerte trabajo que hay que hacer contra las adicciones y los municipios tienen la autonomía para una decisión de este tipo”, afirmó el secretario Padilla.

Asimismo, sostuvo que si desde la gestión local “consideran” necesario el instrumento legal para abordar la problemática “lo pueden hacer”, al tiempo que remarcó que dicha medida “va a seguir fortaleciendo el trabajo con el organismo provincial”.

En ese marco, el funcionario comentó que la secretaría de Prevención de Adicciones está “haciendo un fuerte trabajo en la zona Norte” de Misiones y añadió que una declaración de emergencia por la problemática “tendrá que ver con una mirada más local. Nosotros en todo lo que sea necesario para acompañar, lo vamos a hacer”.

Padilla enfatizó que debe “seguir habiendo un fuerte trabajo” contra las adicciones en la zona Norte de la tierra colorada; sin embargo, puntualizó que dicha labor tiene que ser articulada entre municipios; escuelas; iglesias; asociaciones deportivas; entre otros.

Es una responsabilidad compartida. Nosotros podemos hacer muchísimo desde lo estatal, pero si después la familia o el contexto no nos ayuda, a veces, no podemos llegar a lograr los resultados que se esperan, incluso, a veces, no es ni siquiera el contexto. Es una situación compleja que tiene que tener una mirada integral”, remarcó.

Sobre ese punto, el secretario adelantó que en los próximos días abrirán un espacio de abordaje integral en Eldorado “para que los casos que necesitan una internación, una desintoxicación, se puedan hacer puntualmente en la zona Norte y no trasladar hasta Posadas a esa persona que, a veces, cuesta generar la empatía, la adhesión al tratamiento, o ese reconocimiento de la enfermedad”.

En esa línea, Padilla explicó que en “muchos casos” no se puede intervenir porque no hay una decisión voluntaria de iniciar un tratamiento, por lo cual “tiene que haber una orden judicial para una intervención involuntaria. Son cuestiones muy complejas que, más allá de la declaración de una emergencia, hay todo un trabajo en equipo que hay que seguir haciendo con o sin declaración”.

Otras acciones

Con respecto a la propuesta del concejal iguazuense Fabián De Sá de crear un mapa de zonas críticas de seguridad y consumo en el municipio, el secretario precisó que el organismo de Adicciones no tiene el rol “de la seguridad o de la lucha contra el narcotráfico” y subrayó que son cuestiones que le competen a la Justicia Federal.

“Si podemos tener una mirada o percepción, la nuestra no es estigmatizante, porque si hoy las sustancias estuvieran en un solo lugar, vamos todos a ese lugar y la combatimos”, analizó Padilla.

También añadió que hoy en día los estupefacientes “han transversalizado la sociedad” y apuntó que tanto una persona en estado de vulnerabilidad, que habita un barrio humilde, como una que tiene una mejor posición económica o vive en otra barriada puede “consumir” o estar expuesta al flagelo.

“Desde mi perspectiva, avanzar con eso -por la propuesta del concejal de Iguazú-, no sé si es lo más conveniente; me parece que hay otras acciones que se pueden llevar adelante”, dijo a LVM.

Para cerrar, Padilla resaltó que las acciones contra el consumo problemático necesitan un abordaje “en forma conjunta, programada, trabajando juntos, porque es un tema que a todos nos interesa. Bienvenido sea si se instala el tema o el debate, pero lo que nosotros buscamos es que también se tome conciencia de que no es solo cuestión de un ministerio trabajar esto, es una tarea que nos debe involucrar a todos como sociedad, desde la prevención como caso inicial”.

Consenso

Cabe mencionar que existe consenso entre concejales oficialistas y opositores de Puerto Iguazú y Wanda respecto a la necesidad de abordar de manera institucional y municipal la problemática de las adicciones a distintas sustancias en sus respectivas localidades.

No obstante, las diferencias radican en la metodología propuesta para dar respuesta a la situación. En ese marco, todo indica que las iniciativas podrían avanzar hacia su aprobación, aunque resta definir si será bajo una declaración de emergencia o mediante otras estrategias para enfrentar el problema.

Wanda y un agrocamping para afrontar la problemática de las adicciones

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Marcela Pagano sobre Lanari: “Acomodó a su familia y amigos en el Inym y la EBY”

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Lanari

La diputada nacional, ex La Libertad Avanza, Marcela Pagano acusó al posadeño Javier Lanari, secretario de Comunicación del gobierno de Javier Milei, de haber “acomodado a toda su familia y amigos” en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y Yacyretá.

Entrevistada anoche por videollamada en el streaming HDP, que conduce el periodista Eduardo Pérez, Pagano se explayó sobre lo que caracterizó como la “ruta del dinero Adorni” y ubicó a Lanari como “bolsero” de la hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y del jefe de Gabinete, investigado por enriquecimiento ilícito y al borde de la moción de censura del Congreso.

“Dentro de la ruta del dinero Adorni, a quien yo denomino ‘el cajero’, hay una parte que compete a Misiones”, apuntó la legisladora y disparo: “Está Javier Lanari, el segundo de Adorni”.

“Lanari es una persona que nos tiene que explicar muchas cosas a los argentinos”, arremetió Pagano y denunció que el posadeño “casi no estuvo dentro de la Casa Rosada” y utilizó su cargo, “entre otras cosas”, para “pedirle dinero a empresarios” y  “colaboraciones para la consultora de la mujer de Adorni, Bettina Angeletti, la socia en la corrupción”.

Pagano afirmó que “toda esta situación está investigándose y ya se empezó a demostrar que hay cosas que yo ya había llevado a la justicia, que son reales”, y adelantó que todo lo relacionado al posadeño Lanari y rol como “bolsero” del esquema de corrupción del gobierno de Milei es parte de las ampliaciones que prepara para incorporar a los expedientes judiciales en los próximos días.

“Lanari acomodó a toda su familia y amigos en el INYM y Yacyretá. Tengo toda la información y estoy por aportar como hecho nuevo en las denuncias judiciales presentadas”, afirmó la legisladora y recomendó: “Yo le diría a los misioneros que presten mucha atención a estas dos entidades”.

Bolsos paraguayos

Pagano aseguró que, según la información que se apresta a presentar en los tribunales federales de Comodoro Py, la “ruta del dinero Adorni” pasaba por Misiones y se extendía hasta Paraguay.

“Javier Lanari ha viajado, sistemáticamente, dos o tres veces al mes a Posadas”, comentó la legisladora y agregó: “Nada tendría de malo eso, si no fuera porque su sueldo de secretario de Comunicación no alcanza para cubrir esos viajes”.

“¿Cuál es el interés tan relevante que solamente a Misiones viajaba este señor?”, preguntó Pagano.

Aseguró que está próxima a reunir toda la información del mecanismo utilizado por Lanari en sus frecuentes visitas a la tierra colorada.

“Lanari es el bolsero, el que lleva los bolsos”, lanzó y reveló que el lugarteniente de Adorni reunía a empresarios y políticos en la casa que el diputado provincial y presidente de La Libertad Avanza (LLA) Misiones, Adrián Nuñez, tiene en el exclusivo barrio Agua Vista, de Encarnación.

“Esta todo documentado, los viajes y los pasos fronterizos a Paraguay”, afirmó la legisladora y comentó que Lanari recaudaba dinero de empresarios interesados en invertir en el país para “conseguirles reuniones con ministros del gobierno”.

Pagano explicó que la residencia paraguaya del hombre de Milei en Misiones “no era el único lugar” y que Lanari canalizaba lo recaudado en el country encarnaceno a través de “la consultora inventada para facturar”, de la esposa de Adorni.

-¿Diego Hartfield participó de estos encuentros?, le preguntó el periodista.

“No me consta que Hartfield haya participado, pero sería interesante preguntarle”, señaló Pagano.

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Herrera Ahuad presentó proyecto para que el Inym vuelva a fijar precios

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Herrera Ahuad cuestionó el financiamiento para la reforma penal juvenil

El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para restituir al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) la facultad de acordar y fijar semestralmente un “precio mínimo justo para la materia prima yerbatera”, atribución que fue eliminada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

La iniciativa ingresó al Congreso bajo el expediente 2879-D-2026 y fue publicada en el Trámite Parlamentario N.º 73. Además de Herrera Ahuad, lleva las firmas de los diputados nacionales Roxana Monzón y Luis Basterra, integrantes del bloque Unión por la Patria.

El proyecto propone incorporar el inciso R al artículo 4 de la Ley 25.564 del Inym, estableciendo que el organismo deberá acordar semestralmente, entre los distintos sectores que integran la cadena productiva, un precio mínimo justo para la hoja verde y la yerba mate canchada.

Según el texto, dicho valor deberá fijarse tomando como referencia los costos reales de producción y contemplar un margen razonable de rentabilidad para el productor, que no podrá ser inferior al 30%. Asimismo, el precio acordado será de cumplimiento obligatorio para todos los actores alcanzados por la normativa y su incumplimiento podrá derivar en sanciones y multas previstas en la legislación vigente.

La propuesta también contempla que, en caso de no alcanzarse un acuerdo dentro del ámbito del Inym, la cuestión sea sometida al arbitraje de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca de la Nación, que deberá emitir un laudo en un plazo máximo de 30 días. Si ese plazo vence sin resolución, el propio Instituto quedará facultado para fijar el precio por mayoría simple.

Cabe destacar que previo al DNU 70/23 el texto original del inciso obligaba a acordar semestralmente entre los distintos sectores participantes del Inym el precio de la materia prima. 

“El mismo resultará de un acuerdo en el Inym basado en el precio promedio de venta al consumidor de los productos elaborados con yerba mate según las condiciones y estándares de calidad que fije la reglamentación, el cual mediante acta pertinente los sectores deberán respetar”. 

En el proyecto de Herrera se mantiene el requisito de que, de no llegar a un acuerdo en el directorio del Instituto, “el arbitraje del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca de la Nación, será  quien deberá laudar, según las pautas arriba mencionadas”. 

El impacto del DNU 70/2023

En los fundamentos, Herrera Ahuad sostiene que la iniciativa busca “restablecer una herramienta fundamental para la supervivencia de miles de familias productoras”, afectadas por la eliminación de la facultad regulatoria del Inym a partir del DNU 70/2023.

El legislador recuerdó que el 20 de diciembre de 2023 el Gobierno nacional publicó el decreto denominado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, que modificó aspectos centrales del esquema de regulación yerbatera.

Según argumenta, desde su entrada en vigencia el DNU fue cuestionado por especialistas de distintas ramas del derecho y enfrentó numerosos planteos judiciales. En abril de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas ratificó un recurso de amparo que suspendía los artículos que impedían al Inym fijar precios de referencia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo apeló esa resolución y la causa fue elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde permanece sin movimientos desde junio de 2024.

“Mientras tanto, los productores siguen vendiendo su cosecha muy por debajo del costo de producción”, advierte el proyecto.

Mínimos históricos

Entre los argumentos que respaldan la iniciativa, Herrera Ahuad cita datos del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), correspondientes a un informe sectorial elaborado en mayo de 2026 con información del Inym y del Indec.

El estudio revela un fuerte deterioro en la participación de los productores dentro de la cadena de valor yerbatera. Mientras que en enero de 2022 el precio recibido por el productor representaba el 23,9% del valor final de la yerba en góndola, en marzo de 2026 esa relación cayó al 13,1%.

El promedio del primer trimestre de este año fue aún menor, alcanzando apenas el 11,6%, el registro más bajo desde 2019.

En términos concretos, el informe señala que de cada 100 pesos que paga un consumidor por un paquete de yerba mate en el supermercado, menos de $13 llegan al productor que cultivó la materia prima.

Un mercado con fuertes asimetrías

Los fundamentos también describen la estructura del mercado yerbatero como profundamente desigual.

Por un lado, existen alrededor de 13.000 pequeños productores, la mayoría con explotaciones menores a diez hectáreas, que negocian individualmente el precio de su producción. En el otro extremo, un reducido grupo de grandes empresas concentra gran parte del negocio.

Según el documento, las diez principales firmas del sector representan el 74% del mercado de yerba mate envasada, mientras que las tres primeras : Establecimiento Las Marías, Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig y Santa Ana. Las cuales concentran el 46% de la producción que sale de los molinos.

Para el legislador misionero, esta configuración genera una situación de desequilibrio que impide una negociación equitativa y justifica la intervención del Estado como árbitro para garantizar condiciones mínimas de rentabilidad.

Una crisis que trasciende lo económico

El exgobernador sostiene además que la crisis del sector yerbatero excede la cuestión económica y se ha convertido en un problema social para el nordeste argentino.

Entre las consecuencias más preocupantes menciona el creciente éxodo laboral hacia Brasil registrado durante los primeros meses de 2026. Según describe, ya no se trata únicamente de la migración estacional de tareferos durante la cosecha, sino de un proceso más amplio que involucra albañiles, mecánicos, camioneros, trabajadores de servicios y familias enteras que deciden radicarse del otro lado de la frontera.

“La combinación de salarios locales por debajo de los costos de subsistencia y mejores condiciones laborales en Brasil actúa como un imán que vacía comunidades enteras”, advierte el texto.

 “La desregulación produjo una transferencia de rentas”

En uno de los párrafos centrales de los fundamentos, el diputado afirma que la experiencia posterior al DNU dejó en evidencia los efectos negativos de la desregulación.

“La desregulación no produjo eficiencia: produjo una transferencia de rentas desde el eslabón más débil hacia el más fuerte”, sostiene.

Finalmente, Herrera Ahuad señala que la iniciativa no pretende resolver la crisis en la que está sumergida la actividad.

Este proyecto no pretende resolver todos los problemas del sector yerbatero. Pero sí pretende restablecer el instrumento mínimo de dignidad que el Estado debe garantizar a quienes producen uno de los alimentos más consumidos de la Argentina: el derecho a que el precio de su trabajo sea acordado en una mesa en la que también tienen voz”, concluye el proyecto.

Presidente del Inym: “La desregulación no es una coyuntura, es el único camino”

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Santiago Koch y las fotos con el PAyS y Amarilla: “Por ahora, es trabajo legislativo”

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Koch

El diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) Misiones, Santiago Koch, habló sobre las frecuentes reuniones con sus pares del Partido Agrario y Social (PAyS) y del bloque Algo Nuevo, del ex policía Ramón Amarilla, y aclaró que las fotografías que se vienen viralizando en las redes sociales no deben interpretarse como un incipiente armado electoral, sino que son “solo una forma de trabajar legislativamente todos juntos”.

En diálogo con La Voz de Misiones, el legislador radical afirmó que su cercanía con el bloque de Amarilla con el ex PRO, Miguel Núñez; y el que encabeza el docente Cristian Castro, con el líder agrario Héctor Cacho Bárbaro, y la trabajadora social Elvani Goring, se corresponde con la intención de “articular algunas cuestiones legislativas”.

Koch no descartó, sin embargo, que la sintonía que trasmiten las fotografías de las reuniones más recientes, con la excusa de afinar la puntería en temas clave de la agenda parlamentaria misionera, como Ficha Limpia y la Ley de Lemas, pueda traducirse en una plataforma electoral conjunta para las elecciones de 2027.

“Yo creo que, naturalmente, si este laburo que estamos haciendo prospera, que por momentos está bueno; podría, cómo no, llegar a decantar en un armado electoral”, barajó el legislador radical y, enseguida, aclaró: “Por el momento, es solo una forma de trabajar legislativamente todos juntos”.

Frío

El diputado de la UCR Misiones, que hace poco sorprendió la escena política hablando de una posible alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA) de su colega y vicepresidente primero de la Cámara, Adrián Nuñez, diferenció la relación que mantiene con el bloque que lidera el abogado tributario, de la que tiene con las bancadas del PAyS y de Amarilla.

“El contacto es un poco más frío”, describió Koch, aunque después le subió la temperatura al comentario y presentó el vínculo con su par mileísta como “formal, protocolar”, circunscripto a intercambios sobre los temas de la agenda legislativa.

Caliente

La “frialdad” en el trato con el doctor Nuñez y su bloque, se contrapone con la complicidad que sugieren las fotografías viralizadas de los encuentros con el PAyS y Amarilla, donde se ve a todos sonrientes y tomando mate.

“En materia productiva, sin dudas, estamos muy cerca del PAyS, que es un desprendimiento del radicalismo también, que supieron captar todos esos votos que antes eran, históricamente, radicales”, argumentó Koch.

“Yo soy un tipo muy coherente: Si las cosas están bien, si las decisiones están bien, las voy a apoyar”, señaló y sostuvo que “hay cosas” que comparte del gobierno de Javier Milei y “otras que no”. “La mayoría, no”, aclaró Koch.

“Yo levanto siempre las banderas del radicalismo”, afirmó el diputado provincial. “Como radicales, somos reformistas y creemos que el Estado constantemente necesita reformas”, argumentó.

Nefasto

El legislador radical cargó contra el gobierno de Milei, por el impacto social de muchas de sus políticas económicas y la “indiferencia” del presidente y su equipo con la pérdida de empleos y cierre de comercios y empresas.

“No comulgo con la insensibilidad que ellos tienen en la manera de gobernar”, criticó Koch y lanzó: “Creo en el déficit cero, pero con un sentido; ajustar por ajustar no tiene beneficios”.

“Lo que pasa con la educación pública, ni hablar; la investigación, la ciencia, que estamos dejando de lado”, se indignó y atacó: “Hay cosas que me parecen nefastas”.

 

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