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Misiones registra 10 femicidios en 2025, la cifra más alta en un año desde 2015

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Misiones femicidios 2025

Con el reciente asesinato de Claudia De Lisboa (41) en su chacra de Gobernador Roca, la provincia de Misiones suma diez femicidios en lo que va del 2025, siendo la mayor cifra registrada en un año desde 2015.

El crimen de De Lisboa se registró el domingo pasado, en su vivienda rural de Colonia Yacutinga, donde fue ultimada de un escopetazo efectuado por su marido, Omar Rozsinieski (68), que después del hecho se suicidó con la misma arma.

Previo a este caso la tierra colorada fue testigo de otros nueve femicidios, registrados desde el 18 de enero, cuando la jubilada Amanda Müller (70) fue asesinada a golpes y puñaladas en su casa de Santa Ana.

Por ese hecho detenido y procesado con prisión preventiva por femicidio el ex agente penitenciario Isaías Keller (30).

Más tarde se sucedieron los femicidios de Soledad Machuca en Posadas; Juana Maciel en Puerto Iguazú; Claudia Batista en San José; Marciana Rodríguez en Salto Encantado; Marisa Acuña en San Vicente; Elvira Irene Medina, en Puerto Esperanza; Gloria Soledad Yrepa en Oberá; y Daiana Raquel Da Rosa en Comandante Andresito.

Casi todos estos crímenes tienen un sospechoso entre rejas e imputados por femicidios. La mayoría de ellos son parejas, ex parejas o tenían algún tipo de vínculo con sus víctimas.

Sus nombres son Gustavo Cardozo (caso Machuca); Ismael Centurión (caso Maciel); Gabriel Cruz (caso Batista); Hugo G. (caso Rodríguez); Marcelo Da Rosa (caso Acuña) y Andrés Garcete (caso Medina).

Daniel “Porteño” García (caso Yrepa), Natanael Comes (caso Da Rosa) y el mencionado Omar Rozsinieski por el reciente caso De Lisboa, se suicidaron tras sus crímenes.

La cifra de diez femicidios contabilizados en lo que va del año ubica al 2025 con el peor índice anual de la última década.

De 2015 a 2020

Un repaso histórico realizado por La Voz de Misiones concluye que el primer femicidio de 2015 se registró el 23 de marzo, cuando Mirta Gladis González (45) fue asesinada en su casa de Bernardo de Irigoyen. Luis “Polaco” G., su ex pareja, fue condenado a perpetua un año más tarde.

Luego, el 7 de abril, ocurrió el crimen de la adolescente Miriam Cuba (16), en Puerto Piray. El caso tuvo un condenado a 25 años de prisión. Apenas unos días después, la víctima fue la niña Luz Natalia Ramos (12). El caso ocurrió en 9 de Julio y un vecino de la víctima, de nacionalidad brasileña, fue condenado a perpetua.

A mitad de ese mismo año surgió el movimiento Ni Una Menos y el 16 de agosto ocurrió uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de la provincia.

La víctima fue Horacelia Marasca, una adolescente de 16 años que fue asesinada, descuartizada y descartada en las alcantarillas del arroyo Martíres en Posadas. Por ese crimen fue condenado a prisión perpetua su ex pareja, el carpintero Martín Monzón, tras un juicio realizado en 2023.

Martín Monzón purga prisión perpetua por el femicidio de Horacelia Marasca, cometido en 2016.

Meses después, el 21 de octubre de 2015, la víctima fue Hilda Manzur (36), en Leandro L. Alem, caso por el cual fue detenida su pareja, aunque el caso hasta el momento no llegó a debate oral.

De allí hay que pasar a 2016, año en el cual se contabilizaron cinco mujeres asesinadas en contextos de violencia de género: Gisel Rodríguez Da Silva (26); Angélica Suárez (20); Margarita Valdez (76); Evelyn Rojas (26); e Irma Ferreyra Da Rocha (47).

Salvo el caso de Margarita Valdez, por el asesinato de todas las demás chicas ya hubo responsables condenados a prisión perpetua.

Da Silva fue estrangulada en su casa de la chacra 32-33 de Posadas y por ese hecho purga prisión el carnicero Carlos Martín Ruiz Díaz, que tras el crimen escapó a Paraguay y fue detenido en Encarnación.

Por el caso Angélica Suárez, quien también fue estrangulada y luego arrojada dentro de una valija al arroyo El Soberbio, cumple prisión perpetua su ex pareja Oscar Baungardt.

El crimen de la joven trans Evelyn Rojas también fue considerado como femicidio por la Justicia y en esa causa fue condenado fue Ramón Da Silva, más conocido como Junior, Ramoncito o Polaquito. La sentencia también incluyó el agravante de “odio a la identidad de género”, pero el Superior Tribunal de Justicia (STJ) lo eliminó tras analizar el fallo, aunque no modificó la pena.

El último femicidio del 2016 fue del Irma Ferreyra da Rocha (47), abusada y asesinada luego de una fiesta en Garupá. Alejandro Guillermo “Porteño” Esteche (34) purga prisión perpetua por aquel crimen.

Al año siguiente se registraron cuatro asesinatos marcados por la violencia de género. María Belén Rivas (16), que además estaba embarazada de siete meses, en Puerto Iguazú y Paulina Portillo (27) en Eldorado. Por el primer caso fue sentenciado a perpetua Carlos Batista, mientras que por el crimen de Portillo fue detenido Máximo Barúa.

Los restantes femicidios de ese año fueron el de Viviana Soledad Cabrera en Bonpland (26) y el de Mirta Roxana Carvallo en Villa Bonita (43). Los asesinos fueron Lucas Cabrera y Luis Ricardo Coussin (43), quienes se suicidaron tras los crímenes.

2018 fue el año con el peor registro de la década analizada, con un total de 9 femicidios. Las víctimas de ese año fueron Elsa Inés Glosniski (64), de Aristóbulo del Valle; María Larrosa (51), de Dos Hermanas; Carolina Aguerre (30), de Oberá; Raquel Dos Santos (17), de San Pedro; Ruth Gómez (17), de Iguazú; Liliana Toth (56), de Gobernador Roca; Natalia Samaniego (25), de Posadas; Claudia Dino (27), de San Martín; y Cecilia Krujoscki (34), de Aristóbulo del Valle.

Baugardt cumple prisión perpetua por el asesinado de Angélica Suárez en El Soberbio.

Las perpetuas fueron para Ariel Duarte, por el caso Gómez; Teodoro Lukasiewicz por Toth; Juan Carleris por Samaniego; Daniel Salvayot por Dino; y Miguel Ángel Feldick por Krujoscki.

En 2019 los casos registrados fueron seis y las víctimas fueron más porque hubo un triple femicidio vinculado: María Belén González (16), de Iguazú; Fiorella Itatí Aghem (20), de San Vicente; Antonela Bernhardt (27) de Oberá (asesinada en Posadas); Estela Fidencia Arapayú (49), de Colonia Oasis; Raquel Pereira (22) y sus hijos Thiago (5) y Jefferson (8), de San Pedro; y, por último, Vilma Mercado (19), también de Iguazú.

Todos los hechos estuvieron marcados por la crudeza, más aún el de Raquel Pereira, que junto a sus hijos fue masacrada a machetazos por su ex pareja Silvio Mogarte, que después de la matanza intentó suicidarse, pero no lo logró y tras quedar detenido fue condenado a prisión perpetua, al igual los asesinos de las demás chicas: Sebastián EstridelLeopoldo BorovskiLotario Puzin; y el soldado Carlos Leandro Luis Villar.

En el caso Bernhardt, cuyo acusado fue el fotógrafo Cristian Vargas, llegó a juicio imputado por femicidio pero el Tribunal Penal Uno decidió condenarlo a 20 años de prisión por homicidio simple, aunque luego el Superior Tribunal de Justicia (STJ) modificó el fallo y le aplicó perpetua. 

De 2020 a la actualidad

En 2020, año marcado por el inicio de la pandemia y las restricciones sanitarias, hubo 7 casos: Salete Rodríguez López (54), en San Antonio; Sonia Cerpa (40), en Dos Hermanas; Lorena Barreto (32), en Puerto Libertad; María Solange Diniz Rabela (24), en la comunidad mbya Tarumá Poty de San Vicente; Yésica Tavárez (19), en San Javier; Cintia Lemos (27), en Montecarlo; y Patricia Mereles (32).

Por esos siete casos se dictaron cuatro condenas a perpetua, aunque en uno de ellos, en el crimen de Mereles, el STJ ordenó que se dicte una nueva sentencia sin el agravante de femicidio.

Otro hecho tiene a su imputado a la espera del juicio oral. Se trata del cacique Claudio, que el 18 de junio enfrentará a la Justicia por el asesinato de su pareja Diniz Rabela.

Los restantes casos se trataron de femicidios seguido de suicidios.

El segundo año de la pandemia, es decir, 2021, se dirigía a terminar sin femicidios, pero el sábado 27 de noviembre la joven madre Amalia Pamela Torres (22) fue hallada sin vida en su casa de Oberá.

Todas las sospechas recayeron sobre su ex pareja, quien fue detenido a las pocas horas pero tras un meses quedó libre por falta de pruebas y el caso camino hacia la impunidad.

Para 2022 el flagelo volvió a tomar otra dimensión con otras siete mujeres asesinadas en contextos de violencia machista: Estefanía Beatriz Benítez (22), en Oberá; Gabriela Agüero (39) y su hija Débora Elizalde (24), en San Antonio; la taxista Claudia Benítez (34), en Posadas; Beatriz Machado (17), en San Antonio; Dora Samaniego (79), en Posadas; y Virginia Riquelme (41), en Wanda.

Aguardan indagatoria a detenido por el femicidio de Fabiana Sirino

Marcelo Daniel “Nanico” Muller (34) está detenido por el crimen de Fabiana Sirino, de 8 años.

De entre esos casos, hasta el momento solo fue condenado el responsable de la muerte de Machado, Pablo Rafael Alvez Policeno. Las demás causas tienen detenidos a la espera de juicio o se suicidaron tras el hecho.

El panorama en 2023 no fue muy diferente, con otros siete femicidios. Las víctimas de ese año fueron Natalia Castro (41), en Posadas; la gendarme Jéssica Galeano (31), en Posadas; Daniela Carmen Radke (23), en San Vicente; Norma Maidana (40), en Garupá; Jéssica Silvana Duarte (30), en Comandante Andresito; y Adriana Estefanía Dos Santos (16), en San Pedro.

Los siete casos tiene a sus respectivos sospechosos detenidos y a la espera del avance de las investigaciones. Todos están imputados por femicidio, que prevé prisión perpetua.

En 2024 la tendencia negativa se mantuvo. Fueron seis los crímenes de este tipo registrados a lo largo de ese año: la niña Milagros Ayelén Prestes (10), en Colonia Aurora; Graciela Beatriz Soto (49), en San Ignacio; Ramona Morínigo (39); en Posadas; Priscila Cecilia Díaz (20), en Jardín América; otra niña, Fabiana Sirino (8), en 25 de Mayo; y María Ofelia Calixto (33), en Alberdi.

Todos los hechos tienen detenidos bajo firme sospecha de ser autores de los crímenes investigados, a excepción del caso Soto, que permanece sin resolverse y del de Calixto, cuyo responsable se suicidó.

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Investigan un robo a punta de pistola en aserradero de Candelaria

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Investigan un robo a punta de pistola en aserradero de Candelaria

Por estas horas, la Policía de Misiones analiza cámaras de seguridad públicas y privadas para esclarecer el robo de una “suma millonaria” en un aserradero ubicado sobre la ruta nacional 12 en Candelaria.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en la madrugada de este lunes cuando delincuentes ingresaron al establecimiento situado a la altura del kilómetro 1.360 y redujeron con un arma de fuego al sereno de 35 años.

Con el empleado de seguridad reducido, los sujetos ingresaron a las oficinas internas del lugar y sustrajeron una suma millonaria de dinero distribuida en dólares y pesos de la caja fuerte, de acuerdo a la denuncia.

Las mismas fuentes consultadas indicaron que se evalúan una serie de hipótesis, debido a que no es la primera vez que se registra un hecho delictivo bajo la misma modalidad en el aserradero de Candelaria. En tanto, el sereno era la única medida de seguridad con la que contaba el sitio.

A cargo de la investigación del hecho está la Unidad Regional (UR) X de la Policía de Misiones, cuyos efectivos analizan las cámaras interconectadas de la provincia, registro de videovigilancia privada, entre otras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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Policiales

Mujer falleció tras chocar un poste sobre ruta 12 en el acceso a Cerro Corá

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En la madrugada de ayer, una mujer identificada como María Aquino (58) perdió el control de su vehículo e impactó contra un poste sobre la ruta 12, a la altura del kilómetro 1.378, en el acceso a la localidad de Cerro Corá.

El hecho se registró alrededor de las 3:50, cuando el automóvil Chevrolet, en el que viajaban tres ocupantes domiciliadas en el barrio San Jorge de Candelaria, despistó e impactó contra un poste de alumbrado público. 

Como consecuencia del impacto resultaron lesionados la conductora, su hija Belén A. (27) y un menor de 2 años, quienes fueron asistidos y trasladados al centro de salud para su atención médica.

Posteriormente, el médico policial diagnosticó que la mujer de 27 años presentaba fractura de brazo derecho, mientras que el menor sufrió politraumatismos. En tanto, la conductora permanecía internada en estado grave.

Horas más tarde, alrededor de las 20 de ayer,se confirmó el fallecimiento de María Aquino en el hospital Madariaga de Posadas, producto de las múltiples lesiones sufridas en el siniestro.

Personal de la División Criminalística de la Unidad Regional X realizó las pericias de rigor en el lugar, y el vehículo fue secuestrado y trasladado a sede policial.

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Judiciales

Piden jury contra la jueza que condenó a Mónica Gurina y Leandro Sánchez

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Jueza

El diputado provincial del Partido Agrario y Social (PAyS), Cristian Castro, presentó este viernes un pedido de jury contra la jueza en lo Correccional y de Menores N° 1, Marcela Alejandra Leiva, por la condena a prisión en suspenso para los sindicalistas docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez por desobediencia judicial y entorpecimiento del transporte, durante el acampe docente de 2024 que bloqueó la avenida Uruguay, de Posadas.

En la nota dirigida a la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Misiones, Rosanna Venchiarutti Sartori, Castro esgrime el artículo 7 de la Ley VIII Nº 5 y denuncia a Leiva por “mal desempeño en sus funciones”, “ignorancia inexcusable del derecho” y “arbitrariedad manifiesta”.

En el tercer punto del escrito, el diputado del PAyS solicita que se admita formalmente su denuncia, conforme lo establecido en el artículo 158 de la Constitución provincial, que establece que cualquier habitante puede acusar a magistrados ante el Jurado de Enjuiciamiento; y pide que “se disponga la apertura del procedimiento”, “se notifique a la magistrada denunciada”, “se sustancie el proceso conforme a la normativa vigente”, y “se dicte, al finalizar el proceso, la destitución de la magistrada denunciada”.

Al cierre de esta nota, el legislador agrario comentó a LVM que pasado el mediodía recibió una comunicación de la oficina de Venchiarutti Sartori para que comparezca personalmente el martes 23 próximo, a las 9:00 horas, a ratificar la denuncia contra Leiva, en el quinto piso del Palacio de Justicia.

Irregularidades

Según señala el diputado del PAyS, la actuación de Leiva en la causa contra Gurina y Sánchez “presenta un conjunto de irregularidades graves que justifican su análisis por parte del Jurado de Enjuiciamiento”.

Castro le achaca a la jueza en su nota, “deficiencias en la valoración de la prueba”, “valoración fragmentaria”, “omisión selectiva del material probatorio de elementos favorables a la defensa”, “utilización de presunciones no autorizadas por la sana crítica racional”, “falta de imparcialidad funcional” y “afectación del principio de inocencia”.

“Existen elementos del proceso que permiten sostener, prima facie, la existencia de un sesgo en la conducción del proceso, orientado hacia la convalidación de hipótesis acusatorias sin debida revisión crítica”, asegura.

“Se advierten razonamientos incompatibles con los estándares constitucionales de certeza que deben de regir toda sentencia condenatoria”, sostiene el legislador y señala que Leiva vulneró el artículo 18 de la Constitución Nacional, el 158 de la Constitución Provincial, y la doctrina del denominado ‘Fallo Casal’, de 2005, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que amplió las facultades del recurso de casación, fortaleciendo las garantías del imputado frente a la condena y alineando la jurisprudencia argentina con estándares internacionales.

Castro afirma que, por todo esto, la sentencia de Leiva contra Gurina y Sánchez “revela, con especial claridad, un patrón de razonamiento incompatible con los estándares constitucionales y convencionales vigentes en materia de protesta social, responsabilidad penal individual y principio de legalidad”.

Referentes

El diputado del PAyS sostiene que, en el fallo de Leiva, “se verifica una utilización extensiva y arbitraria del derecho penal, fundada exclusivamente en la condición de referentes gremiales de los imputados”.

“La magistrada da por acreditada la autoría penal no a partir de actos concretos, individualizados y probados, sino por la supuesta ‘visibilidad pública’ y liderazgo sindical de Gurina y Sánchez”, sostiene el legislador y advierte que “tal razonamiento importa una grave vulneración del principio de culpabilidad por el hecho, sustituyéndolo por una forma inadmisible de responsabilidad por el rol o la identidad, expresamente prohibida por el derecho penal constitucional”.

“Este criterio ha sido severamente cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha advertido que los Estados suelen utilizar a referentes sociales y sindicales como ‘casos testigo’ para emitir mensajes aleccionadores hacia el conjunto de quienes ejercen el derecho a la protesta, generando un efecto intimidatorio o disuasivo incompatible con una sociedad democrática”, afirma Castro y asegura que la sentencia contra los docentes “se inscribe de lleno en ese patrón de criminalización selectiva”.

“En segundo término, la resolución judicial desconoce la naturaleza política y colectiva de los hechos juzgados, omitiendo un análisis riguroso del elemento subjetivo de los tipos penales aplicados”, señala el legislador en su escrito contra Leiva.

“En contextos de protesta social, el dolo no puede presumirse ni inferirse mecánicamente de la mera permanencia en el lugar de los hechos o del carácter prolongado de la manifestación”, expresa.

“La intención de los docentes fue, de manera inequívoca, visibilizar reclamos salariales y laborales frente a la ausencia de respuestas estatales, y no entorpecer el transporte ni desobedecer la autoridad judicial como finalidad autónoma”, argumenta Castro.

“La magistrada omite ponderar que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que las restricciones al derecho de reunión y de protesta deben ser excepcionales, estar previstas por ley, perseguir un fin legítimo y superar un estricto test de necesidad y proporcionalidad”, manifiesta.

El diputado del PAyS opina que la sentencia de Leiva contra Gurina y Sánchez “otorga preeminencia automática al derecho a circular por sobre el derecho a la protesta, desconociendo que este último constituye uno de los pilares del sistema democrático”.

Desobedientes

En otra parte del escrito, Castro se refiere a la valoración que hizo la jueza del delito de desobediencia judicial que se le imputaba a Gurina y Sánchez, y sostiene que tal imputación se construyó a partir de “la condición de referentes” de los docentes procesados, “asumiendo que la orden era ‘exigible’ a ellos”.

El diputado del PAyS sostiene, además, “inconducentes desde el punto de vista jurídico”, las referencias que hace la resolución judicial de Leiva sobre “supuestos perjuicios comerciales o molestias derivadas del humo”, que “no fueron debidamente acreditados” y que son “consideraciones ajenas al bien jurídico protegido por el art. 194 del Código Penal”.

“En síntesis, la condena de Gurina y Sánchez constituye un caso paradigmático de criminalización de la protesta social, con afectación directa de derechos constitucionales y convencionales, y revela un desempeño judicial que, prima facie, encuadra en las causales de mal desempeño, ignorancia inexcusable del derecho y arbitrariedad manifiesta, habilitando la intervención del Jurado de Enjuiciamiento”, señala el legislador en su nota y reafirma: “Dichas irregularidades constituyen una pauta objetiva de mal desempeño y deberán ser examinadas por el Jurado en su conjunto”.

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