Judiciales
Testigo de caso Rosa dijo que los policías “la empujaron adentro del móvil”
“Yo les dije que la lleven a la comisaría o al hospital”, recordó hoy Mariela Benítez, la vecina que el 14 de febrero de 2013 llamó a la Policía para que auxilien a Mirta Carmen Rosa (47), la docente jubilada con esquizofrenia que ese día subió a un patrullero de la comisaría Quinta y que horas después apareció sin vida en una cancha del barrio Los Potrillos.
La declaración de Benítez se dio en el marco de la tercera jornada del juicio oral para esclarecer el hecho que se desarrolla desde el jueves pasado en el Tribunal Penal Dos de Posadas y que tiene a los ex policías Aldo Gabriel Aníbal Villalba (35) y Luis Albino Rotela (43) sentados en el banquillo de los acusados bajo una imputación por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte”, entre otros delitos.
La mujer, que reside en exactamente en la intersección de las calles Santo Pipó y Alba Posse, detrás del barrio Santa Clara II de Garupá, recordó que ese 14 de febrero, poco después de las 12 del mediodía, una señora llegó corriendo, desorientada y “desesperada” a su casa.
Ese señora era Mirta Carmen Rosa, a quien la testigo desconocía completamente. “Yo no la conocía. Al comienzo me asusté. Le desperté a mi marido y la atendimos. Le dimos agua y un pedazo de pan porque dijo que tenía hambre. Estaba desesperada pero no expresó dolor de nada. Después mi marido fue en moto a la comisaría para pedir ayuda”, recordó Benítez.
De izquierda a derecha, el imputado Rotela, los abogados José Luis Rey y Mónica Olivera, y el otro acusado Aldo Villalba.
Esa comisaría a la que hizo referencia se trata de la seccional Quinta de Garupá, dependencia para la cual cumplían funciones Villalba y Albino, quienes finalmente ese mediodía acudieron al lugar en un patrullero Chevrolet S-10.
Lo demás, lo recordó la propia Benítez. “Mientras mi marido fue a la comisaría yo le acariciaba y le tranquilizaba a la señora. Cuando vino el móvil policial preguntaron qué había pasado y yos les dije que la lleven a la comisaría o al hospital para que sus familiares puedan encontrarla”, señaló.
La mujer luego narró que como Rosa tenía el short mojado y embarrado los policías intervinientes le pidieron un pedazo de cartón para que no se ensucien el asiento del patrullero.
Después añadió que “ella subía como gateando al móvil, entonces ellos (por los policías Villalba y Rotela) la empujan hacia adentro, la empujaron con la puerta. Después se fueron, pero no vi más porque me volví para adentro a cuidar a mis nenas”.
Las certezas del caso se agotan en este punto, dado que horas después otra vecina reportó el hallazgo del cadáver de Rosa (con un traumatismo craneofacial y estallido de vejiga) a varias cuadras de distancia y lo que sucedió en el medio es lo que se intenta reconstruir.
Si bien aún no declararon en el juicio, en instancias previas los imputados aseguraron que desconocían el cuadro de salud de la víctima e indicaron que en determinado momento la bajaron del móvil por pedido de la propia mujer.
“Un mes después por ahí nos enteramos de lo sucedido leyendo el diario y reconocí a la mujer por la ropa. Ahí me sentí re mal porque yo esa tarde quería ir a la comisaría a averiguar por ella y no fui”, cerró Benítez.
El fiscal Glinka exhibiendo un mapa digital a los jueces César Yaya y Gregorio Busse del Tribunal Penal Dos.
De policías y libros de guardia
Y certezas tampoco hubo cuando el turno de declarar fue para los testigos José María Bernal y Emilio Broemser, dos efectivos policiales que al momento del hecho trabajaban en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X, división que estuvo bajo la lupa por haber estado realizando operativos por el barrio Los Potrillos en horarios cercanos al reporte del hallazgo del cuerpo de Rosa.
Con los testigos el fiscal Vladimir Glinka se apoyó en libros de guardia incautados para realizar consultadas e indagar en la secuencia de las acciones realizadas ese 14 de febrero.
Sin embargo, ambos testigos dieron testimonios pocos claros y hasta contradictorios en puntos determinados.
Tanto Bernal como Broemser contaron que ese día salieron de su base en A4 y fueron a la comisaría Quinta a buscar a un detenido para luego realizar allanamientos por robos denunciados en el barrio Los Potrillos, pero ambos indicaron horarios diferentes.
Los libros de guardia y sus claroscuros fueron protagonistas de la jornada.
Y los libros de guardia tampoco ofrecieron claridad, dado que esas labores o recorridas investigativas realizadas por Los Potrillos no fueron debidamente registradas, como sí se asentó una comisión en el barrio Madariaga a las 15.30, procedimiento que ambos testigos desconocieron y negaron haber participado.
Sobre esas irregularidades en los registros, Broemser respondió que “no está bien la secuencia de horarios, eso es culpa del cabo de cuarto. Cuando volvimos a la base el cabo no tomó nota y después quedó todo colgado”.
Broemser también negó que efectivos a su cargo en la Brigada luego hayan acudido al velorio de Rosa para realizar consultas sobre los resultados del examen de autopsia, tal como declaró Carlos Zarza, viudo de la víctima, en la segunda jornada del juicio.
En lo que sí coincidieron Bernal y Broemser fue en recordar que Adrián Borda, un tercer efectivo policial que ese día salió de patrulla con ellos, vio en el barrio Los Potrillos a una mujer de “similares características” a Rosa.
“Cuando nos comisionaron al barrio Los Potrillos porque había un cuerpo yo le comenté a un secretario de la Saic (Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas) que habíamos estado haciendo operativo y que un personal mío vio a una persona de similares características. Ese fue mi aporte en esta causa. Después yo pasé un mal rato con todo esto porque a nuestro personal lo quisieron ubicar en la escena del hecho”, afirmó el subcomisario Broemser.
Justamente, el uniformado Borda es uno de los testigos citados para mañana y su testimonio se aguarda con expectativa, al igual que el de “Chinito”, el joven que estaba detenido en la Quinta y que fue llevado por la Brigada a los operativos realizados en Garupá esa tarde.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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