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Testigo de caso Rosa dijo que los policías “la empujaron adentro del móvil”

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“Yo les dije que la lleven a la comisaría o al hospital”, recordó hoy Mariela Benítez, la vecina que el 14 de febrero de 2013 llamó a la Policía para que auxilien a Mirta Carmen Rosa (47), la docente jubilada con esquizofrenia que ese día subió a un patrullero de la comisaría Quinta y que horas después apareció sin vida en una cancha del barrio Los Potrillos.

La declaración de Benítez se dio en el marco de la tercera jornada del juicio oral para esclarecer el hecho que se desarrolla desde el jueves pasado en el Tribunal Penal Dos de Posadas y que tiene a los ex policías Aldo Gabriel Aníbal Villalba (35) y Luis Albino Rotela (43) sentados en el banquillo de los acusados bajo una imputación por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte”, entre otros delitos.

La mujer, que reside en exactamente en la intersección de las calles Santo Pipó y Alba Posse, detrás del barrio Santa Clara II de Garupá, recordó que ese 14 de febrero, poco después de las 12 del mediodía, una señora llegó corriendo, desorientada y “desesperada” a su casa.

Ese señora era Mirta Carmen Rosa, a quien la testigo desconocía completamente. “Yo no la conocía. Al comienzo me asusté. Le desperté a mi marido y la atendimos. Le dimos agua y un pedazo de pan porque dijo que tenía hambre. Estaba desesperada pero no expresó dolor de nada. Después mi marido fue en moto a la comisaría para pedir ayuda”, recordó Benítez.

De izquierda a derecha, el imputado Rotela, los abogados José Luis Rey y Mónica Olivera, y el otro acusado Aldo Villalba.

Esa comisaría a la que hizo referencia se trata de la seccional Quinta de Garupá, dependencia para la cual cumplían funciones Villalba y Albino, quienes finalmente ese mediodía acudieron al lugar en un patrullero Chevrolet S-10.

Lo demás, lo recordó la propia Benítez. “Mientras mi marido fue a la comisaría yo le acariciaba y le tranquilizaba a la señora. Cuando vino el móvil policial preguntaron qué había pasado y yos les dije que la lleven a la comisaría o al hospital para que sus familiares puedan encontrarla”, señaló.

La mujer luego narró que como Rosa tenía el short mojado y embarrado los policías intervinientes le pidieron un pedazo de cartón para que no se ensucien el asiento del patrullero.

Después añadió que “ella subía como gateando al móvil, entonces ellos (por los policías Villalba y Rotela) la empujan hacia adentro, la empujaron con la puerta. Después se fueron, pero no vi más porque me volví para adentro a cuidar a mis nenas”.

Las certezas del caso se agotan en este punto, dado que horas después otra vecina reportó el hallazgo del cadáver de Rosa (con un traumatismo craneofacial y estallido de vejiga) a varias cuadras de distancia y lo que sucedió en el medio es lo que se intenta reconstruir.

Si bien aún no declararon en el juicio, en instancias previas los imputados aseguraron que desconocían el cuadro de salud de la víctima e indicaron que en determinado momento la bajaron del móvil por pedido de la propia mujer.

“Un mes después por ahí nos enteramos de lo sucedido leyendo el diario y reconocí a la mujer por la ropa. Ahí me sentí re mal porque yo esa tarde quería ir a la comisaría a averiguar por ella y no fui”, cerró Benítez.

El fiscal Glinka exhibiendo un mapa digital a los jueces César Yaya y Gregorio Busse del Tribunal Penal Dos.

De policías y libros de guardia

Y certezas tampoco hubo cuando el turno de declarar fue para los testigos José María Bernal y Emilio Broemser, dos efectivos policiales que al momento del hecho trabajaban en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X, división que estuvo bajo la lupa por haber estado realizando operativos por el barrio Los Potrillos en horarios cercanos al reporte del hallazgo del cuerpo de Rosa.

Con los testigos el fiscal Vladimir Glinka se apoyó en libros de guardia incautados para realizar consultadas e indagar en la secuencia de las acciones realizadas ese 14 de febrero.

Sin embargo, ambos testigos dieron testimonios pocos claros y hasta contradictorios en puntos determinados.

Tanto Bernal como Broemser contaron que ese día salieron de su base en A4 y fueron a la comisaría Quinta a buscar a un detenido para luego realizar allanamientos por robos denunciados en el barrio Los Potrillos, pero ambos indicaron horarios diferentes.

Los libros de guardia y sus claroscuros fueron protagonistas de la jornada.

Y los libros de guardia tampoco ofrecieron claridad, dado que esas labores o recorridas investigativas realizadas por Los Potrillos no fueron debidamente registradas, como sí se asentó una comisión en el barrio Madariaga a las 15.30, procedimiento que ambos testigos desconocieron y negaron haber participado.

Sobre esas irregularidades en los registros, Broemser respondió que “no está bien la secuencia de horarios, eso es culpa del cabo de cuarto. Cuando volvimos a la base el cabo no tomó nota y después quedó todo colgado”.

Broemser también negó que efectivos a su cargo en la Brigada luego hayan acudido al velorio de Rosa para realizar consultas sobre los resultados del examen de autopsia, tal como declaró Carlos Zarza, viudo de la víctima, en la segunda jornada del juicio.

En lo que sí coincidieron Bernal y Broemser fue en recordar que Adrián Borda, un tercer efectivo policial que ese día salió de patrulla con ellos, vio en el barrio Los Potrillos a una mujer de “similares características” a Rosa.

“Cuando nos comisionaron al barrio Los Potrillos porque había un cuerpo yo le comenté a un secretario de la Saic (Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas) que habíamos estado haciendo operativo y que un personal mío vio a una persona de similares características. Ese fue mi aporte en esta causa. Después yo pasé un mal rato con todo esto porque a nuestro personal lo quisieron ubicar en la escena del hecho”, afirmó el subcomisario Broemser.

Justamente, el uniformado Borda es uno de los testigos citados para mañana y su testimonio se aguarda con expectativa, al igual que el de “Chinito”, el joven que estaba detenido en la Quinta y que fue llevado por la Brigada a los operativos realizados en Garupá esa tarde.

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Defensor de Ramírez tras la sentencia por el caso Belén: “Primó el patriarcado”

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Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.

“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.

Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.

“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.

Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.

Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.

En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.

No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.

Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión

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Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión

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La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.

La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.

De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.

Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.

Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.

El caso

La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.

A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.

La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.

También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.

Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.

 

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Dieron arresto domiciliario a los 17 policías implicados en el caso Golemba

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Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.

La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.

El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.

De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.

La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.

La hipótesis de la desaparición forzada

La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.

De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.

La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.

En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.

Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.

Una causa que lleva 18 años

Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.

Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.

La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.

Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.

Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.

El caso Golemba, el “pacto de silencio institucional” y los 16 detenidos

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