Judiciales
Ramón Amarilla apeló su prisión preventiva y acusó “mensaje ejemplificador”
Ramón Amarilla y Diego Correa, dos de los ocho agentes policiales detenidos y destituidos tras ser acusados por delitos de “sedición” y “conspiración”, apelaron la prisión preventiva dictada por el juez Fernando Verón, cuestionando la medida como “infundada”, “arbitraria” y sin “fundamento probatorio”, además de calificarla como “un uso desproporcionado de la justicia” con fines de “persecución”.
El recurso de apelación fue presentado en las últimas horas por el letrado particular y ex juez penal Ramón Moisés Grinhauz, quien interviene como abogado defensor de los agentes Amarilla y Correa.
En la resolución, Grinhauz apunta que la prisión preventiva dictada contra sus pupilos judiciales resulta “infundada y arbitraria”, dado que la decisión carece de “fundamento probatorio sólido que justifique tal medida extrema”, al tiempo que considera que se realizó “una valoración subjetiva de los riesgos procesales”.
Siete de los ocho involucrados fueron detenidos el 19 de septiembre, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el juez Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un supuesto plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta, incidentes nuevos e independientes a la protesta realizada en mayo.
La maniobra salió a la luz gracias a la detención días antes del oficial ayudante Diego Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”, según argumentan la Justicia.
Los ocho policías están detenidos y procesados con prisión preventiva.
“Expresiones de malestar”
En el escrito de apelación, la defensa de los implicados Correa y Amarilla contestan a todas estas cuestiones utilizadas como fundamento para el dictado de la prisión preventiva y atacan la medida.
“Las capturas de pantalla presentadas como evidencia incluyen intercambios que, a primera vista, pueden parecer comprometedores, pero una revisión más detallada revela que carecen de claridad y contexto”, arguye la defensa y sostiene: “Los mensajes reflejan expresiones generales de malestar sobre las condiciones laborales y comentarios dispersos que, aunque pueden ser interpretados como un deseo de ‘movida’, no constituyen un plan concreto o articulado que evidencie la intención de llevar a cabo actos de sedición o violencia”.
En ese marco, argumentan que “la jurisprudencia ha establecido que las conversaciones que se mantienen en entornos privados deben ser interpretadas con el debido respeto a la intención y al contexto en el que se producen”.
En otro tramo de la presentación, Grinhauz cuestiona que no existe evidencia para considerar que la liberación de sus defendidos represente riesgo procesal alguno, tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación, ante lo cual plantea como alternativa la imposición de medidas menos severas para que sus defendidos se ajusten a derecho, tal como lo hicieron en el marco del otro expediente que se instruye ante el Juzgado de Instrucción Seis, donde respondieron ante cada citación.
“Mensaje ejemplificador”
La apelación también contiene un “análisis político” de la causa, donde la defensa de los imputados apunta que la situación “trasciende la mera interpretación legal y se inscribe en un contexto político y social más amplio”, donde Correa y Amarilla fueron ubicados como “fusibles de una disputa salarial que ha despertado tensiones significativas entre el gobierno provincial y los cuerpos de seguridad”.
Y ataca: “La decisión de imponer una prisión preventiva parece estar más relacionada con la intención de enviar un mensaje ejemplificador al cuerpo policial que con la existencia de pruebas contundentes que sustenten la acusación”.
En base a todos estos considerados, el letrado particular solicita que se revoque la prisión preventiva contra sus defendidos y que ambos continúen el proceso judicial en libertad.
El documento ahora deber ser remitido a la Cámara de Apelaciones, junto a todo el expediente, para que sus magistrados analicen la presentación y luego resuelvan si ratifican todo lo actuado por el juez Verón o dan lugar a la apelación defensiva, lo cual favorecería a los implicados.
Este recurso de apelación se da horas después de una acción de amparo que los ochos uniformados implicados presentaron de manera conjunta en contra del gobierno provincial por el decreto que dispuso la destitución de todos ellos.
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
Con cámara oculta descubren a psiquiatra que firmaba certificados truchos
Presupuesto 2026, Milei ratificó rumbo económico y pidió: “No aflojemos”
Rechazan uso del Parque del Conocimiento para película pro israelí
Oberá en Cortos: una por una las obras que competirán por el máximo premio
Mbyas piden la regularización de tierras y servicios con acampe en la plaza 9 de Julio
Milei envió fondos ATN a cuatro provincias y Misiones fue la que más recibió
La Unam marcha contra el veto de Milei: “Ante la crueldad, abrimos esperanzas”
CFK fue inhabilitada a votar en octubre por la Cámara Nacional Electoral
Un camionero misionero murió en un choque en Chaco
Cuatro pacientes con tuberculosis fueron detenidos por negarse al tratamiento
Alejandro Jabornicky detenido por violencia contra la diputada Rita Flores
Caminaba por una vereda del centro y se le cayó un ladrillo en la cabeza
Ex policía acusado de sedición ahora cayó por el robo de $50 millones en Oberá
Identifican a auditora de Andis que atacó a periodistas de Crónica
Resguardan a tres niñas en abandono en una casa en Posadas: buscan a sus padres
Demandarán al Estado a 50 años de la muerte de Irrazábal y Ayrault
Niña de 5 años se reencontró con su peluche perdido en terminal Quaranta
Cierran Cataratas por crecida del río Iguazú que arrastró pasarelas
Cacho Bárbaro: “A Milei le patina, Massa tiene las herramientas para gobernar”
Macri en Posadas: “¿Cómo va a hacer Milei para gobernar sin gobernadores?”
Tercer día de reclamo en Jefatura: “No nos vamos a ir con las manos vacías”
Realizarán curso de educación ambiental con puntaje docente
-
Policiales hace 6 díasJugaba al fútbol con amigos, se descompensó y murió camino al Favaloro
-
Policiales hace 6 díasInvestigan el asesinato de un anciano de 73 años en Jardín América
-
Judiciales hace 7 díasImputan a psiquiatra acusado de entregar certificados truchos en Posadas
-
Policiales hace 3 díasCertificados médicos truchos: cayó un cómplice y no descartan más detenciones
-
Judiciales hace 6 díasAcusado de trata contra dos adolescentes firmó un juicio abreviado por 9 años
-
Policiales hace 5 díasJabornicky se defiende de denuncia por violencia: “Fue cine, me drogaron”
-
Prensa Institucional hace 5 díasTipoka capacita a sus choferes en conducción defensiva y seguridad vial
-
Policiales hace 5 díasLa diputada Flores amplió denuncia contra Jabornicky y recibió botón antipánico