Judiciales
Ramón Amarilla apeló su prisión preventiva y acusó “mensaje ejemplificador”
Ramón Amarilla y Diego Correa, dos de los ocho agentes policiales detenidos y destituidos tras ser acusados por delitos de “sedición” y “conspiración”, apelaron la prisión preventiva dictada por el juez Fernando Verón, cuestionando la medida como “infundada”, “arbitraria” y sin “fundamento probatorio”, además de calificarla como “un uso desproporcionado de la justicia” con fines de “persecución”.
El recurso de apelación fue presentado en las últimas horas por el letrado particular y ex juez penal Ramón Moisés Grinhauz, quien interviene como abogado defensor de los agentes Amarilla y Correa.
En la resolución, Grinhauz apunta que la prisión preventiva dictada contra sus pupilos judiciales resulta “infundada y arbitraria”, dado que la decisión carece de “fundamento probatorio sólido que justifique tal medida extrema”, al tiempo que considera que se realizó “una valoración subjetiva de los riesgos procesales”.
Siete de los ocho involucrados fueron detenidos el 19 de septiembre, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el juez Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un supuesto plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta, incidentes nuevos e independientes a la protesta realizada en mayo.
La maniobra salió a la luz gracias a la detención días antes del oficial ayudante Diego Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”, según argumentan la Justicia.
Los ocho policías están detenidos y procesados con prisión preventiva.
“Expresiones de malestar”
En el escrito de apelación, la defensa de los implicados Correa y Amarilla contestan a todas estas cuestiones utilizadas como fundamento para el dictado de la prisión preventiva y atacan la medida.
“Las capturas de pantalla presentadas como evidencia incluyen intercambios que, a primera vista, pueden parecer comprometedores, pero una revisión más detallada revela que carecen de claridad y contexto”, arguye la defensa y sostiene: “Los mensajes reflejan expresiones generales de malestar sobre las condiciones laborales y comentarios dispersos que, aunque pueden ser interpretados como un deseo de ‘movida’, no constituyen un plan concreto o articulado que evidencie la intención de llevar a cabo actos de sedición o violencia”.
En ese marco, argumentan que “la jurisprudencia ha establecido que las conversaciones que se mantienen en entornos privados deben ser interpretadas con el debido respeto a la intención y al contexto en el que se producen”.
En otro tramo de la presentación, Grinhauz cuestiona que no existe evidencia para considerar que la liberación de sus defendidos represente riesgo procesal alguno, tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación, ante lo cual plantea como alternativa la imposición de medidas menos severas para que sus defendidos se ajusten a derecho, tal como lo hicieron en el marco del otro expediente que se instruye ante el Juzgado de Instrucción Seis, donde respondieron ante cada citación.
“Mensaje ejemplificador”
La apelación también contiene un “análisis político” de la causa, donde la defensa de los imputados apunta que la situación “trasciende la mera interpretación legal y se inscribe en un contexto político y social más amplio”, donde Correa y Amarilla fueron ubicados como “fusibles de una disputa salarial que ha despertado tensiones significativas entre el gobierno provincial y los cuerpos de seguridad”.
Y ataca: “La decisión de imponer una prisión preventiva parece estar más relacionada con la intención de enviar un mensaje ejemplificador al cuerpo policial que con la existencia de pruebas contundentes que sustenten la acusación”.
En base a todos estos considerados, el letrado particular solicita que se revoque la prisión preventiva contra sus defendidos y que ambos continúen el proceso judicial en libertad.
El documento ahora deber ser remitido a la Cámara de Apelaciones, junto a todo el expediente, para que sus magistrados analicen la presentación y luego resuelvan si ratifican todo lo actuado por el juez Verón o dan lugar a la apelación defensiva, lo cual favorecería a los implicados.
Este recurso de apelación se da horas después de una acción de amparo que los ochos uniformados implicados presentaron de manera conjunta en contra del gobierno provincial por el decreto que dispuso la destitución de todos ellos.
El empleado de Emsa detenido tras las viralización de unos videos donde se lo ve golpeando reiteradas veces con un palo a un perro en una casa de Itaembé Guazú de Posadas compareció esta mañana en audiencia de declaración indagatoria, instancia en la que se defendió de la acusación y fue formalmente imputado por maltrato animal.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el joven identificado como Leandro Ruiz Díaz fue trasladado esta mañana al Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, donde compareció en indagatoria ante el magistrado Miguel Mattos.
Previo a ello el muchacho designó abogado defensor oficial y una vez frente al juez respondió a las acusaciones en su contra. Según las fuentes, en primer lugar Ruiz Díaz afirmó que el can agredido no era suyo y luego alegó que su accionar correspondió a un acto de defensa para proteger a sus hijos y a otro perro más pequeño que sí es de su propiedad.
De igual manera, fue notificado formalmente de una imputación por el delito de “maltrato animal” y por el momento continuará detenido, aunque su defensa muy probablemente inicie el trámite de excarcelación en las próximas horas.
El muchacho está detenido desde el lunes, luego que se viralizaran videos difundidos por grupos mascoteros y que la fundación Tu Mascota es Familia radicara una denuncia formal.
Las imágenes circularon rápidamente por todas las redes sociales, despertando indignación y bronca de parte de la comunidad. En uno de los videos se observaba al acusado golpear en reiteradas oportunidades a un perro pitbull con palo tipo bate.
Una vez detenido, los investigadores constataron que Ruiz Díaz además registra una causa por violencia familiar iniciada el pasado 16 de julio.
Detienen a agresor de animales y confirman denuncia por violencia familiar
La mujer acusada de asesinar a su hijo Ilán (8) en Santa Ana se abstuvo de declarar al momento de comparecer ante la Justicia este miércoles por la mañana y continuará detenida mientras los instructores de la causa avanzan con nuevas medidas de prueba para robustecer el expediente.
Luego de que una junta médica la calificara como una persona imputable y que comprende la criminalidad de sus actos, María Mareco (30) volvió a ser trasladada hoy al Juzgado de Instrucción Siete de Posadas para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Miguel Mattos.
En esa instancia, según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por “homicidio agravado por el vínculo”, figura que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarada culpable en un futuro debate oral.
Ahora, la Justicia avanzará con la toma de testimoniales y también se programará una audiencia en Cámara Gesell para las otras dos hijas de Mareco, quienes estaba presentes en el inmueble al momento del hecho y una de las cuales fue la que pidió auxilio al descubrir la escena.
El crimen
Mareco está detenida desde el martes 14 de julio, aunque previo a ello estuvo 24 horas internada con custodia policial por las lesiones autoinfligidas que presentaba cuando la socorrieron de su casa, donde fue hallada junto al cuerpo sin vida de su hijo Ilán.
El crimen de Ilán se descubrió el lunes 13, cerca de las 10, cuando un llamado al 911 alertó sobre un episodio de extrema violencia en una vivienda del barrio Nueva Ciudad del Este de Santa Ana.
Al llegar, los uniformados se encontraron con dos niñas adolescentes que narraron haberse topado con la escena luego de despertarse.
La escena era la siguiente: el niño Ilan Mareco Vázquez, de 8 años, sin vida sobre su cama, y su madre al lado, semi inconsciente, con lesiones cortantes en el cuello de características auto infligidas.
La autopsia practicada posteriormente confirmó que el niño falleció como consecuencia de una lesión corto-punzante en el cuello. En la escena los investigadores incautaron un cuchillo que será sometido a pericias. También encontraron una carta presuntamente escrita por su madre, ahora detenida.
El padre de Ilán, Manuel Vázquez, en diálogo con la presa confirmó que entre él y la madre del niño mantenían una relación conflictiva, marcada por denuncias recíprocas.
“Al más chiquito (por Ilán) ella le quería demasiado. No sé por qué hizo eso”, expresó Vázquez, al tiempo que contó que “una vez no me amenazó por el bebé, pero me dijo ‘vos te vas a colgar solito si no volves conmigo’. Yo pienso que hizo esto para lastimarme”, apuntó.
Declaran imputable a la madre de Ilán y será indagada por el crimen
La evaluación psiquiátrica efectuada en la madre del niño asesinado en Santa Ana concluyó que la mujer comprende la criminalidad de sus actos y, por ende, es considerada imputable, ante lo cual en las próximas horas será citada a prestar declaración indagatoria como imputada de homicidio agravado.
El informe de salud mental fue solicitado por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, quien consideró oportuno que la mujer sea sometida a una junta médica psiquiátrica antes de avanzar con la indagatoria que inicialmente estaba prevista para el jueves de la semana pasada.
De esta manera, la detenida como única sospechosa del crimen, María M. (30), fue examinada por un grupo de profesionales del Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia (STJ), quienes descartaron condiciones de salud mental que la tornen como una persona inimputable y ratificar que es apta para afrontar el proceso.
Con este resultado, el juez Mattos avanzará en la indagatoria, instancia en la que la mujer será notificada de las acusación en su contra, de las pruebas que obran en la causa y tendrá la oportunidad de brindar su versión del hecho o bien abstenerse de declarar, tal como la ampara su derecho.
El crimen
La mujer está detenida desde el martes 14 de julio, aunque previo a ello estuvo 24 horas internada con custodia policial por las lesiones autoinfligidas que presentaba cuando la socorrieron de su casa, donde fue hallada junto al cuerpo sin vida de su hijo Ilán.
El crimen de Ilán se descubrió el lunes 13, cerca de las 10, cuando un llamado al 911 alertó sobre un episodio de extrema violencia en una vivienda del barrio Nueva Ciudad del Este de Santa Ana.
Al llegar, los uniformados se encontraron con dos niñas adolescentes que narraron haberse topado con la escena luego de despertarse.
La escena era la siguiente: el niño Ilan Mareco Vázquez, de 8 años, sin vida sobre su cama, y su madre al lado, semi inconsciente, con lesiones cortantes en el cuello de características auto infligidas.
La autopsia practicada posteriormente confirmó que el niño falleció como consecuencia de una lesión corto-punzante en el cuello. En la escena los investigadores incautaron un cuchillo que será sometido a pericias. También encontraron una carta presuntamente escrita por su madre, ahora detenida.
Autopsia confirmó un corte en el cuello de Ilán, el niño asesinado en Santa Ana
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