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Policías destituidos por “sedición” presentaron un amparo contra el gobierno

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Los ocho policías detenidos y destituidos por el gobierno tras el inicio de una causa que los investiga por presuntos delitos de “sedición” y “conspiración” trabaron este lunes una acción de amparo en el que le solicitan a la Justicia la nulidad del decreto 2084/24 que dispuso la cesantía de todos ellos en la fuerza provincial.

El recurso fue presentado ante el Juzgado Laboral Dos de Posadas y lleva las firmas de los abogados Eduardo Paredes y Roxana Rivas, quienes actúan en representación de los ocho uniformados actualmente detenidos con prisión preventiva en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul: Ramón Oscar Amarilla, Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta, Lisandro Canteros, Diego Correa, Horacio Elias Couto, Adolfo Guirula y Joaquín Orrego.

En el documento, los letrados acusan que la medida del Ejecutivo es inconstitucional y que viola tanto el debido proceso, como el derecho a defensa y la garantía constitucional de estabilidad de empleo público.

Además, hacen hincapié en las consecuencias que esta decisión gubernamental acarrea en las familias de los agentes involucrados, quienes ahora quedaron en contextos de vulnerabilidad e indigencia.

Ramón Amarilla fue detenido el 19 de septiembre y trasladado a la UP VIII de Cerro Azul.

“De delegados a sediciosos”

“Estas sanciones disciplinarias y penales se dan en el marco de los reclamos y acciones vinculadas a la representación que ejercimos por le colectivos de los trabajadores policiales, demandando condiciones salariales y de trabajo, actividad que se ejerce sin ninguna de las protecciones o tutelas que cualquier otro delegado y o representantes gremial o sindical cuentan actualmente”, se lee en el documento de 31 páginas al cual La Voz de Misiones tuvo acceso.

Y añade: “Se nos ha reconocido en tanto hemos formado parte de las mesas paritarias durante los últimos años tal calidad homologándose nuestros acuerdos por el organismo de aplicación de las leyes laborales con anuencia del Ministerio de Gobierno, hasta que sin ningún tipo de motivación objetiva se nos desvirtuara el rol pasando de ser delgados a sediciosos, a los que además se nos priva de los mas elementales derechos como al debido proceso tanto administrativos como judiciales. Hasta los genocidas han gozado plenamente de estas garantías tanto en las instancias administrativas como penales”.

Finalmente, los recurrentes solicitan que el juzgado ordene una medida cautelar innovativa y retrotraiga la situación de revista de los funcionarios policiales involucrados a la fecha previa del decreto firmado el 24 de septiembre pasado por el gobernador Hugo Passalacqua. También solicitan que, en consecuencia, se liquiden los haberes correspondientes a los meses transcurridos, como así también la reinstauración de las prestaciones personales y familiares que corresponden.

“Solo Cola”

Los acusados fueron detenidos el 19 de septiembre, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el juez Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres, tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta, incidentes nuevos e independientes a la protesta realizada en mayo.

La maniobra salió a la luz gracias a la detención días antes del oficial ayudante Diego Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”, según argumentan la Justicia.

En esas conversaciones, los involucrados presuntamente planificaban un nuevo levantamiento, aunque esta vez con medidas muchos más extremas que la protesta con acampe que se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo pasado.

En esta ocasión, los agentes bajo sospecha hablaban de provocar incendios de pastizales para luego sustraer móviles de los Bomberos y replicar la maniobra con patrulleros de distintas comisarías.

“Llamar al 911 en simultáneo y hacer incendio de malezas, o cerca del Parque de la Ciudad prender fuego. Que vayan los bomberos. Ahí hay que estar atento, apresto. Una vez que baja el chofer agarrar el móvil. Y así las demás jurisdicciones”, fue el audio que envío uno de los ahora detenidos.

Una vez que el informe pericial llegó a manos de la Justicia, el magistrado Verón libró las respectivas órdenes de detención, que se cumplieron ese 19 de septiembre. Menos de un mes, el mismo juez resolvió la prisión preventiva de los ocho detenidos por “sedición” y “conspiración”.

El gobierno destituyó a los ocho policías detenidos por intento de sedición


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Lo condenaron a 12 años de prisión por balear a su ex pareja en Panambí

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Juan Backes (52), un hombre que a mediados de 2016 baleó a su ex pareja al llegar a su casa de Panambí y encontrar a la mujer con su amante, fue condenado este mediodía a 12 años de prisión al ser hallado culpable de intento de asesinato, entre otros delitos endilgados.

La sentencia fue dictada el Tribunal Penal Uno de Oberá, integrado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Graciela Heppner (subrogante), quienes declararon a Backes autor de los delitos de “homicidio calificado por haber sido cometido contra una persona con quien mantenía una relación de pareja y por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa”, además de “abuso de arma con herida resultante y portación de arma de fuego en concurso real”.

El hombre llegó a juicio imputado por “lesiones graves calificadas” y en libertad, pero quedó detenido tras la primera jornada, realizada el miércoles pasado, a efectos de que el fiscal Elías Bys amplió la acusación, endilgándole un intento de homicidio al entender que el objetivo de Backes fue quitarle la vida a su ex pareja.

Justamente, en la mañana de hoy, al momento de exponer su alegato final, el fiscal Bys mantuvo esa imputación y pidió que el hombre sea condenado a una pena de 22 años de prisión.

“Entiendo que la actitud del imputado es la de una persona que actúa con mucha prepotencia y violencia. Si consideramos los antecedentes podemos entender de que ha tenido imputaciones por amenazas, por lesiones recíprocas, que en la conducción tuvo un homicidio culposo y también resistencia a la autoridad. Esta fiscalía estima que es una persona de carácter violenta“, planteó el fiscal, según detalló el diario El Territorio.

A su turno, la defensora de Backes, la letrada Viviana Llamosas, solicitó la absolución de su cliente al considerar el caso como un hecho de “lesiones culposas, atenuado por emoción violenta”.

El hecho

El hecho que se ventiló en debate oral se registró a mediados de julio de 2016, cuando Backes arribó a su casa en Panambí y al entrar encontró a Silvia, su pareja de toda la vida, junto a un amante, que además era amigo de la familia.

En esas circunstancias, se desató una discusión en la que Backes primero golpeó a la mujer con un palo y luego le efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en su axila.

Perdí totalmente el control, me dio una rabia tremenda. Agarré el arma que yo había dejado en la casa. Le quise agredir a él y al final le golpeé a ella en la cabeza. Ahí le dije que yo la iba llevar al médico. Salgo para ir al auto y en eso escuché un disparo del arma que yo tenía gatillada. Vuelvo y ella me dice me impactaste un tiro en el pecho (axila). La llevé a la guardia y fui a buscarla a mi hija a Oberá para que la cuidara a la madre. Desde ese momento no supe más nada de ella. Creo que vive en Buenos Aires”, relató el acusado en el inicio del juicio, de acuerdo a la cobertura del diario Primera Edición.

El amante de la mujer, en tanto, también declaró en el debate y ante las partes relató: “Estábamos con Silvia en la sala cuando en un momento dado llegó su esposo y entró a la casa. Me di cuenta que estaba muy alterado por su caminar y actuar. Silvia le preguntó qué pasó pero él no le respondió. Fue a una de las piezas, salió por la otra puerta y volvió a ingresar por el negocio con un revólver en una de sus manos. Comenzó a discutir con Silvia, la amenazó que le iba a matar y ella estaba muy asustada, entonces él acercó el revólver a ella y le dio un tiro que le pegó de refilón en la cabeza”.

Después del hecho, la víctima se recuperó y comenzó la investigación del caso, que ahora derivó en la condena impartida este mediodía.

FOTO: EL TERRITORIO.


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Violó a su inquilina con discapacidad y lo condenaron a 10 años de prisión

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El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó esta mañana a 10 años de prisión a un hombre oriundo de Salta Encantado que el año pasado fue detenido por violar a una señora con discapacidad que era su inquilina y que esa noche había quedado sola e indefensa.

El ahora condenado tiene 53 años y deberá purgar su pena en la Unidad Penal II luego de ser declarado penalmente responsable por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”.

El fallo unánime fue dictado hoy, por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Julio Carvallo (subrogante), luego de un debate oral en el que declararon varios vecinos que ratificaron haber oído los gritos de auxilio efectuados por la víctima durante la noche del ataque.

Según se pudo reconstruir, el hecho se registró durante la noche del 9 de abril de 2023, en una casa del barrio El Mana, de Salto Encantado, donde el acusado tenía su hogar, pero además alquilaba otro inmueble.

En ese otro inmueble residía la víctima, la señora de 69 años con discapacidad y problemas en el habla, que justo esa noche se encontraba sola porque tanto su hija como su yerno habían ido a la chacra.

Esas circunstancias fueron aprovechadas por el ahora condenado, quien ingresó al lugar y agredió sexualmente a la mujer, a quien además le provocó lesiones en brazos y piernas.


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Recibió 11 años de cárcel por violar a su ex pareja en San Vicente

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El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó a 11 años de prisión a un vecino de San Vicente que llegó a juicio acusado de violar a su ex pareja y quedó inmediatamente detenido, dado que había llegado a esta instancia en libertad.

El caso que se juzgó ayer comenzó a ser investigado en septiembre de 2021, cuando una joven se presentó ante la Comisaría de la Mujer de San Vicente para denunciar que su ex pareja, de 32 años, la había forzado a tener relaciones sexuales a pesar de su negativa.

En su presentación, la muchacha relató que si bien ya estaba separada del acusado, continuaba teniendo contacto con él y un día le pidió que por favor la llevara a la terminal porque ella debía realizar un viaje.

Fue en esa instancia que, según la denuncia, el hombre le hizo pasar la noche en su casa y en esas circunstancias comenzó a insinuarle para tener relaciones sexuales, a lo que la joven se negó rotundamente, pero el implicado la forzó hasta concretar el acto, ocasionándole lesiones en partes del cuerpo. 

Después de ello, la muchacha acudió a la Policía y radicó la correspondiente denuncia que derivó en la detención del acusado, aunque tiempo después obtuvo la excarcelación.

Fue por ello que el acusado llegó a debate oral en libertad, pero ayer, tras ser condenado a 11 años de prisión por el delito de abuso, quedó detenido y purgará su pena en una cárcel provincial.

En la audiencia de ayer, ante el tribunal declararon los padres de la víctima, como así también los médicos que la atendieron, quienes ratificaron los hechos y certificaron las lesiones denunciadas.

La muchacha, de 25 años, también brindó su testimonio ante los jueces y pidió hacerlo sin la presencia del imputado, medida que fue adoptada por el tribunal.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal Uno de Oberá, integrado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Julio Dante Carvallo (subrogante).


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