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Presentan un amicus curiae por la libertad de María Ovando

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Hoy, en Posadas, la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia presentará un amicus curiae ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones para pedir la libertad de María Ovando. Condenada a 20 años, por haber permitido abusos sexuales en su familia

Gabriela Carpineti, titular del organismo que depende del Ministerio de Justicia y la legisladora porteña Ofelia Fernández están en Posadas para realizar la presentación, junto a Roxana Rivas y Eduardo Paredes, que ejercen la defensa de Ovando; Silvia León, secretaria de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTAA) nacional, y movimientos de mujeres locales.

“Exigimos la inmediata libertad de María y que se investigue el entramado de poder que permitió esta condena y este encarcelamiento injusto de una inocente”, dijo Carpineti.

Recordemos que María Ovando fue condenada el 28 de octubre del 2020 a 20 años de prisión por no haber evitado abusos sexuales hacia sus hijas y nietas. En la misma causa, se sentenció a dos jóvenes allegados a Ovando, Marcos Laurindo y Lucas Ferreira, a 18 y a 12 años de cárcel, respectivamente.

La mujer, que se se hizo conocida tras salir reiteradas veces en los programas de Jorge Lanata, llegó al juicio en libertad y fue detenida dictada la sentencia, en una causa “cuyo armado remite a un claro gesto de venganza hacia ella de parte de un sector del Poder Judicial que no logró condenarla en el 2012”, señaló el equipo de defensa de la mujer.

“La condenaron sin pruebas, en un proceso altamente cuestionado” que “buscó disciplinar al movimiento feminista que viene reclamando por un Poder Judicial con perspectiva de género y que viene tomando como bandera causas en las que claramente se puede ver el sesgo patriarcal y clasista del aparato judicial en Misiones”.

Además de apelar la condena, la defensa solicitó en dos ocasiones la excarcelación de la mujer, sosteniendo su inocencia y asegurando que no existen razones que justifiquen una prisión preventiva.

En febrero de 2021 el juez César Jiménez acogió de manera favorable un hábeas corpus presentado por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y ordenó la inmediata libertad de Ovando atendiendo que no había riesgo de fuga, ni de obstaculizar el proceso. Esta decisión la terminó revocando la Cámara de Apelaciones, que ordenó una nueva detención.

La defensa presentó dos nuevos hábeas corpus que fueron rechazados, en los cuales se señaló “la arbitrariedad e ilegalidad” de la prisión de María Ovando. La abogada de la mujer, Roxana Rivas, explicó a Télam que la sentencia “está con un recurso de casación presentado ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que hace de órgano de revisión de las sentencias de los tribunales penales”.

“Desde la defensa seguimos sosteniendo, y con mayor convencimiento, que la condena de María por ‘mala madre’ no halla ningún sustento en pruebas, que se basa solo en prejuicios y estereotipos de genero”, añadió.

En 2012, Ovando fue juzgada y absuelta -tras haber estado un año y media presa- por “abandono de persona agravado por el vínculo” tras la muerte de su hija de 3 años a consecuencia de un cuadro de desnutrición, la que falleció en sus brazos mientras intentaba llegar a un hospital de la zona.

“En los ocho años que estuvo libre desde 2012 hubo cinco causas en los juzgados de familia controlando como ella ejercía su maternidad. Nunca detectaron ningun signo de que sus niñes sufrieran o tuvieran signos de abuso”, destacó la abogada.

Y resaltó que “solo cuando ella se atrevió a iniciar una demanda civil contra el Estado provincial y los funcionarios que la encerraron, por los daños que sufrieron ella y sus hijes, desataron toda la furia del Poder Jucial contra ella”.

En tanto, Carpineti recordó la situación de la mujer, que es “semianalfabeta, violentada históricamente por la cultura machista y el Estado, primero ausente, y ahora inquisidor”. “Estamos para que el Poder Judicial misionero nos escuche junto a María de una vez por todas”, enfatizó la funcionaria.

“Si a Cristina (en referencia a la vicepresidenta de la Nación), una mujer con poder político, económico, simbólico, el Poder Judicial se anima a persiguirla sin establecer los nexos de causalidad penal necesarios para avanzar en una condena, me pregunto qué le queda a las mujeres de la patria profunda como María Ovando”, agregó.

Amicus curiae

Significa amigos del tribunal, son presentaciones de terceros ajenos a la disputa que aportan a la Corte argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de juicio relativos a aspectos de derecho que se ventilan ante la misma

Es una valiosa herramienta procesal que no sólo debe entenderse como una colaboración al juez sino como un medio orientado a permitir la participación ciudadana en la administración de justicia en aquellos asuntos que, debido a su trascendencia, interesan a la sociedad y no sólo a las partes involucradas en el juicio”.

 

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Crimen de Wiebel: su ex suegro se abstuvo y fue imputado por homicidio

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crimen wiebel

Ángel Ramón Zalazar (82) compareció este martes ante la Justicia, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el asesinato de su ex yerno Alfredo Wiebel (48), empresario y piloto de carreras ultimado de cinco balazos en la mañana del 11 de septiembre en Puerto Iguazú.

La audiencia se realizó esta mañana y para ello el implicado debió ser traslado desde el hospital Samic de la Ciudad de las Cataratas hacia Eldorado, donde lo esperaban para indagatoria en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado César Lirussi.

En esa instancia, el hombre decidió guardar silencio y tras ser notificado de los elementos de prueba en su contra fue formalmente imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificación provisoria que podría modificarse conforme avance la investigación.

Por disposición judicial, Zalazar quedó internado con custodia policial en el hospital Gardés de Eldorado, medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva entre un pedido de prisión domiciliaria o un traslado hacia una unidad carcelaria preparada para pacientes de su condición.

Testimoniales y querella

Los instructores de la causa pudieron avanzar con la indagatoria luego de recibir un informe de la junta médica que evaluó a Zalazar, cuyos resultados arrojaron dos conclusiones clave: una es que el hombre comprende la criminalidad de sus actos y la otra es que en su cuadro de salud general no se observan patologías que pongan en riesgo su vida, siempre y cuando continúe recibiendo la asistencia médica.

En paralelo, la causa continuará avanzando con la toma de testimoniales y los primeros en declarar serán los albañiles que ese 11 de septiembre a la mañana observaron la secuencia entera del ataque ocurrido en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, casi Pancho Ramírez, de Iguazú.

Al expediente, además, ya se incorporó la familia de la víctima en carácter de querellante particular bajo la representación del letrado Walter Quintana, quienes de esta forma podrán participar activamente en el caso.

Madre del piloto Wiebel: “No voy a permitir que se desdibuje la verdad”

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Admitió haber matado a machetazos a su vecina y firmó un abreviado por perpetua

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Casi cuatro años después del hecho, el hombre acusado de asesinar a machetazos a su vecina Rosula Concepción Benitez Garcete (73) admitió su culpabilidad y aceptó ser condenado a prisión perpetua.

Se trata de Héctor Raúl Fernández (33), quien esta mañana debía sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Uno de Eldorado para enfrentar un debate oral como autor del delito de “amenazas calificadas por el uso de arma blanca y homicidio calificado por alevosía en concurso real”.

Sin embargo, horas antes tomó otra decisión y finalmente decidió admitir su responsabilidad en el hecho, aceptando la pena de prisión perpetua. El acuerdo fue alcanzado entre el imputado, su defensa y la fiscalía, lo cual ahora debe ser homologado por los magistrados del tribunal para transformarse en sentencia.

El hecho que Fernández confesó ocurrió el 5 de noviembre de 2022, en el paraje Aguaray Guazú de Puerto Esperanza, donde atacó a machetazos a su vecina Benítez Garcete, de 73 años y no vidente.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites, aquella tarde Fernández se dirigió a la casa de sus vecinos y con un machete en manos amenazó de muerte al esposo de Benítez Garcete.

En esas circunstancias, apareció el padre de Fernández, que lo retiró del lugar, pero minutos más tarde el imputado regresó a la casa de sus vecinos, donde la mujer se encontraba sola debido a que su esposo se había dirigido a la comisaría para radicar la denuncia del primer suceso.

Allí Benítez Garcete fue atacada a machetazos y falleció tras más de una semana internada en terapia intensiva como consecuencia de las graves lesiones sufridas, principalmente en la cabeza.

Las pericias del caso revelaron que el homicida registraba 2,5 gramos de alcohol en sangre y bajo ese estado pretendió ser declarado inimputable, aunque los planteos tuvieron respuesta negativa.

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Compañeros de Barreto reconstruyeron la fuga y colisión que provocó su muerte

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El juicio contra Rodrigo Dias Da Silva (27), imputado por chocar y matar al gendarme Robert David “Chato” Barreto (31) a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando, continuó esta mañana con la declaración de cuatro camaradas de la víctima, quienes relataron de qué manera sucedieron los hechos durante aquella tarde del 14 de septiembre de 2024 sobre la ruta provincial 103.

Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), los cuatro testigos citados coincidieron en que el implicado hizo caso omiso al control dispuesto y en medio de la huida arrolló a Barreto, que murió minutos después de su traslado a un centro asistencial.

El primero en declarar fue el sargento primero Eduardo Corro, encargado de la patrulla que aquel día se instaló sobre ruta provincial 103, poco después del acceso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana para efectuar un control preventivo.

El uniformado se apoyó en un croquis para describir de qué manera se instaló en el control. Contó que en total eran cinco efectivos y describió que tenían cinco conos distribuidos sobre el asfalto y que cada uno de ellos contaba con chaleco refractario, además de contar con una camioneta Agrale Marrua de la institución al costado de la arteria.

“El primer cono estaba a 250 metros del puesto de control y el segundo cono estaba a 150 metros. Yo estaba ahí. Mi función era la de encausar el tránsito”, detalló Corro, que a la vez describió que “el clima estaba despejado, óptimo, con una buena visibilidad”.

Sobre el hecho, narró que “la camioneta hizo caso omiso a mis señales y cuando llegó hasta mí me hice a un lado. Cuando me pasó escuché que aceleró más y de ahí ya no pude ver mucho más, solo veía la parte de atrás de la camioneta. La camioneta perdió el control, se fue hacia la banquina y volcó”.

El sargento primero Eduardo Corro hizo un croquis y se quebró al recordar a su camarada.

Corro aseguró que en primera instancia no notó que la Amarok haya atropellado a su compañero y recién lo advirtió minutos después. “Me acerco y veo a una persona adentro de la camioneta y bultos con cigarrillo. Después busco a mi gente y no encontraba a Barreto. Él estaba más allá, en el suelo, tirado en posición fetal, semi cubierto por pastura y tierra. Fue inevitable quebrarme”, recordó.

Tanto el sargento primero como los otros tres gendarmes que declararon después coincidieron en la misma secuencia. Además, todos negaron haber contado con “clavos miguelitos” e indicaron que ninguno escuchó ruido de “frenadas” previo al impacto mortal.

El debate continuará el próximo 5 de octubre, a partir de las 8.30. En el proceso interviene el fiscal Pablo Di Loreto, mientras que el acusado es representado por el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.

Da Silva está imputado por “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”. En la primera audiencia pidió perdón y alegó que nunca quiso “hacer daño”.

Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”

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