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Presentan un amicus curiae por la libertad de María Ovando

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Hoy, en Posadas, la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia presentará un amicus curiae ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones para pedir la libertad de María Ovando. Condenada a 20 años, por haber permitido abusos sexuales en su familia

Gabriela Carpineti, titular del organismo que depende del Ministerio de Justicia y la legisladora porteña Ofelia Fernández están en Posadas para realizar la presentación, junto a Roxana Rivas y Eduardo Paredes, que ejercen la defensa de Ovando; Silvia León, secretaria de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTAA) nacional, y movimientos de mujeres locales.

“Exigimos la inmediata libertad de María y que se investigue el entramado de poder que permitió esta condena y este encarcelamiento injusto de una inocente”, dijo Carpineti.

Recordemos que María Ovando fue condenada el 28 de octubre del 2020 a 20 años de prisión por no haber evitado abusos sexuales hacia sus hijas y nietas. En la misma causa, se sentenció a dos jóvenes allegados a Ovando, Marcos Laurindo y Lucas Ferreira, a 18 y a 12 años de cárcel, respectivamente.

La mujer, que se se hizo conocida tras salir reiteradas veces en los programas de Jorge Lanata, llegó al juicio en libertad y fue detenida dictada la sentencia, en una causa “cuyo armado remite a un claro gesto de venganza hacia ella de parte de un sector del Poder Judicial que no logró condenarla en el 2012”, señaló el equipo de defensa de la mujer.

“La condenaron sin pruebas, en un proceso altamente cuestionado” que “buscó disciplinar al movimiento feminista que viene reclamando por un Poder Judicial con perspectiva de género y que viene tomando como bandera causas en las que claramente se puede ver el sesgo patriarcal y clasista del aparato judicial en Misiones”.

Además de apelar la condena, la defensa solicitó en dos ocasiones la excarcelación de la mujer, sosteniendo su inocencia y asegurando que no existen razones que justifiquen una prisión preventiva.

En febrero de 2021 el juez César Jiménez acogió de manera favorable un hábeas corpus presentado por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y ordenó la inmediata libertad de Ovando atendiendo que no había riesgo de fuga, ni de obstaculizar el proceso. Esta decisión la terminó revocando la Cámara de Apelaciones, que ordenó una nueva detención.

La defensa presentó dos nuevos hábeas corpus que fueron rechazados, en los cuales se señaló “la arbitrariedad e ilegalidad” de la prisión de María Ovando. La abogada de la mujer, Roxana Rivas, explicó a Télam que la sentencia “está con un recurso de casación presentado ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que hace de órgano de revisión de las sentencias de los tribunales penales”.

“Desde la defensa seguimos sosteniendo, y con mayor convencimiento, que la condena de María por ‘mala madre’ no halla ningún sustento en pruebas, que se basa solo en prejuicios y estereotipos de genero”, añadió.

En 2012, Ovando fue juzgada y absuelta -tras haber estado un año y media presa- por “abandono de persona agravado por el vínculo” tras la muerte de su hija de 3 años a consecuencia de un cuadro de desnutrición, la que falleció en sus brazos mientras intentaba llegar a un hospital de la zona.

“En los ocho años que estuvo libre desde 2012 hubo cinco causas en los juzgados de familia controlando como ella ejercía su maternidad. Nunca detectaron ningun signo de que sus niñes sufrieran o tuvieran signos de abuso”, destacó la abogada.

Y resaltó que “solo cuando ella se atrevió a iniciar una demanda civil contra el Estado provincial y los funcionarios que la encerraron, por los daños que sufrieron ella y sus hijes, desataron toda la furia del Poder Jucial contra ella”.

En tanto, Carpineti recordó la situación de la mujer, que es “semianalfabeta, violentada históricamente por la cultura machista y el Estado, primero ausente, y ahora inquisidor”. “Estamos para que el Poder Judicial misionero nos escuche junto a María de una vez por todas”, enfatizó la funcionaria.

“Si a Cristina (en referencia a la vicepresidenta de la Nación), una mujer con poder político, económico, simbólico, el Poder Judicial se anima a persiguirla sin establecer los nexos de causalidad penal necesarios para avanzar en una condena, me pregunto qué le queda a las mujeres de la patria profunda como María Ovando”, agregó.

Amicus curiae

Significa amigos del tribunal, son presentaciones de terceros ajenos a la disputa que aportan a la Corte argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de juicio relativos a aspectos de derecho que se ventilan ante la misma

Es una valiosa herramienta procesal que no sólo debe entenderse como una colaboración al juez sino como un medio orientado a permitir la participación ciudadana en la administración de justicia en aquellos asuntos que, debido a su trascendencia, interesan a la sociedad y no sólo a las partes involucradas en el juicio”.

 

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Oberá: arranca el juicio a dos acusados de matar a golpes a un indigente

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juicio indigente oberá

Este martes, desde las 8.30, el Tribunal Penal Uno de Oberá juzgará a los dos jóvenes acusados de propinar una golpiza que derivó en la muerte de un hombre en situación de calle.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de agosto de 2024 y la víctima fue identificada como Miguel Ángel García (55), un hombre que solía pasar las noches en el edificio de Rentas, ubicada sobre la avenida Sarmiento, entre calles Erasmie y 12 de Octubre de Oberá.

En ese lugar, aproximadamente a las 3 de la madrugada de aquel día, fue atacado a golpes de puños y patadas por dos jóvenes que más tarde fueron identificados como Franco Ezequiel Paz y Sergio Fabián Valenzuela, quienes finalmente fueron detenidos y ahora enfrentarán debate oral.

Como consecuencia de los golpes, García sufrió lesiones gravísimas y una semana después murió en el hospital con cuadro de hemorragia intracraneal.

Los dos acusados están imputados por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Uno de ellos arrastra en su prontuario una condena anterior por robo calificado. Hay nueve testigos citados a declarar. 

El tribunal encargado de llevar adelante el proceso estará integrado por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante). En la fiscalía intervendrá Juan Pablo Fernández Rissi, en tanto que como defensor oficial estará Matías Olivera, que aguarda acuerdo legislativo para ser designado como juez del mismo organismo.

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Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”

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“Nunca quise hacer daño, fue un accidente y quiero pedir disculpas a la familia”, expresó esta mañana Rodrigo Dias Da Silva (27) en el inicio del juicio oral donde se determinará su responsabilidad por chocar y matar al gendarme Chato Barreto a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando dos años atrás en Santa Ana.

Da Silva llegó a esta instancia detenido y así continuará debido a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), prorrogó su prisión preventiva.

En la audiencia de hoy se leyó el auto de elevación a juicio del expediente, se resolvieron cuestiones preliminares planteadas por las partes y el tribunal le dio al imputada la posibilidad de declarar. Da Silva rechazó la oportunidad, aunque si aprovechó para dar unas palabras.

“Durante mucho tiempo se habló mucho de mí, pero no soy malo. Sé que el cigarrillo no es un delito mayor, yo nunca tuve quise hacer daño, lo que hice fue un accidente, fue todo muy rápido y salió mal”, expresó el joven oriundo de Oberá, aunque con domicilio en San Vicente ante el tribunal.

Y, entre lágrimas, pidió perdón: “Quiero pedirle disculpas a la familia y mis condolencias. Nunca, jamás, quise hacer daño”.

El debate oral continuará el próximo lunes con la declaración de los primeros testigos citados. En la fiscalía interviene Pablo Di Loreto, en tanto que también abogadas representantes de Defensorías Públicas de Víctimas, mientras que Da Silva es defendido por el letrado particular Carlos Luis Ferreyra. 

Dias Da Silva no declaró y solo se limitó a expresar disculpas por el hecho.

Fuga, choque y muerte

El hecho que se ventila en debate ocurrió hace exactamente dos años, sobre la ruta provincial 103, poco después del ingreso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana.

Robert David “Chato” Barreto (31) era uno de los gendarmes apostados sobre la ruta cuando Da Silva embistió el control vehicular a toda velocidad.

Según la reconstrucción del hecho, Barreto estaba apostado sobre la doble línea amarilla de la ruta, al lado de un cono vial, y al ver que la camioneta Volkswagen Amarok avanzaba en contramano corrió hacia la banquina para resguardarse.

En esas circunstancias, fue embestido, quedó tendido sobre el capot y fue arrastrado varios metros hasta que se produjo el despiste de la camioneta y fue despedido violentamente.

El gendarme atropellado quedó severamente herido al costado de la ruta y alcanzó a ser asistido, aunque falleció horas después en el hospital.

La camioneta que era conducida por Da Silva tenía pedido de secuestro por robo en la ciudad bonaerense de Quilmes y en su interior transportaba 20.000 paquetes de cigarrillos Eight valuados en más de 22 millones de pesos.

Contrabandista que chocó y mató a un gendarme irá a juicio el lunes

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Contrabandista que chocó y mató a un gendarme irá a juicio el lunes

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Exactamente dos años después del hecho, el joven contrabandista que en pleno intento de fuga chocó y mató a un gendarme en Santa Ana irá a juicio oral y enfrentará una acusación que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.

El debate se realizará en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas y comenzará el lunes 14 de septiembre, exactamente dos años después del hecho que acabó con la vida del cabo Robert David “Chato” Barreto (31), un centinela con más de doce años en la institución y padre de dos hijos.

El imputado, por su parte, es Rodrigo Dias Da Silva (27), quien se encuentra imputado y procesado con prisión preventiva por los delitos de “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”, figura que prevé prisión perpetua.

El juicio oral será presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Fabián Gustavo Cardozo y Enrique Jorge Bosch (subrogante). En representación de la fiscalía, en tanto, actuará Pablo Ricardo Di Loreto, mientras que como defensor de Da Silva estará el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.

Para la primera audiencia está pautada la lectura del requerimiento de elevación a juicio y la indagatoria al acusado, que tendrá la posibilidad de declarar o abstenerse, para luego avanzar en la producción de prueba. Se prevén varias jornadas más para la declaración de los testigos citados.

Chato Barreto llevaba doce años en la GNA y era padre de dos hijos.

Crimen en la ruta

El hecho que se encuentra en investigación se registró el 14 de septiembre del 2024, cuando una Volkswagen Amarok cargada con 20 millones de cigarrillo de contrabando evadió un control sobre la ruta provincial 103, a la altura de Santa Ana, pero en plena maniobra su conductor embistió a uno de los gendarmes apostados sobre la arteria.

El uniformado atropellado fue Chato Barreto y tras el impacto la camioneta Amarok continuó su marcha sin control hasta volcar en una banquina de la ruta y en esas circunstancias fue detenido Da Silva.

Según la reconstrucción del hecho, Barreto estaba apostado sobre la doble línea amarilla de la ruta, al lado de un cono vial, y al ver que la camioneta avanzaba en contramano corrió hacia la banquina para resguardarse.

En esas circunstancias, fue embestido, quedó tendido sobre el capot y fue arrastrado varios metros hasta que se produjo el despiste de la camioneta y fue despedido violentamente.

El gendarme atropellado quedó severamente herido al costado de la ruta y alcanzó a ser asistido, aunque falleció horas después en el hospital.

La camioneta que era conducida por Da Silva tenía pedido de secuestro por robo en la ciudad bonaerense de Quilmes y en su interior transportaba 20.000 paquetes de cigarrillos Eight valuados en más de 22 millones de pesos.

Tras la muerte de Barreto, la fuerza federal rindió diversos homenajes y en su honor bautizó con su nombre la Plaza de Armas del Escuadrón 11 de GNA en San Ignacio.

El homenaje a Barreto se realizó en marzo del año pasado.

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