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Negaron excarcelación a dirigente barrial acusado de amenazar a un ministro

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La causa por amenazas contra el dirigente vecinal y militante libertario del barrio Sol de Misiones, Cristian Cabral, sumó otro capítulo este miércoles, con el rechazo por parte del Juzgado de Instrucción 7, del pedido de excarcelación que había hecho su defensa.

A la vez, el fallo judicial al que pudo acceder La Voz de Misiones, permitió conocer la identidad del autor de la denuncia que motivó la detención de Cabral, en la madrugada del viernes, en un operativo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), de la Policía de Misiones: el ministro de Educación de la provincia, Ramiro Aranda.

En la resolución, el juez Miguel Matos, argumenta que Cabral está acusado de la comisión del delito de “amenazas agravadas”, conforme el artículo 149 bis, del Código Penal, que estipula penas de uno a tres años de prisión.

El juez, reconoce que, si bien, el delito atribuido a Cabral sería susceptible de excarcelación, dado que configura una pena menor a ocho años de prisión, conforme lo establecido en la letra A, del artículo 318 del Código Penal, también puede denegarse la excarcelación cuando “hay vehemente indicio de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer el proceso”.

El fallo, distingue entre estas causales, el “peligro de fuga” y la “existencia de riesgo valorado” para la recolección de las pruebas que puedan incorporarse a la causa.

También, la resolución del juez Matos, alega que “puede denegarse la excarcelación al imputado para reducir el riesgo de la víctima, su familia y/o sus bienes…”, y opina que “con los elementos probatorios que hasta el momento se tiene, considero que corresponde denegar el beneficio excarcelatorio solicitado”.

El juez habla de “riesgo grave, cierto y concreto” para la “integridad psicofísica” del denunciante ministro Aranda, y de su grupo familiar”.

Teléfono

La resolución judicial de tres páginas, se limita a lo relacionado a la excarcelación de Cabral, y no abunda en la causa contenida en el Expediente 78461/2024.

Desde el principio, el caso se manejó herméticamente, sin que trascendieran apenas unos pocos datos de la denuncia y se mantuviera reserva de la identidad del denunciante.

Cabral, es presidente de la comisión vecinal del barrio Sol y afiliado al Partido Libertario Misiones, que conduce el dirigente Guillermo Orsat, quien desde el primer momento se interesó en el caso y emitió un comunicado partidario, que firmó junto al apoderado Nicolás Sosa, donde sugirió un escenario de persecución política por parte de la Renovación.

Como partido político opositor al actual régimen provincial, repudiamos este hecho y lo invitamos a elevar la discusión política sin necesidad de hacer uso y abuso de la fuerza pública”, rezaba el comunicado libertario.

Desde el comienzo, se comparó a Cabral con el gomero y tiktokero de Eldorado, Ramiro Eduardo Barrionuevo, conocido como “Quito”, que hace tres meses enfrentó una acusación similar, que también involucró operativo del GOE, allanamiento y detención.

Pero, a diferencia del libertario eldoradense, en sus redes sociales, donde se presenta como “politécnico,  emprendedor, dirigente”, Cabral, no muestra mucha interacción: tiene pocos seguidores y la mayoría del contenido son reposteos de otras publicaciones.

Sin embargo, fuentes libertarias comentaron a LVM que la actividad fuerte de Cabral se registra a través de grupos de Whatsapp y Telegram, donde se muestra “vehemente”, “exultante” y hasta “agresivo”.

De hecho, de su declaración indagatoria del lunes, se desprende que la denuncia del ministro Aranda en su contra, habla concretamente de amenazas telefónicas.

Una fuente cercana a la familia, señaló a LVM que en su declaratoria, el acusado alegó que “lo vincularon erróneamente a un número de teléfono desde el que se amenazó a un funcionario provincial, pero que ese número no es suyo”.

Cabral, se encuentra alojado en la Comisaría 20 y, de acuerdo a esta última resolución judicial, deberá aguardar detenido el resto de la instrucción de la causa. Por lo pronto, el juez fijó como fecha de la próxima audiencia el 10 de julio.


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Revés judicial para ex candidato de JxC imputado por contrabando de soja

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cassol contrabando soja

Fue candidato a diputado provincial y prometía mejoras en la gestión del puerto de Colonia Alicia, entre otras cosas, pero no llegó a alcanzar la banca legislativa y cuatro años fue hallado in fraganti en una maniobra de contrabando de soja en un embarcadero clandestino de la zona, hecho que lo mantiene procesado en un expediente que se instruye ante la Justicia Federal de Misiones.

El protagonista de esta historia es Marcos Marcelo Cassol, un agricultor de Colonia Aurora que en 2019 fue candidato a diputado provincial por Juntos por el Cambio (JxC), pero que en 2023 fue interceptado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) mientras se preparaba una operación de contrabando de soja en el paraje Londero, en la costa del río Uruguay.

Como noveno candidato titular, Cassol integró la lista que en las elecciones generales de 2019 encabezaba Humberto Schiavoni como postulante a la gobernación de la provincia.

“Para defender al misionero que trabaja, para garantizar el acceso a la vivienda, para recuperar la salud pública, para acompañar al agro. Necesitamos diputados de los trabajadores”, era el speech de campaña de Cassol en aquel entonces, lo cual se traducía en diversos flyers difundidos en redes sociales.

También prometía mejoras en la gestión del puerto de Colonia Alicia y mayores beneficios para los productores del Alto Uruguay.

Sin embargo, los resultados de aquellas elecciones marcaron una abultada derrota de Schiavoni frente al candidato renovador Oscar Herrera Ahuad y, en consecuencia, el agricultor de Aurora quedó muy lejos de alcanzar una banda en la Cámara de Representantes de la provincia.

Los flyers de campaña de Cassol en 2019.

Operativo en paraje Londero

Exactamente cuatro años después de esos comicios, la realidad lo ubicaba a Cassol en una posición muy diferente a la de aquel político con promesas para la comunidad.

El día que todo cambió fue el 31 de julio de 2023, cuando agentes de la PNA patrullaban las costas del río Uruguay en el paraje Londero, en el municipio de Colonia Auroria, hasta que advirtieron movimientos compatibles con una maniobra de contrabando.

Utilizando visores de alto alcance detectaron a varias personas transportando bolsas de arpillera desde un tractor con acoplado hasta una embarcación casera remolcada por otra con motor fuera de borda.

Los uniformados, pertenecientes a la Delegación Inteligencia Criminal e Investigaciones de PNA, avanzaron hasta el puerto clandestino, interceptando a cuatro personas, entre las cuales se encontraba el ex candidato Marcos Marcelo Cassol.

Unas 14 toneladas de expeller de soja listos para ser cruzados ilegalmente a Brasil fueron incautados en el procedimiento del año pasado.

Según consta en el expediente, en determinado momento los implicados huyeron por una barranca y volvieron a ser ubicados luego de una persecución, lo cual también permitió llegar hasta un galpón donde se encontraron más bolsas de granos, además de varias armas de fuego.

El reporte final arrojó el secuestro de 14 toneladas de expeller de soja, distribuido en un total de 316 bolsas, carga que superó los 2,3 millones de pesos en aquel entonces.

También se incautaron un tractor, un acoplado, un motor fuera de borda, un revólver, una escopeta, una carabina y municipios de distintos calibres, además de celulares y dinero en efectivo, de acuerdo al parte emitido por el ministerio de Seguridad de la Nación.

Procesamiento

Tras el procedimiento, Cassol y los demás involucrados fueron notificados del inicio de una causa por tentativa de contrabando que hoy lo encuentra con un procesamiento dictado por el Juzgado Federal de Oberá y ratificado en dos ocasiones por la Cámara Federal de Apelaciones.

La primera resolución en contra el agricultor fue firmada el pasado 26 de junio, cuando los camaristas decidieron no hacer lugar a una apelación presentada por los cuatro imputados y la segunda se conoció el último viernes, a instancias de la misma institución, esta vez declarando inadmisible un recurso casación articulado en contra de medida ulterior.

Las fotografías del operativo fueron difundidas por el ministerio de Seguridad de la Nación.

De esta manera, la Cámara de Apelaciones desestimó los planteos de la defensa de los implicados y confirmó todo lo actuado por el juzgado de primera instancia, lo cual incluía el procesamiento sin prisión preventiva para los cuatro agricultores por el delito de tentativa de contrabando.

En sus planteos, la defensa apuntaba a declarar la nulidad del procedimiento, aunque los argumentos esgrimidos no alcanzaron para convencer a los camaristas.

“El tribunal observa que los agravios formulados por la defensa se asientan en una mera discrepancia con la decisión adoptada en tanto no demostró la existencia de un perjuicio real, concreto y actual con proyección en las garantías constitucionales que amparan a sus asistidos a efectos de declarar la nulidad que postula”, concluyeron los magistrados de la cámara en su dictamen de junio.


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Panadero fue condenado a 7 años de prisión por traficar 72 kilos de cocaína

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cocaína azara

Un panadero oriundo de Campo Ramón fue condenado a más de 7 años de prisión por transportar 72 kilogramos de cocaína en un automóvil que fue interceptado por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) durante un procedimiento realizado el año pasado en Azara.

El implicado se trata de Horacio Alberto Pereyra (31), quien recientemente admitió su responsabilidad en el hecho y firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que aceptó ser condenado a la pena de 7 años y 6 meses de prisión como autor del delito de “transporte de estupefacientes”.

El convenio fue alcanzado en acuerdo con la fiscal Vivian Barbosa y tras su homologación fue transformado en sentencia por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas.

El hecho que llevó a la prisión a Pereyra se registró durante la noche del 28 de julio del año pasado, durante un procedimiento de la GNA en cercanías al puesto de ATM en la localidad de Azara.

Según se reconstruyó en la sentencia, esa noche los uniformados federales observaron una Chevrolet Traker LTZ estacionada en el semáforo de la avenida colectara y se acercaron para realizar un control documentológico.

En esa instancia, constataron que el vehículo era conducido por Pereyra pero también notaron anomalías en el sector trasero del rodado, principalmente vestigios de pintura fresca y añadidos metálicos, además de que la rueda de auxilio no encastraba normalmente.

Ante la sospecha de un ilícito el vehículo fue trasladado a la sección San José de la GNA, donde mediante el uso de un escáner confirmaron que en el sector del baúl había un doble fondo donde se transportaban varios bultos.

Lo siguiente fue el desarme del automóvil, instancia en la hallaron más de 72,655 kilogramos de pasta base de cocaína distribuida en diferentes panes ocultos debajo de los asientos traseros y dentro del torpedo.

Tras el procedimiento, Pereyra quedó detenido por infracción a Ley 27.737 de Estupefacientes y desde ese día permanece alojado en la cárcel de Loreto. Ahora resolvió su situación procesal firmando un juicio abreviado en el que se reconoció culpable y tendrá que purgar su pena.


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Ex piloto obereño se confesó narco: “Asumo la culpa y pido disculpas”

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“Asumo la culpa y la responsabilidad. Pido disculpas por los hechos cometidos”. La confesión del ex piloto obereño José Alberto Mrakava (52) hizo que la segunda audiencia del juicio oral en su contra por organizar y financiar maniobras de narcotráfico vuelva a durar tan solo unos minutos y se reduzca al cumplimiento de las formalidades previstas para el proceso, dado que las partes hasta decidieron desistir de los testigos.

El imputado pasó ante el estrado del Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas esta mañana para la toma de sus datos filiatorios y al momento de declarar admitió su responsabilidad, un repentino cambio de estrategia defensiva teniendo en cuenta que llegó a esta instancia tras rechazar un acuerdo de juicio abreviado.

A partir de ahí, la audiencia solo se limitó a cumplir formalidades de procedimiento, por ejemplo, la exhibición de todos los elementos incautados en el expediente: celulares, notebook’s, máquina contadora de billetes, documentaciones, patentes, sellos, cuadernos de anotaciones y CD’s.

Culminado el acto, tanto la fiscal Vivian Barbosa como la defensa del imputado, encabezada por el abogado Juan Grimberg, desistieron de los testigos ofrecidos por ambas partes y, en consecuencia, el tribunal presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira dispuso el cierre de la etapa de incorporación de pruebas.

De esta manera, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, jornada prevista para la realización de la ronda de alegatos, donde las partes expondrán sus conclusiones.

Con la confesión de Mrakava, su condena es un hecho y la expectativa solo se centra en el monto de pena a cumplir en prisión que solicitará la fiscalía. Sus consortes de causa, José Alberto Laurencio y Daniel Alberto Esquivel, también se reconocieron culpables pero mediante la vía de un juicio abreviado, sin la exposición pública que significa un debate oral.

Mrakava frente a una máquina contadora de billetes incautada en su casa.

Los hechos admitidos

El obereño está imputado por los delitos de “organización y financiación para el tráfico de estupefacientes, agravado por el número de integrantes, en concurso real con el delito de falsificación de sellos”.

Al implicado se lo acusa -y ahora admitió su culpabilidad- de gestionar todos los medios necesarios para concretar operaciones de tráfico de estupefacientes, tareas que iban desde conseguir la marihuana proveniente de Paraguay hasta facilitar lugares de acopio, vehículos de transporte y choferes para los viajes.

La investigación en su contra comenzó en noviembre de 2018, tras el secuestro de un camión abandonado a la vera de la ruta nacional 12 con casi seis toneladas de marihuana en su interior, aunque a la banda completa se le atribuyen tres cargamentos que alcanzan las trece toneladas.

Los agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzaron a estirar del hilo y establecieron que el rodado estaba a nombre de un santiagueño y que otro vehículo propiedad del mismo sujeto se encontraba en manos de Mrakava, aunque luego se comprobó que las documentaciones vehiculares eran apócrifas.

En la causa también se realizaron escuchas telefónicas al obereño hoy imputado, procedimiento mediante el cual los pesquisas detectaron conversaciones suyas con los otros dos acusados, como así también con choferes y con supuestos proveedores paraguayos identificados como “Morocho”, “Pome” y “Jorge”, a quienes incluso entregó vehículos como parte de pago para algunas transacciones.

Fue así que en mayo de 2019 los investigadores irrumpieron en su domicilio del barrio Villa Ruff de Oberá, donde detuvieron a Mrakava pero además secuestraron 330.000 dólares y siete armas fuego, lo cual derivó en la apertura de otras dos causas paralelas por delitos de lavado de activos y acopio de armas. La primera continúa en etapa de instrucción, mientras que la otra ya fue elevada a juicio.

Tras ese operativo, el ex piloto de competición y ex empleado de la Cooperativa Eléctrica de Oberá (Celo) permaneció dos meses detenido hasta que obtuvo la excarcelación, pero en junio de 2022 volvió a ser arrestado por la causa de narcotráfico que ahora es ventilado en debate oral.

El ex piloto obereño volvió a su celda en la Colonia Penal 17 del SPF en Candelaria.


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