Judiciales
Prorrogaron el congelamiento de bienes a miembros del Clan Barakat

Finalmente, en la tarde-noche de ayer, al límite del vencimiento de los plazos establecidos, se firmó la resolución que dispone una nueva prórroga del congelamiento de bienes sobre los integrantes del denominado Clan Barakat, sindicado grupo de comerciantes libaneses acusados de efectuar maniobras de lavado de dinero en casinos de Puerto Iguazú para luego financiar organizaciones terroristas de Medio Oriente.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, y se dio sobre el filo del vencimiento del último plazo establecido. De esta manera, la medida cautelar continuará en vigencia, al menos, por un año más.
El acercamiento de la fecha límite había sido alertado con preocupación por la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante en el expediente, cuyos representantes legales interpusieron un recurso de queja por retardo de justicia como llamado de atención y para pedir avances en la causa, tal como publicó La Voz de Misiones.
Es que, de vencerse los plazos, las medidas cautelares perderían vigencia y permitiría que la decena de extranjeros puestos bajo la lupa pudieran volver a hacer uso de sus bienes inhibidos, como así también quedaban habilitados a operar en el sistema financiero argentino.
El expediente contra el Clan Barakat reviste importancia nacional dado que se trata de la única causa abierta en el país que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo y también concita atención internacional, principalmente de Estados Unidos.
La investigación comenzó en 2015. Allí la UIF dispuso el congelamiento administrativo y la medida de inhibición finalmente se judicializó en 2018. Desde ese momento la disposición se prorroga año a año.
Por el momento hay más de decena de sospechosos, aunque ninguno alcanzó a ser indagado.
Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigación y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Información (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas, donde simulaban mesas de juego y obtenían millonarias ganancias.
Luego, a través de distintos mecanismos y sistemas, ese dinero era girado hacia Medio Oriente. Toda esta compleja trama es la que desde hace un tiempo se busca desentrañar.
Los datos obtenidos en aquel entonces indicaban que en los movimientos migratorios se detectaron ingresos al país de al menos 14 presuntos integrantes de la organización investigada y algunos de ellos llegaron a retirar premios de los casinos que llegaban hasta los 10 millones de dólares.
Según estimaciones, el clan podía llegar a mover hasta 43 mil millones de dólares al año. Es porque eso que su sindicado líder Assad Ahmad Barakat (FOTO) -detenido en septiembre de 2018 en Foz de Iguazú- era considerado como un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organización extremista en América Latina.
Judiciales
Dictaron prisión preventiva para gitano acusado de homicidio en Posadas

El Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte, resolvió en las últimas horas el dictado de la prisión preventiva contra del gitano Sebastián Jonás Jesús Marcos (19), imputado por el homicidio de Daniel Jesús Traico (24), integrante de su misma comunidad.
El crimen que aún se encuentra en etapa investigativa se registró el 29 de enero, sobre la colectora de la avenida Quaranta, en inmediaciones a la terminal de transferencias. En ese lugar Marcos atropelló a su víctima, que horas después falleció en el hospital Madariaga.
La muerte de Traico dio inicio a una jornada repleta de violencia. Mientras el acusado del crimen se encontraba prófugo, los familiares del fallecido iniciaron un raid de venganza en el cual prendieron fuego varias viviendas vinculadas a la familia Marcos e incluso prometieron hacer “justicia por mano propia” en caso de que la Policía no encontrara al implicado.
El acusado se mantuvo en la clandestinidad hasta el 5 de febrero cuando, acorralado por los investigadores policiales que seguían sus pasos, se entregó ante la comisaría Primera de Posadas.
Horas después fue trasladado a declarar ante el juez Monte, donde decidió guardar silencio y para preservar su seguridad fue alojado en un recinto del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).
Ahora, más de un mes después del hecho, Marcos fue procesado con prisión preventiva como imputado por el delito de homicidio, que prevé penas de entre 8 y 25 años de cárcel.
Homicidio entre gitanos y casas incendiadas por venganza en Posadas
Judiciales
Se jubiló María Gisela Casafus, fiscal de instrucción de Alem

La titular de la Fiscalía de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, María Gisela Casafus, presentó su renuncia sujeta a jubilación y el gobernador Hugo Passalacqua aceptó el pedido.
Después de varios años desempeñándose en ese cargo, la fiscal Casafus se acogió a los términos de la Ley Provincial XIX – N.º 56 y en los últimos presentó su renuncia “condicionada al otorgamiento del beneficio de la jubilación ordinaria por parte del Instituto de Previsión Social”.
La presentación fue aceptada por el Ejecutivo provincial mediante el decreto 179 firmado por el gobernador Passalacqua y publicado hoy en el Boletín Oficial.
De esta manera, ahora se deberán activar los mecanismos e instrumentos previstos en el Poder Judicial de Misiones para llamar a concurso y cubrir esa vacante que quedará en el fiscalía de Alem.
Judiciales
Condenan a ex policía por maniobra de contrabando que terminó a los tiros

Un ex policía admitió su participación en una maniobra de contrabando que terminó a los tiros con la Prefectura en Garupá en 2021, fue condenado a 4 años de prisión tras un acuerdo de juicio abreviado que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas transformó en sentencia.
Mauricio Alejandro González (35), que fue policía hasta 2020, fue condenado a 4 años de prisión como autor del delito de tentativa de contrabando de importación en concurso real con el delito de resistencia a la autoridad, aunque como ya registra una sentencia en su contra por narcotráfico en Entre Ríos, deberá cumplir un total de 5 años y 6 meses de cárcel como pena unificada.
Junto al ex cabo de la Policía de Misiones fueron condenados otros dos cómplices identificados como Matías Alejandro Rivas (30) y Alcibiades Bernardo García Montiel (27), quienes recibieron una pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional al ser considerados partícipes secundarios del mismo delito atribuido a González.
Cigarrillos y tiros
El hecho imputado a los tres implicados ocurrió el 4 de marzo de 2021. Eran aproximadamente las 8.30 cuando una patrulla de la Prefectura Naval Argentina (PNA) identificó con cámaras térmicas el arriba de una embarcación paraguaya a una zona costera del barrio Santa Clara de Garupá, donde lo esperaba un Volkswagen Voyage con tres personas.
Esas tres personas era González, Matute Rivas y el paraguayo García Montiel, quienes cargaron el auto con 250 cartones de cigarrillos Eight y que cuando advirtieron la llegada de la PNA escaparon a toda velocidad.
Allí se inició una persecución que se extendió durante varios minutos y terminó en el barrio Ñu Porá. En el medio, hubo disparos, de ambas partes. El Voyage, por ejemplo, terminó con impactos de bala en la luneta, en la tapa del baúl, en el paragolpe y en los neumáticos.
Los balazos también alcanzaron a Rivas, que iba en el asiento de atrás al conductor y resultó herido en el brazo izquierdo y debió ser hospitalizado.
Los tres implicados quedaron detenidos, aunque con el correr del tiempo y el avance del expediente fueron siendo excarcelados uno a uno.

El procedimiento de la Policía entrerriana en agosto de 2021.
Puntero
El ex policía González, por ejemplo, recuperó la libertad el 8 de junio de ese mismo año, pero volvería a caer poco después, esta vez en Entre Ríos, mientras viajaba como “puntero” de un auto con marihuana.
Ese hecho ocurrió el 26 de agosto de 2021. Todo comenzó cuando los policías entrerrianos apostados en el puesto Paso Telégrafo descubrieron 18 kilogramos de marihuana dentro de un Honda City.
Ese auto era conducido por Crisanto Baudilio Galarza, pero por la maniobra también fue arrestado González, que viajaba delante suyo en Susuki y fue imputado como partícipe secundario de “transporte de estupefacientes”.
En esa causa el ex uniformado también admitió su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió 3 años de prisión de ejecución condicional, por lo que pudo continuar en libertad, aunque cumpliendo determinadas restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal de Paraná.
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