Judiciales
Médicos en juicio a cacique por femicidio: “No recomendamos quemar el cuerpo”

Muerte por covid o femicidio. Sobre ese interrogante se centró esta mañana el primer día del juicio oral contra el ex cacique Marcelo Núñez, acusado de asesinar a su pareja criolla María Solange Diniz Rabela (22), para luego incinerarla y enterrarla en una fosa a metros de su casa dentro de la comunidad mbya guaraní Tarumá Poty de San Vicente.
Núñez, que enfrenta una acusación que puede conducirlo a prisión perpetua, mantuvo su inocencia al declarar este miércoles al mediodía, una vez concluida la presentación de los trece testigos citados para la fecha, varios de los cuales optaron por no declarar al ser familiares del imputado.
El cacique insistió en la versión defensiva que sostiene desde el 12 de abril de 2020, día en que se produjo el deceso de Diniz Rabela, aunque el hecho recién se descubrió cuatro días después, tras una denuncia radicada por el padrastro de la joven.
“Yo soy inocente”, sostuvo Núñez, apoyado por un intérprete de idioma guaraní, al momento de declarar ante el magistrado Francisco Aguirre, que preside el Tribunal Penal Uno de Oberá con sus pares Horacio Paniagua y Jorge Carvallo como vocales.
El imputado reiteró que Diniz Rabela murió por un cuadro de covid y apuntó que la cremación del cadáver se efectuó por recomendación de la médica Adriana Mariel Ferreyra Díaz (55), que declaró minutos antes que el cacique y repitió en al menos cinco oportunidades que nunca emitió tal consejo.
“La doctora mintió. No fue así. Yo le llamé y llamé pero no atendió nunca. Recién a los tres días vino. Ella dijo que la enterrara o hiciera algo más rápido. Me dijo: ‘Vos Núñez hace mi palabra y yo me hago cargo”, lanzó el cacique, atribuyéndole la responsabilidad del cruento final de Diniz Rabela a la médica.
El cacique además se desligó de la cremación del cadáver, tarea que -según su testimonio- fue realizado por otro paisano que actuó sin su consentimiento como autoridad máxima de la comunidad. También negó haber ejercido violencia de género sobre la víctima en ocasiones anteriores.
“Siempre íbamos bien con ella. Ella iba a la iglesia, a la religión de ellos y yo seguía mi religión guaraní. Yo nunca le hice mal, le amo mucho a ella”, aseguró.

Marcelo Núñez está detenido con prisión preventiva y puede ser condenado a prisión perpetua.
Los médicos
Sin embargo, varios de los testimonios recolectados previamente marcan episodios diametralmente opuestos al relato brindado por el cacique imputado.
Los aportes más esperados de la jornada eran los de la médica Ferreyra Díaz y la de su compañero, el chofer de ambulancia, Ricardo Sabal (45), quienes relataron cómo fueron esos primeros días del caso.
“Era domingo de Pascuas en 2020. Era pandemia, es decir que estábamos alerta. Yo estaba en mi casa y me llama Núñez solicitando que vaya con la ambulancia porque había obitado su pareja y él pensaba que era covid. Yo le dije que no podía hacer eso, que debía llamar a la Policía porque se trataba de un óbito en domicilio”, recordó la médica que desde 2012 realiza visitas sanitarias en comunidades aborígenes de San Vicente y alrededores.
En idéntica sintonía declaró Sabal, a quien Núñez llamó solicitando lo mismo y recibió la misma respuesta. “Nos preguntó si podíamos ir a buscar el cuerpo de su pareja, que había fallecido. Supuestamente él se despertó y ella estaba fallecida. Yo me comuniqué con mi jefe y me dice que no, que nosotros no somos la morgue, que debía intervenir la Policía”, afirmó.
Lo que ocurrió después, según ambos testigos, fue que el cacique los volvió a llamar, pero esta vez pidió que acudieran a la comunidad porque habían niños con síntomas similares al coronavirus.
Ferreyra Díaz contó que esa visita sí fue autorizada y decidieron ir hasta Tarumá Poty, pero antes de ello pasaron por la comisaría Segunda de San Vicente para advertir que en el lugar había una persona fallecida, lo cual fue prácticamente desoído por los oficiales en turno.
“Yo hablo con un oficial y le empiezo a comentar. Él me dice que estaban en conocimiento porque vino el padrastro de la señora (de Diniz Rabela). Me dijo que nadie nos iba a acompañar porque la costumbre de ellos era enterrar el cuerpo en la comunidad. Ahí yo le avisé que ella no era de la comunidad”, profundizó en ese punto Sabal.
La cuestión es que al llegar a la comunidad el equipo sanitario revisó a sus integrantes, donde había niños con cuadros subfebriles pero ninguno presentaba mayores síntomas, ni hubo que trasladar a ninguno para una atención más pormenorizada.
“Cuando estábamos allá me acerqué a la carpa donde estaba el óbito. Yo ya sabía que estaba ahí, pero yo ya había dicho que no iba a revisar el cuerpo. El señor Núñez nos volvió a pedir que trasladáramos el cuerpo hasta Fracrán, pero nosotros terminamos nuestro trabajo y volvimos al pueblo”, alegó la médica.
Tanto el fiscal David Milicich, como el defensor particular Jorge Zabulandez e incluso los magistrados realizaron varias preguntas relacionadas a la cremación del cuerpo de Diniz Rabela, a lo que la médica contestó, una y otra vez: “Yo jamás dí esa recomendación. Juro por Dios y los Santos Evangelios. Ni se me hubiese ocurrido”.
“Cuando terminamos todo la doctora se acercó a Núñez y le recomendó que traten de resolver lo antes posible porque el cuerpo se iba a descomponer. En ningún momento recomendamos que quemaran el cuerpo”, ahondó Sabal.
Según consta en el requerimiento de elevación a juicio de la causa, tras el deceso de Diniz Rabela el cacique le ordenó a varios paisanos que colaboren para deshacerse del cuerpo, siempre siguiendo la teoría del fallecimiento por covid. Tal fue así que algunos participaron en el traslado del cadáver y otros ayudaron en la cremación.
Sin embargo, ninguno de ellos aceptó declarar hoy, amparándose en que todos guardaban algún lazo de parentesco con Núñez, lo cual los exime de testimoniar, según la legislación vigente.

El cacique Zayas y la médica Ferreyra Díaz, cara a cara, para un careo.
Careo
El único que aborigen que sí declaró fue Pablo Alejandro Zayas, cacique de otro pueblo mbya guaraní distante a unos 20 kilómetros de Tarumá Poty.
“Todos los testigos que estuvieron acá, por miedo o timidez ante la autoridad, no se animan a contar la verdad. La policía, el blanco, siempre llega atropellando. Por eso yo hoy estoy acá, para decir que Marcelo Ñúñez es inocente y que la señora falleció de enfermedad”, arrancó Zayas, que no dudó que atribuir responsabilidades en el caso a la médica Ferreyra Díaz.
El cacique narró que “doña María (por Diniz Rabela) una semana atrás ya estaba muy enferma. Ella contó todo, tenía un tumor y seguramente eso le fue perjudicando la vida física de ella”, aunque ante una repregunta del fiscal Milicich admitió que a pesar de ello “nadie llamó al médico”.
Sobre la cremación del cuerpo, tampoco vaciló y cuestionó a la médica: “Yo escuché que la doctora mandó a quemar el cuerpo. Yo por eso fui el martes, para que no se haga eso, pero ya era tarde”.
La contraposición entre ambos era evidente, por lo cual el fiscal solicitó la realización de un careo, donde los dos mantuvieron sus mismos postulados. La doctora negó haber dado esa recomendación y Zayas insistió en su acusación.
Violencia
Independientemente del debate en torno a la quema del cadáver, en esta primera jornada también declararon dos testigos que dieron cuenta de episodios de violencia de género contra Diniz Rabela.
Uno de ellos fue Leonardo Benítez (44), padrastro de la víctima. El hombre contó que la muchacha era “maltratada” y que llevaban cinco meses sin hablar con ella porque Núñez impedía las comunicaciones.
“Él le golpeaba y le maltrataba. Ella intentó escapar dos veces y él le salía a buscar de nuevo en la moto. Yo creo que fue más muerte por delito, que por covid. Ella fue matada por el señor”, incriminó.
Otro que testigo que mencionó situaciones de violencia fue Cristian Reinel (24), vecino de la comunidad. Si bien el joven no presenció los hechos, sí relató lo que su esposa, Juana Sierra -también aborigen-, le contó.
“Yo escuchaba gritos cada noche, pero no sabía nada. Pensé que por ahí era que estaban jugando naipes. Mi señora me contó que un día estaban en la casa de su abuela y escuchó a la señora gritar. Ella me contó que la señora salió corriendo, con un dedo cortado y que Marcelo venía con un machete atrás”, describió.

Leonardo Benítez, padrastro de la víctima, relató episodios de violencia.
Día clave
El debate oral continuará mañana, a partir de las 8.30, con la declaración de dos testigos citados a último momento: uno es el médico policial que participó de la excavación y otro es el médico forense que realizó la autopsia a los restos carbonizados de la víctima.
La declaración de ambos será clave para abordar cuestiones referidas al fallecimiento de la joven. En este punto cabe recordar que la autopsia no pudo precisar la causa de muerte debido al estado de carbonización total que presentaban los restos, aunque sí consideró que el deceso fue violento.
Se prevé que después de ello se dará inicio de la etapa de alegatos, donde las partes expondrán sus conclusiones finales, para que posteriormente el tribunal dicte sentencia.
El debate puede observarse en vivo a través de Youtube.
Desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) advirtieron “aunque la causa fue presentada públicamente como un femicidio, lo cierto es que no existen pruebas concluyentes que incriminen a Marcelo Núñez, quien lleva años en prisión preventiva”.
Y reclamaron que “el proceso estuvo atravesado por irregularidades graves, la falta total de perspectiva intercultural y una condena social y mediática reforzada por prejuicios racistas y discriminatorios.
FOTO: Emipa
Comenzó el juicio contra el cacique acusado de matar y quemar a su pareja
Judiciales
Intendente de Colonia Polana citado a declarar por usurpación y amenazas

El actual intendente de Colonia Polana, Raúl Francisco Núñez, fue citado por la Justicia para declarar en la causa que lo investiga por “usurpación de tierras y amenazas” contra los hermanos Julio y Germán Llanos.
La primera citación a declaración indagatoria fue en diciembre pasado, cuando Núñez decidió abstenerse. En tanto, la próxima audiencia está prevista para el viernes 19 de septiembre a las 10 en el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América.
Consultado por La Voz de Misiones, el abogado de los denunciantes, Maximiliano Medina, aclaró que aún queda pendiente la citación por otro caso en el que se lo acusa por “falsificación de instrumentos públicos”, en referencia a un boleto de compraventa, fechado en 2013 y presentado por Núñez en la Municipalidad de Colonia Polana.
Según los hermanos Llanos, ese fue el documento con el que Núñez había iniciado la toma de las 107 hectáreas que se encontraban a nombre de Julio César Llanos (padre) y cuya firma fue sometida a pericias caligráficas por parte de los denunciantes, que determinaron que era falsa.
Al respecto, Medina aclaró que: “Es una causa distinta. Tiene un número de expediente distinto, pero es conexo a la usurpación y la exhibición del instrumento que da lugar a la pericia que demuestra que el instrumento es apócrifo y eso da lugar a la nueva denuncia por falsificación de instrumento público y privado”.
Raúl Núñez, fue concejal y presidente del Concejo Deliberante de Colonia Polana, hasta que pasó a desempeñarse en el cargo de intendente tras el fallecimiento de su madre Antonia Medina, el pasado 23 de agosto, quien ejerció como jefa comunal desde el 10 de diciembre del año 2015.
Respecto a su continuidad como intendente del municipio en el marco de las causas penales y civiles por las que se lo investiga, la fuente consultada considera que, aunque lo procesen, “la única forma de destituirlo sería a través de una sesión del Concejo Deliberante cuya mayoría la tiene el mismo oficialismo”.
Colonia Polana: denuncian usurpación de tierras con complicidad política y policial
Judiciales
Prisión preventiva para joven mbya acusado por el femicidio de su ex en Iguazú

El magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dictaminó la prisión preventiva por femicidio contra Ismael Centurión (29), único acusado por el asesinato de su ex pareja Juana Maciel, cometido dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú, donde ambos residían.
La resolución se firmó esta martes y mantiene la imputación del sospechoso por el delito de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantuvo una relación de pareja y en un contexto de violencia de género”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
El dictamen firmado por el juez Brites también dispone el traslado de Centurión hacia una unidad penitenciaria, donde continuará detenido mientras avance la causa que se instruye en su contra.
Femicidio en Yryapú
El hecho que se investiga se registró en la noche del 4 de mayo dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú de Puerto Iguazú, donde Juana Maciel (23) fue asesinada de 27 puñaladas.
El crimen fue alertado a la Policía por uno de los integrantes de la comunidad y al llegar la Policía encontró el cadáver de Maciel a unos 20 metros de su casa, mientras que bajo la lupa quedó su ex pareja, quien fue detenido poco después durante un rastrillaje por la zona.
El sospechoso se trata de Centurión y, según señalaron fuentes consultadas por LVM en ese entonces, el hombre se había separado de Maciel pocos meses antes, tras ser acusado de un intento de abuso en contra de una sobrina de la víctima, hecho que aunque no fue denunciado formalmente habría generado conflictos en la relación.
Se cree que por ese mismo motivo esa noche de mayo se desató una nueva discusión que acabó en femicidio. En el lugar la Policía también secuestró un cuchillo que pudo haber sido utilizado como arma homicida.
De acuerdo a las conclusiones forenses, el cuerpo de la muchacha presentaba 27 lesiones cortantes localizadas en cabeza, cara, cuello y miembros superiores, estos últimos de características defensivas.
De ese total de puñaladas, uno alcanzó a penetrar en la zona del hemitórax anterior izquierdo y a perforar un pulmón, lesión que finalmente provocó la muerte de la víctima.
Femicidio en comunidad mbya: Juana recibió 27 puñaladas e imputaron a su ex
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Recibió 15 años de prisión por abusar de dos hijastras en San Javier

Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
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