A través del Decreto 15/2026, el gobierno de Javier Milei dispuso cambios en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) con el nombramiento de Diego Adúriz, como director ejecutivo, mientras que Alfonso Peña pasó al Consejo de Administración y Rodrigo de Arrechea continúa dentro del organismo representando a Misiones.

De esta manera, el decreto fechado el 13 de enero de 2026, dispuso cambios en los cargos jerárquicos, con un reordenamiento de espacios que fortalece al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, primo de Adúriz, vinculado al esquema de confianza.  

El cambio implicó el desplazamiento de Alfonso Peña de la conducción ejecutiva, dirigente identificado con el círculo del ex presidente Mauricio Macri, aunque no quedó fuera del armado, sino que fue reubicado como consejero dentro del Consejo de Administración.

Cabe recordar que Yacyretá, se compone de un Consejo de Administración con ocho integrantes (cuatro por Argentina y cuatro por Paraguay) y un Comité Ejecutivo con dos directores: el director ejecutivo argentino y el director ejecutivo paraguayo, con igualdad de responsabilidades.

Desde diciembre de 2023, Adúriz era jefe de asesores de Luis Caputo. Al mismo tiempo, Octavio Caputo Oliveto y Josefa Adúriz García Yañez son los padres de Nicolás Caputo, más conocido como “Nicky”. 

En tanto, el hermano de Josefa, tío de Nicky, es Manuel Aduriz quien a su vez tiene un hijo: Diego Luis, hoy titular de Yacyretá.

Simultáneamente, el reacomodamiento tiene un impacto regional, considerando que el libertario misionero Rodrigo de Arrechea logró sostener su lugar en el Consejo de Administración.

Finalmente, el decreto oficializó la designación de Manuel Ignacio Chavarría Bertolami como Consejero en Yacyretá para completar mandato hasta agosto de 2026, en el marco de renuncias previas que dejaron vacantes dentro del Consejo.

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La municipalidad de Comandante Andresito, a cargo de Bruno Beck, informó una reducción de personal y en la prestación de servicios, principalmente en labores de corte de pasto y mantenimiento de parquizado en establecimientos educativos, medida que adjudicó a la “delicada situación económica” del país.

El comunicado fue difundido ayer a través de la cuenta oficial de Instagram y el escrito señala que el municipio “se ha visto obligada a reducir personal y servicios” e indicó que “a partir de la fecha no se realizará el servicio de corte de paso, mantenimiento de parquizado y poda en establecimientos educativos”.

Desde la muni agregaron que la medida obedece a la “delicada situación económica que atraviesan el país, la provincia y el municipio”, sumado “al alto nivel de morosidad en el pago de las tasas municipales”.

En ese marco, solicitaron “la comprensión de directivos y de la comunidad educativa ante esta medida, lamentando no poder continuar colaborando con dicho servicio en el ámbito de la educación”.

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La intervención del Partido Justicialista (PJ) Misiones, encarnada por Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, suspendió como afiliados al diputado nacional Alberto Arrúa, que fuera secretario del Consejo Político Provincial; Myriam Analía Comparin, ex vicepresidenta a cargo de la Presidencia del Consejo Político Provincial; y al abogado Fernando Martín Kornuta, ex apoderado partidario.

La decisión fue informada esta tarde a través de un comunicado, donde los interventores anunciaron la apertura de sumarios disciplinarios contra los tres dirigentes, y comunicaron que la suspensión es “preventiva” y se extenderá hasta el fin de las actuaciones.

En el comunicado se lee que Arrúa, Comparin y Kornuta están acusados de “un accionar reiteradamente funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineado al gobierno de Javier Milei, la sujeción a instrucciones políticas extrapartidarias y el incumplimiento de la obligación de entregar la sede, las unidades básicas, así como la documentación contable y los libros partidarios a las legítimas autoridades interventoras”.

“Ante la probable comisión de actos de inconducta, indisciplina y/o violaciones a la Carta Orgánica, se ordenó la sustanciación de los respectivos sumarios disciplinarios a fin de determinar las responsabilidades orgánicas que pudieran corresponder”, señala el escrito y agrega: “En ese marco, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25, inciso m, de la Carta Orgánica del Partido Justicialista – Distrito Misiones, se resolvió imponer la suspensión preventiva de las afiliaciones de los denunciados mientras se tramitan las actuaciones”.

“Con el objeto de garantizar el debido proceso y el pleno ejercicio del derecho de defensa, se fijaron las audiencias correspondientes, en las que se correrá traslado formal de las acusaciones a los involucrados”, informa.

En el párrafo final, sostiene que “la Intervención Normalizadora reafirma su compromiso con la reconstrucción institucional del Partido Justicialista en la provincia de Misiones, el respeto irrestricto de su Carta Orgánica y la plena vigencia de los principios democráticos que rigen la vida interna del movimiento”.

Con esta resolución, los interventores del PJ Misiones dejan fuera de las elecciones internas del 19 de abril próximo a la expresión más visible del peronismo renovador, que se aprestaba a participar del proceso electoral para la renovación de las autoridades partidarias misioneras.

Más afiliados

En el mismo comunicado, los interventores informan que la campaña de afiliaciones que emprendieron en toda la provincia sumó 5.000 nuevos afiliados al PJ Misiones.

“De un padrón que a comienzos del año 2.000 registraba aproximadamente 130.000 afiliados y afiliadas, se había descendido a 52.000 al mes de abril de 2025, con una composición mayoritaria de personas mayores de 50 años”, señala.

“En este contexto, la campaña permitió alcanzar más de 5.000 nuevas afiliaciones, recibidas en la sede provisoria del Partido Justicialista – actualmente en instalaciones del Smata, hasta tanto la Justicia disponga la restitución de la sede partidaria-, y presentadas para su aceptación y registración ante la Justicia Federal con competencia electoral al 30 de diciembre de 2025”, reza el escrito.

“Un dato significativo del proceso es que más de la mitad de las nuevas afiliaciones corresponden a compañeras y compañeros menores de 35 años, quienes adhieren al ideario y la doctrina justicialista y se encuentran distribuidos en distintas localidades de la provincia”, destaca.

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