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Mañana, día de alegatos en el juicio por la muerte de Mirta Rosa

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Después de la declaración de 17 testigos y de los dos ex policías imputados, el juicio oral por la muerte de la docente Mirta Carmen Rosa (47) ingresó a su etapa decisiva y mañana será el turno de los alegatos de las partes, tras lo cual el Tribunal Penal Dos de Posadas podría dictar sentencia.

El juicio que tiene a Aldo Villalba (37) y Luis Rotela (43) como imputados por “incumplimiento de sus deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte” y “falsificación ideológica de instrumento público” comenzó el 10 de agosto y se extendió durante seis jornadas.

En ese período declararon 17 testigos: tres profesionales de la medicina; tres familiares de la víctima; tres vecinos de Garupá; seis efectivos policiales; un psiquiatra; y un muchacho que estuvo detenido en la comisaría donde trabajaban los imputados al momento del hecho.

Testimoniales

Los primeros en declarar fueron los médicos y el testimonio más relevante fue el de Carlos Wolhein, encargado de la autopsia efectuada al cadáver de Rosa, una docente jubilada con diagnóstico de “trastorno psicótico esquizofrénico” cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 14 de febrero de 2013 en una antigua cancha ubicada en el ingreso barrio Los Potrillos de Garupá, horas después de haber sido levantada por el patrullero que comandaban los imputados.

Apoyado en la exhibición de fotografías tomadas al cuerpo al momento de su ingreso a la morgue, el forense brindó detalles de la necropsia, precisando que la víctima murió como consecuencia de un “trauma craneofacial asociado a una ruptura vesical” y que además el cadáver presentaba múltiples lesiones post-mortem en diferentes partes.

“El cuerpo estaba muy maltratado”, fueron sus palabras ante la atenta mirada del fiscal de juicio, Vladimir Glinka, y los abogados defensores Mónica Olivera por el imputado Villalba y José Luis Rey por Rotela.

Carlos Zarza, viudo de la víctima, recordó que “llegué a caer preso por traer medicamentos para ella de Brasil”.

Con diferencia de días, frente al tribunal también declararon los familiares directos Rosa: su marido Carlos Zarza y sus hijos Rina y Jeremías. Los tres coincidieron en relatos vinculados a la historia de la víctima en relación a la patología que padecía.

Todos reconstruyeron que residían en San Javier, pero debieron mudarse a Posadas para que Rosa reciba un tratamiento médico más acorde a su estado. Describieron que por momentos la mujer llegó a tomar 14 medicamentos diarios y que recibía un cuidado constante de parte de toda su familia. “Llegué a caer preso por buscar remedios para ella en Brasil”, graficó el viudo.

En la tercera audiencia, el testimonio clave fue el de Mariela Benítez, una vecina del barrio Horacio Quiroga (anteriormente llamado Nuevo Garupá), quien ese 14 de febrero auxilio a la víctima y llamó a la Policía para que intervengan.

La mujer contó que ese mediodía Rosa llegó corriendo y desorientada a su casa y que tras invitarle agua y pan pidieron ayuda a la Policía. Así fue al lugar arribó la patrulla integrada por Villalba y Rotela, quienes subieron a la víctima al móvil y la llevaron con rumbo incierto.

“Cuando vino el móvil policial preguntaron qué había pasado y yo les dije que la lleven a la comisaría o al hospital para que sus familiares puedan encontrarla”, indicó Benítez, al tiempo que describió que “ella subía como gateando al móvil, entonces ellos (por los policías Villalba y Rotela) la empujan hacia adentro, la empujaron con la puerta”.

A su turno también declararon tres efectivos que en ese entonces pertenecían a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X y que el día del hecho se encontraban “de operativo” en el barrio Los Potrillos y cuyo accionar fue puesto bajo mantos de sospechas, a punto tal que durante la etapa de investigación fueron sometidos a careos con al menos uno de los imputados.

Los tres uniformados se trataron del subcomisario Emilio Broemser y los sargentos José María Bernal y Adrián Roberto Borda. Todos ellos ese 14 de febrero realizaban recorridas por el barrio Los Potrillos junto a un detenido, Walter Rubén “Chinito” Velázquez, a quien minutos antes habían retirado de la celda en la que estaba alojado en la comisaría Quinta, seccional en la que trabajaban los imputados.

En su alegato de apertura, el fiscal Glinka adelantó que “cómo los de la Brigada estaban haciendo cagada por el barrio” los acusados pretendieron desviar la pesquisa y apuntar responsabilidades sobre ellos. Mañana en la ronda de alegatos finales, podrá avanzar en esa línea.

En su alegato de apertura el fiscal Glinka adelantó su postura y sostuvo que Rosa murió “por el accionar” de los imputados.

Lo cierto es que los tres uniformados declararon con contrapuntos entre sí y marcados olvidos, pero coincidieron en que Borda alcanzó a ver una “mujer de similares características” a Rosa en inmediaciones a la cancha donde finalmente la víctima apareció sin vida.

En relación a este punto de la reconstrucción del caso también tomó relevancia la declaración de alias “Chinito”, quien estaba en ese mismo patrullero de inteligencia con los agentes de la Brigada.

El joven narró que mientras ellos salían de Los Potrillos se cruzaron con el patrullero de la Quinta ingresando al barrio y detalló que en el otro móvil vio a los agentes Villalba y Rotela y a otra persona que no supo identificar en el asiento trasero.

Otro testimonio destacado fue el brindado por el comisario general retirado José Daniel Cerdán, que al momento del hecho era jefe de la seccional Quinta.

El ex jefe policial apuntó contra Villalba por no avisarle nada del procedimiento realizado con Rosa el mediodía del hecho y aseguró que recién se enteró de la posible implicancia de sus subordinados en el caso cuando el juez Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis, que llevó adelante las primeras actuaciones de la causa, le comunicó de los testimonios recolectados.

Rotela, junto a los abogados Rey y Olivera, y, por último, Villalba. 

La palabra de Villalba

Villalba hizo uso de su derecho a declarar en la última jornada, el viernes pasado, instancia en la que admitió un “mal procedimiento”, pidió perdón a la familia de Rosa y aprovechó para “aclarar cuestiones que no son ciertas”.

Ante las partes, el ex policía recordó que ese día efectivamente levantaron a Rosa tras el llamado de la familia de Mariela Benítez, pero añadió que durante el recorrido por el barrio la mujer pidió bajarse y él no advirtió ninguna “sensación de peligro”.

“Como yo veo que ella estaba bien, que me contestó su nombre, que dijo de dónde era, que tenía familia y que no evidenciaba lesiones, ni nadie dijo nada sobre algún dolor o padecimiento, para mí fue una comisión normal y a requerimiento de la señora lo más simple o la solución más humana, la que más correcta me pareció fue bajar a la señora en la colectora. Nunca tuve una sensación de alerta o de peligro, la vi bien y la bajé”, declaró el principal imputado.

En otro tramo de su indagatoria, en la cual no aceptó responder preguntas, admitió que “quiero pedir perdón a la familia si por mi procedimiento malo o con la falla o la falencia de mi procedimiento le causé dolor” y rogó que Dios “ilumine el camino de la Justicia para que se pueda dilucidar todo lo que le pasó a esta señora después de que nosotros la bajamos”.

Día de conclusiones

Ahora, las partes deberán procesar todo lo recolectado en estas seis audiencias previas para desplegar ante el tribunal sus alegatos y conclusiones finales para plantear sus respectivos pedidos.

El primero en exponer será el fiscal Glinka, que ya en la primera audiencia adelantó que la muerte de Rosa fue consecuencia “del accionar de los imputados”, sobre quienes además apuntó que “nos han mentido durante muchos años”.

Luego, será el turno de los defensores particulares Olivera y Rey y recién al culminar la etapa de réplicas y dúplicas de todas las partes el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por César Yaya y Fernando Verón (subrogante) resolverán cómo proceder. Se estima que mañana también podría dictarse sentencia.

El tribunal está presidido por el juez Gregorio Busse (centro) e integrado por sus César Yaya y Fernando Verón.

El juicio, día a día:

Día 1: Mirta Rosa: el crimen de una docente y dos policías enjuiciados 10 años después. 

Día 2: Juicio por caso Rosa: “La Policía fue al velorio a preguntar por la autopsia”

Día 3: Testigo de caso Rosa dijo que los policías “la empujaron adentro del móvil”

Día 4: Un policía ubicó a Rosa cerca de la cancha donde apareció sin vida en Garupá

Día 5: Testimonios apuntaron a Villalba por ocultar información del caso Rosa

Día 6: Villalba admitió un “procedimiento malo” y pidió perdón a la familia Rosa


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Se negaron a declarar los cuatro detenidos por el crimen de Aldo Silvero

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Los cuatro detenidos por el asesinado del contratista Aldo Roque Silvero (43) en Puerto Esperanza se abstuvieron de declarar ante la Justicia y fueron imputados provisoriamente por el delito de “homicidio criminis causa”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, tanto Camila Benítez (19), como su novio Alejo Johan Benjamín Winflinger (16), el supuesto “instigador” Lucas Da Costa (19) y un cuarto implicado, decidieron guardar silencio al momento de comparecer ante el magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.

En la misma audiencia, todos ellos fueron notificados de la investigación que se lleva adelante en sus contra, de los elementos de prueba recolectados hasta el momento y fueron imputados por el delito de “homicidio criminis causa”, calificación que podría variar conforme avance el expediente.

Tras su paso por el juzgado, los cuatro implicados volvieron a ser alojados en la celda policial donde continuarán detenidos mientras avanza la investigación por el crimen de Silvero, el contratista que la semana pasada fue asesinado de 17 puñaladas en presunto caso de robo.

Según indicaron las fuentes, el adolescente detenido ahora quedó a disposición de la Justicia menores, cuyos responsables deberán decidir los próximos pasos a seguir respecto a su situación.

Cayó el presunto “instigador” y son cuatro los detenidos por el caso Silvero


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Fiscalía de Ciberdelitos funcionará a partir del 2 de enero en López Torres 4881

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Con ley sancionada, fiscal designado y acto de jura cumplimentado, la flamante Fiscalía de Ciberdelitos está lista para comenzar a funcionar a partir del 2 de enero de 2025.

La dependencia judicial, cuyo nombre oficial será “Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos de la Provincia de Misiones”, según lo establecido en la Acordada 202 del Superior Tribunal de Justicia (STJ), publicada hoy en el Boletín Oficial de Misiones.

En la misma resolución se determina que la fiscalía, cuyo titular será Juan Pablo Espeche, comenzará a funcionar a partir del jueves próximo, ante lo cual “todas las causas en trámite referidas a Ciberdelitos iniciadas antes del día 2 de Enero de 2.025, que asume competencia, continuarán hasta su finalización en las fiscalías de radicación y se tramitarán de acuerdo a las disposiciones vigentes”.

La acordada del STJ además resalta otro dato importante y es que la fiscalía tendrá su oficina en un edificio ubicado sobre avenida López Torres 4881, donde tendrá turno permanente y con competencia territorial para intervenir en toda la provincia.

La nueva oficina fue presentada el lunes ante la presidenta del STJ, Rosanna Venchiaruti Sartori, y otras autoridades del máximo órgano judicial de la tierra colorada, quienes recorrieron las instalaciones que también albergará a la Procuraduría General de Misiones, a cargo de Carlos Giménez.

“El Procurador subrayó que el establecimiento de esta nueva fiscalía no sólo tiene como fin garantizar una respuesta más ágil y eficiente ante los delitos cibernéticos, sino también avanzar en la creación de un marco legal adecuado que permita una mejor protección de los derechos digitales de los ciudadanos”, destacaron desde el STJ.

Juan Pablo Espeche juró como titular de la Fiscalía de Ciberdelitos


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Año récord para el juzgado multifuero de Apóstoles con 386 sentencias dictadas

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El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar -multifuero- de Apóstoles volvió a cerrar el año con cifras récord en materia de resolución de causas, con un total 386 sentencias dictadas.

La dependencia judicial que dirige el magistrado Juan Manuel Lezcano acumuló durante el 2024 un total de 1.426 causas, con una producción de 386 sentencias, 980 resoluciones y otros 580 expedientes que se remitieron a archivo, según una estadística oficial.

Hubo un nivel de respuesta casi inmediato del servicio de justicia y para nosotros eso es un gran orgullo”, valoró Lezcano, quien destacó la labor diaria de su equipo de trabajo integrado por secretarias, jefes de despecho y agentes judiciales.

El juez Juan Manuel Lezcano agradeció la labor diaria de todo su equipo de trabajo.

El magistrado detalló, además, que este año comprobaron una merma del 10% en el ingreso de causas y destacó la oralidad de civil y la implementación de la tecnología como herramientas clave para luchar contra la mora en los trámites.

En ese punto, destacó las nuevas funcionalidades del expediente digital; la línea contame; la mediación; y el mecanismo de denuncia digital con el que el juzgado trabaja en forma conjunta con la Policía.

De esta manera, el juzgado multifuero culmina otro año con cifras a resaltar, dado que en 2023 registró un total de 1502 causas, de las cuales un 96% fueron resueltas, independientemente del tipo de resolución dictada.


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