Judiciales
Los rugbiers pidieron perdón: “No quisimos matar a nadie”
Los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa hicieron uso de sus palabras finales en el juicio. En general, con sus declaraciones, todos se disculparon con la familia del joven asesinado en enero de 2020 y dijeron que no quisieron matarlo
La exposición de los imputados se dio en el marco de los alegatos realizados por su abogado, Hugo Tomei, tras lo cual el Tribunal de Dolores anunció que la sentencia se dará a conocer el próximo lunes 6 de febrero.
“Ante todo quiero pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado, estoy muy arrepentido. Estoy muy mal desde lo que pasó, triste por todo lo sucedido y quiero pedir disculpas, nunca tuve intención de matar a nadie ni participar de ningún asesinato”, dijo Lucas Pertossi, y cerró con un “gracias por escucharme”.
Le siguió Blas Cinalli, quien también tomó el micrófono y ofreció “disculpas a todas las personas afectadas. Es algo que duele muchísimo y es muy triste, no hubo ningún plan”.
Luego fue el turno a Matías Benicelli, quien dijo: “Nunca quise que esto pasara, no tuve plan. Estoy arrepentido, quisiera volver el tiempo atrás y nunca quise matar a nadie”.
Por su parte, Ciro Pertossi, agregó: “Quería decir que estoy arrepentido, por favor pedir perdón a la familia por haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Nunca voy a querer matar a nadie. Me afecta mucho. Quisiera pedirle perdón, es muy feo y también de lo que nos acusan”.
Más escueto fue Ayrton Viollaz, quien dijo: “Quiero pedir perdón a la familia de Fernando, estoy arrepentido de todo, muchas gracias y que dios los bendiga”.
Uno de los más complicados por el caso, Máximo Thomsen, rompió en llanto desde un primer momento cuando tomó el micrófono: “Quería pedir disculpas, y a todas las personas afectadas, jamás pensé que algo así vaya a poder pasar. Jamás tuve intención, no podemos volver el tiempo atrás y no queda otra que pedir disculpas”.
Por su parte, Enzo Comelli también le ofreció disculpas “a la familia de Fernando, a la mía y a todas las personas afectadas por este hecho aberrante en el que falleció una persona de nuestra misma edad. Sinceras disculpas”.
Por último, y antes de escuchar a la presidenta del Tribunal dar por cerrado el debate y anunciar la fecha del veredicto, Luciano Pertossi pidió disculpas y dijo estar “arrepentido”.
Tras las últimas palabras de los acusados, la jueza María Claudia Castro anunció que el próximo lunes 6 de febrero se dará a conocer la sentencia y tanto la Fiscalía, como la querella y la defensa afirmaron estar de acuerdo con la decisión, informó la agencia NA.
Alegato defensor
El abogado defensor de los rugbiers, Hugo Tomei, pidió hoy la absolución de los ocho “porque el hecho no está probado”, realizó fuertes críticas a los medios de comunicación, al abogado de la querella Fernando Burlando, y hasta al presidente Alberto Fernández, de quien dijo que se refirió a los imputados y pidió perpetua.
Además, el letrado sostuvo que la muerte del joven fue un homicidio en riña, cuestionó que haya sido planificado por sus defendidos, y pidió que la condena sea por homicidio en riña o la figura de preterintensional, el cual prevé cada uno de hasta seis años de prisión, o bien la figura de homicidio simple con dolo eventual.
Después de sus primeras palabras, el abogado pidió mostrar un video donde se observaron recortes de medios donde el representante de la querella, Fernando Burlando, insultó a los ocho rugbiers al describirlos como “asesinos e hijos de puta”.
“Esto duele porque es un profesional reconocido, de los mejores, y logró que los acusados estén encerrados en celdas diminutas”, manifestó.
En otra parte de su alegato, comentó: “Me gritaron asesino antes de entrar”, y se refirió así al momento en el que hizo su ingreso este jueves a los tribunales.
Durante su lectura, Tomei dijo que iba a pedir la absolución de todos los acusados, ya que no está determinado quién le pegó a Fernando y a sus amigos.
Además, el letrado hizo parar a tres de los imputados y les preguntó a quién le pegaron de forma irónica, ya que según su alegato, en la instrucción penal de la causa se los acusaba de algo y ahora, en los alegatos de la Fiscalía y la querella, se los acusa de otra.
Tomei dijo también que “no está probado” el hecho y se quejó de la “indeterminación” de la acusación que el miércoles hizo la querella y la Fiscalía al pedir la pena de prisión perpetua.
“Toda la evidencia está contaminada, la sentencia que se pueda dictar va a intentar aproximarse, pero no pueden salir de una cuestión cómo está”, les dijo al Tribunal.
“Los acusadores probaron otro hecho, es fácil. Ocho sujetos acordaron dar muerte a Fernando Báez Sosa. Me quejé de la indeterminación, y ahora pretende ser determinada. Cinco le pegaron y otros tres no”, comenzó e hizo referencia a la acusación inicial que rezaba que cinco de los ocho le pegaron a Fernando y otros tres sólo a los amigos de éste, haciéndolos partícipes del homicidio: Ayrton Viollaz, Lucas y Luciano Pertossi.
Acto seguido, empezó a cuestionar la declaración de los testigos porque “no pudieron ver” por su ubicación, y también reclamó: “No está el dolo, hay una imposibilidad de probarlo, recuerdo que la fiscalía lo puso ayer en una patada en la cabeza y me preguntaba, si patear la cabeza a alguien implica la intención de muerte”, dijo.
También adujo que “los pibes no tenían ni idea de lo que habían hecho” porque se fueron a comer al Mc Donald’s y luego a dormir.
“Tenían autos para la huida, filmaron su propio crimen, invitaría a pensar si una empresa criminal se planifica de esa manera, no lo entiendo”, increpó al Tribunal.
En el punto de la autopsia sobre el cuerpo de Fernando, el abogado aseguró que hubo entre seis y siete golpes, y en “función de patadas y puños” no coincide con los relatos. “Si hay alguien que no miente es la autopsia”, agregó.
“No hubo dolo y no veo la planificación, no hubo estado de indefensión, sino una agresión de mis defendidos hacia el otro grupo y eso hecho debe ser calificado por homicidio en riña o agresión”, o en su defecto, “homicidio simple con dolo eventual”, y también “el homicidio preterintensional”.
Al concluir, Tomei sostuvo: “Espero que la sentencia sea justa y una posibilidad de enseñanza, para todos nosotros que nos vemos involucrados en conflicto y espero que ninguno sea como este del tratamiento que se le dio de algunos medios de comunicación”.
El Juzgado Civil y Comercial Tres de Eldorado resolvió suspender de manera provisoria el desalojo en los lotes 48 y 49 de Montecarlo, previsto para este jueves, lo que habría afectado a 112 familias de campesinos que asisten a la escuela de formación agroecológica aledaña, espacio que sería trasladado a otra zona próximamente.
Luego de la mesa de diálogo concretada el pasado lunes 8 de junio, entre campesinos y docentes de la escuela Ñande Kokue, donde funciona el Bachillerato Provincial (BOP) 126, el ministro de Gabinete Carlos “Kako” Sartori, entre otras autoridades del gobierno provincial, el juzgado interviniente decidió postergar el desalojo “atento a las delicadas circunstancias sociales y humanas relevadas en las actuaciones efectuadas”.
En la resolución, a la que accedió La Voz de Misiones, la Justicia determinó que “corresponde imperioso destacar la preeminencia del orden institucional y el compromiso social que debe guiar la actividad jurisdiccional”.
En ese contexto, también advirtió sobre la configuración social del grupo en cuestión y la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos: “Ante situaciones que evidencian un estado de vulnerabilidad de los sujetos que concurren -menores y adultos, días sábados- al inmueble, el servicio de justicia no puede permanecer ajeno a las derivaciones materiales de sus pronunciamientos, resultando indispensable articular mecanismos de contención interinstitucional que resguarde los derechos fundamentales en juego”.
En este sentido, asumieron el compromiso de diseñar y ejecutar medidas de apoyo específicas, por lo que también reiteraron la inmediata intervención a los organismos competentes: la secretaría de Niñez del municipio, la Dirección de Acción Social municipal, el Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Gobierno e intendencia municipal.
A estos se sumarían la Secretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la provincia y la Dirección de Catastro del municipio, a fin de adoptar las “medidas conducentes para la reubicación de las actividades de formación en oficios”, que actualmente se desarrollan en el mencionado espacio.
Finalmente, el juzgado interviniente dictaminó que, las instituciones mencionadas deberán informar, dentro del plazo de tres días de notificados, las acciones implementadas y, posteriormente, remitir informes periódicos cada cinco días hasta la efectiva solución de la situación planteada.
De esta manera, la sentencia de desalojo, firme ante la Cámara de Apelaciones, quedó suspendida provisoriamente, lo que “no altera ni afecta la firmeza de la sentencia de desalojo, limitándose exclusivamente a diferir temporalmente su ejecución material a fin de posibilitar la intervención coordinada, y de carácter urgente, de los organismos estatales involucrados en resguardo de la paz social y la tutela judicial efectiva para efectivizar la desocupación del inmueble”.
Abren mesa de diálogo entre La Misionera y campesinos de Montecarlo
El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para los siete integrantes de una organización narcocriminal integrada por gendarmes, ex miembros de la fuerza y aspirantes a ingresar a la institución, acusados de transportar 334 kilogramos de cocaína en dos operativos realizados en Salta durante 2024.
Entre los principales imputados aparecen varios misioneros, señalados como piezas clave de la estructura delictiva.
Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, Toranzos pidió la pena máxima de 16 años de prisión para los misioneros Richar Ariel Delgado y Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), además de Gabriel Ruiz Apaza, al considerarlos coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos distintos.
Para los otros ex gendarmes misioneros Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado, el fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión, respectivamente.
La causa expuso el funcionamiento de una organización con fuerte impronta misionera que quedó al descubierto en mayo de 2024, cuando Diego Delgado fue detenido en Salta mientras trasladaba más de 300 kilos de cocaína ocultos en una Volkswagen Amarok. El secuestro de su teléfono celular permitió a los investigadores reconstruir la trama criminal, identificar a los demás involucrados y desarticular la estructura.
El fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión para Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado
Según la investigación encabezada por Toranzos, Ostapowicz y Richar Delgado eran dos de los principales organizadores de la maniobra. Ambos fueron detenidos meses después en operativos realizados en Posadas y Bernardo de Irigoyen, respectivamente. Los investigadores sostienen que tenían un rol central en la logística de los viajes y en la provisión de vehículos utilizados para transportar la droga desde el norte salteño hacia Buenos Aires.
Richar Delgado, oriundo de Azara, había pertenecido a Gendarmería Nacional y llegó a desempeñarse en áreas de investigación de la fuerza. Su hermano menor, Diego Hernán Delgado, también integró la institución hasta ser expulsado tras quedar involucrado en actividades vinculadas al narcotráfico. Ambos quedaron ubicados por la fiscalía entre los actores más relevantes de la organización.
Otro de los misioneros alcanzados por el pedido de condena es Escarlata, domiciliado en Apóstoles. El ex gendarme fue detenido en octubre de 2024 cuando transportaba otros 31 kilos de cocaína ocultos en una rueda de auxilio. Junto a él viajaba su esposa, Marlene Leonor Hañek, también oriunda de esa localidad.
La fiscalía sostuvo que la banda operaba mediante una estructura estable y organizada, aprovechando conocimientos adquiridos dentro de las fuerzas de seguridad para ocultar cargamentos y eludir controles. Entre las pruebas incorporadas al debate figuran conversaciones extraídas de un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde los acusados coordinaban traslados y compartían instrucciones sobre cómo acondicionar la droga en los vehículos y cómo actuar ante eventuales inspecciones.
El tribunal ya declaró la responsabilidad penal de los acusados y resta conocer la sentencia definitiva, que se dará a conocer el próximo jueves. Además de las penas de prisión, el fiscal solicitó el decomiso de bienes secuestrados durante la investigación, entre ellos vehículos de alta gama, dinero en efectivo y otros activos que presuntamente habrían sido adquiridos con fondos provenientes de la actividad ilícita.
Contrabando de granos y lavado de activos, otras causas de los narcogendarmes
El remisero detenido por el femicidio de Dulce María Beatriz Candia (17) se abstuvo de declarar ayer y fue formalmente imputado por el hecho que investiga el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo de la magistrada María Laura Rodríguez.
El hombre, identificado como Mario Alberto Yung (46), fue trasladado ayer a la mañana hasta la dependencia judicial y una vez dentro optó por guardar silencio, tal como lo ampara su derecho.
Un día antes había designado como abogado a un defensor oficial y ahora se aguarda que el juzgado continúe con la instrucción de la causa, que todavía aguarda por la recepción de testimoniales y el resultado de varias pericias que podrían arrojar luz sobre el hecho.
Entre esas pericias hay estudios de telefonía y análisis genéticos sobre prendas de vestir y, principalmente, sobre un retazo de tela que, se especula, pudo haber sido elemento utilizado para estrangular a la víctima.
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