Judiciales
Los rugbiers pidieron perdón: “No quisimos matar a nadie”
Los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa hicieron uso de sus palabras finales en el juicio. En general, con sus declaraciones, todos se disculparon con la familia del joven asesinado en enero de 2020 y dijeron que no quisieron matarlo
La exposición de los imputados se dio en el marco de los alegatos realizados por su abogado, Hugo Tomei, tras lo cual el Tribunal de Dolores anunció que la sentencia se dará a conocer el próximo lunes 6 de febrero.
“Ante todo quiero pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado, estoy muy arrepentido. Estoy muy mal desde lo que pasó, triste por todo lo sucedido y quiero pedir disculpas, nunca tuve intención de matar a nadie ni participar de ningún asesinato”, dijo Lucas Pertossi, y cerró con un “gracias por escucharme”.
Le siguió Blas Cinalli, quien también tomó el micrófono y ofreció “disculpas a todas las personas afectadas. Es algo que duele muchísimo y es muy triste, no hubo ningún plan”.
Luego fue el turno a Matías Benicelli, quien dijo: “Nunca quise que esto pasara, no tuve plan. Estoy arrepentido, quisiera volver el tiempo atrás y nunca quise matar a nadie”.
Por su parte, Ciro Pertossi, agregó: “Quería decir que estoy arrepentido, por favor pedir perdón a la familia por haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Nunca voy a querer matar a nadie. Me afecta mucho. Quisiera pedirle perdón, es muy feo y también de lo que nos acusan”.
Más escueto fue Ayrton Viollaz, quien dijo: “Quiero pedir perdón a la familia de Fernando, estoy arrepentido de todo, muchas gracias y que dios los bendiga”.
Uno de los más complicados por el caso, Máximo Thomsen, rompió en llanto desde un primer momento cuando tomó el micrófono: “Quería pedir disculpas, y a todas las personas afectadas, jamás pensé que algo así vaya a poder pasar. Jamás tuve intención, no podemos volver el tiempo atrás y no queda otra que pedir disculpas”.
Por su parte, Enzo Comelli también le ofreció disculpas “a la familia de Fernando, a la mía y a todas las personas afectadas por este hecho aberrante en el que falleció una persona de nuestra misma edad. Sinceras disculpas”.
Por último, y antes de escuchar a la presidenta del Tribunal dar por cerrado el debate y anunciar la fecha del veredicto, Luciano Pertossi pidió disculpas y dijo estar “arrepentido”.
Tras las últimas palabras de los acusados, la jueza María Claudia Castro anunció que el próximo lunes 6 de febrero se dará a conocer la sentencia y tanto la Fiscalía, como la querella y la defensa afirmaron estar de acuerdo con la decisión, informó la agencia NA.
Alegato defensor
El abogado defensor de los rugbiers, Hugo Tomei, pidió hoy la absolución de los ocho “porque el hecho no está probado”, realizó fuertes críticas a los medios de comunicación, al abogado de la querella Fernando Burlando, y hasta al presidente Alberto Fernández, de quien dijo que se refirió a los imputados y pidió perpetua.
Además, el letrado sostuvo que la muerte del joven fue un homicidio en riña, cuestionó que haya sido planificado por sus defendidos, y pidió que la condena sea por homicidio en riña o la figura de preterintensional, el cual prevé cada uno de hasta seis años de prisión, o bien la figura de homicidio simple con dolo eventual.
Después de sus primeras palabras, el abogado pidió mostrar un video donde se observaron recortes de medios donde el representante de la querella, Fernando Burlando, insultó a los ocho rugbiers al describirlos como “asesinos e hijos de puta”.
“Esto duele porque es un profesional reconocido, de los mejores, y logró que los acusados estén encerrados en celdas diminutas”, manifestó.
En otra parte de su alegato, comentó: “Me gritaron asesino antes de entrar”, y se refirió así al momento en el que hizo su ingreso este jueves a los tribunales.
Durante su lectura, Tomei dijo que iba a pedir la absolución de todos los acusados, ya que no está determinado quién le pegó a Fernando y a sus amigos.
Además, el letrado hizo parar a tres de los imputados y les preguntó a quién le pegaron de forma irónica, ya que según su alegato, en la instrucción penal de la causa se los acusaba de algo y ahora, en los alegatos de la Fiscalía y la querella, se los acusa de otra.
Tomei dijo también que “no está probado” el hecho y se quejó de la “indeterminación” de la acusación que el miércoles hizo la querella y la Fiscalía al pedir la pena de prisión perpetua.
“Toda la evidencia está contaminada, la sentencia que se pueda dictar va a intentar aproximarse, pero no pueden salir de una cuestión cómo está”, les dijo al Tribunal.
“Los acusadores probaron otro hecho, es fácil. Ocho sujetos acordaron dar muerte a Fernando Báez Sosa. Me quejé de la indeterminación, y ahora pretende ser determinada. Cinco le pegaron y otros tres no”, comenzó e hizo referencia a la acusación inicial que rezaba que cinco de los ocho le pegaron a Fernando y otros tres sólo a los amigos de éste, haciéndolos partícipes del homicidio: Ayrton Viollaz, Lucas y Luciano Pertossi.
Acto seguido, empezó a cuestionar la declaración de los testigos porque “no pudieron ver” por su ubicación, y también reclamó: “No está el dolo, hay una imposibilidad de probarlo, recuerdo que la fiscalía lo puso ayer en una patada en la cabeza y me preguntaba, si patear la cabeza a alguien implica la intención de muerte”, dijo.
También adujo que “los pibes no tenían ni idea de lo que habían hecho” porque se fueron a comer al Mc Donald’s y luego a dormir.
“Tenían autos para la huida, filmaron su propio crimen, invitaría a pensar si una empresa criminal se planifica de esa manera, no lo entiendo”, increpó al Tribunal.
En el punto de la autopsia sobre el cuerpo de Fernando, el abogado aseguró que hubo entre seis y siete golpes, y en “función de patadas y puños” no coincide con los relatos. “Si hay alguien que no miente es la autopsia”, agregó.
“No hubo dolo y no veo la planificación, no hubo estado de indefensión, sino una agresión de mis defendidos hacia el otro grupo y eso hecho debe ser calificado por homicidio en riña o agresión”, o en su defecto, “homicidio simple con dolo eventual”, y también “el homicidio preterintensional”.
Al concluir, Tomei sostuvo: “Espero que la sentencia sea justa y una posibilidad de enseñanza, para todos nosotros que nos vemos involucrados en conflicto y espero que ninguno sea como este del tratamiento que se le dio de algunos medios de comunicación”.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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