Judiciales
Intervienen el Jockey Club Posadas por irregularidades en asamblea
El Ministerio de Gobierno de la provincia intervino este jueves el Jockey Club Posadas, en virtud de lo solicitado por la Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Misiones (DGPJ), donde impugna la asamblea de socios de la entidad hípica del 30 de agosto pasado y corre todo lo actuado a la cartera de Marcelo Pérez.
Hoy, el ministro firmó la resolución que designa interventor al director de Asuntos Municipales de Misiones, Joaquín Cabral, quien llevará adelante el proceso para la realización de una nueva asamblea de elección de autoridades y la normalización institucional de la entidad.
La intervención se dio como consecuencia del pedido de impugnación de la asamblea de agosto, que eligió al empresario Gustavo Mussi como nuevo presidente, que hizo a comienzos de septiembre un grupo de socios, denunciando un sinnúmero de irregularidades.
El 3 de octubre, la directora de Personas Jurídicas, Camila Miralles, firmó la Disposición 219, que repasa lo actuado por los denunciantes y recoge la opinión de la Inspectoría Jurídica de la DGPJ, para, finalmente, pedir al Ministerio de Gobierno que resuelva la intervención del club.
Según ese documento, el área jurídica de la DGPJ, comprobó lo denunciado por los socios y concluyó que “por la gravedad de las irregularidades” de la asamblea del 30 de agosto “corresponde hacer lugar a la denuncia”.
Sin embargo, tal disposición fue anulada, tras el recurso de revocatoria interpuesto por el sector de Mussi, que consideró vulnerado su derecho a la defensa, aunque, finalmente, la DGPJ terminó impugnando la asamblea que lo eligió como presidente del Jockey y pidiendo al Ministerio de Gobierno la intervención del club.
Bandos
La interna societaria del club hípico posadeño quedó expuesta con lo ocurrido en la última edición de la Copa Challenger, donde murió un caballo, un jinete resultó herido y se denunciaron apuestas ilegales y el funcionamiento de un garito clandestino, lo que le valió al club una suspensión del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Iplyc) y una multa de $20 millones.
Las sospechas de doping en la muerte súbita de la yegua Argentina Lake, del Stud Doña Juana de Corrientes, que se desplomó en plena carrera, y las imágenes virales del garito y el carnaval de apuestas, disparó el cruce de acusaciones entre los sectores que se disputan la nueva comisión directiva.
En la ocasión, el presidente interino Víctor Martínez, ahora depuesto por la designación del interventor Cabral, cargó contra el sector de socios que impugnó la asamblea que eligió a Mussi y contra la disposición de la DGPJ que hizo lugar al pedido sobre el que se expidió este jueves el ministro Pérez.
“Todo esto tiene su origen en esa asamblea”, disparó Martínez y señaló a La Voz de Misiones: “Es una puja de dos bandos”.
“En esa asamblea no se tuvo en cuenta el principal objetivo que era elegir nuevas autoridades”, argumentó y apuntó contra la disposición de la DGPJ por “dejar sin efecto la convocatoria atendiendo factores menores y cosas que no son ciertas”.
Del otro lado, le contestó Juan Marcelo Benítez Vigo, quien calificó de “verdadera locura” lo ocurrido en el hipódromo posadeño y responsabilizó por todo a Mussi, al que llamó “presidente de facto” del Jockey.
“Tal y como veníamos vaticinando, las nuevas autoridades no tienen idoneidad moral ni de gestión para llevar adelante nada”, disparó Benítez Vigo y remató: “Imagínese algo que claramente se le fue de las manos”.
El intercambio entre ambos bandos se retroalimentó de lo sucedido en la Copa Challenger que, a su vez, desembocó en una denuncia penal del Iplyc contra el club, en la que los socios que impugnaron a Mussi, se incorporaron como querellantes.
Judiciales
Maestro del Alta Gracia recibió otra denuncia y mañana tiene nueva indagatoria
El maestro del Instituto Adventista Alta Gracia, detenido desde el 23 de junio por delito contra la integridad sexual de una alumna, recibió otra denuncia por un hecho similar y mañana enfrentará una nueva audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Juan Manuel Monte.
La nueva presentación en contra de Pedro N. (55) fue radicada ayer a la mañana en la sede del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, dependencia que ahora suma cuatro denuncias en contra del mismo sospechoso, aunque el número podría aumentar debido a que se aguarda la recepción de los expedientes iniciados en el Juzgado de Instrucción Tres.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el docente continúa detenido y su defensa ya planteó un pedido de excarcelación, aunque el trámite recién será resuelto una vez que el implicado comparezca a otra indagatoria por la última denuncia recibida en su contra.
En la audiencia de la semana pasada el maestro se abstuvo de declarar y allí mismo fue formalmente imputado por hechos que configurarían abuso sexual simple.
Esa misma imputación recayó contra él en 2015, cuando fue denunciado por lo mismo y ante otra alumna del Alta Gracia, institución que ante los hechos recientes informó su “desvinculación inmediata”.
Por esa denuncia anterior Pedro N. afrontó un proceso judicial que e extendió durante varios años hasta que en 2018 se le dictó falta de mérito y dos años más tarde recibió el sobreseimiento, aunque esa resolución aún no está firme por lo que su situación es pasible de cambiar conforme al avance de esta nueva investigación.
Su situación actual ahora depende del avance la pesquisa que instruye el juez Monte, quien aguarda el resultado de pericias telefónicas y el informes de las cámaras Gesell efectuadas con las niñas denunciantes.
Maestro detenido por abuso había sido denunciado por lo mismo en 2015
Judiciales
Rechazan pedidos defensivos y el ex diputado Germán Kiczka continuará preso
El Tribunal Penal Uno de Posadas, en un fallo dividido, resolvió rechazar el pedido de cese de prisión preventiva o, de forma subsidiaria, el otorgamiento de arresto domiciliario para el ex diputado provincial Germán Kiczka (46), que de esta manera continuará cumpliendo su pena de 14 años de prisión por delitos con archivos Masi en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
Fueron los magistrados Gustavo Bernie y César Yaya (subrogante) los que votaron contra el pedido formulado por el abogado defensor Gonzalo De Paula, mientras que Viviana Cukla opinó en disidencia. La jueza rechazó el cese de la prisión preventiva, pero se mostró a favor del otorgamiento de la prisión domiciliaria con tobillera.
Previo a la decisión de los jueces, el fiscal Vladimir Glinka también había dictaminado en contra del pedido defensivo, alegando, entre otras cosas, que un arresto domiciliario implicaba un riesgo de fuga.
En su dictamen, el fiscal consideró que “no resultaba posible equiparar la situación de una persona imputada sin sentencia condenatoria con la de quien ya fue condenado, aun cuando el pronunciamiento no se encontrara firme. Sobre esa base, consideró que la sentencia condenatoria no firme, la gravedad de la pena impuesta y el estado procesal de la causa constituían elementos relevantes para ponderar la subsistencia del riesgo de elusión procesal. En particular, sostuvo que la prisión domiciliaria con control electrónico no neutralizaría adecuadamente el riesgo de fuga”.
De esta manera, el ex diputado condenado a 14 años de prisión como autor de los delitos de “tenencia, facilitación y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), agravado por ser las víctimas menores de 13 años en concurso real”, continuará purgando su pena en la cárcel de Cerro Azul.
La sentencia emitida en abril del año pasado fue recurrida y aguarda un análisis del Superior Tribunal de Justicia (STJ), razón por la cual la condena aún no está firme, argumento utilizado para solicitar el cese de la prisión preventiva.
El tratamiento del pedido formulado por la defensa comenzó en paralelo al anuncio de una huelga de hambre anunciada por los hermanos Germán y Sebastián Kiczka (48) luego de una requisa en la que detectaron que tenían dispositivos electrónicos ocultos en su celda a fines de mayo.
Fundamentos del fallo contra los Kiczka: “Cada uno actuó de manera autónoma”
Judiciales
Maestro detenido por abuso se abstuvo de declarar y fue imputado
Pedro N. (55), el docente detenido tras una serie de denuncias por hechos contra la integridad sexual de sus alumnas en el Instituto Adventista Alta Gracia, se abstuvo de declarar ayer ante la Justicia.
El maestro compareció ayer ante el magistrado Juan Manuel Monte, guardó silencio al momento de la indagatoria y fue imputado por hechos que configurarían abuso sexual simple.
Esa misma imputación recayó contra él en 2015, cuando fue denunciado por lo mismo y ante otra alumna del Alta Gracia, institución que ante los hechos recientes informó su “desvinculación inmediata”.
Por esa denuncia anterior Pedro N. afrontó un proceso judicial que e extendió durante varios años hasta que en 2018 se le dictó falta de mérito y dos años más tarde recibió el sobreseimiento, aunque esa resolución aún no está firme por lo que su situación es pasible de cambiar conforme al avance de esta nueva investigación.
Maestro detenido por abuso había sido denunciado por lo mismo en 2015
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