Judiciales
Intervienen el Jockey Club Posadas por irregularidades en asamblea
El Ministerio de Gobierno de la provincia intervino este jueves el Jockey Club Posadas, en virtud de lo solicitado por la Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Misiones (DGPJ), donde impugna la asamblea de socios de la entidad hípica del 30 de agosto pasado y corre todo lo actuado a la cartera de Marcelo Pérez.
Hoy, el ministro firmó la resolución que designa interventor al director de Asuntos Municipales de Misiones, Joaquín Cabral, quien llevará adelante el proceso para la realización de una nueva asamblea de elección de autoridades y la normalización institucional de la entidad.
La intervención se dio como consecuencia del pedido de impugnación de la asamblea de agosto, que eligió al empresario Gustavo Mussi como nuevo presidente, que hizo a comienzos de septiembre un grupo de socios, denunciando un sinnúmero de irregularidades.
El 3 de octubre, la directora de Personas Jurídicas, Camila Miralles, firmó la Disposición 219, que repasa lo actuado por los denunciantes y recoge la opinión de la Inspectoría Jurídica de la DGPJ, para, finalmente, pedir al Ministerio de Gobierno que resuelva la intervención del club.
Según ese documento, el área jurídica de la DGPJ, comprobó lo denunciado por los socios y concluyó que “por la gravedad de las irregularidades” de la asamblea del 30 de agosto “corresponde hacer lugar a la denuncia”.
Sin embargo, tal disposición fue anulada, tras el recurso de revocatoria interpuesto por el sector de Mussi, que consideró vulnerado su derecho a la defensa, aunque, finalmente, la DGPJ terminó impugnando la asamblea que lo eligió como presidente del Jockey y pidiendo al Ministerio de Gobierno la intervención del club.
Bandos
La interna societaria del club hípico posadeño quedó expuesta con lo ocurrido en la última edición de la Copa Challenger, donde murió un caballo, un jinete resultó herido y se denunciaron apuestas ilegales y el funcionamiento de un garito clandestino, lo que le valió al club una suspensión del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Iplyc) y una multa de $20 millones.
Las sospechas de doping en la muerte súbita de la yegua Argentina Lake, del Stud Doña Juana de Corrientes, que se desplomó en plena carrera, y las imágenes virales del garito y el carnaval de apuestas, disparó el cruce de acusaciones entre los sectores que se disputan la nueva comisión directiva.
En la ocasión, el presidente interino Víctor Martínez, ahora depuesto por la designación del interventor Cabral, cargó contra el sector de socios que impugnó la asamblea que eligió a Mussi y contra la disposición de la DGPJ que hizo lugar al pedido sobre el que se expidió este jueves el ministro Pérez.
“Todo esto tiene su origen en esa asamblea”, disparó Martínez y señaló a La Voz de Misiones: “Es una puja de dos bandos”.
“En esa asamblea no se tuvo en cuenta el principal objetivo que era elegir nuevas autoridades”, argumentó y apuntó contra la disposición de la DGPJ por “dejar sin efecto la convocatoria atendiendo factores menores y cosas que no son ciertas”.
Del otro lado, le contestó Juan Marcelo Benítez Vigo, quien calificó de “verdadera locura” lo ocurrido en el hipódromo posadeño y responsabilizó por todo a Mussi, al que llamó “presidente de facto” del Jockey.
“Tal y como veníamos vaticinando, las nuevas autoridades no tienen idoneidad moral ni de gestión para llevar adelante nada”, disparó Benítez Vigo y remató: “Imagínese algo que claramente se le fue de las manos”.
El intercambio entre ambos bandos se retroalimentó de lo sucedido en la Copa Challenger que, a su vez, desembocó en una denuncia penal del Iplyc contra el club, en la que los socios que impugnaron a Mussi, se incorporaron como querellantes.
Judiciales
Discusión de tránsito y homicidio en Garupá: pidieron elevar a juicio la causa
A menos de cinco meses del hecho, el fiscal de Instrucción Dos de Posadas, Christian Antunez, formuló el requerimiento de elevación a juicio de la causa que investiga el asesinato de Fabricio Ariel Rodríguez (32), cometido durante una discusión de tránsito en Garupá.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el requerimiento fue presentado esta semana ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos, quien ahora debe analizar el documento y estampar la firma para que el expediente pase a un tribunal.
El caso tiene como imputado y procesado con prisión preventiva al jubilado y chofer de aplicación Juan Carlos D. V. (63), quien enfrenta cargos por “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
El hombre cumple la medida cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario por razones de salud, entre otros factores que fueron tenidos en cuenta para la morigeración de las condiciones de detención.
El hecho en cuestión ocurrió el 17 de abril de este año, sobre la avenida Santa Helena, en el ingreso al barrio homónimo y a unos metros de la ruta nacional 105, en Garupá.
Escasos minutos después de las 10 habían pasado cuando dos automovilistas se trenzaron en una discusión de tránsito que subió de tono hasta que, en determinado momento, el ahora imputado regresó a su auto Ford Fiesta blanco, extrajo un arma blanca y apuñaló al otro.
El puntazo dio en el pecho de Rodríguez, que cayó inmediatamente al suelo y murió en ese mismo lugar, ante la vista de una gran cantidad de testigos.
Identificaron al hombre asesinado tras una discusión de tránsito en Garupá
Judiciales
Un misionero condenado y otro absuelto en juicio por red de trata de menores
El Tribunal Oral Federal N°3 de Buenos Aires condenó este miércoles a 22 años de prisión al misionero Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, señalado durante la investigación como líder de una organización dedicada a captar menores para su explotación sexual. En el mismo veredicto, los jueces absolvieron al también misionero Leandro Agustín Aguiar y ordenaron su inmediata libertad.
La sentencia fue dictada por los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Marcelo Machado Pelloni, en el juicio que también tuvo como acusado al ex ganador de Gran Hermano Marcelo Corazza y a otros dos hombres.
Angelotti Notarbartolo recibió la pena que había solicitado la fiscalía, que durante sus alegatos lo había señalado como quien encabezaba la estructura investigada. El tribunal lo encontró responsable de los delitos de trata de personas agravada, abuso sexual con acceso carnal, promoción de la corrupción de menores y tenencia de representaciones de abuso sexual infantil.
Según el fallo, los delitos por los que fue condenado tuvieron como víctimas a al menos cuatro personas. En el caso de la trata, fue responsabilizado por hechos cometidos contra cuatro víctimas, tres de ellas menores de edad. La figura fue considerada agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por la pluralidad de víctimas.
Además, fue condenado por abusos sexuales con acceso carnal contra tres víctimas y por distintos hechos de corrupción de menores. También fue responsabilizado por tenencia de material de abuso sexual infantil.
La sentencia, sin embargo, también declaró prescriptas otras acusaciones contra Angelotti Notarbartolo y lo absolvió respecto de esos hechos. Se trata de delitos contra la integridad sexual vinculados con otras ocho víctimas.
Como parte de la resolución, el tribunal dispuso además que Angelotti y otro de los condenados, Raúl Ignacio Mermet, paguen una reparación económica equivalente a veinte salarios mínimos vitales y móviles a cada una de las víctimas por las que fueron sentenciados.
Aguiar, absuelto
La situación del otro misionero acusado tuvo un desenlace diferente.
Leandro Agustín Aguiar, para quien la fiscalía había solicitado 11 años de prisión, fue absuelto por el tribunal. La misma decisión alcanzó a Andrés Fernando Charpenet, otro de los acusados, y ambos recuperarán la libertad de manera inmediata.
Durante el juicio, la acusación había sostenido que Aguiar se incorporó a la organización en 2018 y que, junto con Charpenet y Mermet, participaba de encuentros con las víctimas. El Ministerio Público había considerado que su intervención justificaba una condena de 11 años.
Sin embargo, los jueces no encontraron elementos suficientes para condenarlo por los delitos que se le atribuían y dispusieron su absolución.
Corazza, también fue absuelto
El fallo tuvo como principal repercusión nacional la absolución de Marcelo Corazza, ex ganador de Gran Hermano y productor televisivo.
El tribunal lo desvinculó de las acusaciones de abuso sexual infantil, corrupción de menores y trata de personas. Los magistrados consideraron que algunos de los hechos atribuidos estaban prescriptos y que respecto de otros no existían pruebas suficientes.
En consecuencia, el tribunal ordenó quitarle la tobillera electrónica, levantar la prohibición para salir del país y dejar sin efecto el embargo que pesaba sobre sus bienes.
La fiscalía ya había solicitado su absolución durante los alegatos. El fiscal general Patricio García Elorrio había sostenido que el hecho de abuso sexual que se le atribuía, ocurrido en 2001, estaba prescripto y que tampoco había elementos suficientes para sostener la acusación por asociación ilícita.
Los fundamentos completos del fallo serán difundidos el próximo 22 de octubre.
El expediente se inició en octubre de 2022 a partir de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La investigación posterior derivó en la detención de los cinco acusados y finalmente en el juicio oral.
La causa investigó una estructura que, según la acusación fiscal, habría operado entre 1999 y marzo de 2023 en Misiones, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, captando principalmente a adolescentes varones en situación de vulnerabilidad para someterlos a prácticas de explotación y abuso sexual.
Piden 22 años de cárcel para misionero acusado de liderar red de trata de menores
Judiciales
Entró en vigencia el sistema acusatorio federal en Misiones
Desde este lunes 24 de agosto comenzó a regir en Misiones el sistema acusatorio previsto por el Código Procesal Penal Federal, un cambio que modifica el funcionamiento de la Justicia federal y redefine los roles de fiscales y jueces en las investigaciones penales.
La implementación alcanza a la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas y convierte a Misiones en la décima jurisdicción del país en incorporar este modelo procesal. El nuevo esquema se aplica sobre los 17 departamentos de la provincia.
El principal cambio está en la investigación de los delitos: a partir de ahora, el Ministerio Público Fiscal tendrá a su cargo la dirección de las investigaciones, mientras que los jueces dejarán de conducir la instrucción y pasarán a concentrar sus funciones en el control de las garantías y la resolución de los planteos que formulen las partes.
Fiscalía Distrito Misiones
La puesta en marcha del sistema acusatorio está acompañada por la creación de la Fiscalía de Distrito Misiones, una estructura que reemplaza el esquema anterior de fiscalías federales y generales y concentra la representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación en toda la provincia.
El distrito estará conformado por una Unidad Fiscal con asiento en Posadas y tres sedes fiscales descentralizadas: Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú.
La fiscal general Vivian Andrea Barbosa fue designada provisoriamente como coordinadora de la Fiscalía de Distrito. Como fiscal revisora quedó la fiscal general interina Silvina Flavia Gutiérrez, mientras que el fiscal general interino Pablo Ricardo Di Loreto fue designado como reemplazante suplente.
La Unidad Fiscal Posadas tendrá competencia sobre Capital, Candelaria, Apóstoles y Concepción de la Sierra.
La sede de Oberá abarcará Cainguás, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Javier, Libertador General San Martín, Veinticinco de Mayo, Oberá y Guaraní. Eldorado tendrá jurisdicción sobre Eldorado, Montecarlo y San Pedro, mientras que Puerto Iguazú comprenderá los departamentos Iguazú y General Manuel Belgrano.
Fiscal en lugar central
Con el nuevo modelo, el fiscal pasa a ocupar un lugar central en el proceso penal. Será quien dirija la investigación, determine las líneas de trabajo y lleve adelante la acusación, mientras que los jueces actuarán como terceros imparciales encargados de controlar que el proceso se desarrolle dentro de las reglas establecidas.
La Unidad Fiscal Posadas contará con áreas diferenciadas para Atención Inicial; Investigación y Litigio de Casos Sencillos; Investigación y Litigio de Casos Complejos; Transición; Ejecución Penal; Atención y Acompañamiento a Víctimas; y asuntos No Penales y Electorales.
En las sedes de Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú funcionarán áreas de Atención Inicial, Investigación y Litigio de Casos, Transición y No Penal.
El cambio también apunta a un proceso penal con mayor protagonismo de las audiencias orales. La Oficina Judicial tendrá un rol central en la gestión de las audiencias y en la organización de los recursos necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema.
Salas de audiencia
La puesta en funcionamiento del sistema acusatorio también demandó una adecuación de la infraestructura judicial de la provincia.
El Consejo de la Magistratura informó que durante 2026 se realizaron obras de puesta en valor y readecuación de seis salas de audiencia y dependencias de la Oficina Judicial distribuidas en cinco edificios de la jurisdicción.
Desde este lunes, la Cámara Federal contará con seis salas operativas: una en Puerto Iguazú, una en Oberá, una en Eldorado y tres en Posadas.
Los trabajos incluyeron modificaciones en instalaciones eléctricas, colocación de equipos de aire acondicionado, pintura, detectores de humo y señalética de emergencia, entre otras tareas.
Según el Consejo de la Magistratura, la inversión destinada a infraestructura física alcanzó los $71.186.700, mientras que otros $32.590.000 fueron destinados a mobiliario. En total, las mejoras demandaron una inversión de $103.776.700.
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