Judiciales
Intervienen el Jockey Club Posadas por irregularidades en asamblea
El Ministerio de Gobierno de la provincia intervino este jueves el Jockey Club Posadas, en virtud de lo solicitado por la Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Misiones (DGPJ), donde impugna la asamblea de socios de la entidad hípica del 30 de agosto pasado y corre todo lo actuado a la cartera de Marcelo Pérez.
Hoy, el ministro firmó la resolución que designa interventor al director de Asuntos Municipales de Misiones, Joaquín Cabral, quien llevará adelante el proceso para la realización de una nueva asamblea de elección de autoridades y la normalización institucional de la entidad.
La intervención se dio como consecuencia del pedido de impugnación de la asamblea de agosto, que eligió al empresario Gustavo Mussi como nuevo presidente, que hizo a comienzos de septiembre un grupo de socios, denunciando un sinnúmero de irregularidades.
El 3 de octubre, la directora de Personas Jurídicas, Camila Miralles, firmó la Disposición 219, que repasa lo actuado por los denunciantes y recoge la opinión de la Inspectoría Jurídica de la DGPJ, para, finalmente, pedir al Ministerio de Gobierno que resuelva la intervención del club.
Según ese documento, el área jurídica de la DGPJ, comprobó lo denunciado por los socios y concluyó que “por la gravedad de las irregularidades” de la asamblea del 30 de agosto “corresponde hacer lugar a la denuncia”.
Sin embargo, tal disposición fue anulada, tras el recurso de revocatoria interpuesto por el sector de Mussi, que consideró vulnerado su derecho a la defensa, aunque, finalmente, la DGPJ terminó impugnando la asamblea que lo eligió como presidente del Jockey y pidiendo al Ministerio de Gobierno la intervención del club.
Bandos
La interna societaria del club hípico posadeño quedó expuesta con lo ocurrido en la última edición de la Copa Challenger, donde murió un caballo, un jinete resultó herido y se denunciaron apuestas ilegales y el funcionamiento de un garito clandestino, lo que le valió al club una suspensión del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Iplyc) y una multa de $20 millones.
Las sospechas de doping en la muerte súbita de la yegua Argentina Lake, del Stud Doña Juana de Corrientes, que se desplomó en plena carrera, y las imágenes virales del garito y el carnaval de apuestas, disparó el cruce de acusaciones entre los sectores que se disputan la nueva comisión directiva.
En la ocasión, el presidente interino Víctor Martínez, ahora depuesto por la designación del interventor Cabral, cargó contra el sector de socios que impugnó la asamblea que eligió a Mussi y contra la disposición de la DGPJ que hizo lugar al pedido sobre el que se expidió este jueves el ministro Pérez.
“Todo esto tiene su origen en esa asamblea”, disparó Martínez y señaló a La Voz de Misiones: “Es una puja de dos bandos”.
“En esa asamblea no se tuvo en cuenta el principal objetivo que era elegir nuevas autoridades”, argumentó y apuntó contra la disposición de la DGPJ por “dejar sin efecto la convocatoria atendiendo factores menores y cosas que no son ciertas”.
Del otro lado, le contestó Juan Marcelo Benítez Vigo, quien calificó de “verdadera locura” lo ocurrido en el hipódromo posadeño y responsabilizó por todo a Mussi, al que llamó “presidente de facto” del Jockey.
“Tal y como veníamos vaticinando, las nuevas autoridades no tienen idoneidad moral ni de gestión para llevar adelante nada”, disparó Benítez Vigo y remató: “Imagínese algo que claramente se le fue de las manos”.
El intercambio entre ambos bandos se retroalimentó de lo sucedido en la Copa Challenger que, a su vez, desembocó en una denuncia penal del Iplyc contra el club, en la que los socios que impugnaron a Mussi, se incorporaron como querellantes.
Judiciales
Fiscal pidió 18 años para Silvero: “Era el transa del barrio y mató por $500”
El fiscal Vladimir Glinka solicitó esta mañana la pena de 18 años de prisión como autor de homicidio simple para Roberto “El Negro” Silvero (23), quien esta semana llegó a juicio oral como acusado del crimen de su vecino Luis Fernando Duarte Vázquez (23), cometido el 14 de noviembre de 2021 en el barrio Niño Perdido de Candelaria.
Para el titular de la fiscalía, Silvero, paraguayo nacionalizado argentino, era “el dealer del barrio” y cometió el crimen de Vázquez para vengar una deuda de $500 por la venta de cocaína.
En su alegato, desarrollado esta mañana ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, Glinka describió que el imputado asesinó de varias puñaladas a Duarte Vázquez, lesiones que incluso fueron efectuadas con la víctima en el suelo y de espaldas.
“Esto fue un acto cobarde y traicionero”, achacó el fiscal y señaló que Silvero “como transa del barrio ya había tomado la decisión de que ese vago iba a morir. Eran las 12 del mediodía y le apuñaló frente a todos los vecinos. Él estaba dando un mensaje ahí, que no se jode con el transa del barrio”.
Como cierre, Glinka mantuvo la acusación original, sin añadir agravantes, y solicitó que Silvero sea condenado a 18 años de prisión como autor del delito de homicidio simple.
En segundo turno expuso el defensor oficial Miguel Ángel Varela quien consideró que Duarte atacó primero utilizando piedras como armas y planteó que Silvero actuó en legítima defensa, tanto suya como de su familia.
Por esa razón, Varela solicitó la absolución de su defendido por haber obrado en legítima defensa o, en forma subsidiaria, se contemple la figura de exceso en la legítima defensa.
Una vez culminada la ronda de réplicas y dúplicas, el tribunal presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrado por Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante) pasará a reunión privada para deliberar la sentencia.
Ver el debate en vivo:
Juzgan a un albañil acusado de matar a un compañero por una deuda de $500
Judiciales
Huyó de un operativo narco en Candelaria y cayó nueve años después en Madrid
Un ciudadano paraguayo que desde 2016 era buscado por delitos de narcotráfico en Misiones fue detenido por Interpol en uno de los principales aeropuertos de Europa y desde febrero se encuentra a disposición de la Justicia Federal para responder las acusaciones en su contra.
El caso involucra a Cristhian Ramón Colman Pereira, cuyo nombre apareció por primera vez tras un procedimiento de fuerzas federales que el 13 de octubre de 2016 logró incautar 269 kilogramos de marihuana en la localidad misionera de Candelaria.
Ese día, agentes de Gendarmería y de Prefectura siguieron diferentes pistas y confluyeron en el mismo punto de la ruta provincial 3, donde una Toyota Hilux con varios ocupantes transportaba una carga de estupefacientes que minutos antes había sido cargada en una zona costera del río Paraná.
Ese operativo culminó con tres detenidos, todos extranjeros: Hildo Reyes Martínez, Roberto Carlos Ortega Peralta y Francisco Blas Morbach. Solo uno logró escapar a las corridas por el monte en plena noche y todo indica que ese cuarto involucrado se trata de Colman Pereira, cuyo documento de identidad fue encontrado en la mochila de Reyes Martínez.
Con los tres detenidos, la causa siguió su curso normal, aunque toda la responsabilidad recayó en Reyes Martínez, que en octubre de 2018 fue condenado a 4 años y 2 meses de prisión por el delito de transporte de estupefacientes.

El operativo se ejecutó el 13 de octubre de 2016 en Candelaria.
Alerta aeropuerto
La sorpresa llegó muchos años después y a muchos kilómetros de distancia de Misiones, cuando Interpol notificó al Juzgado Federal de Posadas sobre el arresto de Colman Pereira en Madrid.
La captura ocurrió el 20 de noviembre de 2025, cuando el paraguayo arribó al aeropuerto de Barajas, donde quedó detenido hasta el 11 de febrero de este año, cuando culminó el proceso de extradición y fue enviado a la Argentina para responder ante las autoridades por aquel procedimiento realizado diez años atrás en Candelaria.
Colman Pereira ahora se encuentra detenido en Posadas y procesado con prisión preventiva, medida que fue apelada por su defensa y luego ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones.
En un primer descargo, el paraguayo negó haber estado en Misiones al momento del operativo, aunque más tarde pidió volver a declarar y en esa instancia alegó que Reyes Martínez lo había invitado a realizar un contrabando electrónica.
Según sus palabras, una vez que supo que la mercadería a transportar iba a ser marihuana se negó, tras lo cual fue acusado de “entregar” a sus compañeros y tanto él como su familia en Encarnación sufrieron atentados por lo que debieron refugiarse en Asunción.
Colman Pereira sostuvo las intimidaciones y amenazas provenían de Blas Mordach, quien en 2022 fue asesinado en un presunto ajuste de cuentas cometido en Campichuelo, localidad paraguaya ubicada frente a Candelaria.
El detenido consignó que se enteró de la muerte de Blas Mordach una vez detenido en Posadas y por eso se animó a ampliar su declaración.
Todo esto fue volcado en la apelación presentada por su defensa, pero los argumentos no lograron revertir la situación.
Tal es así que en una resolución firmada este martes la Cámara Federal de Apelaciones confirmó su procesamiento con prisión preventiva y, en consecuencia, deberá seguir detenido hasta la elevación a juicio de la causa.
Judiciales
Juzgan a un albañil acusado de matar a un compañero por una deuda de $500
El Tribunal Penal Uno de Posadas dio inicio este lunes al juicio oral contra Roberto “El Negro” Silvero (23), un albañil acusado de asesinar a puñaladas a un vecino de Candelaria por una deuda de $500.
El hecho que se ventila en debate ocurrió el 14 de noviembre de 2021, en horas del mediodía, en el barrio Niño Perdido de Candelaria, donde el paraguayo Luis Fernando Duarte Vázquez (23) murió como consecuencia de varias puñaladas que le perforaron tanto el pulmón como el corazón.
La instrucción de la causa, efectuada por el fiscal René Casals, sostiene que el autor del hecho fue el albañil Roberto Silvero, que ese mediodía fue al encuentro de Duarte Vázquez para reclamarle una deuda de $500 y al no obtener su dinero atacó a puñaladas a la víctima para luego escapar de la escena.
El sospechoso fue detenido horas después del hecho tras una serie de rastrillajes realizados por el personal de la Dirección Homicidios y desde ese momento se encuentra privado de su libertad.
A este juicio llega imputado por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión. El acusado es representado por el defensor oficial Miguel Ángel Varela.

En la audiencia de hoy Silvero se abstuvo de declarar, pero se leyó su versión dada en la instrucción.
En la audiencia de hoy se procedió a la lectura del auto de elevación a juicio del expediente y luego Silvero se abstuvo de declarar. Acto seguido, se leyó su versión dada en etapa de instrucción, donde alegó que la víctima lo atacó primero.
“Le veo a Luisito y le pregunto si tenía los 500 pesos para pagarme, ahí él saca un cuchillo y me ataca, no sé si estaba drogado o qué. Me corro para atrás y le corro a mi señora. Agarro una rama y le pegó. Se le cae el cuchillo, agarra una piedra como para reventarme y lo único que hago es estiro mi brazo donde tenía el cuchillo. Yo veo que él se cae, me asusto y salgo corriendo”, fueron las palabras dadas por el albañil paraguayo nacionalizado argentino.
El debate continuará mañana con la declaración de cinco testigos, entre ellos la pareja de Silvero, quien estuvo presente al momento del hecho.
El tribunal encargado de llevar adelante el proceso es presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrado por Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante). En la fiscalía interviene Vladimir Glinka.
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