Judiciales
González dijo no recordar nada y una víctima declaró: “Estoy sobreviviendo”
A más de seis años del hecho, el músico Horacio Andrés González, comenzó a ser juzgado hoy por el siniestro vial que le costó la vida a dos jóvenes, entre ellas su novia Melisa Sosa Labandera (25), y provocó heridas en otras tres personas, aunque el imputado alegó no recordar nada del accidente, mientras que uno de los sobrevivientes dio un crudo relato sobre las graves y numerosas secuelas que padece: “No estoy vivo, estoy sobreviviendo”.
El debate oral empezó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, instrumento judicial donde se reconstruye el hecho registrado, se enumeran las pruebas recolectadas y finalmente se acusa a González por “homicidio culposo calificado dos hechos, lesiones graves culposas calificadas dos hechos y lesiones gravísimas calificadas, todo en concurso ideal”.
Según se desprende de ese documento, el accidente vial ocurrió el 5 de marzo de 2019 a las 8.25, mientras González conducía un automóvil Ford Fiesta en el que también viajaban Labandera y tres amigos: el posadeño Facundo Chemes y los mendocinos que estaban visita Melisa Caram (27) y Samir Gabriel Daou.
Las pericias marcaron que el siniestro se produjo a la altura del kilómetro 1408 de la ruta nacional 12, casi en su intersección con la calle Milenio de Polonia, en Gobernador Roca, donde el Fiesta impactó de frente contra una Chevrolet S-10 en la que José Ramón Aguirre y su hijo Leandro Durand viajaban hacia San Ignacio para trabajar.
Producto de la colisión, Labandera y Caram fallecieron en el acto, mientras que los demás involucrados sufrieron lesiones de diversa consideración, aunque la peor parte se la llevaron Chemes, Daou y hasta el propio González, que llegó a estar 21 días en terapia, aunque pudo recuperarse y relanzar su carrera.
Tras el hecho, la Justicia imputó a Samir Daou, pero tiempo después las pericias revirtieron la situación y la acusación recayó en González, quien de esa forma pasó de testigo a imputado en la misma causa.
En la teoría del caso formulada por la fiscalía de instrucción se sostiene que el accidente se produjo a alta velocidad y en una maniobra de sobrepaso realizada por el artista en una zona de doble línea amarilla, lo que constituye una “actitud antirreglamentaria” y una “imprudencia” con la cual “ha violado el deber de cuidado infringiendo normas de tránsito”.
Según las pericias, la colisión se dio a gran velocidad y en una zona de doble línea amarilla.
Sin recuerdos
“Yo no tengo recuerdos del accidente, ni tampoco de días previos, porque estuve internado en coma. Tengo un borrón de muchas cosas. Tampoco tengo conocimiento de cómo íbamos en el auto”, declaró hoy González, que en su comparecencia ante la jueza Marcela Leiva se presentó como músico, emprendedor y funcionario del ministerio de Cultura de la provincia.
El imputado declaró, pero se negó a contestar preguntas por recomendación de su abogado defensor Federico Tilli, según él mismo expuso un recinto con buena presencia de público.
El artista, además, pasó frente al tribunal con un informe emitido por su psicólogo, el cual fue entregado tanto a la magistrada como a la fiscal María Laura Álvarez, encargada de la acusación, aunque su contenido no fue ventilado.
González contó que a causa del accidente estuvo varios meses internado, atravesando días críticos y afirmó que una vez recuperado “siempre” estuvo a disposición y nunca evadió a la Justicia.
“Lamento la pérdida. También murió mi novia y ese es un dolor que voy a llevar todos los días. Lamento todo lo que pasó y espero que la Justicia aclare todo. Antes no dije nada porque no tenía nada para decir, por eso hoy también vengo acá, a dar la cara de lo que se me acusa”, cerró.
Andrés González está acusado de conducir el vehículo al momento del siniestro.
Sobreviviendo
De los testigos citados para hoy, el primero en declarar fue Samir Daou, uno de los sobrevivientes del siniestro, quien vino desde Mendoza para participar del proceso en forma presencial.
Las secuelas del accidente se notan en su cuerpo y en sus palabras. Ante el tribunal enumeró todas las dolencias, cirugías y órganos afectados que tiene desde aquel 5 de marzo de 2019, cuando vino para participar de un encuentro de jóvenes libaneses y la tragedia modificó el destino mientras viajaba a Puerto Iguazú para conocer las Cataratas.
A Samir también se le notó la bronca de haber sido acusado del accidente y de enfrentar un compendio de citaciones judiciales mientras aún luchaba por sobrevivir en el hospital.
“A día de hoy tengo 38 cirugías y quedan más. Me extirparon el vaso y por ende no tengo sistema inmunológico. Convivo con tres bacterias en el cuerpo y he llegado a pesar menos de 40 kilos. Tengo secuelas físicas, psicológicas, emocionales y sociales. Toda mi vida perdí, porque esta condena física la voy a tener de por vida”, ilustró el mendocino.
“Yo era profesor de Educación Física. Intenté retomar pero no pude. Un día un alumno me pidió que le atara los cordones y yo tampoco podía hacerlo. Yo quería ser guía de montaña, es algo que me encanta y ahora ni siquiera puedo cruzar las acequias (cordón cuneta) en donde vivo. Antes vivía, ahora estoy sobreviviendo”, se explayó, ya sin contener las lágrimas.
Samir Daou fue operado 38 veces desde el accidente y quedó con secuelas irreversibles.
Sobre el accidente, aseguró no recordar nada, aunque sí desmintió en forma categórica haber conducido el Ford Fiesta siniestrado y para ello se apoyó en un episodio previo al inicio del viaje.
Samir amigo de Pipita Caram y había venido juntos a Misiones. “Muchos recuerdos no tengo, pero después se me vinieron algunos flashes que dolieron y siguen doliendo. Antes de subirnos al auto, ese día discutimos a ver quién iba del lado de la ventana y ganó Pipita, entonces yo me senté en el medio y por haber ganado esa discusión hoy ella no está acá”, rememoró.
Además, el recordó haber visto a González al volante y a su novia Labandera en el asiento del acompañante durante el viaje. Y añadió: “Yo nunca pude haber manejado un auto que no conozco y en una ruta que tampoco conozco. Yo creo que se me inculpó a mí porque no tenía mucha expectativa de vida, pensaron que ya no iba a vivir más”.
Una bala
En segundo orden declaró Ramón José Aguirre, el conductor de la camioneta Chevrolet S-10 que fue impactada de frente por el Ford Fiesta en el que viajaban González y el grupo de amigos.
Su testimonio fue tan breve que ni siquiera llegó a los 10 minutos, pero sus palabras fueron más que claras. “Él auto venía rápido, no me dio tiempo a reaccionar”, expresó y graficó: “Era una bala. Venía a una velocidad impresionante”.
Su hijo, Abel Durand, que iba con él, declaró en misma sintonía: “Pasó todo muy repente. Se apareció de frente”.
El debate continuará el próximo 12 de junio, con la declaración de siete testigos, entre ellos Facundo Chemes, otro de los sobrevivientes del Ford Fiesta. Los alegatos y la sentencia fueron fijados para el día siguiente.
El proceso se lleva adelante ante un tribunal unipersonal presidido por la magistrada Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas.
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La Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por el joven de 18 años que el domingo pasado provocó la muerte de un soldado al chocarlo mientras hacía willy con su motocicleta por la costanera de Posadas.
La medida fue firmada por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, que en su resolución planteó el estado incipiente de la investigación y consideró que la liberación del implicado representaría riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa.
De esta manera, el muchacho identificado como Juan Gabriel D. N. (18) continuará detenido mientras la Justicia avanza con el expediente que lo tiene imputado por homicidio culposo en perjuicio del soldado Rodrigo Adán Barrientos (27).
Rodrigo Adán Barrientos tenía 27 años.
El trágico episodio ocurrió el domingo pasado, alrededor de las 5.30 de la madrugada, luego de los festejos por la victoria de Argentina ante Suiza por los cuartos de final del mundial.
El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad que captaron el momento justo en que un motociclista perdió el control de su rodado durante una maniobra de willy y embistió a Barrientos, que cruzaba la costanera a pie junto a un compañero.
Como consecuencia del impacto, el soldado cayó de espaldas contra el asfalto y su muerte se produjo prácticamente en el acto. El motociclista, en tanto, fue abordado por testigos y abandonó el lugar dejando su moto Gilera Smash en el lugar.
El implicado fue arrestado horas después, luego de que los investigadores de la Policía lograran individualizarlo y ubicarlo en el barrio Madariaga de Posadas.
Desde ese momento permanece detenido a disposición de la Justicia y ahora la familia de la víctima, representada por el abogado Federico Esquivel como querellante, solicitan agravar la acusación a homicidio simple con dolo eventual.
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El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, suspendió la indagatoria a la mujer sospechada de asesinar a su hijo Ilán Mareco Vázquez (8) y ordenó que la detenida sea sometida a una junta médica-psiquiátrica para evaluar si se encuentra en condiciones de afrontar la audiencia.
El procedimiento judicial estaba programado para esta mañana, pero finalmente solo se limitó al cumplimiento de la designación de un abogado defensor oficial para María M. (30) que, a la espera de los resultados de su estudio, continuará detenida en una dependencia policial.
La suspensión de la indagatoria fue resulta por el propio magistrado, quien consideró oportuno la realización de una junta médica-psiquiátrica para determinar si la implicada se encuentra en condiciones de afrontar la citación y para garantizar que, en caso de lo que hiciera, esté en uso de sus facultades mentales plenas.
De esta manera, la Justicia ahora programará una fecha para la realización del estudio y recién cuando se conozcan los resultados de ese examen avanzará con la indagatoria, instancia en la que la mujer tendrá la oportunidad de brindar su versión de los hechos o bien guardar silencio.
La mujer está detenida desde el martes, aunque previo a ello estuvo 24 horas internada con custodia policial por las lesiones autoinfligidas que presentaba cuando la socorrieron de su casa, donde fue hallada junto al cuerpo sin vida de su hijo Ilán.
El crimen de Ilán se descubrió el lunes, cerca de las 10, cuando un llamado al 911 alertó sobre un episodio de extrema violencia en una vivienda del barrio Nueva Ciudad del Este de Santa Ana.
Al llegar, los uniformados se encontraron con dos niñas adolescentes que narraron haberse topado con la escena luego de despertarse.
La escena era la siguiente: el niño Ilan Mareco Vázquez, de 8 años, sin vida sobre su cama, y su madre al lado, semi inconsciente, con lesiones cortantes en el cuello de características auto infligidas.
La autopsia practicada posteriormente confirmó que el niño falleció como consecuencia de una lesión corto-punzante en el cuello. En la escena los investigadores incautaron un cuchillo que será sometido a pericias. También encontraron una carta presuntamente escrita por su madre, ahora detenida.
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La fiscalía pidió 22 años de prisión para el misionero Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, acusado de liderar una organización que se dedicó a captar menores de edad en la tierra colorada para explotación sexual en Buenos Aires, y 11 años de cárcel para Leandro Aguiar, otro coterráneo.
Los alegatos fueron formulados por el fiscal general Juan García Elorrio ante el Tribunal Oral Federal Tres de Buenos Aires, en una audiencia que también tuvo como dato sobresaliente el pedido de absolución para el ex ganador de Gran Hermano y productor televisivo Marcelo Corazza. En su caso, el representante del Ministerio Público entendió que el único hecho de abuso sexual que se le atribuye ocurrió en 2001 y prescribió, además de sostener que no existen pruebas para responsabilizarlo por el delito de asociación ilícita.
Además de las penas requeridas para los dos misioneros, la fiscalía pidió 10 años de prisión para Fernando Charpenet y Raúl Mermet, a quienes consideró partícipes necesarios de los delitos investigados. La querella, en tanto, mantuvo la acusación contra los cinco imputados, incluido Corazza, según amplió el medio porteño Infobae.
El juicio comenzó a mediados del año pasado y se desarrolla a puertas cerradas para proteger la integridad de los denunciantes y las víctimas.
Acusación
Según la investigación, la organización funcionó entre 1999 y marzo de 2023 y se dedicó a reclutar niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, principalmente en Misiones, para trasladarlos a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con fines de explotación sexual.
Para la fiscalía, Angelotti Notarbartolo era quien lideraba la estructura y se encargaba de captar y manipular a las víctimas, además de coordinar los encuentros con los demás integrantes de la organización.
Aguiar, también oriundo de Misiones, habría ingresado a la red en 2018. De acuerdo con la acusación, junto a Charpenet, Mermet y Corazza solicitaba encuentros con las víctimas para luego abusar de ellas y explotarlas sexualmente.
La causa incluye denuncias por abuso sexual, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, corrupción de menores y tenencia de material de abuso sexual infantil. Entre las pruebas mencionadas durante el debate figuran promesas de viajes, regalos y dinero para captar a las víctimas, que tenían entre 11 y 16 años al momento de los hechos denunciados.
Inicio
El expediente se inició en octubre de 2022, luego de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). A partir de esa presentación, la investigación derivó en la detención de los cinco acusados en marzo de 2023 y posteriormente en la elevación de la causa a juicio oral.
Tras los alegatos de la fiscalía y de las querellas, restan las exposiciones de las defensas antes de que el tribunal fije la fecha del veredicto. Además de las condenas, el Ministerio Público solicitó que, en caso de sentencia condenatoria, los acusados afronten de manera solidaria una reparación económica para las víctimas.
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