Judiciales
Familiares de Marina Da Silva contradijeron al principal acusado en el juicio
La segunda audiencia del juicio oral para esclarecer el femicidio de Marina Da Silva (19) continuó hoy con la declaración de cinco testigos, entre ellos los familiares de la víctima, quienes contradijeron gran parte de la versión brindada ayer por Franco Ramos (28), ex concubino de la joven y uno de los principales sospechosos del crimen perpetrado en diciembre de 2013 en Nemesio Parma.
En orden cronológico, María Cristina Da Silva, madre de la víctima, fue la tercera testigo en pasar a la sala de audiencias para prestar su testimonio ante el Tribunal Penal Dos de Posadas, integrado por los magistrados César Yaya, Gregorio Busse y Viviana Cukla (subrogante).
En su exposición, la mujer relató que al momento del hecho tenía cinco empleos para poder mantener a su familia, a quienes prácticamente veía solamente los domingos, dado que trabajaba de lunes a sábado, de 5 a 22.30, aproximadamente.
Por esa razón -explicó-, el día de la desaparición de Marina, el 21 de diciembre de 2013, recién se enteró de lo sucedido en horas de la noche.
“Ese día llegué a mi casa cerca de las 22. Entro y encuentro solo a mi nieta en la cama de Marina. Ahí fue que pregunto por ella porque ella no era de dejar a la nena. Me dijeron que Franco le llevó a comprar un jugo, pero ella no volvió más. Después él -por Franco Ramos- volvió solo y se volvió a ir”, relató María Cristina.
Todo lo que la mujer declaró sobre ese día fue en base a lo que le contó su otra hija, Guadalupe, que al momento del hecho tenía 14 años y estuvo presente cuando Ramos y Marina salieron rumbo al kiosco del cual la víctima nunca regresó.
Guadalupe también declaró hoy y allí recordó que ese 21 de diciembre, cerca de las 13, Marina llegó a su casa materna en compañía de Ramos y la hija de ambos, pero luego volvieron a salir solos en motocicleta.
“Llegaron cerca de las 13 a casa. Me pasaron a la bebé y Franco dijo que se iban a ir a comprar algo y después a buscar pañales y ropa a la casa de su mamá. Ahí se van, pero a las 17 él volvió solo y preguntando por mi hermana. Me pareció raro que él pregunte por ella si él fue último que salió con Marina. Después me enteré que mi hermana ni siquiera llegó al kiosco”, relató la joven, ahora, de 23 años.
Sobre ese día, Guadalupe añadió que “después Franco volvió a las 20 y se quedó a dormir”.
Los imputados “Pili” Da Silva, “Juancho” Portal y Franco Ramos.
Aspectos contrapuestos
A partir de ahí y cada una a su turno, ambas testigos comenzaron a dar testimonios contrapuestos a lo vertido por Ramos en la primera audiencia.
Por ejemplo, en su indagatoria, Ramos declaró que, después de llevar al kiosco a Marina y constatar su desaparición, “se desesperó” y comenzó a buscarla. Incluso contó que caminó durante 40 minutos junto a Guadalupe buscando a la víctima, pero su ex cuñada hoy lo contradijo: “Yo era la única en casa con mi sobrina, no podía salir. No fui con él a buscar a nadie en ningún momento”.
En misma sintonía habló María Cristina, quien aseveró que Ramos “en ningún momento se preocupó por buscar a Marina. Yo le decía siempre para hacer la denuncia y a él no le importaba. Seguía con su vida”.
Otro punto en contraposición fue lo que supuestamente realizó Ramos durante la Navidad de ese año, mientras Da Silva permanecía desaparecida.
Sobre ese aspecto, el joven aseguró que para la celebración viajó a Apóstoles junto a su familia y llevó a su hija, pero tanto María Cristina como Guadalupe lo desmintieron. “La nena pasó Navidad con nosotros. Él quiso llevarla, quería vender una tele para viajar a Apóstoles con ella, pero mi mamá no le dejó. Nosotros estábamos preocupados por Marina. Él se fue solo”, señaló la hermana de la víctima.
Respecto a antecedentes violentos, las testigos también apuntaron contra Ramos.
María Cristina Da Silva, madre de la víctima, declarando ante la mirada de los imputados.
El imputado negó una relación violenta con la muchacha, pero los familiares de Marina fueron contundentes y los testimonios en común entre María Cristina y Guadalupe fueron que Ramos era “obsesivo” con ella, que “no le dejaba hacer amistades”, que “le controlaba la ropa” y que ella “muchas veces volvió a casa con moretones”.
“Hasta ahora no puedo creer que le hayan hecho eso. Ella era una persona sin maldad, tenía muchos amigos. Yo le trataba como un hijo, no pensé que me iba a pagar de esa manera”, agregó María Cristina en otro tramo de su testimonio y, cuando las partes le preguntaron a quién se refería, contestó: “Y de Franco, por matar a mi hija. ¿Quién otro puede ser?”.
Respecto a los otros dos imputados, ninguna de las dos realizó mayores consideraciones. Ellos son Juan Ángel “Juancho” Portal (33), ex compañero en olería de Ramos y “amante” de Marina; y Alejandro Daniel “Pili” Da Silva (36), sereno en la olería.
Según la hipótesis acusatoria planteada en la elevación a juicio del expediente, Ramos, Portal, Da Silva y Omar Ramírez -ya fallecido- realizaron una fiesta de cumpleaños en la noche del 21 de diciembre y entre las 19 de ese día y la madrugada siguiente asesinaron a Marina, propinándole dos golpes y luego arrojándola a un pozo de agua abandonado.
Hasta el momento, de las ocho testimoniales recolectadas en dos audiencias de juicio, no surgió ningún dato referido a esa supuesta fiesta. Portal, en su indagatoria, afirmó que efectivamente había organizado la celebración pero la suspendió a última hora porque “quería pasar con mi hija”, Da Silva dijo que “ni se enteró” y Ramos señaló que no tenía más relación que lo laboral con sus consortes de causa.
Sin precisiones
Hoy, en primer término, declararon dos hermanos, Julio y Sandro Sánchez, quienes al momento del hecho eran adolescentes y fueron de los primeros que ese 31 de diciembre de 2013 encontraron el cadáver de Marina dentro del pozo, aunque ninguno fue muy preciso a la hora de explicar cómo llegaron hasta el lugar, distante a varios metros del trillo que todos utilizaban para transitar por las zonas de Nemesio Parma y Campo Bauer.
“Fuimos a comprar algo al kiosco, pasamos por ahí y de casualidad encontramos el cuerpo”, dijo Sandro, aunque el fiscal, Vladimir Glinka, le expuso las distancias entre los puntos en cuestión y cuestionó: “Es imposible que hayan pasado de casualidad por ese pozo”.
El debate es presidido por el magistrado César Yaya, del Tribunal Penal Dos de Posadas.
Por otra parte, ante las preguntas del letrado Néstor Acosta, defensor de Portal, el testigo Sandro Sánchez reveló que desde “el 27 de diciembre presumíamos que había un cuerpo en el pozo”, aunque no explicó de qué manera supieron ese dato.
El fiscal Glinka pidió que el testigo dejara asentado todos sus datos en caso de volver a ser requerido durante el transcurso del debate. El Tribunal dio lugar. Ahora, se espera la comparecencia de otro joven que ese día integró el grupo que encontró el cadáver para esclarecer la cuestión.
“Pienso que fue Franco”
En último turno declaró Cristina Anahí Da Silva, tía política de Ramos y hermana del otro imputado Da Silva.
La mujer volvió a ubicar a Ramos como la última persona que estuvo con Marina ese 21 de diciembre. “Ese día, tipo 12.30, 13 fui al kiosco de mi cuñada -la mamá de Ramos- a comprar una gaseosa y le vi a ella -por Marina- lavándose el pelo en una palangana. Después volví al kiosco y vi que se iban ellos, Franco y Marina, en una moto. Cerca de las 15, después de la siesta, vi a Franco llegando solo y sacando unas cosas, pero no sé qué eran. Esa fue la última vez que yo vi a Marina”, recordó Cristina, que hace 14 años es presidente de la comisión vecinal.
La testigo fue consultada por su hipótesis del caso y al respecto lanzó una frase que resonó en la sala: “El chismerío fue de todo tipo en el barrio, pero después de lo que pasó con la taxista -Claudia Benítez, asesinada y arrojada a un pozo de Nemesio Parma este año- pienso que fue Franco”.
Dos de las hermanas de Claudia estuvieron presentes en la sala y luego aguardaron fueron del Tribunal la salida de Ramos, también sospechado y procesado por el crimen de la taxista. No hubo incidentes.
El debate oral continúa mañana con más declaraciones. Luego habrá un cuarto intermedio hasta el lunes, cuando se retomen las audiencias. La sentencia podría conocerse el 16 de diciembre.
Las hermanas de Claudia Benítez, asesinada este año, observando la salida de Franco Ramos, también imputado en ese femicidio.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
Una semana después del informe que releva un esquema de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, llegó una amenaza de censura contra La Voz de Misiones. Lo hizo el ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes, quien ahora se desempeña como abogado defensor particular de una pareja bonaerense que fue condenada por los delitos cometidos en el hecho investigado.
El ex magistrado, que fue destituido por un juicio político realizado en 2007, envío una carta documento a título a personal que llegó este lunes a la mañana a la redacción de La Voz de Misiones, medio que el 5 de enero pasado publicó la nota “Entrega de bebés en Concepción de la Sierra: maniobra, artilugios y condena”.
En dicha publicación, LVM expuso dos casos de entrega de niños recién nacidos que ocurrieron entre 2021 y 2022 en Concepción de la Sierra, donde los diversos autores implicados, tanto la madre biológica, como quienes oficiaron de intermediarios y quienes recibieron a los menores, asumieron sus respectivas responsabilidades en sendos acuerdos de juicio abreviado que se tradujeron en sentencias condenatorias.
Uno de esos involucra a la pareja conformada por el utilero de escenografía Luis Gabriel Ibáñez y a su esposa Lorena Soledad Márquez, quienes residen en San Miguel, provincia de Buenos Aires, pero que en marzo de 2022 vinieron hasta la tierra colorada para llevarse a una niña de cuatro meses con la que convivieron unos pocos meses hasta que el Juzgado Multifuero de Apóstoles descubrió la maniobra y ordenó un operativo de rescate que se concretó exitosamente.
Después de ello, se activó una causa penal que fue dirigida por la magistrada Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas. El expediente continuó su curso normal, con incorporación de pruebas, toma de indagatorias y exámenes de ADN, hasta que fue enviado a juicio oral, aunque antes de llegar a esa instancia los bonaerenses firmaron un acuerdo de juicio abreviado donde admitieron su culpabilidad con la anuencia de Reyes como abogado defensor.
De esa manera, tanto Ibáñez como Márquez recibieron 3 años de prisión en suspenso por delitos de “alteración del Estado civil y de la Identidad de un menor de diez años y Falsedad ideológica de un instrumento público”, con la diferencia de que a la mujer también se le atribuyó “promoción e intermediación”.
La carta documento de Reyes fue emitida el 9 de enero y llegó hoy a la redacción de LVM.
“Merecen la censura”
Ahora, Reyes, en su carácter de abogado defensor de ambos condenados, pero a título personal y desde su estudio en J.J. Lanusse 136 de Apóstoles, envío una carta documento intimando al medio a eliminar la nota publicada argumentando “calumnias”, atacando la fuente de información y considerando que los datos revelados “merecen la censura”.
“Intimo se abstenga a calumniar a mis defendidos mencionados en el segundo caso publicado en las redes sociales, en clara violación ART. 1° Ley 27.708, que únicamente pudieron ser obtenidos de fuentes judiciales del fuero penal federal y provincial”, invoca Reyes.
En otro párrafo, arguye que “el periodismo viola el ART. 28 CN porque están incurriendo en el delito revelando los datos de los involucrados judicialmente y con ello perjudican el honor, la reputación e integridad de personas concretas”.
“Es indudable que obtuvieron esos datos y los publicaron injustificadamente con un efecto de amplitud y velocidad impredecible que merecen la censura”, remata luego.
Incluso, añade cuestiones que de índole cuasi personal que en ningún momento fueron objeto de la publicación efectuada por este diario. En su escrito Reyes acusa que “el juez y la defensora oficial de Apóstoles inculparon falsamente a sus defensores por instigadores a cometer delito supresión de identidad” y acto seguido se defiende “nunca antes tuvimos contactos con ellos ni la madre de la niña”.
El documento cierra con una intimidación de 72 horas para “retractarse y suprimir de las redes dicha noticia”, con la advertencia de ser “demandados y querellados” en caso contrario.
Información pública
Asesores consultados por LVM calificaron la presentación como “errónea, improcedente y hasta contradictoria”.
Por ejemplo, explicaron que uno de los articulados citados, el ART. 1° Ley 27.708 (Ley Argentina Digital), que tiene por objeto declarar “de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”, normativa considerada “no aplicable” para este caso puntual.
Además, yerra severamente Reyes cuando hipotetiza sobre el origen de la información. Es que, más allá de las inobjetables fuentes consultadas por este medio, el fallo que condena a sus defendidos es de público conocimiento en internet, donde el documento está a solo unos click’s de distancia para quien sabe navegar en sitios oficiales de información pública.
Sin ir más lejos, la sentencia condenatoria de 16 páginas emitida por el Tribunal Oral Federal de Posadas contra los defendidos de Reyes se encuentra aún disponible en el Centro de Información Judicial (CIJ), siendo de esta manera información pública, a disposición de cualquier ciudadano.
El fallo que condena a los defendidos de Reyes es público en el Centro de Información Judicial (CIJ) del Poder Judicial de la Nación.
Destituido
Reyes, que ahora ejerce como abogado particular, supo ser un juez marcado por resoluciones polémicas que incluso le valieron un juicio político que derivó en su destitución.
El ex magistrado fue titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, pero fue acusado de habilitar un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE”, que le permitió extraer 3 millones de pesos del banco Macro, supuestamente en concepto de pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Esa situación le valió un Jury que culminó en 2007 con su destitución del cargo. Para evitar la expulsión había renunciado, pero la dimisión no le fue aceptada.
El nombre Reyes, además, volvió a ser noticia recientemente cuando se supo que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) ordenó reabrir la investigación por la muerte del soldado Mauro Ramírez, ocurrida el 26 de junio de 2003 dentro del destacamento de Monte 30 del Ejército Argentino en Apóstoles.
El primero en atender esa causa fue Reyes cuando dirigía el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, pero en tres meses decidió archivar el expediente al considerar el hecho como suicidio, tesis que aún 20 años después sigue en duda, con fuertes indicios de que en realidad se trató de un caso de violencia institucional.
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