Judiciales
Familiares de Marina Da Silva contradijeron al principal acusado en el juicio
La segunda audiencia del juicio oral para esclarecer el femicidio de Marina Da Silva (19) continuó hoy con la declaración de cinco testigos, entre ellos los familiares de la víctima, quienes contradijeron gran parte de la versión brindada ayer por Franco Ramos (28), ex concubino de la joven y uno de los principales sospechosos del crimen perpetrado en diciembre de 2013 en Nemesio Parma.
En orden cronológico, María Cristina Da Silva, madre de la víctima, fue la tercera testigo en pasar a la sala de audiencias para prestar su testimonio ante el Tribunal Penal Dos de Posadas, integrado por los magistrados César Yaya, Gregorio Busse y Viviana Cukla (subrogante).
En su exposición, la mujer relató que al momento del hecho tenía cinco empleos para poder mantener a su familia, a quienes prácticamente veía solamente los domingos, dado que trabajaba de lunes a sábado, de 5 a 22.30, aproximadamente.
Por esa razón -explicó-, el día de la desaparición de Marina, el 21 de diciembre de 2013, recién se enteró de lo sucedido en horas de la noche.
“Ese día llegué a mi casa cerca de las 22. Entro y encuentro solo a mi nieta en la cama de Marina. Ahí fue que pregunto por ella porque ella no era de dejar a la nena. Me dijeron que Franco le llevó a comprar un jugo, pero ella no volvió más. Después él -por Franco Ramos- volvió solo y se volvió a ir”, relató María Cristina.
Todo lo que la mujer declaró sobre ese día fue en base a lo que le contó su otra hija, Guadalupe, que al momento del hecho tenía 14 años y estuvo presente cuando Ramos y Marina salieron rumbo al kiosco del cual la víctima nunca regresó.
Guadalupe también declaró hoy y allí recordó que ese 21 de diciembre, cerca de las 13, Marina llegó a su casa materna en compañía de Ramos y la hija de ambos, pero luego volvieron a salir solos en motocicleta.
“Llegaron cerca de las 13 a casa. Me pasaron a la bebé y Franco dijo que se iban a ir a comprar algo y después a buscar pañales y ropa a la casa de su mamá. Ahí se van, pero a las 17 él volvió solo y preguntando por mi hermana. Me pareció raro que él pregunte por ella si él fue último que salió con Marina. Después me enteré que mi hermana ni siquiera llegó al kiosco”, relató la joven, ahora, de 23 años.
Sobre ese día, Guadalupe añadió que “después Franco volvió a las 20 y se quedó a dormir”.
Los imputados “Pili” Da Silva, “Juancho” Portal y Franco Ramos.
Aspectos contrapuestos
A partir de ahí y cada una a su turno, ambas testigos comenzaron a dar testimonios contrapuestos a lo vertido por Ramos en la primera audiencia.
Por ejemplo, en su indagatoria, Ramos declaró que, después de llevar al kiosco a Marina y constatar su desaparición, “se desesperó” y comenzó a buscarla. Incluso contó que caminó durante 40 minutos junto a Guadalupe buscando a la víctima, pero su ex cuñada hoy lo contradijo: “Yo era la única en casa con mi sobrina, no podía salir. No fui con él a buscar a nadie en ningún momento”.
En misma sintonía habló María Cristina, quien aseveró que Ramos “en ningún momento se preocupó por buscar a Marina. Yo le decía siempre para hacer la denuncia y a él no le importaba. Seguía con su vida”.
Otro punto en contraposición fue lo que supuestamente realizó Ramos durante la Navidad de ese año, mientras Da Silva permanecía desaparecida.
Sobre ese aspecto, el joven aseguró que para la celebración viajó a Apóstoles junto a su familia y llevó a su hija, pero tanto María Cristina como Guadalupe lo desmintieron. “La nena pasó Navidad con nosotros. Él quiso llevarla, quería vender una tele para viajar a Apóstoles con ella, pero mi mamá no le dejó. Nosotros estábamos preocupados por Marina. Él se fue solo”, señaló la hermana de la víctima.
Respecto a antecedentes violentos, las testigos también apuntaron contra Ramos.
María Cristina Da Silva, madre de la víctima, declarando ante la mirada de los imputados.
El imputado negó una relación violenta con la muchacha, pero los familiares de Marina fueron contundentes y los testimonios en común entre María Cristina y Guadalupe fueron que Ramos era “obsesivo” con ella, que “no le dejaba hacer amistades”, que “le controlaba la ropa” y que ella “muchas veces volvió a casa con moretones”.
“Hasta ahora no puedo creer que le hayan hecho eso. Ella era una persona sin maldad, tenía muchos amigos. Yo le trataba como un hijo, no pensé que me iba a pagar de esa manera”, agregó María Cristina en otro tramo de su testimonio y, cuando las partes le preguntaron a quién se refería, contestó: “Y de Franco, por matar a mi hija. ¿Quién otro puede ser?”.
Respecto a los otros dos imputados, ninguna de las dos realizó mayores consideraciones. Ellos son Juan Ángel “Juancho” Portal (33), ex compañero en olería de Ramos y “amante” de Marina; y Alejandro Daniel “Pili” Da Silva (36), sereno en la olería.
Según la hipótesis acusatoria planteada en la elevación a juicio del expediente, Ramos, Portal, Da Silva y Omar Ramírez -ya fallecido- realizaron una fiesta de cumpleaños en la noche del 21 de diciembre y entre las 19 de ese día y la madrugada siguiente asesinaron a Marina, propinándole dos golpes y luego arrojándola a un pozo de agua abandonado.
Hasta el momento, de las ocho testimoniales recolectadas en dos audiencias de juicio, no surgió ningún dato referido a esa supuesta fiesta. Portal, en su indagatoria, afirmó que efectivamente había organizado la celebración pero la suspendió a última hora porque “quería pasar con mi hija”, Da Silva dijo que “ni se enteró” y Ramos señaló que no tenía más relación que lo laboral con sus consortes de causa.
Sin precisiones
Hoy, en primer término, declararon dos hermanos, Julio y Sandro Sánchez, quienes al momento del hecho eran adolescentes y fueron de los primeros que ese 31 de diciembre de 2013 encontraron el cadáver de Marina dentro del pozo, aunque ninguno fue muy preciso a la hora de explicar cómo llegaron hasta el lugar, distante a varios metros del trillo que todos utilizaban para transitar por las zonas de Nemesio Parma y Campo Bauer.
“Fuimos a comprar algo al kiosco, pasamos por ahí y de casualidad encontramos el cuerpo”, dijo Sandro, aunque el fiscal, Vladimir Glinka, le expuso las distancias entre los puntos en cuestión y cuestionó: “Es imposible que hayan pasado de casualidad por ese pozo”.
El debate es presidido por el magistrado César Yaya, del Tribunal Penal Dos de Posadas.
Por otra parte, ante las preguntas del letrado Néstor Acosta, defensor de Portal, el testigo Sandro Sánchez reveló que desde “el 27 de diciembre presumíamos que había un cuerpo en el pozo”, aunque no explicó de qué manera supieron ese dato.
El fiscal Glinka pidió que el testigo dejara asentado todos sus datos en caso de volver a ser requerido durante el transcurso del debate. El Tribunal dio lugar. Ahora, se espera la comparecencia de otro joven que ese día integró el grupo que encontró el cadáver para esclarecer la cuestión.
“Pienso que fue Franco”
En último turno declaró Cristina Anahí Da Silva, tía política de Ramos y hermana del otro imputado Da Silva.
La mujer volvió a ubicar a Ramos como la última persona que estuvo con Marina ese 21 de diciembre. “Ese día, tipo 12.30, 13 fui al kiosco de mi cuñada -la mamá de Ramos- a comprar una gaseosa y le vi a ella -por Marina- lavándose el pelo en una palangana. Después volví al kiosco y vi que se iban ellos, Franco y Marina, en una moto. Cerca de las 15, después de la siesta, vi a Franco llegando solo y sacando unas cosas, pero no sé qué eran. Esa fue la última vez que yo vi a Marina”, recordó Cristina, que hace 14 años es presidente de la comisión vecinal.
La testigo fue consultada por su hipótesis del caso y al respecto lanzó una frase que resonó en la sala: “El chismerío fue de todo tipo en el barrio, pero después de lo que pasó con la taxista -Claudia Benítez, asesinada y arrojada a un pozo de Nemesio Parma este año- pienso que fue Franco”.
Dos de las hermanas de Claudia estuvieron presentes en la sala y luego aguardaron fueron del Tribunal la salida de Ramos, también sospechado y procesado por el crimen de la taxista. No hubo incidentes.
El debate oral continúa mañana con más declaraciones. Luego habrá un cuarto intermedio hasta el lunes, cuando se retomen las audiencias. La sentencia podría conocerse el 16 de diciembre.
Las hermanas de Claudia Benítez, asesinada este año, observando la salida de Franco Ramos, también imputado en ese femicidio.
El debate oral por el crimen del bonaerense Martín Arredondo (37), previsto para este jueves 4 de diciembre, fue suspendido debido a un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y los seis jóvenes imputados por el hecho, quienes admitieron su culpabilidad y aceptaron ser condenados a penas de 16 y 18 años.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de visu donde los seis imputados dieron el consentimiento para avanzar en el convenio de juicio abreviado se realizó esta mañana, circunstancia que derivó en la suspensión de las audiencias de debate oral que habían sido programadas para la semana entrante ante el Tribunal Penal Uno de Posadas.
Las mismas fuentes señalaron que los imputados admitieron su participación en el hecho y aceptaron recibir condenas de entre 16 y 18 años como responsables del delito de “homicidio en ocasión de robo”, figura menos gravosa que la acusación de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditados de dos o más personas y criminis causae” con la que fueron procesados en etapa de instrucción y que preveía prisión perpetua.
Los imputados en esta causa son Brisa Torres (24), Oriana Saucedo (24), su hermano Alan William Saucedo (26), Elías Nahuel Trinidad (26), Miguel Ángel López (25) y Juan Alberto Barrios (22).
Los tres primeros aceptaron una pena de 16 años de cárcel, mientras que la pena mayor recaerá contra Trinidad y López. Barrios, por su parte, era menor de edad al momento del hecho y por lo tanto será un juzgado correccional el que decida su sanción.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervino la fiscal María Laura Álvarez, por subrogancia legal ante la licencia del fiscal Vladimir Glinka.
El acuerdo alcanzado entre las partes ahora deberá ser elevado al Tribunal Penal Uno, integrado por los magistrados Gustavo Bernie y Viviana Cukla, quienes deberán analizar el documento y en caso de no detectar irregularidades transformarán el acta en sentencia.
Pablo Martín Arredondo fue ultimado en su departamento sobre calle Bolívar de Posadas.
Golpeado y estrangulado
El crimen de Arredondo se descubrió el 23 de febrero de 2020, cuando los vecinos del departamento que alquilaba en un edificio sobre calle Colón, frente al colegio Roque González, alertaron sobre un olor putrefacto que provenía del lugar.
Al ingresar al inmueble, los efectivos policiales intervinientes se encontraron con el cadáver del bonaerense y la autopsia posterior determinó que fue golpeado y finalmente estrangulado con un cinto.
La investigación global estableció que el crimen se registró cuatro días antes, el 19 de febrero, en horas de la madrugada, cuando la víctima se reunió en su departamento junto a una de las jóvenes que aparentemente era su novia y un grupo de amigos de ellas.
En el lugar, se cree que Arredondo fue dopado con estupefacientes (ketamina) y que al departamento luego llegaron otros cómplices con la intención de sustraerle 300.000 pesos que el hombre tenía destinado a utilizar como parte de pago para la compra de un automóvil.
Mediante la revisión de cámaras de seguridad los investigadores pudieron reconstruir las últimas horas de la víctima y los últimos movimientos registrados en cercanías a su departamento, con lo cual fueron identificando uno a uno a los sospechosos.
Luego, la ciencia hizo el resto. En el marco de la causa constan pericias telefónicas que darían cuenta de comunicaciones entre los implicados planificando el hecho y rastros de ADN que ubican a al menos tres de los sospechosos en la escena del crimen.
El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, quien en mayo de 2023 firmó el requerimiento de elevación a juicio del expediente, medida que meses después fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia.
Se reprogramó para el 4 de diciembre el juicio por el caso Arredondo
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
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